Trasversales
José Errejón

Pensando en el 27J

Revista Trasversales número 38 junio 2016 (web)




El debate a cuatro del pasado lunes 13 de junio y, en general, los habidos en la campaña electoral, han puesto de manifiesto varios fenómenos que deben ser resaltados. Para su mejor lectura y discusión los relaciono a continuación con algunas consideraciones que estimo pertinentes.

    1. Antes que otra cosa creo que habría que señalar el bajo nivel del debate. Ni el formato, ni los conductores/moderadores, ni los candidatos llegaron a estar en ningún momento a la altura de la expectación que se había despertado.

    En las condiciones en que se halla España y la UE, un debate así debe cumplir entre otras, la función de señalar los escenarios en los que se va a desenvolver la vida colectiva en los próximos años. Ninguno de los contendientes fue capaz siquiera de esbozar los rasgos esenciales de estos posibles escenarios y es comprensible que cunda cierta perplejidad entre el electorado como se refleja en el alto porcentaje de indecisos.

    Tal incapacidad no es privativa de los políticos españoles, afecta a la totalidad de la clase política de nuestro entorno; pero, en nuestro caso, llama más la atención por la convicción cada vez más generalizada de que las instituciones del régimen languidecen a pasos agigantados. No se trata de exagerar la excepcionalidad pero es llamativo que no hubiera un espacio para discutir la revisión de las reglas del juego constitucional, a todas luces desvaídas por el paso del tiempo y por el uso.

    2. El debate sí permitió entender lo que realmente estaba en juego, aunque los actores no pusieran mucho de su parte. De un lado estaban los partidos del régimen, disputándose las modalidades para su prolongación pero con una clara ventaja de quienes impulsan su mutación sustancial dentro de su conservación formal; del otro está PODEMOS con su proyecto nunca explicitado, siempre insinuado, de proceso constituyente, procurando, además, su compatibilidad con la mejora inmediata de las condiciones de vida de los de abajo. Pero la formulación a un lado y otro de la barrera son imprecisas, se tiene miedo de asustar al electorado y provocar una reacción y movilización en su contra del electorado más militante del campo contario. Porque todas las direcciones políticas coinciden en una máxima de hierro: no hay que despertarlas efusiones militantes del adversario político

    3. Las políticas económicas que se enfrentan no son, en modo alguno, lo antagónicas que quisieran sus mentores. Es verdad que la situación actual se caracteriza por la enorme perplejidad de los actores económicos e institucionales ante lo que algunos llaman “estancamiento secular” y muchos vaticinan como el preludio de una nueva recesión. Los repertorios convencionales de políticas económicas ensayados hasta ahora desde 2008 no parecen haber aportado resultados inequívocos, si bien es cierto que los resultados parecen más favorables allí donde, desde el principio de la crisis, se adoptaron de forma más decidida medidas de estímulo a la economía. Es común, en todo caso y para todos los partidos concurrentes, una notable perplejidad ante la evolución económica global y sus efectos en la economía española; destaca en particular el silencio ante la prolongación de la situación deflacionaria que obliga a los bancos centrales a seguir inyectando dinero para intentar impulsar la actividad económica de empresas y hogares. Ante la falta de salidas de la economía capitalista global, agravada además por los signos cada vez más evidentes de la crisis ecológica y el recrecido peligro de guerra en distintos puntos del planeta, la práctica totalidad de fuerzas políticas que operan al interior del sistema prefieren centrar su atención en los problemas más inmediatos, en la confianza un poco irracional que los problemas de fondo podrían irse diluyendo por el simple paso del tiempo. Esta actitud, que con tanta razón se le ha reprochado a Rajoy en diversos temas, parece orientada a mantener un clima de confianza entre el electorado que haga posible el funcionamiento de los mecanismos de mercado y las obligaciones cívicas correspondientes (fundamentalmente la relacionadas con las obligaciones tributarias, sin las cuales se vendría abajo el sistema de confianza que permite financiar los gastos públicos).

    4. Los límites de la recuperación se han puesto de manifiesto pero no se vislumbra proyecto alternativo alguno para “salir de la crisis”. Ninguno de los contendientes con RAJOY fue capaz siquiera de enunciar los fundamentos de una política económica alternativa a la desplegada hasta ahora por los gobiernos que se han sucedido en la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Hay una aceptación implícita del marco y las reglas del juego que han encorsetado y reducido la política económica al mero cumplimiento de las reglas dictadas por la troika; consciente en el caso de Cs y aceptada como una fatalidad en el caso del PSOE y de PODEMOS. En los dos últimos casos ante la sospecha de que la ritual invocación de la necesidad de estimular la demanda por la vía del crecimiento de los salarios pudiera estrellarse con la lógica de la economía globalizada que terminaría penalizando tal decisión como contraria a la, al parecer única senda de recuperación por la vía de la contracción de los salarios directos e indirectos, púdicamente calificada de reformas estructurales”.

    5. En ausencia de un proyecto claro y alternativo para salir de la crisis y sus secuelas para la gente de abajo, un sector no pequeño de los más damnificados por las política austeritarias es posible que prefiera apostar por la continuidad del régimen expresada en el gobierno del PP o en alguna modalidad de participación del PSOE. Los primeros en la esperanza, tan arraigada entre las capas subalternas, de poderse beneficiar de la prosperidad de los sectores pudientes que con la misma se verían estimulados a invertir y crear empleos. Los segundos, confiados en que la presencia del PSOE fuera garantía de que se activaran las instituciones y mecanismos compensatorios y compasivos de la Constitución del 78. Es este un hecho que debe ser afrontado con serenidad por las fuerzas del cambio para encarar el diseño de una estrategia orientada a conseguir el apoyo de esta importante franja del electorado. Pero conviene prevenirse contra la suposición de que las fueras del cambio y el cambio mismo son su opción natural. Sin un nuevo imaginario colectivo que se vaya construyendo por el impulso del los sectores sociales que sostiene el cambio y complementado por la acción gubernamental de sus representantes, no será posible la deseada migración de la lealtad de estos grupos subalternos

    6. El representante de los sectores populares y su apoderado para llevar a cabo estas tareas “compensatorias” ha sido el PSOE pero en la situación de descomposición en la que está, apenas si puede desempeñarlas y ello hace posible que una parte al menos de estos sectores pudiera mirar a PODEMOS si este muestra posibilidades ciertas de sorpassar a los partidos del régimen y cierta solvencia para gobernar. Esta migración de lealtades electorales resulta imprescindible para fortalecer el impulso del cambio pero no podrá consolidarse sobre la mera devastación de la cultura que durante décadas ha anudado la relación de estos sectores con el que ha sido su referente político. La parte más vulnerable de estos sectores puede albergar lógicos temores acerca de la sostenibilidad de las prestaciones sociales que sostienen sus condiciones de vida. Un auténtico contrato social para garantizar la sostenibilidad de las mismas constituye, sin duda, una de las condiciones indispensables parta consolidar el bloque social para el cambio

    7. Complementando la mutación del régimen del 78 que viene desarrollando el PP desde el Gobierno, Ciudadanos postula una política recentralizadora de las competencias esenciales que constituyen el núcleo del Estado social, en la convicción de que el despilfarro de gasto público percibido en los años de la falsa bonanza es posible cargárselo a las CCAA. Sintonizan así con el fondo de centralismo tan caro a la derecha española pero también a los sectores más jacobinos del PSOE, siempre añorantes del mito del “Estado fuerte y redistributivo”. Un jacobinismo instrumentalizado al servicio de la causa histórica del neoliberalismo contra las conquistas del Estado del Bienestar. En esta tarea Cs está destacando por su belicosidad contra PODEMOS con acusaciones de “comunista”, pretendiendo descalificarlo como “vieja política”; la “misión” o el encargo recibido por esta agrupación de oportunistas y logreros es evitar la confluencia histórica de los sectores populares más dañados por la crisis y las políticas austeritarias con los sectores más jóvenes hastiados con la corrupción y la degeneración de las instituciones políticas y empeñados en la regeneración de la democracia. Cuando han coincidido estas dos exigencias, la de una mayor y mejor distribución de la riqueza y la de una mejora de la calidad de las instituciones, la participación y la democracia, el tiempo histórico se ha acelerado y ha llegado el momento del cambio. Ese es el momento que las minorías privilegiadas pretenden detener y si es posible revertir. Y ese es el encargo que le han hecho al partido Cs.

    8. En el debate no se explicitó el conflicto entre PODEMOS y las instituciones del régimen. Los dirigentes de PODEMOS vacilan a la hora de plantear el reto frontal al régimen porque su proyecto de hegemonía está pendiente de ser completado; no sólo le faltan hitos importantes en su hoja de ruta, tiene asimismo déficits de diseño en sus estructuras de grupos sociales de apoyo, en el diseño de bloque histórico. La agregación de esos grupos de apoyo no se va a producir por su simple convocatoria sino por su configuración en los conflictos por la distribución de la riqueza, el poder y el acceso a los bienes y servicios públicos. No serán los grupos sociales procedentes de la estructura social existente los que integren el bloque histórico. En el curso de los conflictos antes mencionados, los sectores sociales participantes experimentarán modificaciones fragmentándose, ampliándose o despareciendo como tales, adquiriendo nuevas formas y expresiones. Los cambios por venir tendrán como característica, como los que les han precedido, mutaciones sustanciales en la estructura social y cultural de las sociedades. Y estarán afectados por la evolución económica europea y global, sin que pueda predecirse con exactitud el alcance de estos efectos

    9. Las próximas elecciones tampoco serán constituyentes. Más aún, lo más probable es que los procesos electoral y constituyente no tengan por qué coincidir. No es este el lugar para desarrollar como se merecería la propuesta constituyente pero al menos habría que dejar apuntado la dimensión objetiva de este momento constituyente. No es solo la voluntad constituyente, al fin y al cabo subjetiva por legítima que fuere, la que está operando, sino una dimensión objetiva que se compone a su vez de dos factores de la mayor importancia .El primero tiene que ver con el agotamiento de algunas instituciones del régimen del 78; el segundo tiene que ver con los sustanciales cambios operados en los entornos europeo y global, que están poniendo de manifiesto la inadecuación de estas instituciones tanto como las de la propia UE. La interrelación de ambos factores plantea un cuadro de dificultades para los que no parece especialmente preparadas las instituciones del 78. A título de ilustración podríamos considerar las instituciones de concertación social. Desde el comienzo de la crisis las hemos visto languidecer ante la falta de funcionalidad, toda vez que las decisiones fundamentales en materia de política económica venían determinadas por las orientaciones de Bruselas y estas, a su vez, por las exigencias delos mercados financieros. Subrayar esta condición objetivamente constituyente sirve para recordar la naturaleza de las tareas políticas que esperan a las fuerzas políticas comprometidas con las aspiraciones de mayor democracia, igualdad y justicia social. Tales aspiraciones ya no podrán esperar ser alcanzadas en el marco de un régimen político cuyas instituciones, dejadas a la inercia de su evolución espontánea (es decir, determinadas por los imperativos de los mercados financieros y la apropiación de una parte creciente de la riqueza por las minorías oligárquicas) evolucionan en un sentido inequívocamente regresivo. O, dicho de otra manera, para recuperar y si es posible mejorar los contenidos democráticos y sociales que contenía la Constitución del 78 y que han sido vaciados por obra de las políticas aplicadas por los gobiernos desde la década de los 90 del pasado siglo, es necesario superar su marco e instaurar otro inspirados de una forma explícita por los valores antes reseñados y por la primacía del Derecho emanado de la voluntad popular por encima de los mercados.

    10. El resultado de las consideraciones anteriores es que está abierta la posibilidad de que se produzca un vuelco muy sustancial en la escena política española. En realidad, ya se está produciendo y el 26J podría experimentar un “salto de calidad”. Si la suma de los escaños obtenidos por los partidos de izquierda rozaran, como parece, la mayoría absoluta, sería muy difícil para el PSOE justificar cualquier postura que habilitara un nuevo gobierno del PP. Así que por primera vez en la historia de la 2ª Restauración, un gobierno de izquierdas con un programa que más allá de la modernización capitalista como han sido en general del PSOE, podría ponerse en aplicación. El alcance y las consecuencias de esta posibilidad histórica son difíciles de exagerar. Que la cuarta economía de la eurozona fuera dirigida (en los términos que tal cosa es posible en la época del dominio de los mercados financieros) por un gobierno de izquierdas, incluso si tal condición fuera atemperada por la presencia del PSOE, es algo que no podría suceder sin alterar sustancialmente los fundamentos y la estabilidad de la eurozona y de la propia UE. Es de prever, en consecuencia, una reacción de las instancias dirigentes orientada a limitar dicho alcance en el rumbo de la política y la economía españolas, de un lado, y en la prevención del posible efectos contagio sobre otros países del entorno, de otro. Disponer de equipos para el gobierno de la administración del Estado se convierte, así, en una imperiosa necesidad política. No estamos hablando de un problema administrativo. Es indispensable dedicar tiempo y esfuerzo a la conformación de equipos técnicos, reclutados de acuerdo a criterios de idoneidad política y solvencia técnica, que sean capaces de asumir las correspondientes responsabilidades en los diferentes Departamentos ministeriales y en el conjunto del Sector Público estatal.




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