El PP ha planteado una contrareforma de la ley del aborto que es completamente infumable incluso para el PP. No sé si las resistencias a la ley entraban dentro de un plan previo para primero tensar la cuerda y después hacerse los centristas y demostrar voluntad de diálogo y moderación; si se trataba desde el principio de presentar una ley tan restrictiva que cualquier pequeña modificación posterior de la misma ayudara a hacerla digerible o si se trata verdaderamente de la personalidad megalómana de Gallardón, que tira a lo grande lo mismo para construir un túnel que para hacer una reforma legal que tumbe derechos consolidados o consensos sociales. En todo caso el debate parece haberse centrado en el supuesto de malformación del feto, tan unánimemente criticado que es posible que finalmente se suavice.

Pues no. El problema de la contrareforma del aborto no es ese y me niego a centrarlo en ese aspecto. O el aborto es un derecho de las mujeres a autodeterminarse, a la plena posesión de su cuerpo y su sexualidad, o es una concesión que el poder nos hace para que en los supuestos que ese poder graciosamente considere (y que han ido cambiando a lo largo de la historia) se nos permita abortar. Por supuesto que obligar a una mujer a tener un hijo con una malformación grave implica auténtico sadismo; pero obligar a una mujer a tener un hijo que no quiere tener es igualmente intolerable y puede ser una situación igual de dura. No es la calidad del feto lo que conforma el núcleo del derecho al aborto. No nos engañemos, las mujeres embarazadas de fetos con graves malformaciones seguramente terminen pudiendo acogerse al supuesto de grave daño psíquico, como el propio Gallardón ha indicado. El daño psícológico era un “coladero” con la ley de 1985 y se pretende que sea ahora un coladero, aunque mucho más estrecho y posiblemente abierto sólo para estos casos de fetos con malformaciones.

Esta ley de aborto no pretende, ni de lejos combatir el aborto: no contiene ni una sola medida para prevenir los embarazos no deseados. Tampoco creo que una vez aprobada aumenten significativamente los abortos clandestinos. No estamos en los años 70 ni 80, ni vivimos en Latinoamérica o África. Llevamos 30 años de derechos asentados, hay una historia y un saber colectivo que no vamos a olvidar. Los viajes, internet, las organizaciones feministas…es posible que ahora una mujer en lugar de acudir a una capital de provincia para abortar, tenga que desplazarse, quizá incluso por el mismo dinero y recorriendo la misma distancia, a la frontera portuguesa o francesa en donde, seguramente, se abrirán clínicas para esta demanda concreta. Vamos a continuar abortando lo que necesitemos, por supuesto.

Lo aberrante e intolerable de esta ley es su espíritu, pues toda ella está pensada para humillarnos a las mujeres, para devolvernos a la minoría de edad franquista, para demostrar que el poder del estado, el poder patriarcal, una concepción muy concreta de la sexualidad, de los roles sexuales y sociales y de la familia, está por encima de nuestra autodeterminación como mujeres. Desde luego es muy cierto que ésta es una ley anti-mujeres y no anti aborto. De repente, las mujeres españolas nos encontramos con que si abortamos no somos responsables de nada, como las niñas pequeñas, y que los únicos responsables del delito son los profesionales que realizan el aborto. Es verdad que las feministas llevamos décadas pidiendo que el aborto salga del código penal, pero nos referíamos a eso: al aborto, y no a las mujeres.

Lo que esta ley hace es convertirnos en víctimas irresponsables de nuestras propias decisiones tomadas como adultas, como personas libres y conscientes de nuestros actos; nos convierte en menores. En los países gobernados por la religión o en las dictaduras, todas ellas fuertemente patriarcales, las mujeres no son responsables penales de determinadas conductas que son delito, en cambio, si las cometen los hombres. Esto no es una ventaja para ellas, aunque pueda suponer librarse del castigo concreto. A cambio de ese librarse de una pena concreta lo que se hace es someterlas a un castigo perpetuo: el de la absoluta desigualdad y sometimiento. No son castigadas porque se entiende que no son dueñas de sí mismas. Por eso los castigados son los hombres, sus padres o maridos, porque se supone que son sus dueños. Los hombres son libres y dueños de sí, aunque sea para delinquir; se les supone capacidad de decisión para elegir cometer un delito o no; a las mujeres no se les reconoce siquiera esa capacidad. Exactamente ese mismo principio es el que introduce esta ley.

Y por si fuera poco la discusión política de la misma se está haciendo en muchas instancias a espaldas de las mujeres, sin mencionar siquiera que las únicas que nos quedamos embarazadas y las únicas que tenemos que enfrentarnos a la decisión de abortar o no, somos nosotras. No son pocos los medios y los comentaristas que han publicado comentarios sobre el aborto sin hacer una sola referencia a la voluntad u opinión de las mujeres. No estoy diciendo que seamos las únicas que podamos opinar públicamente pero desde luego no es posible discutir “del asunto” (como dice Rajoy) obviándonos. No sólo porque es algo que ocurre en nuestro cuerpo, que nos ocurre sólo a nosotras, sino porque, además y en todo caso, finalmente sólo nosotras tomaremos la decisión de abortar o no, con ley o sin ella.

En ese sentido la rebelión de los barones del PP me parece muy bien, pero la ley es inadmisible contemple el supuesto de malformación o no; y no porque lo digan los barones del PP, los profesores de derecho o los editorialistas. Es inadmisible porque las mujeres no estamos dispuestas a permitir este recorte de nuestros derechos, de nuestra libertad básica a autodeterminarnos; porque decimos que no a este intento de minorizarnos, no a esta humillación, no a la imposición de otra voluntad que la nuestra sobre nuestros cuerpos. Decimos que no a esta ley desde su primera letra hasta la última. Decimos que no a esta ley en su letra y en su espíritu.