Una historia del covid en Madrid (José M. Roca)

La campaña electoral en Madrid se ha planteado arteramente por quien ha convocado las elecciones como una opción entre dos ideas o dos conceptos abstractos -comunismo o libertad-, con el objetivo de esconder el balance de la gestión efectuada desde 2019.
Pero no hay amenaza de comunismo en España, y menos procedente de la débil oposición de izquierda en la Comunidad de Madrid, gobernada por una derecha bastante escorada hacia el extremo (y hacia la corrupción) desde hace nada menos que 26 años.
A una persona como Ayuso, con un sentido de clase tan acusado, el llamamiento del FMI a subir los impuestos a los más ricos, la intención de Biden de hacer lo mismo, habilitar fondos para mejorar la asistencia social y poner en marcha un nuevo New Deal, los inútiles llamamientos de la UE para que España se ponga al mismo nivel que la media europea en presión fiscal, la intención de subir el salario mínimo y establecer un ingreso mínimo de supervivencia o las ollas de barrio para atender las colas del hambre, le pueden parecer el “comunismo en acción”, porque va contra el espíritu de su gobierno, que es destinar fondos públicos al sector privado de la manera que sea, en general, opaca.
Madrid es la comunidad que menos dinero destina a asuntos sociales, en educación invierte 729 euros/habitante, frente Euskadi con 1.349 eu/habitante, la que forma más guetos en enseñanza y la segunda que menos gasto por habitante tiene en sanidad. Es la comunidad más rica de España, pero con mayor desigualdad de rentas, lo que ha merecido un suspenso del relator de la ONU por su poco interés en luchar contra la pobreza. Así, a la Presidenta, cualquier propuesta para mejorar el ámbito público o que no vaya destinada al pijerío le parece comunismo. La disyuntiva en Madrid no es libertad o comunismo, sino desigualdad o pijerío.
Ayuso tampoco ofrece libertad, sino libertinaje, y en una sola cosa: consumo en bares, terrazas y restaurantes, espacios de ocio y diversión, no sólo en fiestas y botellones clandestinos, que sobrepasan los tres mil localizados por la policía, sino en discotecas, desafiando no sólo decisiones del Gobierno de la nación, del Consejo Interterritorial, de la Organización Mundial de la Salud, de los médicos, de los científicos y de la sensatez, ante la expansión de una enfermedad que por ahora no tiene cura.
Fiel a su idea desde el principio -“Madrid no se cierra”-, aunque se tuvo que cerrar y confinar (“un chantaje”, “un gesto de autoridad de Sánchez”), Ayuso se niega a aceptar los resultados de esa “libertad” mal entendida, que colocan a Madrid en las zonas del país con índices más altos de infección, hospitalización, saturación de UCIs y muertes por covid. Ese es el resultado de haberse saltado etapas, falseando los datos, para apuntarse cuanto antes a la desescalada que siguió al primer estado de alarma, o de aprovechar los “puentes” festivos para o “salvar” el “black Friday”, la Navidad o lo que venga, con el consiguiente aumento de los contagios, que, como los muertos, se cargan a la gestión de Sánchez.
Los fallecidos en las residencias en la primera oleada van por cuenta de Pablo Iglesias, no de la Comunidad de Madrid, que ordenó mantener -con cuatro instrucciones escritas- a los ancianos contagiados en las residencias (sólo el 25% de los ingresados en UCIs eran mayores de 70 años, cuando los ancianos suponían el 87% de los fallecidos por covid). Lo que denunció públicamente el consejero de Asuntos Sociales, Alberto Reyero, que admitió que las residencias eran competencia de la Comunidad e incluso se quejó a Amnistía Internacional por la dejación. Reyero solicitó al Gobierno ayuda urgente del Ejército para desinfectar las residencias, antes lo habían solicitado Iglesias, Illa y Margarita Robles, pero Ayuso, en principio, se opuso. El 17% de las intervenciones del Ejército en los primeros meses de la pandemia se hicieron en Madrid.
Ayuso, de inmediato, anunció la medicalización de las residencias, que consistió en atención telefónica -confiada a empresas privadas, al precio de 2,9 a 4 euros por llamada-, mientras llegaba la ayuda puesta en marcha con la “operación bicho”, que fue un desastre. Se encomendó a Encarnación Burgueño, hija de uno de los inductores de la privatización de la sanidad madrileña, presentada en su día como “oportunidades de negocio”. Burgueño, directora general de una empresa presuntamente sanitaria no inscrita en el Registro Mercantil, carecía de recursos, de ambulancias y de experiencia en gestión hospitalaria y, sin moverse de su casa, subarrendó parte del servicio adjudicado a una empresa que disponía de cuatro vehículos médicos, que durante 12 días visitaron 200 de las 475 residencias de la Comunidad, siguiendo las instrucciones de Burgueño, que a su vez las recibía de un alto cargo sanitario de la Consejería de Salud. Mientras tanto, las residencias se cansaban de llamar solicitando un auxilio que no llegó.
La pésima gestión se quiso tapar acusando al Gobierno, a Sánchez y a Iglesias y montando una campaña publicitaria con carteles recordando lo mucho que Madrid debe a los ancianos. Y destituyendo a Reyero, el Consejero de Asuntos Sociales que había señalada la falta de humanidad de la decisión de Ayuso respecto a las residencias.