Durante estos días
finales de campaña electoral han surgido sospechas
de compra de votos y supuesta manipulación electoral
en varios municipios, como Melilla, Mojácar,
Bigastro, Moraleja de Sayago o Villalba del Alcor.
Estos episodios, perfectamente identificados y que
han sido rápidamente abordados administrativa,
policial y penalmente, han servido de excusa a
partidos y a ciertos tertulianos para sembrar una
sombra de duda sobre la seguridad y la transparencia
de nuestro sistema electoral. Se intenta acusar a
determinados partidos como autores de un fraude
generalizado, se señala a los presuntos autores de
las ilegalidades como si fuesen representantes de
todo el espectro político y, en suma, no se busca
esclarecer los hechos y depurar las
responsabilidades sino, simplemente, enturbiar el
proceso electoral. Se trata de la típica técnica de
exagerar un caso puntual entre millares para
proyectar dudas sobre el sistema electoral en su
conjunto.
¿Son los mecanismos
electorales españoles seguros y garantizan a los
ciudadanos la pureza de su sufragio y la integridad
de las elecciones? Nuestra respuesta es categórica:
sí. La democracia en nuestro país no ha sido
seriamente cuestionada en sus 46 años de existencia
por denuncias creíbles de fraude, manipulación de
resultados electorales o falsificación de estos.
Siempre se ha reconocido por las diversas fuerzas
contendientes el resultado obtenido. Desde 1977
hasta nuestros días se han realizado 14 elecciones
generales, 13 autonómicas, 10 municipales y 7
europeas. Multipliquemos estos datos por los miles
de mesas electorales, por las personas que han
participado, por las distintas candidaturas que han
concurrido y seremos conscientes de la formidable
movilización de la sociedad en torno al hecho
electoral y, conviene subrayarlo, con un volumen de
problemas realmente reducido. De ahí lo improcedente
de establecer generalizaciones malintencionadas o
desconocedoras sobre la auténtica realidad electoral
española. Una realidad reconocida por algunos de los
rankings que miden la calidad de las democracias en
perspectiva comparada (Democracy Index de The
Economist; Electoral Democracy Index de V-Dem; o
Freedom in the World de Freedom House); una realidad
contrastada empíricamente por iniciativas académicas
internacionales como el Electoral Integrity Project;
una realidad que se desprende, en fin, de los
distintos informes realizados sobre el caso español
por misiones de observación electoral de organismos
internacionales como la OSCE.
El ordenamiento y
los procedimientos electorales son plenamente
garantistas y, además, contemplan una serie de
sanciones y delitos electorales. Estos delitos están
señalados en la LOREG (Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General), donde también se detallan las
penas que pueden imponerse a quienes incurran
en alguna ilegalidad. Hay hasta 11 conductas
castigadas como delito en la ley electoral (arts.
139 a 150 LOREG).
Por ejemplo, un
tema de actualidad, porque alrededor de él se ha
generado controversia durante estos días, es el voto
por correo. Pues bien, el voto por correo tiene al
menos dos momentos de autentificación por parte del
elector. Es decir, las posibilidades de suplantación
o manipulación son reducidas, a no ser que se
produzca el hecho delictivo de la compra de votos,
con participación de los propios electores
concernidos, o de solicitudes manipuladas. Por
tanto, no es el sistema de garantías el que está en
cuestión, sino la realización de conductas ilegales
y delictivas, que deben atajarse, por parte de las
fuerzas de orden público y de la Justicia, con las
máximas celeridad y contundencia, además de
introducirse mejoras de forma inmediata en el
mecanismo del voto por correo para minimizar las
posibilidades de fraude.
Desde su nacimiento
en 2013, Más Democracia ha venido planteando la
necesidad de la reforma del sistema electoral, pero
no por los riesgos de fraude y manipulación, sino
por el alejamiento entre los representantes y la
ciudadanía. Nuestro diseño electoral muestra, desde
hace años, señales inequívocas de agotamiento:
1. Una
excesiva concentración de poder en las cúpulas
de los partidos políticos, debido a la falta de
regulación del funcionamiento interno de los
partidos.
2. Una
considerable desigualdad de voto: la
representación mínima provincial provoca una
sobrerrepresentación del territorio frente las
personas, lo que genera un voto muy desigual.
3. Una
desproporcionalidad que, además, se ve agravada
por la infrarrepresentación de las terceras y
cuartas fuerzas políticas, que ven mermada su
representación institucional.
Desde Más
Democracia hemos propuesto una reforma del
ordenamiento electoral con el lema de Igual y
Próximo, bajo tres principios:
1.- Todos los votos deben tener la
misma influencia;
2.- Debe existir una relación más
directa entre el elector y el elegido;
3.- La relación de los representantes
políticos con la ciudadanía debe primar sobre la
relación con su partido
Dicha propuesta,
además de publicarse en libros y artículos, fue
presentada en la Subcomisión del Parlamento para la
Reforma Electoral el 22 de marzo de 2018. Además de
un punto que implica la reforma de la Constitución
en lo referente a la circunscripción electoral, se
presentaron otros diez puntos de cambio y mejora de
la LOREG, que solo necesita la voluntad de los
partidos políticos. Pero, al margen de la
eliminación del voto rogado, no se ha sido capaz de
avanzar más en el encuentro entre la ciudadanía y el
sistema electoral. Cuando hay presión social (como
tras el 15M), se plantea, pero, cuando el suflé
baja, se olvida, porque su corrección y mejora puede
suponer la pérdida de privilegios y ventajas para
quienes tienen en sus manos reformar la legislación
electoral. Algunas interesantes ideas para
actualizar la LOREG a los procesos electorales del
siglo XXI pueden encontrarse, por cierto, en un
reciente informe de un grupo de profesores de
Derecho constitucional de distintas universidades
españolas.
En definitiva,
hablemos del sistema electoral sin suspicacias,
mejoremos si es preciso los instrumentos para
perseguir las prácticas delictivas, pero, sobre
todo, hablemos de cómo abordar seriamente la
conexión del circuito democrático con la ciudadanía.