El segundo año de la legislatura se está revelando especialmente problemático para el gobierno de coalición.

Tras las dificultades de arranque de la legislatura con la promulgación de la ley de amnistía que la hizo posible, el acuerdo fiscal ERC/PSC que hizo posible la investidura de Illa como president de la Generalitat abre un conflicto no solo con la oposición sino al interior de los propios partidos del Gobierno.

El desarrollo del acuerdo se presenta especialmente difícil en cuanto implica -en este orden- la reforma de la LOFCA y la promulgación de una ley para la cesión de tributos; en realidad, la primera debiera ser condición sine qua non para la promulgación de la segunda.

El bloque de investidura podría verse amenazado por la posición de Junts y su competencia con ERC. Al contrario que el frente vasco que parece ofrecer un sólido apoyo al Gobierno.

El régimen de concierto "que no lo es" ha querido ser presentado como una recuperación de la posición del PSOE en 2013 en torno al federalismo pero es claro que nada tiene que ver con un proyecto de federalización de España. Es de alabar el talante presidencial de "hacer de la necesidad virtud" pero en el caso que nos ocupa más parece que un extremo sentido de la oportunidad que de buscar la virtud. Por supuesto que habría que apoyar cualquier intento serio de federalización del Estado y ni siquiera parece necesario detenernos en argumentarlo. Pero es indudable que transferir la totalidad de las competencias tributarias a la Generalitat afecta a las expectativas que sobre las transferencias de recursos del Estado puedan tener otras CCAA. Tampoco parece que sea este el mejor momento para iniciar el tan necesario proceso de federalización del Estado aunque es posible que, a título de experiencia piloto, pudiera avanzarse en al federalización de algún servicio público; ello permitiría, además, mostrar en la práctica un modelo tan alejado de la secesión de los independentistas como del uniformismo de las derechas.

¿Era imprescindible investir a Illa, incluso al precio que aparentemente va a pagar el PSOE (el PP aumenta la distancia con el PSOE a 3,5% y el PSOE baja 5 puntos en fidelidad de voto)? ¿Es este el mejor modo de abordar el siempre aplazado proceso de federalización del Estado? Es lícito ,cuanto menos, dudar de ambas cosas. Incluso si comprensiblemente, por su inviabilidad con la actual aritmética parlamentaria- se renuncia a la vía de la reforma constitucional, tal parece que objetivo tan importante merecería hacer parte de un muy pensado proceso de reflexión y debate en la sociedad y las instituciones en el curso del cual se pudiera encontrar las fórmulas más adecuadas para que la federalización se desplegara con los menores costes y fricciones posibles.

El PP no ha dejado pasar la oportunidad para desplegar en una ampulosa cumbre de sus presidentes de CCAA un alternativa al concierto fiscal. El PP que históricamente ha remoloneado cuando del desarrollo autonómico se trataba-salvo para llevar al TC el Estatut ya aprobado por las Cortes y ratificado por los catalanes en 2010,ahora invoca el multilateralismo para resolver lo que se supone deberá ser el nuevo régimen de financiación de las CCAA, sin dar una sola pista del contenido de su propuesta. Pero, eso sí, Nuñez Feijóo, demostrando su desconocimiento de lo que es la gestión efectiva de los recursos presupuestarios, aprovecha para pedir que el Estado transfiera a las CCAA 18.000 millones procedentes del NEXT Generation, sin advertir la diferencia entre la dotación de los recursos que deben consolidarse en los presupuestos autonómicos y unos recursos asignados a un programa determinado -el NGEU- que, con mayor o menor acierto, comportan su propia territorialización.

Es posible que se produzca una situación de stand by en el desarrollo del acuerdo de tal forma que el mismo pueda entroncar con propuestas para otras CCAA que le den cobertura, reduciendo su imagen de "otra cesión a los catalanes". Ello exigiría, de parte de los dos socios de gobierno, un intenso trabajo de elaboración y negociación tanto al interior de sus respectivas organizaciones como en relación con el resto de sus socios de legislatura; hay un evidente retraso, quizás más llamativo en el caso de SUMAR por su declarada estructura confederal, en la dotación de un patrimonio cultural federal que extender al conjunto de la sociedad española con el que abordar, por cierto, los graves problemas ecológicos que afectan a buena parte del territorio (la gestión del agua y el litoral, muy en especial). La urgencia de la tarea no permite esperar a una eventual entrada en razón por parte de la dirección del PP, es imprescindible abrir un período de intenso trabajo con los que son los socios naturales para esta empresa, cuantos aspiran a un superior nivel de autogobierno que el dispensado por el Titulo VIII de la Constitución.

Las cada vez más frecuentes oleadas inmigratorias representan un factor adicional de desgaste para el Gobierno que el PP no parece dispuesto a dejar pasar, incluso si para ello tiene que asumir las posiciones xenófobas de la extrema derecha. Las llamadas a la "sensatez" recibidas desde medios progresistas no parecen disuadir al PP de sacar renta en un clima social que presenta alarmantes síntomas xenofóbicos; un clima social muy tensionado por el miedo que no ha cejado desde el confinamiento ni siquiera con los buenos datos económicos es demasiado sugerente como para ser abandonado por el PP de Feijóo.

En este como en otros problemas, estamos viendo como los partidos mayoritarios de los regímenes de las democracias liberales hacen suyos postulados hasta hace poco exclusivos de la extrema derecha sin que tales adaptaciones haya mermado un punto su continuo ascenso. Se ha visto en Francia con Macron y se acaba de ver en Alemania con la victoria en Turingia y en Sajonia dela AfD. Las izquierdas no pueden seguir retrasando el momento del enfrentamiento ético y cultural con el neofascismo. No se trata de reverdecer la política de frentes antifascistas; en la situación de evidente estancamiento del capitalismo global y de extensión de las guerras, la solución no es replegarse sobre el mal menor de la democracia liberal soñando con la imposible vuelta de un capitalismo del bienestar sino avanzar propuestas políticas superadoras del estado de cosas que han favorecido el renacer del fascismo. Hay que hacer frente a un fenómeno que rompe buena parte de los esquemas que han estructurado el imaginario de las izquierdas: el capitalismo es incompatible con la democracia ; y su corolario, la democracia solo se podrá mantener con la superación del capitalismo. Las izquierdas políticas, también en España no tienen más remedio que afrontar las consecuencias de este fenómeno que no son otras que trabajar en la elaboración y formulación de propuestas orientadas a tal superación.

La coyuntura económica parece mantenerse favorable con un crecimiento del PIB por encima del 2%, la inflación más baja desde junio del pasado año aunque con signos de subida de precios en energía y un déficit y una deuda que parecen en la senda del cumplimiento de los objetivos comunitarios. Habrá que ver cuales son los efectos inmediatos de la bajada de tipos de la FED (la Reserva Federal de EEUU) y las subsiguientes del BCE, especialmente en el mercado de la vivienda que ya ha recibido una buena noticia con la bajada del euríbor y en el que los bancos podrían ver compensada la reducción de sus márgenes en préstamos con el aumento del volumen de negocio en prn﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽da del PSOE no parece en condiciones de experiemntar alguna recuperaciar escena pol del eursiguientes del BCEes xenéstamos hipotecarios.

De todas formas, en materia económica -por hacer una distinción con la política cada vez más desmentida en la vida real- la tendencia general no apunta horizontes excesivamente optimistas para el crecimiento. La nunca superada crisis del 2008 ha seguido dejando sentir sus efectos sobre la economía global y el problema que algunos keynesianos llaman estancamiento y algunos marxistas llaman saturación de capital pendiente de encontrar aplicación rentable, no deja de manifestar sus efectos en términos de descenso o paralización del crecimiento de la productividad, reducción de beneficios y las inversiones, el empleo y la demanda por consumo, en un bucle permanente del que el capital parece solo puede salir a través del incremento de la financiarización, origen y causa de la crisis del 2008.

En política internacional, además de las iniciativas de Sánchez en Mauritania y Senegal, la posición del gobierno está perfectamente alineada con el bloque occidental sin que aparezca posición alguna disonante ni proyecto de representar al "partido global del sur" en nuestra escena política. Tal alineamiento ha situado a España y a Europa en su conjunto en un escenario de guerra y desventaja en el actual escenario global de conflictos comerciales entre el intento de Estados Unidos de prolongar la hegemonía del dólar y el proyecto de multipolaridad que postulan los Estados del consejo de Shangai. Los efectos en España son, entre otros, un incremento desaforado de los gastos militares que, si benefician a la industria del armamento, suponen una grave rn son muchas lñas poblacioes uy rjuicios evidentes ala biodiversidadraciones etrritoriales que se opnen a las amsivas instaalcioémora para las necesidades nunca cubiertas en materia de gastos sociales.

En esta coyuntura de estabilidad/estancamiento, la izquierda del PSOE no parece en condiciones de experimentar recuperación alguna. La definición del contenido de la agenda política está lejos de las preocupaciones ecológicas y sociales que en este tiempo deberían distinguir un proyecto político de izquierda. El pomposamente publicitado en su día Acuerdo Verde ha sido abandonado en el más absoluto silencio y ahora son muchas las poblaciones y las administraciones territoriales que se oponen a las masivas instalaciones de plantas eólicas y fotovoltaicas por los perjuicios evidentes a la biodiversidad. En materia de política social, la situación de los sectores más desfavorecidos se vuelve más adversa sin que ni la administración el Estado ni las de las CC.AA. emprendan política públicas de envergadura para mejorarla; que la acogida de algo más de cinco mil niños inmigrantes no acompañados esté generando tantos debates por la ausencia de recursos para sostener tales obligaciones habla a la perfección de la situación de tales políticas sociales.

Los partidos y agrupaciones de izquierda se hallan sumidas en el desconcierto provocado por el fin el ciclo virtuoso del 15M y Podemos y sin que la socialdemocratización de sus restos haya producido avance tangible alguno. Seguramente procedería un tiempo de reflexión en el que, tomando pie en las experiencias societarias que siguen manteniéndose, pudiera abrirse paso una propuesta adaptada a las necesidades actuales de la sociedad española, que no son las del 2011 ni las del 2015.

Los aspectos analizados y alguno más que omito por no alargar en exceso estos comentarios ponen de relieve la latente y nunca cerrada crisis del régimen político vigente. Eludo cualquier intento de evaluar en qué grado dicha crisis ha evolucionado en la última década pero apuesto que sus posibilidades de resolución en un sentido democrático exigen de un esfuerzo de la sociedad por fortalecer las instituciones estatales y societarias que contrapese las tendencias oligárquicas y autoritarias dominantes en nuestro entorno geopolítico. Hace bien el presidente del Gobierno en impulsar medidas de reequilibrio social como el impuesto a los ultraricos: la defensa de la democracia depende de su profundización y extensión a las esferas económica y social de la vida colectiva. La "igualdad de los españoles" que ahora predica la derecha para torpedear los avances en el autogobierno, se queda en palabras vacías si no se traduce también en mayor justicia en la distribución de las cargas públicas, en el acceso a los bienes públicos y en la distribución de la riqueza, si la satisfacción de las necesidades de las mayorías no se antepone a la obtención de beneficios de unos pocos.

Este es el camino que debiera seguir el Gobierno en lo que queda de legislatura. Lo importante, por cierto, no es continuarla a cualquier precio sino aprovecharla para impulsar políticas en la dirección señalada. Es probable que la promulgación de la ley de amnistía y el acuerdo para la financiación de Cataluña puedan contribuir a mejorar las relaciones de esta CA con el Estado, amortiguando así uno de los factores de crisis del régimen del 78. Hora es, entonces, para intensificar la acción de gobierno en el terreno de los derechos sociales y la reducción de las desigualdades, objetivos cada vez más incompatibles con el capitalismo actual.