Una vez que C's aceptó una nueva definición del término corrupción, Rajoy aceptó las siete condiciones iniciales de "regeneración democrática" planteadas por Rivera. Entonces éste dijo que también iba a exigir "mejoras sociales". Para echarse a temblar, dicho por un extremista liberal.

La medida "social" presentada como "estrella" es el "complemento salarial garantizado", definido así en el acuerdo PP-C's:

"un impuesto negativo sobre la renta de las personas físicas en forma de Complemento Salarial Garantizado, que mejore los ingresos de los trabajadores, considerando su jornada laboral y su renta, y sus condiciones y patrimonio familiar".

Estimaron el coste de esa medida en 1300 millones de euros para 2017 y en 2100 millones para cada uno de los años 2018, 2019 y 2020: 7600 millones para el cuatrienio. Veamos que hay detrás de ese CSG.

El olvido de la población más necesitada

Según el Instituto Nacional de Estadística en España hay unos 700.000 hogares sin ingresos, en los que viven más de 1,3 millones de personas. Si se asignase a cada uno de esos hogares una renta de unos 5000 euros al año (un poco menos del importe anual de una pensión no contributiva), eso costaría 3500 millones de euros al año, 14.000 millones en el cuatrienio, casi el doble de lo presupuestado para el CSG. Por otra parte, la extensión de la temporalidad y la precariedad ha expandido mucho el número de "pobres con trabajo", es decir, con ingresos salariales muy bajos, por debajo del salario mínimo.

Ahora bien, hay que entender que el CSG de Rivera, ahora también de Rajoy, no está dirigido a las familias sin ingresos ni a aquellas con bajos ingresos no salariales, para las que no se prevé nada de nada en el acuerdo PP-C's. Como su nombre indica, el CSG sólo se dirigiría a quienes cobren ya un salario, pero bajo. Para las familias sin ingresos o con pequeños ingresos de fuente no salarial el acuerdo Rajoy-Rivera no ofreció absolutamente nada.

Esa es la crítica principal que hay que hacer al CSG. El acuerdo PP-C's abandona a su suerte a las familias y personas sin ingresos o con muy pocos ingresos pero no procedentes de una retribución salarial regularizada.

También se critica que el CSG podría contribuir a que se congelen o disminuyan los salarios bajos: "ya que el Estado te da X euros, ya no hace falta que te los dé yo", podrían decir -o hacer sin decirlo- algunos patrones, disminuyendo la presión sindical por aumentos salariales. Es cierto, pero, no obstante, el efecto de devaluación salarial generado por el CSG a través de ese mecanismo de sustitución de ingresos, indirecto y diferido, sería mucho menor que la fuerte presión a la baja de los salarios implicada por la existencia de 4,6 millones de personas desempleadas, de las que 2,6 millones no cobran prestación de desempleo (ni contributiva, ni asistencial, ni Renta Activa de Inserción). Las personas con empleo y bajos salarios, que además son las que más riesgo corren de caer en el desempleo, deberían estar muy interesadas en que las personas sin empleo tengan acceso a unos ingresos básicos.

La fragmentación social, objetivo del PP y de C's

Una de las funciones del CSG es dividir a las y los trabajadores, enfrentando a su parte desempleada sin ingresos, a la que no se ofrece nada, con su parte de "pobres con trabajo", a la que se ofrece el CSG, pero ese enfrentamiento, de darse, sería contrario a los intereses de ambas partes.

La exclusión de la población pobre no asalariada hecha en el acuerdo entre PP y Ciudadanos responde a una estrategia común a ambos partidos: abandonar a su suerte a la población que vive en peores condiciones y cuya desprotección y ausencia de empleo facilita la disminución de los salarios de todas y todos; mostrar a esa franja más pobre como una "subclase parasitaria y subsidiada con los impuestos de la 'clase media'", pese a que hoy se ha hecho evidente que quienes son parasitarias, subsidiadas e incluso directamente ladronas son nuestras élites económicas y políticas; crear una fractura entre las clases subalternas que impida una respuesta común a los planes oligárquicos de desposesión y precarización social. El proyecto de PP y de C's es un proyecto de clase, feroz. Olvidar esto en las relaciones con ambos partidos es un suicidio político o un acto de complicidad con esa ferocidad. Todos los que piden un acuerdo con C's están olvidándolo.

La cobardía de gran parte de la "izquierda" española (especialmente el PSOE) para llevar adelante una decidida "pedagogía fiscal" sobre el papel de los impuestos, junto a la aceleración de la degradación de los servicios públicos de uso general, ha ayudado en mucho a esos propósitos de fragmentación social. Y, sin embargo, los datos están ahí.

En su trabajo "Observatorio sobre el reparto de los impuestos entre los hogares españoles", Julio López Laborda, Carmen Marín y Jorge Onrubia, miembros de la neoliberal FEDEA, aportan una información muy interesante. En efecto, sobre la base de datos 2013, nos dicen que si el total de los impuestos pagados por los hogares españoles es un 26,7% de su renta bruta total, esa carga fiscal se eleva hasta un 28,2% en el 20% más pobre de los hogares, que incluye aquellos con rentas brutas inferiores a 11.584 euros anuales. La carga fiscal sobre el tramo más pobre sigue siendo superior a la de los siguientes tramos de renta, excepto el 10% más rico, a partir de rentas brutas de 62.447 euros, donde la carga ya es un poco superior, sólo un poco, e incluso esto es muy discutible ya que en los grupos de renta superior es donde mayor acumulación de "renta sumergida" hay, bien directamente por medio del "dinero negro", bien por el uso de empresas pantalla para encubrir rentas personales, bien por el mecanismo de las SICAV, etc. En consecuencia la idea de que sólo pagan impuestos las "clases medias" es falsa: nadie paga más impuestos que los pobres. Por ejemplo, los hogares con renta bruta entre 45.241 y 62.447 euros pagan en impuestos un 26,9% de su renta bruta, 1,3 puntos porcentuales menos que la quinta parte más pobre de los hogares. Por descontado, el grueso del fraude y de la evasión fiscal se sitúa en un nivel de ingresos aún mayores, entre los verdaderamente ricos, comparar a alguien que ingrese 50.000 euros al año con alguien que ingrese 500.000 es un disparate. En esa situación, PP y C's prometen una rebaja de IRPF, también y sobre todo para los más ricos... luego, como ya pasó con 2015, dirán que no se ha logrado cumplir el objetivo de déficit y que hay que hacer más recortes sociales. La tendencia ha desplazar la carga fiscal sobre el IVA y a disminuir el IRPF es letal para los pobres y "de lujo" para los ricos.

Las fuerzas políticas críticas de estas políticas y los sindicatos ya deberían estar en la calle explicando todo esto. Supeditarse a la ilusión de una política de "clase media" sólo beneficia a la oligarquía.

Hay otras propuestas

A diferencia de este acuerdo entre PP y C's, las propuestas del PSOE y de Podemos o Unid@s Podemos en sus programas electorales de 2015 y 2016 sí contemplan atender la situación de la población sin ingresos.

El PSOE propone un sistema de garantía de Ingreso Mínimo Vital (IMV) de carácter no contributivo para familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, "dirigida a los hogares sin ingresos o en situación de necesidad". Esta prestación, por tanto, sí cubriría a los hogares sin ingresos y a los hogares en situación de necesidad con ingresos muy bajos, sea cual sea el origen de éstos. Es muy cierto que el PSOE rebajó sustancialmente esta propuesta en su fallido acuerdo con Ciudadanos, ya que la formación "naranja" impuso que el IMV no cubriese a familias con bajos ingresos de origen no salarial. No obstante, de cara a las elecciones del 26 de junio el PSOE recuperó la formulación inicial del IMV.

En cuanto a Podemos y a Unid@s Podemos, sus programas para las elecciones de 2015 y 2016 incluían una Renta Garantizada (RG), complementaria de los ingresos existentes, para todos los hogares sin ingresos o con ingresos por debajo del umbral de pobreza monetaria; además, concretaba la cuantía inicial en 600 euros mensuales, con un 35 % adicional por el segundo miembro de la familia y un 20 % por cada uno de los siguientes, hasta un máximo de 1290 euros. Además, Podemos también propone una especie de "complemento salarial", la Renta Complementaria para trabajadores con baja remuneración, con el propósito de asegurar unos ingresos mínimos de 900 euros mensuales (o más, según tamaño de la familia). A mi entender, y como explicaré más adelante, no es correcto criticar cualquier tipo de complemento salarial: una cosa es el complemento salarial de PP y Cs, posiblemente muy escaso, en un contexto de congelación del salario mínimo, de devaluación salarial sistemática y de abandono a su suerte de la muy amplia población de "pobres sin trabajo", y otra cosa la renta complementaria de Podemos, en el contexto de una subida del salario mínimo y de una renta garantizada para todas las familias (o personas, pero no voy a entrar a tanto detalle).

Es evidente que entre las propuestas de PSOE y Podemos (o Unid@s Podemos) hay diferencias: la de Podemos (o UP) es mucho más concreta y más amplia. Pero, en todo caso, está claro que hubiera sido posible una síntesis del IVM y la RG que permitiese cubrir a toda la población necesitada, sin ingresos o con ingresos muy bajos. No haber sido capaces de alcanzar al menos un acuerdo de investidura en torno a medidas de este tipo ha sido una grave irresponsabilidad de sus dirigentes, pero esto ya lo he tratado en otros artículos y no quiero volver a ello que se me hace "mala sangre".

Concretando más, el escenario que propone Podemos, aunque mejorable, es un escenario de lucha contra la pobreza (con o sin trabajo), de dignificación de los salarios más bajos y de apoyo social a quienes sigan obteniendo ingresos muy bajos sea cual sea su origen. En ese escenario, considero que la Renta Complementaria Salarial es una buena idea. No puede sostenerse que en un contexto de brutal reducción salarial y de una precariedad creciente hay que rechazar cualquier forma de apoyo público a las y los trabajadores de bajos ingresos con la excusa de que eso favorecería a la patronal. Contra el complemento salarial de PP y Cs, desde luego, pero los mecanismos de redistribución vía impuestos deben favorecer también a las y los "pobres con trabajo".

Por consiguiente, y siendo realista, creo que hay que exigir a PSOE y Unid@s Podemos que, partiendo de sus programas, formulen una propuesta parlamentaria conjunta que recoja las ideas de ingreso mínimo vital y de renta complementaria. Personalmente creo que habría un enfoque mejor, que explico en el siguiente apartado, pero entiendo que lo más realista es partir de los compromisos ya adquiridos. La acción política no puede seguir secuestrada por el culebrón de la investidura. Los problemas de la gente deben ser puestos en el centro del escenario político YA.

Impuesto negativo: una vía, según y cómo

El acuerdo PP-C's define su "complemento salarial" como un impuesto negativo. Simplificando, la idea de "impuesto negativo" es que mientras que una parte de la población paga impuestos, a otra parte Hacienda le pagará (esto no tiene nada que ver con la tradicional "devolución" de lo retenido en exceso).

El impuesto negativo no es bueno ni malo, depende de su forma y del contexto global. Por ejemplo, uno de los primeros promotores del impuesto negativo fue Milton Friedman, un partidario del capitalismo salvaje y amigo y consejero del genocida Pinochet. En él, el impuesto negativo iba acompañado de un plan para desmantelar todos los sistemas de protección social, ya sean las prestaciones de desempleo, el sistema público de pensiones o el sistema sanitario público, mercantilizando toda la vida social. Es decir, proponía dar algún dinero (no mucho) a los más pobres y que con eso se pagasen todo..., todo lo que pudieran, claro. Si no te llega ese pequeño "negaimpuesto" para pagarte un transplante, te jodes, haber ahorrado.

Así entendido, el "impuesto negativo" es una idea horrorosa, brutal, propia de canallas. Sin llegar aún a ese extremo, el gusto de PP y C's por las fórmulas que favorecen la mercantilización de los servicios (planes privados de pensiones con beneficios fiscales, promoción privilegiada de la enseñanza concertada, desviación de la atención sanitaria hacia centros privados o hacia la gestión privada de centros públicos, "chequecitos", etc.) responden a esa lógica. Y también responde a ella el que el acuerdo PP-C's se proponga "completar salarios", disminuyendo la presión reivindicativa sobre las empresas, pero no asegurar ingresos básicos a quienes no tienen empleo ni ingresos suficientes.

Sin embargo, dentro de otra política, la que eleva el salario mínimo y garantiza un mínimo vital para todos los hogares, la utilización del impuesto negativo puede ser una fórmula interesante de respaldo social. Por descontado, ese impuesto negativo puede ser pensado de muchas maneras; la que me parece más interesante es la que unifica la garantía de unos ingresos mínimos con un complemento de ingresos para una franja mayor de la población.

Voy a intentar explicarlo con un ejemplo. Supongamos que se fija un ingreso vital garantizado V = 6300 euros al año (habría que asignarle un valor creciente según número de miembros de la familia o bien pensar el ingreso vital en términos individuales, matizado por el número de personas a cargo, pero no entro ahora en ese detalle). ¿Cómo concretarlo? Hay varias fórmulas.

Una de ellas es la de completar hasta esa cantidad los ingresos; creo que es lo que proponen PSOE y Podemos. Es decir, si alguien (persona u familia, pero tampoco voy a entrar aquí en ese detalle) ingresa 1000 euros al año, recibiría un suplemento de 5300 (en el ejemplo que he puesto yo), pero si ingresa 4000 recibiría 2300. Personalmente no me gusta esa fórmula, en la que tanto da ingresar 1000 que 4000 porque al final se tendrá 6300 en ambos casos, lo que no incentiva la incorporación a la población activa, sobre todo entre las mujeres con cargas familiares que asumen tareas que si no las hiciesen ellas tendrían un coste monetario directo. Además, favorece las tensiones entre las personas beneficiarias y también entre ellas y las que cobran poco más que el mínimo vital.

Otra opción, que tiene ventajas e inconvenientes, es la Renta Básica Universal, es decir, dar a todas las personas o familias 6300 euros al año, sean cuales sean sus ingresos. No soy partidario de la RBU, aunque la considero una opción sería a tomar en cuenta, pero ese debate desborda las intenciones de este artículo.

Una tercera fórmula, la que me gusta más, combinaría el establecimiento del mínimo vital y de un impuesto negativo en favor de todas las rentas inferiores al techo a partir del cual haya que pagar impuestos. Por ejemplo, con ese supuesto mínimo vital V = 6300 euros anuales y si quedan exentas de pagar impuestos las familias/personas con rentas inferiores a E = 15.000 euros anuales, la idea es que todas las rentas inferiores a E, 15.000 en este caso, tendrán derecho a un "impuesto negativo", a un complemento C, cuyo importe iría descendiendo desde 6300 euros para las personas sin ingresos hasta 0 euros para quienes tengan unos ingresos (o una base imponible) de 15000. Esto es, para todas las familias con ingresos menores a 15.000 habrá un complemento de renta, pero tanto menor cuanto mayor sea la renta. Con ese enfoque, el complemento C podría calcularse así: C = V - V*I/E.

Para ingresos 0, C = V, para ingresos iguales a E, C = 0

En nuestro ejemplo...

C = 6300 - 6300*I/15000 = 6300 - 0,42*I

En este caso, aunque haya un mínimo asegurado de 6300 (para I = 0), ya no "da lo mismo" ingresar 1000 que 4000, ya que el complemento en el primer caso sería de 5880, con unos ingresos garantizados de 6880, mientras que en el segundo caso el complemento sería de 4620, con unos ingresos garantizados de 8620; también tendrían complemento las rentas superiores al mínimo vital V (6300) pero superiores al tope exento E (15.000). Por ejemplo, para unos ingresos I = 10.000, el complemento sería C = 2100, con unos ingresos garantizados 12.100. Por descontado, esto es un ejemplo, no estoy aconsejando valores para V y E, eso es a estudiar.

La ventaja de este enfoque, que engloba en una única propuesta un ingreso mínimo y una renta complementaria, es, por un lado, que beneficia a un rango más amplio de población; que el complemento no es exclusivamente salarial, pues depende de los ingresos, pero no de sus orígenes; que garantiza un mínimo vital universal; que el complemento es menor cuanto mayor sean los ingresos, pero de manera que a todas las personas afectadas les interesa obtener más ingresos propios.

Creo que puede resultar clarificador el siguiente cuadro, pensado para el caso V= 6300, E = 15.000

Como puede verse, para ingresos menores a 15.000 euros hay un complemento, que desciende según aumentan los ingresos. Para una familia o persona  sin ingresos, el 100% de su renta final procede del "impuesto negativo", pero para una con 14.000 euros de ingresos sólo proceden de ese negaimpuesto 420 euros, menos del 3% de la que será su renta total. La ordenación por ingresos y por renta final coinciden, quien ganaba más tendrá más renta final pero las diferencias disminuyen. Y nadie quedará por debajo del mínimo vital.

Ante esto, algunos saltarán diciendo "¿Pero cómo se paga?". Lo curioso es que eso no se lo han preguntado a los gobernantes que ya han establecido un impuesto negativo para las sociedades anónimas, aunque casi nadie lo sepa: cuando una empresa cierra un ejercicio con supuestas pérdidas, Hacienda adquiere una deuda, "crédito fiscal", con esa empresa, que se le irá descontando de sus impuestos a pagar en años futuros, o que habrá que pagar en efectivo en ciertos casos de cierre de la empresa sin que haya sido liquidada esa "deuda".

Por descontado, esta propuesta no quiere decir que, si se eligiesen los valores del ejemplo, haya que subir impuestos a quienes ganen más de 15.000; quienes tengan una base imponible de más de 15.000 pagarían impuestos, pero en mi opinión deberían pagar menos que lo que pagan ahora, mientras que los que ganen 150.000 deberían pagar más, y los de 1.000.000 mucho más, etc. Insisto que todo esto es una aproximación sin entrar en detalles (por ejemplo habría que mantener ciertas desgravaciones, como la de personas con discapacidades, anular otras, integras las rentas por operaciones financieras en la misma escala que las rentas del trabajo, etc.) y que los valores de referencia tomados sólo son un ejemplo.

Este es un modelo posible entre otros. No es una cuestión de principios: lo que es de principios, innegable, es que hay que garantizar a toda persona, además de su libertad, el acceso a los recursos básicos de la vida y que eso no se está haciendo. Lo que es de principios es que todo estado de cosas en que eso no se garantice es ilegítimo y merecedor de rebelión. Cómo hacerlo es un asunto práctico, así que bien puede empezarse por las propuestas de PSOE y Podemos unificadas en una iniciativa legislativa común. Menos rollos y menos escenificaciones, manos a la obra.