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Angel Rebollar López

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra apoya a Ricardo González

Revista Trasversales número 43, mayo 2018 web

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Hoy he escuchado al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra justificar y hasta defender al juez del voto particular de la sentencia del Caso Manada. Con sus declaraciones me ha quedado claro lo que ya formaba parte de la evidencia: que el machismo forma parte de la columna vertebral de toda la sociedad y por ende de su parte encargada de juzgar las conductas sociales.

No pretendo manifestar mi acuerdo con las declaraciones del Ministro Catalá, me parecieron irresponsables, fundamentalmente por el puesto que ocupa, y digo irresponsable e imprudente por qué no se puede tirar la piedra y esconder la mano. Si no está en disposición de aportar datos que corroboren sus declaraciones, no es más que populismo en forma de bomba de humo, con la intención de tapar sus declaraciones anteriores, en las que afirmaba que la cuantía de la pena, nueve años, era elevada.

El origen del mal de la sentencia no está en la pena impuesta, que vomita machismo en su propia incoherencia, al reconocer los hechos y no calificarlos de violación, ni en el redactado de la sentencia o del voto particular de un juez tan desnortado que redacta de una manera que pareciera desear haber participado del "jolgorio y el disfrute consentido" frente a una mujer bloqueada por cinco energúmenos indecentes.

El origen del mal está en la medular de un sistema patriarcal, que se manifiesta, de la manera más lacerante, en aquellos que han de valorar esos supuestos incívicos comportamiento sociales. De la misma manera que, aunque en la sociedad haya fascistas, en un estado democrático no puede haber jueces ni fiscales que tengan esa ideología contraría a la democracia, también debería estar excluida una ideología machista, así como sentencias que de alguna forma puedan ser justificativas de esas conductas, socavando la dignidad de las víctimas al enjuiciar asuntos de género.

Son muchos los procesos y sentencias en que se pone en entredicho las declaraciones de las víctimas, acosadas y humilladas por preguntas aparentemente intrascendentes de fiscales y jueces, de ambos sexos, que generan un morbo justificador de cierta empatía con los agresores y de eximentes que tienden a rebajar su responsabilidad y en consecuencia sus penas.

Una sociedad democrática, de verdad, necesita, en primer lugar, un poder judicial libre e independiente del resto de los poderes del Estado. En segundo, unas leyes claras y efectivas, indubitativas, acordes al sentir de la sociedad. En tercer lugar, unos jueces y fiscales con capacidad para interpretar las leyes, en los aspectos más opacos, dentro del marco intencionado por el legislador, que debe ser, por principios, respetuoso con la libertad de expresión y el respeto e integridad de las víctimas. La judicatura debe estar formada, no sólo en el conocimiento burocrático de las leyes, sino también en los aspectos humanos, feministas y democráticos. Por tanto, en criterios de igualdad desprovistos de contenidos sexistas y prejuicios confesionales, como la sociedad democrática actual demanda.