Concluido el apretado ciclo electoral, hay varios
aspectos referidos al contexto político que merecen
aludirse brevemente, aunque aún no hemos podido
evaluar con rigor lo ocurrido en las elecciones
europeas, municipales y regionales del 26 de mayo ni
conocemos los acuerdos que configurarán en breve los
gobiernos municipales y regionales.
El primero de ellos es recordar que las del 28 de
abril han sido las terceras elecciones legislativas
que se han celebrado en poco más de tres años. El
segundo, que han sido el precipitado colofón de la
breve legislatura del PSOE tras la moción de censura.
El tercero es la influencia del “Procés” catalán, de
la respuesta del Estado y del juicio que tiene lugar
en el Tribunal Supremo. El cuarto es la derechización
de la derecha y la emergencia de un partido de extrema
derecha, con confluencia ideológica pero división
orgánica.
Sin olvidar el sesgo mayoritario de la ley electoral,
la sobrerrepresentación de la España rural y las
dificultades para ejercer el “voto robado”, los
resultados de las elecciones generales muestran, en
primer lugar, alta participación ciudadana (75,75% en
2019, frente al 66,48% en 2016 y al 73,20% en 2015), a
pesar de la repetición de elecciones legislativas en
poco tiempo y de la concentración de cinco consultas
en menos de un mes. La participación en las elecciones
municipales parece haber rondado un 65%, como en 2015.
En las elecciones europeas ha habido un fuerte aumento
de la participación respecto a las anteriores, pero
parece debido al efecto arrastre del voto local y
regional.
En segundo lugar, que respecto a las elecciones de
2015 y 2016, donde los resultados revelaron cierto
equilibrio de fuerzas, en abril ha habido ganadores y
perdedores, sobre todo un claro ganador (PSOE), aunque
lejos de la mayoría absoluta, fuerzas que avanzan (Cs,
ERC y Vox) y dos fuerzas que retroceden mucho, PP y
UP. No obstante, las elecciones del 26 de mayo,
favorables sin duda al PSOE, han tenido consecuencias
más complejas, pues han dado aire al PP y podrían dar
a la tríada reaccionaria algunas alcaldías
significativas y gobiernos regionales que no tenían si
finalmente pactan entre ellas. Los resultados de UP
han sido muy malos, arrastrando a las
"desconfluencias"; sólo en Cádiz se mantiene un
"ayuntamiento del cambio" que ha demostrado un enorme
vínculo social, aunque Ada Colau ha obtenido un
resultado notable. Errejón obtuvo en las elecciones a
la Comunidad de Madrid un resultado también notable
dadas las circunstancias.
En tercer lugar, se percibe un desplazamiento de votos
desde UP al PSOE, del PP a Cs y Vox y desde JxCat a
ERC, y un ligero cambio en la correlación de fuerzas a
favor de la izquierda, entendida de la forma habitual,
especialmente en el Congreso y el Senado.
La novedad ha sido la entrada de Vox en el Congreso
con 24 diputados. Su tosco mensaje ha arrastrado a Cs
y al PP a su terreno, trayecto que han intentado
corregir al saber los resultados girando su retórica
hacia posiciones menos estridentes.
La situación de la derecha es complicada, no sólo
porque PP y Cs necesitan el apoyo de Vox y al mismo
tiempo le disputan su electorado, sino por la lucha
entre ambos por ver quien hegemonizará la oposición al
futuro Gobierno de Sánchez. Tras las elecciones de
mayo el PP parece haber ganado, por el momento, esta
partida, aunque con tensiones respecto a la
conveniencia de acoger a su hermano díscolo, Abascal.
La evolución de Cs hacia la derecha, la experiencia de
Andalucía y las llamadas de Casado a restablecer la
unión de las derechas con un gobierno de ley, orden y
pocos impuestos a las rentas altas, para reforzar la
disciplina sobre la población trabajadora y meter en
cintura a los nacionalistas catalanes encendieron las
alarmas de los votantes de izquierda, que el 28A
acudieron masivamente a las urnas para frenar la
deriva hacia una España más tópica y excluyente,
autoritaria y clerical, además de centralista,
ultraliberal y trumpiana, pero que en mayo redujeron
ese impulso, especialmente en los barrios populares.
La ventaja en votos y escaños obtenida por el PSOE
sobre el resto de partidos hace imposible la
investidura de cualquier candidato que no sea Pedro
Sánchez. No obstante, los 123 escaños del PSOE no la
garantizan, pues requiere ineludiblemente un acuerdo
con Unidas Podemos, de un tipo u otro, y que ERC no se
oponga a ella, pues de hacerlo, la investidura sería
aritméticamente posible pero políticamente complicada
de establecer. Un mínimo de sensatez en PSOE, UP y ERC
llevaría a la investidura de Pedro Sánchez, pues, de
no ser factible, una repetición de las elecciones,
como sucedió en 2016, sería un segundo tropezón en la
misma piedra, con efectos muy dañinos para la
población, ya que PP, Cs y Vox aprovecharían una
segunda oportunidad para llegar al Gobierno con una
alianza de derechas. Pero también tendría un coste muy
alto para las fuerzas políticas que, por falta de
entendimiento, aparecieran como responsables de lo
ocurrido. En todo caso, aún no podemos dar por hecho
lo que pueda ocurrir y no vamos a pronosticar sobre
algo que quizá ya se sepa cuando se publique esta
revista.
De cara a acometer las necesarias reformas sociales y
las evidentes “demandas” del propio planeta, sería
deseable un Gobierno dotado de la estabilidad y la
consistencia suficiente para resistir las múltiples
presiones que habrá de soportar y no apartarse del
objetivo inmediato de revertir los peores efectos de
la crisis y las medidas de austeridad sobre las clases
populares, pero también para abordar reformas de tipo
estructural y avanzar en la igualdad entre mujeres y
hombres. Un escenario con una mayoría (plural y
compleja), progresista, en el Congreso y en el Senado
sería más favorable para la mayoría de la población
que uno dominado por la alianza de fuerzas
reaccionarias, como de hecho se comprobó con las
insuficientes y tardías, pero positivas, medidas
sociales adoptadas por el Gobierno de Sánchez en los
últimos meses de su corto mandato, impensables con un
gobierno de la derecha.
Ese escenario podría adoptar tonos diferentes. Pero en
todo caso entramos en una etapa en la que el centro de
la acción social y política, así como de los acuerdos
que se alcancen, se debe poner en atender los
problemas principales de la población para revertir
los peores efectos de la crisis y de los recortes en
gasto público sobre las clases populares, para avanzar
en la igualdad entre mujeres y hombres y en respuestas
decididas para la habitabilidad en nuestro planeta, el
único y compartido hábitat de que disponemos, pero
también para acumular las fuerzas sociales necesarias
para consolidar y mantener esos avances y cambios
estructurales profundos, ante la ofensiva de las
derechas populistas en España y en Europa, bajo la
hegemonía del actual inquilino de la Casa Blanca.
Por ello, es necesario repetir una y otra vez,
superando ilusiones estériles, que no se trata en
confiar en lo que harán tales o cuales partidos,
siempre incontrolables desde la base social salvo en
momentos excepcionales, sino de fomentar la autónoma
iniciativa ciudadana y la participación popular para
perseguir, gobierne quien gobierne, dichos objetivos.