“Procurar
el
bien de una persona es algo deseable, pero es
más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo
y para las ciudades”.
Aristóteles.
La ética a Nicómaco
El mayor
éxito del 2020 fue sin duda el descubrimiento de
varias vacunas contra la COVID 19; a la cabeza
estuvieron las grandes de la industria farmacéutica.
El tiempo logrado entre la irrupción de la pandemia
y las primeras vacunas fue tan solo de diez meses;
esto es, sin duda, un enorme logro para la humanidad
y para la ciencia médica en particular. Sin embargo
este éxito indiscutible contiene multitud de lados
oscuros. El conflicto de intereses entre las
empresas y la sociedad en su conjunto es el punto
central de este artículo.
1.- La
gran industria farmacéutica
Vivimos
en un mundo dominado por una economía capitalista.
Por lo tanto, la lógica que la impulsa es la
ganancia. El motor del Capital, de sus inversiones
tecnológicas, científicas o los recursos humanos, es
la acumulación y el crecimiento de sus beneficios.
La producción capitalista transforma todo el proceso
económico en producción de mercancías (ya sean cosas
o servicios) destinados al consumo en un mercado
inundado por ellas. Dentro de esta lógica no hay
sitio para los prejuicios o la moralidad (como la
podríamos entender muchas personas). El más grande y
único estímulo de todas las empresas que se mueven
en las Bolsas de todo el mundo es incrementar en
cada ejercicio las ganancias del año anterior. Por
eso esta famosa frase de un sindicalista británico
del siglo XIX, Thomas Dunning, que Karl Marx cita en
su libro El Capital:
El
capital experimenta horror por la ausencia de
ganancia o por una ganancia muy pequeña, como la
naturaleza siente horror por el vacío. Si la
ganancia es adecuada, el capital se envalentona.
Un 10% seguro, y se lo podrá emplear donde
quiera; el 20% y se pondrá impulsivo; el 50% y
llegará positivamente a la temeridad; por un
100% pisoteará todas las leyes humanas; el 300%
y no hay crimen que lo arredre, aunque corra el
riesgo del patíbulo. Cuando el tumulto y las
riñas suponen ganancias, allí estará el capital
encizañándolas.
El caso de la gran
industria farmacéutica o de los servicios
privados de la salud no es ninguna excepción en
esta lógica. Por el contrario los datos con los
acabaron sus balances en el 2020 fueron
escandalosamente positivos. Podemos afirmar, sin
riesgo a equivocarnos, que la pandemia de la
COVID 19, ha sido el mejor año en resultados del
sector privado de la salud.
Como decía el diario
El País con fecha 2 de enero de 2021: “Tecnológicas y
farmacéuticas capitalizan en Bolsa su gran
año.... Al calor de la vacuna y la renovada
importancia de la salud en el imaginario
colectivo, la industria añade un nuevo
representante en las 50 mayores empresas del
mundo: Abbott, que se une así a Roche, Novartis,
Merck, Pfizer.” Según el periódico
el Economista Digital con fecha 12 de diciembre
de 2020 Pfizer y Moderna
(marcas descubridoras de las dos primeras
vacunas comercializadas en el mundo occidental),
ingresarán 26.500 millones de euros en un solo
año. Para el
año 2021 las previsiones son que Pfizer ingrese
16.000 millones más y Moderna entre 10.000 y
15.000 millones. Como todo el mundo sabe, Pfizer
es una marca norteamericana que comparte con
BioNTech (alemana) el privilegio de haber sido
los primeros en salir al mercado. Por eso a lo
largo del 2020 las acciones de Pzifer subieron
en Bolsa un 12%, las de BioNTech un 300% (ahora
su capitalización es de 25.0000 millones de
euros). La diferencia de porcentaje entre ambas
se explica porque mientras Pfizer ya era un
gigante del mundo del capitalismo antes de la
vacuna contra la COVID 19, la otra es, digamos,
un advenedizo. Por su parte, otra marca con sede
en los EEUU, Moderna, también mucho más pequeña
que Pfizer, Roche, Novartis o Merck, está
teniendo un crecimiento -según Morgan Stanley-
del 700%, con una capitalización de 62.000
millones de dólares.
Podemos
concluir diciendo que durante la pandemia de la
COVID 19 la Bolsa mundial ha registrado ganancias en
los grandes mercados de Estados Unidos, impulsados
por los rendimientos y expectativas futuras de los
gigantes tecnológicos (Apple, Microsoft,
Facebook..., por el conglomerado de los servicios
Amazón y por el negocio de la salud). Este último
vive sus mejores momentos no sólo por el
descubrimiento de varias vacunas contra el virus
COVID 19, sino también por el caldo de cultivo que
genera la pandemia. Muchas personas se están
haciendo seguros privados ante el atasco y
desmantelamiento de los hospitales o centros de
salud públicos (lo que se ha reflejado en un aumento
del 4,7% de nuevas pólizas); también está en auge la
propuesta de tratar enfermedades o síntomas
corrientes mediante video-llamadas (hasta Movistar
está mandando a sus clientes ofertas para que los
pacientes consulten sin moverse de su casa). Algunas
empresas se preparan para el auge de la Telemedicina
que, además de su dudosa utilidad puede suponer el
desmantelamiento mayor de los centros de salud.
2.- Las
bases económicas y comerciales de un negocio muy
poco ético pero muy seguro
Llegados
a este punto algunos se pueden preguntar si es
lícito hacer negocios con las enfermedades de los
seres humanos. Mi opinión es que no, pero obviamente
vivimos en una sociedad dominada por el capital y
debatir acerca de la legalidad moral o jurídica es
superfluo. No obstante, las mismas empresas
infringen las reglas del juego cuando son tan
poderosas o más que los propios países en donde
residen. El conflicto entre las tecnológicas
norteamericanas y la UE o el gobierno federal de USA
responde a eso.
La
industria de la salud no es una excepción. No se
amasan miles de millones de dólares gestionando
empresas sobre los valores de la solidaridad o la
cooperación, al contrario, las fortunas se
construyen en una guerra abierta donde la
competencia es mortal y en donde si es preciso no
existe ninguna regla moral que impida el desenfreno
de los beneficios. Para amasar esos capitales hace
falta, además de contingencias dolorosas y
dramáticas como la COVID 19, algunas otras
cuestiones interrelacionadas: una posición de
privilegio en el mercado; acuerdos con los gobiernos
y organismos internacionales y una demanda social
continúa que, en el caso de la sanidad -con pandemia
o sin ella-, es permanente y a escala planetaria.
En un
excelente artículo publicado por la revista Viento
Sur por Jorge Luis Díaz y Álvaro Arador titulado “La
propiedad intelectual farmacéutica y su amenaza para
la salud pública”, estos planteaban varias líneas de
reflexión muy a tener en cuenta.
1.- Los
derechos de patentes, propiedad intelectual, que
tienen estas grandes empresas les otorgan la
exclusividad en el desarrollo, producción y
comercialización de todas las innovaciones (por
supuesto las vacunas anti-COVID) a lo largo de los
próximos 20 años. Esto quiere decir que los
rendimientos para las próximas décadas son
inconmensurables si tenemos en cuenta que el virus
estará entre nosotros y ya no digamos las posibles
nuevas mutaciones.
2.- La
llamada arquitectura de las patentes les otorga un
mayor blindaje ya que se patenta no solo el
producto, sino todos los procesos y modificaciones
moleculares. Esto dificulta, cuando no impide, el
desarrollo de genéricos. De esta manera, el
monopolio del mercado de vacunas ha estado copado
históricamente por cuatro empresas: Sanofi, Merck,
Pzifer y GlaxoSunthikline (GSK).
3.-
Utilizan además para estas y otras vacunas un
lanzamiento secuencial basado en la falta de
transparencia y desabastecimientos. Las cadenas de
producción y comercialización están controladas
según sus propios intereses. Por ese motivo primero
llegan a los países ricos (pactando precios muy
altos con EEUU y la UE), lo que les garantiza a
ellos unos beneficios mucho mayores que si tuvieran
que negociar con los países más pobres. Esta
experiencia ya la vivimos en España con los
tratamientos contra la hepatitis C. El precio de
salida de los antivirales era disparatado y sin
embargo los costes eran mínimos; hizo falta una gran
movilización de los afectados para obligar a una
negociación entre el gobierno español y la industria
farmacéutica. Además, como indicábamos más arriba,
los acuerdos con los Estados o los Tratados
Internacionales están basados en la obligación de
mantener el secreto comercial y por lo tanto un
oligopolio de su comercialización.
4.- Lo
que la opinión pública desconoce es que estas
grandes empresas que se benefician de una manera tan
descarada de la legislación y de su posición
privilegiada en el mercado están respaldadas además
por inversiones públicas de los propios gobiernos;
es decir, el Estado mete dinero público en las
empresas y establece planes de colaboración
científica para que, más tarde, los rendimientos
económicos vayan a parar a esas empresas. Las
investigaciones que se han llevado a cabo estos diez
meses hasta conseguir las vacunas no han sido una
excepción. Según nos consta en la información que
nos ofrece un reportaje de la BBC recogido por
Magnet el 28 de diciembre del 2020:
“Moderna. “La farmacéutica
estadounidense recibió 2500 millones de dólares
provenientes de distintos departamentos
federales... desde que la vacuna es un éxito el
presupuesto se completó con inversiones privadas
de Dolly Parton y Vanderbit... La mayoría del
dinero proviene de arcas públicas.”
¿Y Pfizer? “Según ellos no
recibieron ayudas, pero su socio BioNTech
recibió en septiembre una ayuda federal de 500
millones de dólares.”
Pero no
solamente son las ayudas. En los contratos que se
firman para la distribución de esas vacunas los
Estados están obligados a firmar cantidades cerradas
sin tener del todo claro la efectividad de esas
vacunas en la población (más allá de las pruebas
experimentales). En el momento actual millones de
dósis están vendidas en los principales países EEUU,
UE, Australia, Canadá, Japón, etc. Según las fuentes
a las que nosotros hemos podido acceder, quitando el
caso de la vacuna de Astra-Zeneca (que recibe una
ayuda pública del 20%) y que se ha comprometido a
mantener los precios de coste (alrededor de 3 o 4
euros por vacuna), el resto está vendiendo las
vacunas a unos precios -al menos- diez veces mayor
lo que cuesta todo el proceso de fabricación,
transporte y refrigeración. Es decir, las vacunas de
Moderna y Pfizer se han fijado entre 15 o 30 euros.
“Cerrando
el
círculo (lo que nos devuelve
a las acciones de Pfizer y Moderna): el hecho de
que se han convertido en un caramelo muy
codiciado por los inversores, se debe no solo a
la vacuna, sino a su propia proyección. Y en eso
hay que tener en cuenta el regreso a la vida
normal, un premio mucho más jugoso que los
potenciales 32.000 millones de dólares de
beneficios”. (Citado por los
autores del artículo de la BBC).
3.- Otras
modalidades en el negocio con recursos públicos
Bajo el nuevo
paradigma ¡colaboración
público-privada! multitud de pequeñas
y grandes empresas, así como fondos de inversión
de dimensión global, se trasladan -como buitres-
para el reparto del botín. Grupos económicos
que, por ejemplo, ven mermados sus beneficios en
otros sectores como la construcción, la
hostelería o la alimentación, se desplazan en la
búsqueda de tasas de ganancias más elevadas o,
en numerosos casos, intentan resarcirse de sus
propias pérdidas. La gran diferencia entre los
nichos de beneficios que ofrece la salud y otros
como por ejemplo la vivienda es que el primero
siempre tiene una demanda más constante que el
segundo.
La
introducción de estas empresas en la sanidad pública
o servicios públicos no es siempre la misma. En unos
casos puede ser a través de grandes operaciones de
fusión de empresas como es el caso de Fresenius (un
gigante alemán) que compró Quirón por 5760 millones
de euros en 2017. En otros es a través del llamado
“capitalismo de amiguetes”, muy propio de los
gobiernos de Esperanza Aguirre, Ignacio González,
Cristina Cifuentes o Isabel Diaz Ayuso. Estos
gobiernos corruptos del PP lo que hacen es una
pantomima de concursos de obras y servicios para
entregar la explotación de los mismos a sus amigos
empresarios como Florentino Pérez, Villar Mir, etc.
Una
pequeña exposición de las variantes de esa supuesta
“colaboración público-privada” puede verse muy bien
en la Comunidad de Madrid:
a.-
Hospitales integrados en la red pública pero con
una mayor intervención de capital privado. Este es el caso por
ejemplo de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid
que pertenece a Fresenius-Quirón (además también
tiene hospitales en otras localidades como
Móstoles, Valdemoro, Villalba,). La
particularidad es que la Comunidad de Madrid les
otorga una “cuota de mercado”, es decir, un
porcentaje de la población para que atiendan y a
cambio reciben dinero de los Presupuestos de la
Comunidad. Hoy esto supone un 17% de dichos
presupuesos. Además la empresa Fresenius-Quirón
contrata a su personal laboral tanto sanitario
como no sanitario a los que, como es de suponer,
impone convenios propios. Se da el caso además
que -como en estos lugares se aumenta la
productividad media del sector- tienden a
absorber más pacientes de los suyos propios y
con ello reciben más transferencias del gobierno
autonómico. La Fundación Jiménez Diaz es un
parásito de la sanidad pública madrileña no solo
por los recursos que absorbe, sino porque el
propio gobierno del PP facilita su competencia
en perjuicio de hospitales como el Clínico San
Carlos. Así tenemos como ejemplo que cuenta con
una población atendida de nada menos que 450.000
personas, lo que ha conducido al Clínico a
perder en varios años cientos de camas.
b.-
Hospitales o centros sanitarios privados.
En ese caso son
empresas dedicadas a la salud con capital
exclusivamente privado y no adheridos a la red
pública. Muchos
con convenios con la administración pública de
las que obtienen una parte de su “petróleo”
además de buscar otras vías de acceder al
mercado. En Madrid representan un porcentaje muy
elevado (hasta un 30%) en relación con lo
público. La mayoría están construidos en zonas
de rentas altas o muy altas y suelen encargarse
de intervenciones menores (cataratas,
traumatología, cirugía estética,
rehabitaciones...), para recibir esos servicios
el usuario tiene que tener su poliza (Sanitas,
Asisa, Adeslas...), o bien a veces también se
establecen convenios de colaboración como por
ejemplo el que tenía el hospital de la Beata
Mariana de Jesús con el hospital público de La
Princesa para las rehabilitaciones de pacientes
de traumatología. Además el personal laboral
tiene unas condiciones económicas y de jornada
peores al sector público por lo que los
beneficios que obtienen estas empresas suelen
ser muy elevados y los precios que cobran a sus
pacientes por determinadas intervenciones
también.
c.-
Hospitales y centros sanitarios públicos con
servicios privatizados. Este es el caso de
la totalidad de centros tanto en Madrid como en
el resto de España. Los siete grandes hospitales
de Madrid con más peso público (La Paz, Gregorio
Marañón, Puerta de Hierro, Doce de Ocubre, Ramón
y Cajal, La Princesa, Clínico) tienen todos
ellos subcontratados los servicios de
hostelería, limpieza y la mayoría mantenimiento
y otros. Esto ha sido también una transferencia
de recursos públicos a empresas privadas como
Ferrovial, Clece, OHL, que pertenecen a los
amigos del PP. La corrupción y las puertas
giratorias campan a sus anchas. Pero no sólo
eso, sus servicios suelen ser muy deficitarios
ya que es muy difícil compatibilizar una buena
calidad asistencial con el abaratamiento de los
costes laborales. Cada vez que una empresa
subcontrata un servicio (limpieza por ejemplo)
lo primero que hace para sacar más rentabilidad
es reducir el personal que había anteriormente.
Además
de estas modalidades y algunas otras derivadas, nos
encontramos también con el inmenso negocio que
representa la implantación de nuevas y sofisticadas
tecnologías o del consumo dirigido de fármacos
estimulados por los lobbys de la sanidad privada.
El apartado tecnológico es sin duda una de
las más importantes y futuras rentabilidades del
Capital en el sector de la salud. Ya lo es pero
con el paso del tiempo aumenta sin parar. El
Estado -aconsejado por “expertos”- invierte en
aparatos con unos costes altísimos que fabrican
los grandes del sector: Johnson & Johnson
(nada menos que con una capitalización de
328.280.000 millones de dólares es la primera
del sector y la número 11 de todas las empresas
del mundo), GE Heakthcare, Medtronic, Siemens,
Philips y otras son los fabricantes de aparatos
médicos de altísima tecnología (resonancias,
scaner, rayos, inteligencia artificial,
quirófanos…) cuyo costoso y delicado
mantenimiento sólo puede estar a cargo de sus
propios especialistas. El caso de los fármacos
es parecido, los grandes laboratorios
comercializan miles de marcas y patentes
ofreciéndoles a los médicos , a los que no dudan
en “recompensar” si aconsejan a sus pacientes o
en sus servicios que consuman un determinado
producto.
El futuro de sector
sanitario -nos dicen- como el de la energía o el
ocio o la comunicación, reside en dos
paradigmas: la colaboración público-privada y la
inversión tecnológica. Es decir, el dinero
público que proviene de nuestras rentas del
trabajo o impuestos se transfiere al Capital
privado para que éste lo utilice para aumentar
sus beneficios y de paso hacer mucha publicidad
sobre las bondades de las nuevas tecnologías y
de la colaboración del Estado con el Capital.
Toda
nuestras críticas no se deben confundir con una
oposición a esas nuevas tecnologías o, ni muchísimo
menos, a todas las colaboraciones necesarias en las
investigaciones para seguir avanzando en la lucha
contra la COVID 19 u otro tipo de enfermedades.
Vacunas y tecnologías son necesarias pero debe
regularse la colaboración entre las empresas y el
sector público para que esto no se convierta en la
ley de la selva donde lo que priman son los
intereses privados y no el bien público. Pues en
última instancia ¿qué es la salud? ¿qué son los
servicios públicos de salud? Nada más y nada menos
que conquistas y derechos que no se pueden perder.
Ni se pueden poner permanentemente a subasta como si
se tratara de un cuadro. Los servicios de salud son
un valor social que no deberían estar sometidos en
ningún caso a las inclemencias del capitalismo, a la
especulación o al ventajismo de una tragedia mundial
como la que estamos viviendo desde hace meses.
4.- Cinco
propuestas a debate
Más que
un detallado programa alternativo a esta situación,
me gustaría introducir cinco puntos muy breves para
la reflexión:
a.- Ante
la inmensa gravedad de la pandemia, los organismos e
instituciones internacionales y los Estados
nacionales deberían llegar a un acuerdo para la
fabricación, comercialización, transporte y
distribución de todas las vacunas. Es imprescindible
que todas las vacunas lleguen por igual a todas las
poblaciones del mundo (ricos y pobres) en el menor
tiempo posible. Se debe actuar como en tiempos de
guerra. Hoy es inaudito que cuatro empresas
controlen la propiedad y las patentes de las vacunas
contra la COVID 19.
b.-
Dominio 100% público de los medios y recursos
sanitarios que son del Estado. Las organizaciones
políticas, sociales y sindicales deberían
comprometerse a iniciar un proceso conjunto de
reversión del patrimonio público en manos privadas.
Hoy el 60% de los presupuestos de la Comunidad de
Madrid están destinados a la sanidad, de ese
porcentaje cerca del 20% se va a la privada (sin
contar los gastos de farmacia). Es necesario
trabajar hacia un plan de transferencias cero de lo
público a lo privado. De esa manera se podrá
utilizar el presupuesto público para recursos
humanos en atención primaria y especializada que es
lo más urgente y lo que verdaderamente se necesita.
c.-
Establecimiento de protocolos claros sobre el uso de
nuevas tecnologías médicas, en particular las que se
quieran aplicar en sustitución de la atención
directa del profesional con el enfermo. Ninguna
llamada telefónica (y mucho menos de una empresa
privada) puede reemplazar el contacto humano que
tradicionalmente se da en la atención primaria.
d.-
Estas reflexiones no pasarán de la pantalla de un
ordenador si no conseguimos que la sociedad en su
conjunto se involucre, como otras tantas veces, en
la defensa de la sanidad pública y universal.
Nuestros valores basados en la solidaridad y la
cooperación no sirven de nada si la gente no se
moviliza y participa. En ese sentido es fundamental
que las trabajadoras y trabajadores sanitarios se
pongan delante de esta lucha. Es en beneficio suyo y
de toda la sociedad. En estos tiempos la historia ha
querido que la lucha por la salud pública ocupe un
papel estelar. Miles y miles de profesionales de la
salud están haciendo un esfuerzo enorme por mantener
en pie el sistema público. La unidad de acción entre
estos profesionales y el conjunto de la población es
el camino para defender una sanidad pública,
universal y de calidad.
Madrid, 15 de enero de 2021