¿Cómo podemos ayudarnos?

El mayor efecto del COVID-19, más allá de la restricción de la actividad social y de las relaciones interpersonales, ha sido el de tensar, forzar y hasta romper las costuras del tejido social. Su gestión ha radiografiado el esqueleto de nuestro caduco sistema, con todas sus carencias.
Ante una emergencia mundial de este calibre, no se ha puesto la salud de la población del planeta en el centro.
Ahora nos agarramos, y bien está, a la esperanza de que las vacunas están llegando para sacarnos de esta situación. Pero su distribución, la cantidad que se produce y el orden en el que se reparte entre Estados están supeditados al máximo beneficio de las compañías dueñas de sus patentes, financiadas con miles de millones de euros y dólares de dinero público a través de contratos que no se pueden publicar. Apropiación particular de lo de todas y todos, nada nuevo en este sistema.
Una amenaza a escala de especie humana debería haberse resuelto poniendo en marcha con la mayor urgencia todas las fábricas que pudieran producirla, liberando las patentes y compartiendo los hallazgos. Se habrían salvado más vidas y se habría podido volver a la actividad económica normalizada con mayor celeridad. Pero nos falta sistema político y social para ello. En cambio, estamos en más muertes y más tiempo de pandemia, se ha agravado severamente la pobreza y hay mayores beneficios para las farmacéuticas. Se habla de 50.000 millones de dólares.
La noticia que abrió este año fue el cambio de presidente en Estados Unidos. El asalto al Capitolio, tras negar el recuento de votos, es el colofón final de la presidencia de Trump, ejercida en contra de los derechos democráticos, los de inmigrantes, negros, latinos, mujeres y demás excluidos en nombre de la gran nación, America first. Esta huida desde la democracia hacia el fascismo nacionalista, basada en la apelación a prejuicios racistas inducidos en empobrecidas capas medias de Estados Unidos, ha sido frenada por una gran movilización interracial, encabezada por la población afroamericana, las vidas negras importan. La izquierda de EEUU y sobre todo el activismo social está dejando de ser marginal, está creciendo un movimiento de defensa de trabajadores, de derechos sociales, sanitarios y de minorías que ha dado un vuelco a la situación, aunque siguen presentes graves riesgos dada la fuerza social del trumpismo. Buena parte del pueblo norteamericano ha despertado, pero otra buena parte sigue muy influida por todo lo que representa Trump en EEUU y en el mundo. En todo caso, el triunfo de Biden, un conservador del aparato del Partido Demócrata, se enmarca en el citado proceso de movilización social y es muy importante más allá de lo que Biden propone o representa.
La salida de la pandemia traerá una reordenación general del peso de los estados nación, de sus relaciones y de sus dependencias. Con Biden tal vez asistamos a un realineamiento de EEUU con el plan de la Unión Europea, una especie de capitalismo “verde” que se presenta como una versión pro-sistémica del Green New Deal. Tras la crisis que va a dejarnos la gestión del coronavirus se pretende dar un salto en la explotación minera y continuar con la agresión productivista a la naturaleza mientras se hacen cambalaches para contar que ya emitimos menos CO2 a la atmósfera, manteniendo la producción, el consumo superfluo y el despilfarro tan desatado como antes, mientras se precariza el trabajo y se individualizan las relaciones  laborales.
En España, el gobierno de coalición de la izquierda ha cumplido un año, y el balance, a nuestro parecer, no es positivo.
Siendo hijo de la movilización y la esperanza, desampara a buena parte de su base social. A la semiparálisis de los movimientos sociales desde abajo, impuesta por el COVID, se ha sumado la esclerosis de los aparatos políticos de los partidos del gobierno, cada vez más maquinarias de propaganda de imagen autocentradas aprovechando las dificultades que la pandemia supone para la resistencia social. La maraña del  politiqueo, el rédito electoral a corto plazo y el “y tú mas” han primado frente al criterio de epidemiólogos y frente a la defensa del sistema público de salud, que ha soportado la pandemia en un situación de extrema debilidad, siendo especialmente grave la actitud del gobierno de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno de España, tras una intervención en la primera ola de la pandemiabastante decidida y severa, aunque insuficiente, optó por “dejar hacer” a cada gobierno autonómico,  debilitando la confianza de los ciudadanos y agravando los riesgos.
La podredumbre del régimen, empezando por la jefatura familiar vitalicia del Estado,  es cada vez más evidente. El régimen monárquico da muestras de agotamiento, disfuncional e incapaz de reformarse, con el rey emérito fugado a un país sin tratado de extradición, con séquito pagado por el erario publico. La corrupción estructural del PP es buena muestra de la perversión de dicho sistema político. Mientras, siguen los juicios contra raperos, artistas, periodistas. La reforma laboral sigue sin abolirse. Los muros de Melilla y Ceuta siguen en pie, y los llegados en balsas y pateras a Canarias son conducidos a guetos. Los derechos de las y los inmigrantes siguen esperando.
La medida estrella para combatir la pobreza, el Ingreso Mínimo Vital, es un fracaso de tal tamaño que vamos por la 3ª rectificación del Real Decreto de Junio de 2020 que le dio vida mientras estamos en periodo de enmiendas a la ley, 8 meses después de su lanzamiento. Sus condiciones de acceso excluyen o dificultan el acceso a capas enteras de población  empobrecida, como a la juventud, las personas solas que conviven entre sí, las familias de formación reciente o aquellas en las que algún miembro no tiene aún permiso de residencia. Se estima que la propia ley excluye ya de entrada a más del 30% de quienes potencialmente lo necesitarían y por cada IMV concedido hay tres denegaciones. Su implantación condena a sus solicitantes a una pesadilla burocrática que involucra a dos o tres administraciones, y hasta las propias concesiones están plagadas de errores en cuanto a cuantía en muchos casos. Por ahora, sólo el 15% de las solicitudes presentadas han sido aprobadas, estando el resto denegadas o en espera de respuesta. En base a los criterios de la Carta Social Europea, la cuantía es insuficiente. La dotación presupuestaria también lo es. Mientras, la situación de más de 5 millones de personas en situación de emergencia por pobreza extrema en este país ha empeorado.
La sensación que recorre los barrios es de cansancio, desilusión y angustia. No había grandes expectativas ante el gobierno, pero hoy quedan muchas menos. Y la radicalización social de la derecha ha venido para quedarse, más amplia que la base de los protofascistas de Vox. La falta de expectativas de cambio y la agudización de la crisis hace que sectores empobrecidos y más aún de clases medias puedan comprar el discurso de que la culpa es del enemigo del pueblo español, sea este inmigrante, una familia que no puede pagar un alquiler, gitano o mujer feminista. Sucedió en los años 30 del siglo XX y sucede ahora.
Sólo los movimientos de resistencia, la organización en autoayuda dan respuesta a la pregunta de ¿Quién me puede ayudar en este desamparo? ¿Cómo podemos ayudarnos?
Nuestra situación es de crisis de civilización. No es sostenible la forma en que nos relacionamos con nuestra base material, el planeta Tierra. No sólo hay que acabar con el capitalismo, con el carácter sagrado del beneficio sin límites, no sólo hay que acabar con el patriarcado, reconociendo a todas las personas como dignas de la misma consideración; solo agrediendo muchísimo menos los ciclos naturales de lo que hacemos cada día tendremos futuro como especie.