¿Quién defiende, con la sobre oferta de viviendas heredada, que no haya posibilidad de alojamiento para todos y haya que seguir con los desahucios, las ocupaciones, los poblados de chabolas y la expulsión de los vecinos de sus barrios por la presión de una subida de precios? ¿Es sensato que las políticas públicas sigan incentivando la construcción de al menos 150.000 nuevas viviendas al año como propone la CEOE? ¿Cual sería la mejor alternativa para la nueva coyuntura?

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