No era això, companys, no era això / Pel que varen morir tantes flors / Pel que varen plorar tants anhels / Potser cal ser valents altre cop / I dir no, amics meus, no es això

“No es això, companys”. Lluis Llach

Hace un año inaugurábamos, repletos de esperanza, los nuevos Ayuntamientos democráticos. Los titulábamos como los “Ayuntamientos del cambio”.

Había llegado el momento de poner fin al desastre social, cultural y humano impuesto por el PP tras una gestión de más de veinte años, un partido de profundas reminiscencias franquistas, eficaz representante de los intereses de las élites parasitarias. Toda una ciudad y sus habitantes al servicio exclusivo del escaparate deseado por las empresas constructoras, por el sector turístico y el poder financiero. La enajenación de lo público, de aquello que es de todos y todas, la corrupción, la obscenidad cultural…, han dejado una ciudad segregada, hostil, en la que la lucha por el espacio ha tenido vencedores y vencidos, traduciéndose en un crecimiento desmedido de la exclusión social y la pobreza. Todo lo que afectaba a la vida de la ciudadanía fue escrutado, nada escapó a su control autoritario.

Si en el terreno de los derechos sociales hemos padecido una auténtica calamidad, ¿qué podría afirmarse si nos referimos a las libertades públicas, a los derechos humanos y particularmente a las víctimas del franquismo? Es por ello que cerrar esa ignominiosa etapa se convertía en cuestión de supervivencia para el adecentamiento de la propia ciudad a la vez que un estímulo para el florecimiento de nuevos derechos. La memoria necesitaba de espacio, el “cambio” requería de memoria, concluyendo que no habría cambio sin memoria.

Desde entonces, la nueva Corporación se esforzó en representar e interpretar las demandas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Era una cuestión de reconocimiento de derechos sentidos y reclamados por esa parte de la sociedad. Es posible que en su intento se manifestaran errores de coordinación o iniciativas no suficientemente avaladas por el Pleno, todo ello magnificado por determinados grupos mediáticos interesados en quebrar la relación del Ayuntamiento con las asociaciones de víctimas o con la cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense. Aún con esos errores la nueva Corporación no equivocó su lugar. Seguía con las víctimas y dispuesta a impulsar un Plan Mu­nicipal de Memoria Histórica, orientado al cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de verdad, a dar satisfacción a las demandas de justicia actuando en representación de los ciudadanos represaliados o asesinados, a restituir a las víctimas la recuperación o indemnización por los bienes y documentación incautados y, en definitiva, a fomentar una cultura de conocimiento y respeto de los derechos humanos. De eso se trataba y de esto se trata.

No obstante, la derecha madrileña no podía permanecer quieta. Su relato es simple pero contundente: ¡Qué drama que a las víctimas del franquismo se les reconozcan derechos! A fin de cuentas no son sus víctimas y, en consecuencia, no pueden tolerar perder el monopolio que ostentan en la representación de las mismas (del terrorismo de ETA, se entiende). Para el PP, las víctimas del franquismo no son víctimas del terrorismo de Estado, sino de una lucha fraticida en la que todos mataban y todos morían.

La creación reciente del Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Ma­­drid parece encontrar la virtud en ese punto justo: ese punto que no cuestiona lo vigente y que apunta, en la práctica, a un viejo relato “bendecido” –nunca mejor dicho- y consagrado a la reconciliación, en este caso de los “nietos”. Pero si lo que ocurrió hace 40 años fue resultado de una desigual relación de fuerzas entre diferentes grupos sociales en que unos pugnaban por liquidar el franquismo y otros por asegurar sus pervivenciasm, reproducir hoy aquel escenario no deja de ser una malévola burla histórica.

Puede que el régimen de la Transición viva la peor de sus crisis, pero difícilmente se le apuntala con un discurso tan añejo como impropio de los tiempos de cambio, tiempos de recuperar derechos y no de recreación de un pasado que cada día resulta más cuestionable, nada modélico y grotesco en grado sumo.

En la Exposición de Motivos del Acuerdo por el que se crea el Comisionado de Me­moria Histórica se siguen manifestando las contradicciones del Gobierno municipal, in­dependientemente de la necesidad o no de crear un organismo específico. En cambio, no parece difícil establecer correspondencia entre los motivos que informan el Comisionado y la composición del mismo. La bifurcación que se abre es tremenda, un mundo separa la necesidad de reconocer a las víctimas del franquismo y quienes tienen encomendado el hacerlo. No es este el camino que esperábamos.

De nuevo, los derechos humanos vuelven a subordinarse a lo que sea tolerable para la derecha municipal, siempre dispuesta a no renunciar a su memoria de victoria. En resumen, la constitución del Comi­sionado parece limitarse a la restitución de la tímida Ley 52/2007 de Memoria His­tórica, que más allá de la modificación del callejero o la retirada de la simbología franquista del patrimonio cultural y urbano, está lejos de ser el cauce administrativo para el desarrollo integral de políticas pú­blicas en esta materia.

El supuesto Plan Integral no contempla, en ningún caso, la erradicación de la impunidad del franquismo como una cuestión heredada de la Dictadura y no resuelta durante la Tran­sición. Bien es cierto que, aunque las competencias municipales sean limitadas, la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Ga­ran­tías de no repetición deberían figurar como objetivos políticos, sociales e inter-institucionales, cualquiera que sea la Ad­ministración democrática de que se trate.

Cuando se trata de reconocer derechos a las víctimas del franquismo, un aluvión de víctimas se pone encima de las fosas todavía cerradas. Son las víctimas de ETA y las víctimas de la Guerra Civil, en este caso las pertenecientes al bando franquista. No importa que dichas víctimas dispongan de reconocimiento público e institucional, que hayan sido reparadas y sus herederos indemnizados. Esta víctimas han tenido un tratamiento específico, las del franquismo nunca. Bajo la etiqueta de equiparación de “todas las víctimas” anida el objeto de negar los derechos humanos a quienes, precisamente, no los tienen reconocidos.

Han de saber que las víctimas del franquismo no queremos acceso regalado a puestos de trabajo en la Función Pública, ni la concesión de Administraciones de Lotería o de títulos universitarios sin estudio alguno. Lástima que este despropósito implique el fracaso de un proyecto de cambio en materia de derechos humanos.

El consenso con la derecha, esa que de cuando en cuando participa de la exaltación del franquismo, tiene por objeto, casi como único objeto, impedir el reconocimiento de lo que sería natural en una sociedad plenamente democrática. Recordemos que las víctimas del nazismo jamás buscaron el consenso con sus victimarios (¿qué se puede consensuar ante crímenes de lesa humanidad calificados de imprescriptibles?) Cuarenta años después, lo que no pudo solucionar ni reparar la Transición, seguirá sin repararse.

“El tiempo pasa y la impunidad permanece” dice Amnistía Inter­na­cional. Sin duda, Lluis Llach tenía razón cuando en el ya lejano 1979 nos recordó aquello de no es esto, compañeros, no es esto. No lo era entonces y no lo es ahora.

Madrid, 18 de mayo de 2016