Adiós al procés y al 15M. El fin de ambos procesos y la reacción conservadora y reaccionaria es el rasgo principal del contexto político actual. Un rasgo que no puede ocultar la victoria electoral del PSC y su rentabilización por PS, ufano por haber terminado con el procés. Nada de lo que alegrarse en el bando de la izquierda; el fin del procés, como el olvido del 15M, certifica la derrota de las ilusiones de rebeldía democrática levantadas contra la acentuación de las desigualdades y la pobreza generadas por la crisis del 2008 y las políticas de derechas que pretendieron salir de la misma con una nueva derrota para las clases populares.

En una manifestación por la defensa de la sanidad pública se percibe una elevada edad media de los asistentes; la ausencia de jóvenes es comprensible, no van a luchar por unos derechos de los que carecen y que, además, piensan muchos de ellos, su mantenimiento les priva de oportunidades de trabajo por los impuestos que disuaden a las empresas de crearlos. Es perceptible, así, un conflicto inédito hasta ahora en nuestro país, el que enfrenta a la población más joven con los mayores que aún gozan de derechos cuyo mantenimiento es culpado por los primeros de impedir a los empresarios la creación de empleos. A partir de esta constatación se deducen otras si cabe mticas eo ala dxutivascia y a los derechos, a las polfunciuonameinto de impedir a ls emprearios al creacion deempleoslas empresasás descorazonadoras, las que integran un sentido común de época que rechaza la intervención de la política en el mundo de la economía y los negocios en tanto que perturbadora de su buen funcionamiento.

Rechazo de la política es rechazo de la democracia. El neoliberalismo hegemónico durante las cuatro últimas décadas (cuidado con darle por muerto porque sus políticas hayan fracasado!) ha tenido como objetivo principal la destrucción de la democracia en tanto que amenaza de subversión al orden "natural" del mercado y la competencia. Y una defensa de la "libertad" entendida, antes que nada, como libertad de los amos del capital para perseguir la maximización de las ganancias sin atenerse a regla alguna para con los derechos de los trabajadores o de la población en general, utilizando para ello las técnicas que les permitan ahorrar en costes y aguardar los beneficios. A la luz de esta naturalización del orden de la competencia, conquistas sociales ligadas al ejercicio de la democracia ciudadana como los sindicatos, las pensiones, la sanidad o la educación públicas son presentadas como atentados a la libertad natural que deben ser suprimidos por todos los medios posibles para "garantizar el progreso y la libertad".

Por peregrino que pueda resultar este discurso, no podemos desdeñar el hecho de que es compartido por una parte creciente del electorado, también entre los sectores populares de más bajo nivel de renta.

Fascismo neoliberal, rechazo a la democracia y a los derechos, a las políticas redistributivas. Parece evidente que ha calado en los sectores populares una tendencia de hostilidad hacia la política y más en concreto hacia la política de izquierda. Las causas son diversas y su análisis excede con mucho estos comentarios. Una mezcla de decepción por las políticas de izquierda en el gobierno, el debilitamiento del movimiento obrero y la pérdida de referentes éticos y culturales que ello lleva consigo y, en fin, una antipatía bien trabajada por los medios de creación de conciencia hacia las élites intelectuales y burocráticas que deja a salvo a las económicas y financieras, sustituyendo la lucha de clases por la lucha cultural.

Una parte muy significativa de los sectores de más bajo nivel de renta comparten el rechazo al gobierno democrático y a la participación de los de abajo en la toma de decisiones. Esta actitud supone a su vez, dos posiciones o causas. La primera es un rechazo visceral de la política "que hace perder tiempo necesario para ganar dinero y ser libre para disfrutarlo"; y a quienes se ocupan de ella a quienes se tiene por zascandiles, abogados de pleitos pobres, vagos y otras lindezas por el estilo del lenguaje popular español. La segunda es la convicción de que la conducción de los asuntos públicos hay que dejarla a quienes han demostrado, con la conquista de la riqueza y el poder, que están preparados para mandar.

Me permito subrayar la antipatía hacia políticos e intelectuales frente a la despreocupación, cuando no la abierta simpatía, para con las élites económicas y financieras. Creo que las mismas reflejan la hegemonía de valores neoliberales y la preferencia por la organización para producir riqueza(empresa)frente a la organización para la gestión pública(gobierno y administración). Se percibe con claridad en la preferencia por las carreras orientadas al trabajo en la empresa privada frente a aquellas para la cosa pública.

La batalla cultural en la que políticos de extrema derecha afirman estar comprometidos no puede ser minimizada. Los dirigentes socialdemócratas pretenden, invocando los logros del Estado del bienestar pactado con la democracia cristiana después del 45, operar como si este marco histórico cultural estuviera vigente. ¿No han comprendido que hemos salido de esa historia benéfica post45 y entrado en una fase de guerra abierta?

El acuerdo fundamental entre las muy diversas formas del neoliberalismo y la derecha extrema es su odio al socialismo y su intención de acabar con sus restos y derrotar de forma definitiva a toda forma de organización de los trabajadores. Tanto como su occidentalismo militante, su alineamiento con USA y el Estado de Israel y su apoyo al genocidio en Gaza.

Las derechas están abandonando la idea de convivir con la izquierda y la democracia. Cree llegado el momento de prescindir de la molesta compañía de la socialdemocracia y, con ella, de la democracia y los derechos ciudadanos.

Son los resultados de una batalla ideológica y cultural que el neoliberalismo y las derechas van ganando en muchos países del norte y el sur del planeta de forma amplia. La lucha de clases ha sido sustituida por la lucha cultural y en ella la derecha lleva una amplia ventaja. Desde principios de los años ochenta, para combatir los efectos de la crisis estructural de la economía capitalista, la derecha ha llevado la pugna hacia el terreno de la eficacia de las políticas y ha conseguido presentar las políticas públicas y especialmente las redistributivas, como ineficaces y gravosas para los bolsillos particulares, también para quienes son beneficiarios de tales políticas.

En el campo de la izquierda se nota cierta renuencia a abordar este balance y saldo del último medio siglo, ocupada como está en la difícil tarea de sobrevivir frente a la oleada reaccionaria. Es comprensible el temor de que esta tarea de reflexión pudiera llevar a un parón de consecuencias fatales en las presentes circunstancias. Pero no queda más remedio que abordarla y, con ella, la de repensar su propio papel y su intervención en las sociedades de nuestro tiempo.

La crisis de la democracia abordada desde hace años en miles de artículos y ensayos, tiende a analizarse al margen del acontecer de la batalla reseñada más arriba.

La impresión es que se confía en convencer a la "derecha democrática" (¿no es una contradicción en los términos?) para asilar a la extrema derecha, parar el fascismo con cordones sanitarios. Lo teorizaba Innerarity en El País llamando a ayudar la derecha moderada para no caer en la trampa del fascismo.

Con ocasión de la convención de extrema derecha celebrada en Madrid en la que Milei acusó a la mujer del presidente del Gobierno de corrupta, el PSOE parece haber visto un filón para la campaña de las elecciones europeas presentándose como el muro para frenar a la extrema derecha. No estoy seguro, sin embargo, que el continuo incremento de apoyos electorales (tal como indica la encuesta de 40dB del 20 de mayo),junto con la embestida permanente del "Estado profundo" puedan ser frenados con tácticas electorales como esta.

Pues es de esto y no de otra cosa, de lo que forma parte cosas como la insólita admisión a trámite por el juez Peinado-y ahora avalada por el auto de la Audiencia Provincial- de una denuncia configurada por un extorsionista convicto a base de recortes de noticias digitales. Lo que está en marcha con una convocatoria que explicitó Aznar ("el que pueda hacer que haga") es una operación de acoso contra el funcionamiento normal de las instituciones democráticas y en particular contra el gobierno emanado de la voluntad reiteradamente expresada por la ciudadanía. Un golpe "blando" que se perpetra día a día con el concurso de determinados poderes del Estado heredados intactos en su composición de la dictadura franquista, jaleados y complementados por la mayoría de los medios de comunicación propiedad de una oligarquía incapaz de convivir con instituciones democráticas.

Una situación desgraciadamente conocida en la historia de nuestro país, vivida como tragedia en la memoria del pueblo y que ha operado y opera como instrumento letárgico que paraliza con demasiada frecuencia la acción colectiva de este pueblo. El miedo transmitido de padres a hijos, el miedo convertido en normalidad y sabiduría forzada para la supervivencia, ha inspirado durante demasiado tiempo nuestras vidas y la de nuestras familias. Es comprensible este miedo habida cuenta el dolor y el sufrimiento prolongado del pueblo; pero su aceptación como lógica existencial en nuestra sociedad es la muerte efectiva de la misma, que dejaría de serlo para convertirse en un cementerio viviente.

Somos una sociedad de mujeres y hombres libres, nuestros gobernantes tienen la obligación de hablarnos claro acerca de los riesgos que amenazan nuestra vida colectiva, que van mucho más allá de los injustos dolores que puedan sufrir las familias de esos gobernantes.

La ola reaccionaria que recorre Europa amenaza también a España. España ha padecido de forma prolongada la realidad de esa amenaza. Pero no la detendremos en una actitud pusilánime que no ponga al descubierto la magnitud de la amenaza, sus artífices y los medios para frenarla y derrotarla, que no son otros que la movilización social en defensa de la democracia.

No se trata de que Sánchez no se vaya, por más que aboguemos por su permanencia. Podría ser que Sánchez se quedara y la democracia, esa posibilidad de vivir juntos en libertad e igualdad, se alejara un poco más. Hace trece años, una parte de la sociedad española decidió impulsar un movimiento de recuperación de la democracia, ya muy afectada por la ofensiva neoliberal y los efectos de la crisis del 2008. Durante los siguientes siete años, el gobierno se comprometió en una sorda pero intensa labor de desdemocratización a la que intentaba poner fin la moción de censura que llevó a Sánchez a la presidencia del gobierno. Al servicio de esa intención se formó en 2019 el primer gobierno democrático de coalición que ha impulsado numerosas reformas en el campo de los derechos civiles sociales y ambientales y, sobre todo, ha permitido comprobar que la democracia se fortalece con los demócratas no con su marginación.

El impulso democrático del 2011 ha llegado, pues, a las instituciones y ello ha permitido al PSOE recuperarse de la grave crisis del 2011 y volver al gobierno. Pero sus dirigentes deben entender que la función para la que han recibido el mandato ciudadano está asociada a la exigencia de democratización que late en lo más hondo de la sociedad y que se manifiesta de muy diversas maneras.

El futuro de la democracia no está ni mucho menos garantizado; a sus enemigos seculares, la oligarquía y aquellos sectores sociales que la entienden como una forma contra natura de organizar la convivencia, se han unido los efectos devastadores de las políticas neoliberales aplicadas a lo largo de lustros en nuestro país y los aún no evaluados de la tecnologización de la comunicación social.

A os citados hay que añadir el riesgo civilizatorio de la guerra manifiesto en muchos puntos del planeta y latente como amenaza en todos aquellos en los que las aspiraciones de libertad, justicia e igualdad cuestionan el poder minoritario de las oligarquías.

La extensión y profundización de la prácticas democráticas constituye el único método eficaz para asegurar su permanencia.

Extenderla a todos los ámbitos de la vida colectiva, desde la empresa a los servicios públicos, haciendo de ella la forma natural de relacionarse y gestionar la vida colectiva.

Profundizarla para evitar su conversión en liturgia vacía bajo la cual se esconde la imposición y la dominación.

Aquí y ahora estos objetivos de extensión y profundización comprometen la tarea del gobierno de coalición. La "mejora de la vida de la gente" solo se hará realidad si la gente participa en su consecución, si los ciudadanos dejan de ser sujetos pasivos en al recepción de servicios públicos y se comprometen en su producción. Para ello hay que dar un paso adelante en el empoderamiento ciudadano. La decisión sobre el empleo de los recursos públicos compete esencialmente al titular de la soberanía que son los ciudadanos. La eficacia buscada a través de los aparatos administrativos no está reñida con un ejercicio sistemático de accountability a través del cual el titular de la soberanía se responsabiliza del uso de los recursos públicos.

No comparto la idea de "regenerar la democracia" lanzada por Sánchez al anunciar que continúa como presidente del Gobierno, como si hubiéramos disfrutado de una democracia idílica pervertida por las embestidas de la derecha contra su familia. En primer lugar porque, como se ha dicho más arriba, el régimen parlamentario iniciado en 1978 es tan solo una posibilidad de construir democracia. Y, sobre todo, porque la democracia no es un régimen político sino una práctica social de autogobierno.

Esta es, en esencia, la movilización social con la que el gobierno progresista debiera comprometerse. No se trata solo de combatir la polarización, de "parar a la derecha", ni siquiera de "defender la democracia". Cuando esto último se plantea es que la democracia es más un conjunto de instituciones que la práctica activa y responsable de un pueblo. El advenimiento del régimen parlamentario después del largo período de la dictadura terrorista fue presentado como la llegada de la democracia. Había prisa por consagrar unas bases mínimas y por evitar el enfrentamiento con el ejército faccioso y los demócratas de la época convinieron en legitimar las instituciones y el Estado como democráticos por la mera celebración de elecciones y la promulgación de una constitución. Se ha consagrado así una concepción de la democracia como una liturgia que afecta poco la vida de la gente normal, como "cosa de políticos", lo que explica en buena medida la notable desafección que padece.

De manera que no hay ninguna impoluta democracia que regenerar , hay que construirla día a día mediante la acción cotidiana de la gente, porque la democracia o es una forma de vida o es esa mera liturgia en la que las mayorías son ajenas y viven/sufren lo que deciden los poderosos.

Y es de esto precisamente de lo que se trata, de superar la concepción litúrgica de la democracia para hacerla vivir como la herramienta fundamental para construir una sociedad basada en el respeto mutuo; en la igualdad no solo formal sino material respetuosa de la diversidad; en la conducción responsable por cada uno de nuestras vidas.

Una verdadera revolución, sí, una pacífica revolución ética y cultural orientada a que la libertad y la responsabilidad de cada uno se constituyan en las herramientas fundamentales para hacer frente a los retos de nuestro tiempo y a garantizar la conservación de la vida sobre el planeta.