Lo hemos dicho en muchas ocasiones: la mayoría de la población está siendo víctima de una agresión social sin precedentes. Aprovechando la crisis económica se ha producido un sistemático recorte de los derechos sociales, una creciente precarización laboral, una profunda caída de los salarios y un aumento enorme de la desigualdad social y de la brecha de género. Las oligarquías políticas y económicas han emprendido una cruzada contra las condiciones de vida de la mayoría. Menos derechos laborales, ataques a la sanidad y educación públicas, recortes a las ayudas por dependencia, regresividad fiscal, ataques a las libertades públicas… La senda iniciada por Rodríguez Zapatero en mayo de 2010 se ha acentuado radicalmente durante los cuatro años del gobierno de Rajoy contribuyendo a crear una sociedad mucho más injusta.

La ruptura de los consensos sociales provocada por esta ofensiva reaccionaria se ha convertido, inevitablemente, en factor desencadenante de una profunda crisis política e institucional. El descrédito de los partidos hegemónicos del régimen (PP, PSOE, CiU) ha acompañado una notoria deslegitimación de sus organismos, desde la jefatura del Estado (obligando a la abdicación de Juan Carlos I) y las administraciones públicas hasta las instituciones judiciales. El régimen de 1978 combinaba el dominio de las élites con la aceptación por éstas de consensos sociales, a través de mediadores como los sindicatos y los partidos políticos, que se orientaban al fortalecimiento del estado del bienestar, el desarrollo del proyecto europeo e incluían la aceptación constitucional de la idea de una democracia social. Tras el fin de los consensos sociales, las instituciones se han presentado cada vez más como instrumentos al servicio de los intereses de los sectores privilegiados.

La crisis política se ha acrecentado por otros factores, significativamente por la ruptura del acuerdo autonómico de 1978, tras la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut y la conversión al independentismo del nacionalismo catalán, sin que el régimen haya sido capaz, hasta el día de hoy, de encontrar una forma de recomposición en el marco del Estado autonómico. En cualquier caso, el factor determinante de la crisis de legitimidad se encuentra en la respuesta de la sociedad a la ofensiva elitista. El 15-M inició una nueva relación entre la ciudadanía y sus instituciones, una ruptura generacional con el régimen de 1978 y, al mismo tiempo, la señal de la decadencia del bipartidismo. El 15-M abrió una etapa de nuevas luchas sociales, mareas ciudadanas, iniciativas locales, etc.

Estas luchas sociales, con sus inevitables altibajos, se ha caracterizado por la pérdida de peso de los viejos mediadores. Hay que destacar la decadencia de las estructuras sindicales que no han sido capaces de ponerse plenamente al servicio de las nuevas necesidades de las y los de abajo, así como el declive de los partidos tradicionales de la izquierda. La lucha social se ha encaminado hacia procesos trasversales, más participativos y con una clara aspiración, en sus momentos más potentes, de generar una mayoría social.

La expresión política de las luchas sociales siempre es indirecta y compleja. La aparición de Podemos, tras las elecciones europeas de 2014, fue, indiscutiblemente, un momento muy significativo del proceso de ruptura de significativos sectores sociales con el deteriorado marco institucional. Sin embargo, por razones que exceden a este texto, el impulso de Podemos se detuvo, no pudo avanzar más allá de ciertos límites, aunque hay que esperar al 20D para conocer los efectos de la propia campaña electoral. En esta situación, no hay que olvidar la eclosión de una fuerza reaccionaria como Ciudadanos, significativamente solidaria con políticas antisociales, defensora de un contrato único laboral como instrumento para continuar rebajando los derechos de los trabajadores y contraria a que se dé un trato jurídico específico a la violencia de género. Sin embargo, tanto Podemos, por derecho propio, como Ciudadanos, por su capacidad de instalarse en un segmento del vacío de confianza social, son reflejos del profundo proceso de cambio que se ha iniciado.

Las elecciones municipales y autonómicas de 2015 han revelado claramente las posibilidades (y las limitaciones) del actual período político. Los éxitos de los procesos de confluencia en las grandes ciudades (Valencia, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, etc.) y la derrota del Partido Popular en algunos de sus principales feudos, son indicativas de la potencia que existe en la sociedad para conseguir un cambio en beneficio de la mayoría. Pero, al mismo tiempo, han puesto de manifiesto las limitaciones de los instrumentos con que se cuenta ya que ese impulso no tiene una manifestación, al nivel político necesario, en las próximas elecciones generales. Únicamente en Cataluña, Comunidad valenciana y Galicia se presentan a las elecciones del 20 de diciembre alternativas plurales y de confluencia herederas del impulso municipal de mayo de 2015. Tanto En Comú Podem, como En Marea, como És el moment (Compromís-Podemos) reflejan una confluencia social y política con vocación de conquistar la mayoría social.

Las elecciones del 20 de diciembre son un momento importante en la evolución del ciclo político y social que hemos intentado describir en los párrafos anteriores. Nos jugamos, en primer lugar, la posibilidad de derrotar al gobierno Rajoy y sus iniciativas reaccionarias. Y esa posibilidad es muy importante, porque tal derrota haría más fácil defender las condiciones de vida de la mayoría de la población. También son unas elecciones importantes porque el escenario de partidos resultante va a ser muy influyente en la salida institucional a la actual crisis. No es indiferente quienes tengan la capacidad de tomar el timón de una posible reforma constitucional.

Podemos estar a las puertas tanto de la consolidación legal del orden fáctico reaccionario como a la apertura de una posibilidad, aunque sea limitada, de democratización política y de institucionalización de los derechos sociales. En cualquier caso, cualquiera que sea el resultado final, el nuevo Congreso de los Diputados va a ser cualitativamente diferente con una significativa presencia de quienes se han opuesto a los recortes sociales y de quienes apuestan por reformas políticas sustantivas.

Desde Trasversales creemos que es necesario participar en las elecciones del 20 de diciembre en defensa propia, apoyando las mejores alternativas existentes frente al gobierno Rajoy y más comprometidas con la defensa de los derechos sociales y las reformas democratizadoras. Consideramos que el momento electoral no debe ser desaprovechado, para intentar situar en mejores condiciones la lucha por los derechos de las mayorías sociales. Nuestra llamamiento a la participación se hace, como siempre, sin ningún fetichismo hacia los instrumentos políticos, pues pensamos que los cambios profundos sólo son posibles si la gente común toma, en todos los ámbitos, su destino en sus propias manos.

Trasversales apoya expresamente el voto en Cataluña a En Comú-Podem, en la Comu­nidad valenciana a És el moment (Compromis-Podemos) y en Galicia a En Marea. En el resto de lugares, Trasversales invita a apoyar con el voto en cada circunscripción a las candidaturas con posibilidades reales de obtener representación parlamentaria en dicho territorio, que mejor expresen, a juicio de nuestras lectoras y lectores, la lucha contra los recortes sociales, la defensa de las libertades públicas y la posibilidad de democratización de las instituciones.

8 diciembre 2015