#NoMásCortesDeLuz
Reclamamos
la
paralización de los cortes de luz a familias con
problemas económicos. Queremos poner fin a los
abusos que afectan a un servicio esencial, por lo
que exigimos al Gobierno que regule una tarifa
asequible a la que puedan acogerse todos los
consumidores domésticos y una auténtica tarifa
social para familias con bajos niveles de renta.
Desde
el
estallido de la crisis en 2007 la pobreza
energética se ha convertido en uno de los
principales problemas sociales y económicos en
España, al haberse sumado al desempleo y a la
reducción de salarios una escandalosa subida de la
tarifa eléctrica.
Siete
millones
de personas tienen dificultades para pagar la
factura de la luz y más de 5 millones se quedarán
sin calefacción durante este invierno. Aunque cada
año mueren en España más personas por falta de
suministros en sus hogares que por accidentes de
tráfico, los afectados por la pobreza energética
siguen siendo invisibles.
Causa
importante
de esta grave situación se encuentra en los
aumentos indiscriminados de las tarifas de la luz.
Tan sólo en los últimos seis meses, el recibo se
encareció en un 25%. Las grandes compañías se
niegan sistemáticamente a realizar una auditoría
que permita determinar los costes reales de la
producción eléctrica y promueven un sistema que
favorece la especulación. Es imprescindible que
haya mayor transparencia para poder acabar con los
abusos en la factura eléctrica.
Las
tres mayores eléctricas se han embolsado más de
56.000 millones de euros en beneficios desde el
inicio de la crisis, mientras sostienen una deuda
millonaria con la ciudadanía. Entre 1998 y 2006,
las grandes eléctricas cobraron ilegalmente más de
3.500 millones de dinero público en concepto de
Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
Las
dos sentencias dictadas el pasado octubre por el
Tribunal Supremo por las que se anula el sistema
de financiación del bono social evidencian el
fracaso del actual modelo energético, obligando a
los usuarios a indemnizar a las eléctricas con más
de 500 millones.
Además,
el
actual bono social no soluciona el problema de la
pobreza energética, ya que sigue suponiendo una
tarifa muy elevada y ni siquiera se aplica por
criterios de renta. Se trata de una medida
meramente cosmética que ha dejado fuera a dos
terceras partes de las personas afectadas, a la
vez que subvenciona a hogares con rentas altas.
Por
su parte el oligopolio eléctrico ha abusado de su
situación de privilegio vulnerando los derechos de
los consumidores. Necesitamos acabar con la
dramática situación de pobreza energética que
viven millones de personas en nuestro país.
Resulta
urgente
que España respete los compromisos adquiridos en
el marco internacional y garantice el cumplimiento
del artículo 25 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y la Observación general Número 4
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, según las cuales un nivel de vida
digno requiere de una vivienda adecuada con acceso
a suministros básicos como luz, agua y
calefacción.
Del
mismo modo necesitamos que se cumpla la
legislación europea sobre suministro eléctrico,
que obliga a los Estados miembros a proteger a los
usuarios vulnerables y a prohibir los cortes de
luz en periodos críticos (artículo 3 de la
Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009).
Por
lo expuesto reclamamos:
1.
Prohibición legal de todos los cortes de luz a
familias con problemas económicos. Las eléctricas
deberán dirigirse a la administración para
comprobar la situación de las familias que no
abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad
económica, no podrán cortarles el suministro y el
coste será asumido por las compañías.
2.
Fin a los abusos tarifarios. Aprobación de una
tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la
que podrán acogerse todos los consumidores
domésticos en su primera residencia.
3.
Creación de una auténtica tarifa social.
Sustitución del actual bono social por una tarifa
de reducida cuantía dirigida a las familias con
bajos niveles de renta, sufragada por las
eléctricas.
4.
Reconocimiento y devolución por parte de las
grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros
que cobraron indebidamente en conceptos de Costes
de Transición a la Competencia (CTCs).
5.
Auditoría al sistema eléctrico. Realización de un
análisis de los costes del sistema desde que se
puso en marcha la liberalización del sector, con
el objetivo de determinar el precio real de las
tarifas eléctricas.
6.
Aplicación del tipo de IVA superreducido a la
electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser
considerado un servicio esencial para la
ciudadanía.
Puedes firmar el manifiesto aquí