El FMI prevé para 2017 que la economía mundial crezca un 3,5%, pero no es un crecimiento consistente. El propio FMI reconoce que muchos países siguen con “tasas de crecimiento considerablemente inferiores a las registradas en el pasado” y “que no podemos estar seguros de que haya pasado el peligro” (M. Obstfeld). Existen amenazas e incertidumbres a largo o corto plazo, desde el cambio climático y el final del petróleo barato hasta las medidas de Trump, el Brexit, los conflictos en Oriente Medio o Corea, etc. En este marco, la UE tiene que afrontar una gran crisis de identidad. Nadie sabe como acabará el Brexit y la situación griega sigue presente en segundo plano. La deriva autoritaria de Hungría y Polonia y las medidas contra la entrada de refugiados van contra el espíritu y las leyes que forman la Unión, dando dado alas a fuerzas nacionalistas y ultraderechistas.

La economía española está creciendo más que la de los demás miembros de la eurozona. La Comisión Europea prevé un crecimiento del PIB en España del 2,8% en 2017 y del 2,4% en 2018. El déficit se ha reducido, pero la deuda pública ha subido hasta casi el 100% del PIB, con un paro de más de cuatro millones de personas y que alcanza un 41,7% entre las y los menores de 25 años. Es un crecimiento basado en un deterioro de las rentas salariales, reducidas en 34.000 millones de euros desde 2008, mientras que vuelven a crecer las ganancias de bancos y empresas. El coste del rescate bancario podría llegar a estar entre 50.000 millones y 75.000 millones de euros. El recorte ya afecta a las pensiones, que “suben” un 0,25% frente a una inflación interanual del 2,6%. Aumentan la desigualdad y la pobreza. Los directivos de las empresas del Ibex ganan 86 veces más que un empleado medio. Y lo más grave es que hay 2,6 millones de personas en pobreza severa, 5,8% de la población, y un 22,3% en riesgo de pobreza, sobre todo entre mujeres con niños a su cargo exclusivo y entre parados e inactivos. Los trabajos que se crean son muy mayoritariamente temporales (ya son un 26,1% de los empleos existentes) y el número de parados buscando empleo desde hace más de dos años se ha multiplicado por 4,5 en el periodo 2009-2017, como crecen los empleos precarios con salarios que no permiten vivir con autonomía.

A esta situación hay que añadir el deterioro de los servicios básicos, sanidad, educación, servicios sociales y ayuda a la dependencia. Deterioro que el gobierno del PP no ha corregido en los presupuestos de 2017. Así que la crisis ha servido para empeorar las condiciones de vida de una parte de la población, arrojada a la exclusión y que ya no parece necesaria para el funcionamiento de la economía. El crecimiento actual solo permite el aumento del consumo de sectores de las capas medias, en parte a costa de la disminución de su ahorro. Continúa la emigración de los jóvenes que no encuentran trabajo o sólo empleos precarios.

La movilización de la ciudadanía (15M) consiguió la apertura de un proceso de contestación social con las mareas y la creación de redes de solidaridad y resistencia. La crisis social se ha convertido en crisis política del Estado, han emergido fuerzas de cambio como Podemos, Compromís, En Común o En Marea, fuerzas que han llegado al Parlamento con cinco millones de votos. Sin embargo este proceso no ha llevado a un proceso constituyente, ni a desalojar al PP o a Rajoy.

Se agudizó la crisis del PSOE desencadenada por su giro de 2010, pero Podemos no ha sido capaz de gestionar adecuadamente esa situación. No obstante, aunque el Gobierno consiga aprobar los presupuestos de 2017 con apoyo del PNV, la corrupción del PP en Madrid y otros lugares le ha colocado a la defensiva, utilizando a fiscales y maniobras judiciales, lo que aumenta la crisis de legitimidad del Estado y hace que la principal fuerza del PP, junto al apoyo de la oligarquía, sean las debilidades tácticas y estratégicas de PSOE y Podemos, mientras que Ciudadanos se ha convertido en la muleta del PP con gestos más retóricos que reales frente a la corrupción.

En el PSOE sus bases han reelegido a Pedro Sanchez frente a cuadros y barones, lo que reabre oportunidades. ¿Podrá recomponer la unidad del PSOE? ¿Querrá y podrá hacer el giro político prometido?

Otra incognita abierta es la respuesta de Unidos Podemos, pues la tentación de convertirse en el único referente de la contestación social le lleva a veces a gestos más efectistas que eficaces, distanciándose del espíritu del 15M y mermando su capacidad para tejer alianzas parlamentarias y ganar credibilidad.

Hay una crisis social profunda, una pérdida de legitimidad del Estado, un gobierno desa­creditado y una crisis territorial con Cataluña. Nada se resuelve y la indignación por la corrupción sigue subiendo, en un proceso de pudrimiento aún sin soluciones a la vista.

La ola de contestación llevó a fuerzas alternativas a gobernar los municipios más im­por­tantes, los ayuntamientos del cambio. Tras dos años, su balance es positivo pero desigual, pues hay diferencias importantes entre ciudades como Madrid o Barcelona, y tiene luces y sombras. La Ley de Estabilidad Presupuestaria (Ley Montoro) y la nueva Ley de régimen local limitaron la autonomía municipal y la capacidad de gasto social; pese a ello, estos ayuntamientos han reducido deuda, eliminado gastos superfluos, aumentado gasto social, mejorado la política de medio ambiente, algunos han intentado frenar los deshaucios y promovido viviendas sociales, se ha cambiado el nombre a algunas calles, etc. Sin embargo, en varios municipios no se han cumplido promesas de remunicipalización o no hay alternativas ha­bitacionales a las familias desalojadas, las grandes operaciones inmobiliarias se han limitado pero no impedido, aún no se han tomado medidas contra los procesos de gentrificación y de pisos turísticos y, en definitiva, su gestión ha tenido poco impacto en la vida cotidiana de la mayor parte de las y los vecinos. Sigue pendiente una gran parte de su programa y algunos comienzan a ser criticados por sus escasas reformas o la lentitud en la respuesta a problemas urgentes.

El cambio sociopolítico se encuentra así entre un legislativo controlado por el PP con sus aliados y unos ayuntamientos sumidos en sus problemas locales y que no siempre han sido aún las palancas para el cambio político que prometían. Es ya el momento de que se unan en una red de municipios y se enfrenten a los límites que pone el gobierno de España y de algunas comunidades autónomas, con la fuerza de su unión, explicándose ante las y los vecinos y recabando su apoyo y movilización.

No cabe resignarse ni engañarse. Estamos ante diversas tramas de corrupción que se apoyan en partidos como el PP, el PDCat, con amigos en los gobiernos y en el sistema judicial. Esta estructura corrupta es la capa exterior de un bloque de poder que podría seguir funcionando sin corrupción aunque el sistema la genera siempre. Si sus políticas siguen en pie, la lucha contra la corrupción no basta para desalojar al bloque económico-social que domina en última instancia el Estado. Sin embargo, una salida que desestabilice al partido de la derecha y dé más peso a fuerzas sociales y políticas es algo a lo que puede aspirarse en esta coyuntura.

Estamos en una situación de inestabilidad que tiene que decantarse hacia una recomposición del dominio de la derecha o hacia un cambio progresista. Pero no habrá forma de avanzar si no se hacen presentes en el espacio público y mediático las y los excluidos, a través de movilizaciones y procesos de construcción popular desde abajo, pero también es necesario el apoyo de sectores que comienzan a salir de la crisis, aunque con sistemas sociales deteriorados, o menos afectados por ella, pero que están indignados con la corrupción y la pobreza social.

Sobre todo es necesario que los jóvenes, a los que espera un futuro más oscuro, vuelvan a la protesta como sucedió el 15M. Partiendo de las redes de solidaridad y de los conflictos sociales, las fuerzas políticas que se pronuncian por un cambio tienen que proponer acuerdos en la calle, en los municipios y en el parlamento, que puedan resolver las situaciones más graves de la población y contribuyan a crear poderes alternativos enfrentados al gobierno del PP.