La epidemia de Covid 19 está poniendo en crisis gran parte de los paradigmas básicos de nuestra vida en sociedad. Como en una turbulenta reacción en cadena, el mundo está cambiando de manera radical. Nada será ya nunca más como antes.
España afronta la epidemia con un sistema sanitario degradado y al borde del colapso. Décadas de recortes, de cierres de centros de salud y de privatización y externalización de los servicios sanitarios o los servicios auxiliares de los hospitales, están pasando su factura. Cuando el brote de coronavirus comienza, el Sistema Público de Salud de la Comunidad de Madrid tiene cerca de dos mil camas hospitalarias y más de mil trabajadores sanitarios menos que diez años antes. Frente a las más de quinientas plazas en unidades de cuidados intensivos por cada cien mil habitantes de Alemania, la salud pública española no llega siquiera a las doscientas. Más de un treinta por ciento de los trabajadores de los servicios de salud son contratados temporales, muchos de ellos en claro fraude de ley.
Pero el caos en el sistema productivo es aún mayor. Las medidas de confinamiento y la consiguiente parálisis económica conllevan más de un millón de despidos. Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) permiten suspender las relaciones laborales de más de cinco millones de trabajadores, que pasan a cobrar la prestación de desempleo. Los autónomos y las pequeñas empresas tienen que paralizar sus actividades y pasan a depender de las ayudas públicas. Los trabajadores informales (trabajadoras sexuales, trabajo sumergido en la hostelería o el turismo, operarios de pequeñas reformas en la edificación, vendedores ambulantes, etc.) y las personas que están en situación de marginalidad o sin hogar, tienen que recurrir a los Bancos de Alimentos de la Iglesia, los municipios o los movimientos sociales que, además, interrumpen en muchos casos su funcionamiento durante el plazo de confinamiento más estricto.