Trasversales
José Errejón

Propuesta para salir del bloqueo político

Revista Trasversales número 38 agosto 2016 (web)



1. Prolongación del bloqueo institucional por la dificultad/incapacidad de los partidos gobernantes, para acordar una fórmula de gobierno, entendiendo por "partidos goberantes" a aquellos que postulan programas políticos con vocación de gobierno.

2. Perspectivas poco favorables para la continuación de la recuperación económica por:

a) continuidad del estancamiento global, esterilidad políticas QE, impacto Brexit, continuidad bajos precios materias primas, expectativas de recesión;

b) los incumplimientos de los objetivos de déficit aumentan la desconfianza de los mercados financieros que no se traducen en aumento del coste de la deuda por su condición de valor refugio;

c) se ha parado el incremento de las exportaciones por la debilidad del modelo exportador basado en los bajos costes salariales.

3. Ante el riesgo de terceras elecciones, se revaloriza el papel de C’s haciendo el lavado de cara imprescindible a Rajoy para que pueda volver a gobernar. El rasgo más llamativo es que sólo hay un candidato que es Rajoy. Ya es revelador que el único candidato que los electores conozcan es el jefe de un partido procesado por corrupción y responsable de las políticas más reaccionarias y antisociales de la historia del régimen.

4. Con el gesto de Rivera se desplaza el centro de atención política hacia la “regeneración”, ese pastiche con el que se han pretendido oscurecer las aspiraciones antioligárquicas y democráticas de los sectores populares. Ni una sola mención, entre las “condiciones” de Rivera, a las pensiones, la emergencia social, la regresión del modelo educativo y del cuadro de derechos y libertades, Catalunya. Con este movimiento de trilero se saca de la escena política a millones de ciudadanos que esperan que la política mejore sus adversas condiciones de vida.

5. Si prospera la operación que Rivera hace como agente de los poderes económicos que no se presentan a las elecciones, el régimen de 1978 habrá dado un paso más en su crisis, excluyendo a una parte muy importante de la representación de la sociedad civil del ámbito de la gobernabilidad. Porque la gobernabilidad no se hace solo con acuerdos para gobernar sino con agenda política con contenidos pactados en los que las propuestas de las distintas minorías encuentren sitio en la agenda del partido o partidos gobernantes. Es claro que la agenda de Rivera (más acordada que impuesta al PP) define un perfil de gobierno en el que la “política obligada” (nueva vuelta de tuerca a los recortes en el gastos sociales) estará adornada por un discurso regeneracionista que a nada compromete y desvinculado del sentir de las mayorías sociales.

6. Los representantes de esas mayorías sociales excluidas del acuerdo por la gobernabilidad (izquierdas, nacionalistas) han quedado reducidos a la condición de testigos mudos de las operaciones de la derecha política; en buena medida por su inoperancia política y por la incapacidad de subordinar sus intereses de aparato a las necesidades de las mayorías sociales a las que dicen representar.

7. En el caso del PSOE, a su dificultad para leer el carácter objetivamente constituyente del período, se une su percepción de la emergencia del 15M, primero, y de PODEMOS después, como la irrupción de unos intrusos y demagogos a los que había que expulsar de la escena lo más pronto posible en beneficio de la “defensa de la democracia”. El primer déficit es mucho más que un déficit teórico: la dirección del PSOE no parece comprender que una parte de las funciones que desempeñaba durante la vida ordinaria del régimen de 1978 (las que tenían que ver con el aseguramiento de la paz social mediante el conjunto de las prestaciones sociales que aportaban legitimidad social al régimen), han perdido relevancia cuando la legitimidad del Estado -la esencia de un régimen político- tiene otras fuentes más ligadas al aseguramiento de la financiación de sus gastos provista por los mercados financieros. Son muy remotas las posibilidades de volver a una situación en la que los grupos dominantes tengan “algo que repartir”, de no mediar un acontecimiento político sustancial que alterara decisivamente la relación de fuerzas.

8. En el caso de PODEMOS, porque a la política de aislamiento que el PP, el PSOE y Ciudadanos practican en su contra, hay que sumar el clima de anonadamiento que se respira en su interior procedente de la mayoría de su dirección que parece haber decidido que las peripecias de formar gobierno no van con ellos y que parecen limitarse a manifestar su disposición a apoyar a Sánchez en el caso de que fuera candidato a la investidura a la presidencia del gobierno. Cinco millones de ciudadanas se quedan, así, privados de las iniciativas que son de exigir a quien dice representarlos para hacer valer sus necesidades y aspiraciones cuando se está fraguando el rumbo de la política española para los próximos años.

9. El resultado de las dos actitudes anteriormente enunciadas es que la derecha política, actuando en nombre de los intereses de los grupos más poderosos de la sociedad española, puede operar libremente porque configura los términos y condiciones por los que ha de transcurrir la vida colectiva en los próximos tiempos. Tan anómala situación supone una de las más graves fracturas políticas y sociales en la reciente historia de nuestro país y determina una muy grave responsabilidad de los partidos que representan a los sectores populares y postulan una mejora en su suerte y la democratización de la vida política, frenando su acelerado curso de oligarquización iniciado en noviembre del 2011.

10. Porque otro gobierno y otra política son posibles frente a los que postula la derecha política en nombre de los grupos sociales dominantes de este país. Una política que dé respuesta o, al menos, que lo intente, a los verdaderos problemas que tiene este país.

11. En primer lugar, respuesta a la grave situación en la que vive una buena parte de nuestros compatriotas. No, el problema no es la confianza que despierten nuestras finanzas públicas en los mercados financieros, el problema es la situación de graves carencias que vive una parte muy importante de la sociedad española y que podría verse agravada si se forma el gobierno que postulan las derechas y se actualiza, intensificado, el programa de austeridad dictado por los bancos para garantizar la prioridad de sus intereses como acreedores.

12. Inmediatamente después, respuesta al mal llamado "problema catalán", en realidad el secular problema de la construcción de España como Estado plurinacional y multicultural y al que las derechas políticas pretenden (¡otra vez!) reducir a un problema de cumplimiento de la legalidad, encerrando de nuevo las aspiraciones de una parte mayoritaria del pueblo al autogobierno en un tratamiento próximo a la criminalización. Que la vía del diálogo está abierta y es la que defiende la mayoría de la sociedad catalana y, creemos, de la española, lo prueba que la candidatura que defiende el derecho a decidir compatible con la pervivencia del Estado español haya obtenido el voto mayoritario de los electorados catalán y vasco.

13. La solución duradera a los dos problemas mencionados -el problema de la desigualdad y la injusticia que padece la sociedad española y el problema de la integración de los pueblos y naciones que se integran en el Estado español- requiere todo un esfuerzo histórico de repensar los moldes por los que ha discurrido nuestra vida colectiva. Ese esfuerzo histórico no compete solo a los partidos políticos, es la responsabilidad del conjunto de las mujeres y hombres ciudadanas y ciudadanos del Estado español. Esta empresa radicalmente democrática es lo que llamamos proceso constituyente. La Constitución de 1978 ha permitido a la sociedad española entrar en el concierto de los países de nuestro entorno geográfico y alcanzar determinadas cotas de libertades y derechos. Pero los efectos de la globalización capitalista manifestados en términos de un progresivo vaciamiento de los aspectos más sociales y democráticos y el consiguiente debilitamiento de los contrapesos que equilibraban el indudable desequilibrio oligárquico que arrastraba de origen, han hecho que el Estado social y democrático de Derecho y la residencia de la soberanía en el pueblo que proclamaban sus artículos 1º,1 y 1º,2,respectivamente, hayan quedado vacíos de contenido y que ello haga imprescindible la actualización del pacto social en el que se funda nuestra convivencia adaptado a las peculiaridades de nuestras sociedades del siglo XXI.

14. Es necesario un gobierno comprometido con la naturaleza de las tareas que se derivan de estos compromisos efectivamente históricos. Y es posible. Su condición de posibilidad es la formalización de una asociación de todas las fuerzas políticas que entiendan la importancia de este momento histórico. Ninguna tiene por qué sentirse excluida del mismo, represente lo que represente. El único requisito exigible es acordar que las condiciones en las que se ha desarrollado nuestra existencia colectiva no son prorrogables y que su renovación exige un esfuerzo de responsabilidad por parte de todos.

15. Este compromiso histórico del que, hay que insistir, nadie debe considerarse excluido, puede ser impulsado por el PSOE y apoyado por Unidos PODEMOS, PNV, ERC, PDC, BILDU. El contenido y alcance del acuerdo no tiene por qué ser cerrado, lo único que debería establecer serían los términos en virtud de los cuales los socios del mismo apoyarían la investidura de un candidato que incluyera en su programa el compromiso antes aludido. Ni siquiera habría por qué fijar unos objetivos cerrados que este gobierno debiera cumplir. El compromiso que se postula abarca todo un período (periodo constituyente) al que resulta innecesario fijarle hitos temporales rígidos. Tampoco habría por qué prejuzgar la forma jurídica que adoptara la consagración de los acuerdos y su desarrollo que se fueran adoptando. Para decirlo más claramente, la naturaleza constituyente del período no tendría por qué abocar necesariamente en el dictado de una nueva constitución, sería posible que adoptara la forma de una reforma de las previstas en el Titulo X de la vigente.

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