A día
de hoy hay una cosa incierta y dos completamente
seguras.
Empecemos
por
lo segundo. Habrá gobierno de Rajoy gracias a la
abstención del PSOE; y, en segundo lugar, la
política que va a poner en práctica ese nuevo
gobierno, será un nuevo plan de ajustes y recortes
sociales.
Lo
que no tenemos claro es cuál será la composición
física de ese gobierno, pero da igual. Los mismos
perros con distintos collares.
El
nuevo plan de ajustes (¿alguien pensaba que se
habían acabado?) viene motivado por el ultimátum de
Bruselas para recortar el déficit público en 2017
del 4,6% al 3,1%. Esto supone unos 15.000 millones
de euros, que Bruselas ha ido renegociando dada la
crisis política.
Los
“expertos” (esos que casi nunca aciertan, ni abogan
por unas políticas más sociales) señalan que, dado
el crecimiento del PIB en un 3,4%, no será necesario
recortar más que 5500 millones de euros ya que los
9.000 restantes vendrán “solos” gracias a las
inercias del crecimiento.
El
cuento de la lechera ha tenido muchas veces -en este
país- un final muy poco feliz.
¿Qué
ocurriría si el crecimiento es menor al previsto?
¿Acaso no se está gestando una nueva recesión
económica a nivel mundial? ¿Cuántas veces han
corregido Guindos o Montoro las cifras de ingresos y
gastos públicos? ¿Estamos ante déficits puntuales o
ante problemas estructurales y crónicos? Más
preocupante incluso es la situación de la llamada
caja de la seguridad social, que el gobierno del PP
ha dilapidado en unos pocos años. ¿Qué va a suceder
con las pensiones? Ya se está hablando de “ingresos
extras” o sacar las pensiones de viudedad y orfandad
que serían financiadas por otras vías (la cantidad
es de 20.000 millones).
Sea
como sea, el nuevo gobierno solo tendrá una
alternativa siguiendo la senda de Bruselas. Incidir
en los planes de ajuste y recortes sociales. Ya sea
por valor de 5500 millones o de 15.000 millones. Y
en ese sentido, la vía impuestos (ajuste suave) no
creemos que fuera suficiente. El escenario más
probable es una nueva vuelta de tuerca hacia los
trabajadores del sector público o haciendo caja con
la venta del patrimonio público (servicios sociales,
educación o sanidad).
Para
esta hipótesis es para lo que nos tenemos que
preparar. Son los tiempos que nos han tocado vivir.
Mientras la apuesta de los gobiernos, en época de
crisis económica, sea el control del gasto público y
la transferencia de recursos públicos hacia las
empresas privadas, no tendrán otro camino que
ajustar las clavijas a los trabajadores y a sus
derechos sociales o laborales.
¿Se
podría cambiar esta dinámica infernal? Por supuesto.
En primer lugar desarrollando una política económica
y social más favorable a la inmensa mayoría de la
población, tanto en materia fiscal como en lo social
o salarial. En segundo lugar, promoviendo en los
centros de trabajo y barrios, una gran campaña de
información y concienciación que prepare un ambiente
más favorable a la movilización. Por ahí tenemos que
empezar ya.