En
otro orden de cosas quedan muchas respuestas por dar a unas preguntas
que, según pasan las horas, son gritos en un silencio de respeto por
el dolor de las familias ¿Por qué el gobierno de Carlos Monzón no
siguió las instrucciones de la AEMET (Agencia Estatal de
Meteorología) que lanzó la alerta roja a las ocho de la mañana del
día 29 de octubre? ¿Por qué no se tomaron las medidas necesarias y
se dejó que los camiones y coches circularan normalmente por las
autovías y carreteras? ¿Por qué no se cerraron las empresas y por
qué se obligó a las trabajadoras y trabajadores a mantener el
horario habitual? ¿Por qué no se tuvo un plan B ante la caída de
las redes de energía y comunicación? Todo esto debe ser investigado
y si llegara el caso debería tener consecuencias políticas y
judiciales. Pero vayamos por partes.
Como
han explicado los meteorólogos y los especialistas científicos, la
DANA es un fenómeno meteorológico que se produce cuando una masa o
corriente de aire muy frío, que circula de 5 a 10 kilómetros de
altura, entra en contacto con aire más cálido y húmedo del mar
Mediterráneo, generando reacciones extremas de lluvia, granizo,
remolinos de viento, etc, etc. Esto es lo que pasó entre la tarde y
noche del 29 de octubre en localidades de Valencia, Albacete o
Málaga.
¿Por
qué motivo esa DANA fue tan violenta? Pues porque se combinaron
fuerzas de la naturaleza en un grado extremo que en otras ocasiones
no habían estado presentes. Una de las más importantes ha sido las
altas temperaturas y la humedad desprendida en forma de vapor de agua
de un mar Mediterráneo sobrecalentado en 2º centígrados (más de
lo normal), a partir de las altas temperaturas que venimos soportando
los últimos veranos en España. Es decir, hay una relación
directa entre el cambio climático antropogénico y la DANA que
arrasó una parte de la costa levantina. Cuando los negacionistas
del cambio climático dicen que siempre hubo fenómenos de “gota
fría” están ocultando la realidad. Los fenómenos extremos de la
naturaleza siempre han existido pero desde que el cambio climático
antropogénico lleva actuando -elevando los niveles de CO2, metano,
óxido nitroso o vapor de agua- estos fenómenos (igual que las olas
de calor, huracanes, tornados, sequías, etc.) se han vuelto más
potentes y sistemáticos.
A
otro nivel lo estamos viviendo con las epidemias de enfermedades
zoonóticas que se están dando en España y que son más propias de
latitudes más bajas con temperaturas tropicales o secas, como por
ejemplo las diferentes modalidades de gripes, los coronavirus, el
ébola, el virus del Nilo, etc. Hemos entrado en la era del cambio
climático antropogénico a una velocidad que ha superado los peores
pronósticos. Debemos estar preparados tanto a nivel de prevención
como de minimizar las consecuencias.
Además
del cambio climático, hay que decir que otros motivos agravaron la
situación que se vivió en las localidades valencianas, andaluzas o
castellano manchegas. La geografía social, la ubicación de las
poblaciones, el tipo de viviendas que se han construido en las
diferentes burbujas inmobiliarias, hacen que los más afectados
siempre son los mismos, desde Valencia a Miami, la India o Ecuador;
son las clases trabajadoras o los más pobres quienes sufren el
castigo divino de la naturaleza. Al menos eso nos hacen creer, pero
no es un castigo divino, sino económico y social. Repitiendo aquella
famosa frase, decimos ¡Es el capitalismo estúpido!
Las
informaciones que tenemos nos dicen que las zonas más afectadas como
Paiporta, Picanya, Torrent, etc., son las que se encuentran
atravesadas por el cauce del Barranco del Poyo (un cauce de agua
estacional situado entre los ríos Júcar y Turia). Allí los muertos
se cuentan por decenas y, como se pudo ver, vivían en casas
humildes. Familias trabajadoras y algunas inmigrantes. Esta es una
constante en todos los episodios provocados por las fuerzas de la
Naturaleza: los responsables apenas sufren, son las clases más
humildes las que se llevan la peor parte.
El
otro elemento que es importante analizar son las responsabilidades
políticas. El gobierno de la Comunidad Valenciana gobernada por el
PP hizo caso omiso a las advertencias de alerta roja de la AEMET. Una
alerta que se dió a las ocho de la mañana y que inexplicablemente
no se hizo caso cuando cientos de autos circulaban por las autovías
o miles y miles de trabajadoras y trabajadores seguían en sus
empresas como si no pasara nada. ¡Otra constante en este tipo de
situaciones! ¿Acaso hemos olvidado que en la pandemia fueron
numerosas las empresas que hicieron trabajar a su personal a pesar de
los gravísimos riesgos de contagiarse? Todas las piezas del puzle se
vuelven a juntar una y otra vez: cambio climático antropogénico,
infraestructuras inadecuadas, las principales damnificadas son las
poblaciones donde vive la clase trabajadora y, para colmo, una
estructura empresarial que tiene como única prioridad el
mantenimiento de su actividad económica lucrativa y privada.
Por
último, en estas situaciones cobra una importancia trascendental,
como ya ocurriera en la pandemia, la situación de nuestros servicios
públicos. Y, una vez más, nos encontramos con un hecho sangrante.
El presidente del gobierno valenciano, el derechista Carlos Mazón,
una de las primeras cosas que hizo cuando entró a la Generalitat fue
suprimir la Unidad Valenciana de Emergencias creada por el anterior
gobierno. Según el PP era una “ocurrencia” innecesaria del
anterior gobierno.
Hay
tragedias inevitables como que un meteorito impacte en la Tierra. Hay
tragedias que parecen inevitables pero que son agravadas por la
acción del ser humano modificando el clima, el terreno o el cauce de
los ríos. Pero no se pueden diluir las responsabilidades políticas
concretas. En la pandemia del Covid 19, Isabel Díaz Ayuso dejó
morir en las residencias a más de siete mil ancianas y ancianos.
Ella no trajo el SARS-CoV 2 pero su gestión fue irresponsable y
criminal. Hubo incluso personajes que hicieron del negacionismo con
las vacunas una bandera política ¿Nadie paga por ello? ¿Qué
ocurrirá ahora con aquellos responsables políticos que se negaron a
actuar a tiempo o que disolvieron un año antes una parte de los
servicios públicos? Y, a nivel social ¿No deberíamos dejar de
mirar para otro lado cuando adoptamos formas de vida y consumo que
son incompatibles hoy con el medio ambiente?
Lo
que proponemos, a continuación, no es un programa, ni siquiera un
plan de acción. Somos más modestos en nuestra pretensión,
solamente algunas posibles líneas de actuación para reducir los
sufrimientos o buscar alternativas al bucle en el que nos encontramos
toda la sociedad.
1.-
Recuperación de los servicios públicos que están siendo
desmantelados o privatizados: sanidad, servicios sociales, cuidados,
bomberos, unidades de emergencia, etc.
2.-
Ayuda material a todas las familias que han sufrido pérdidas
familiares, vivienda, etc. Agilización de todos los trámites
burocráticos para que esa ayuda llegue inmediatamente.
3.-
Un plan de reconstrucción de viviendas e infraestructuras de las
zonas afectadas teniendo en cuenta todos los factores sociales,
ecológicos y económicos: la ubicación de las viviendas, autovías,
las modificaciones llevadas a cabo por el cauce de ríos,
reforestación de los montes, el drenaje de las cuencas fluviales,
vías públicas y alcantarillados, etc.
4.-
Impulsar un debate a fondo sobre propuestas ecológicas tanto en la
costa Mediterránea como a nivel nacional, en donde participe la
comunidad científica, las organizaciones ecologistas, los
movimientos sociales, partidos y sindicatos. En la línea apuntada
anteriormente: reducción de gases de efecto invernadero, un cambio
de las políticas energéticas sin deterioro medioambiental,
reducción del consumo, planificación y debate sobre el modelo
productivo, etc.
Estos
serían algunos de los puntos que ponemos sobre la mesa de las
organizaciones sociales y políticas. Preparar a la sociedad para
todo lo que inevitablemente está por llegar.