Leíamos ayer que la justicia había presentado una denuncia contra Vicente Martínez Pujalte por falsedad y cohecho; que antes, otro juez había citado a declarar como investigada (imputada) a Patricia Herrero, exdirectora general de Formación de la Consejería de Empleo con Esperanza Aguirre, por el caso Aneri; que antes, el imputado por prevaricación era el codirector del Parque Nacional de Guadarrama; que antes dos cargos sanitarios del Gobierno de Feijoo habían sido imputados por negar los fármacos a los afectados por la hepatitis C; que antes, afirmando “somos inocentes a pesar de todo”, el alcalde de Granada, Torres Hurtado, y dos concejales habían tenido que presentar la dimisión ante la amenaza de la oposición de presentar una moción de censura. Los agentes de la UDEF habían registrado sus viviendas en la investigación de diez supuestos delitos relacionados con proyectos inmobiliarios; que antes, la Unión Europea había detectado en la Comunidad de Madrid deficiencias graves en la administración de los Fondos Feder, durante los años 2007 a 2013; que antes, la Audiencia Nacional investigaba una subvención de 82.000 euros de la Fundación Arpegio, empresa pública que gestionaba el suelo de la Comunidad de Madrid, a una ONG del PP investigada en el caso Bárcenas; que antes, en el marco de la operación “Tosca”, la guardia civil investigaba al viceconsejero de Festejos de Melilla, por recibir obsequios a cambio de adjudicaciones; que antes, el Partido Popular no había entregado al juez Castro las facturas de las obras en su sede central, porque afirma que no las guardan; que antes, el Ministerio de Hacienda impuso a José María Aznar una multa de 70.400 euros y 199.052 euros más por una declaración complementaria, por sus irregularidades fiscales; que antes, la antigua cúpula directiva de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (rescatada con casi 6.000 millones de euros y vendida por 1 euro al Banco Sabadell), que financiaba los proyectos megalómanos del PP valenciano, será procesada por falsedad contable y por estafa; que antes, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata había procesado a Juan Cotino, expresidente de las Cortes valencianas, y a otras 23 personas más por prevaricación, blanqueo de capitales, fraude fiscal y otros delitos, y que Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino, será juzgado por financiar ilegalmente al PP en Valencia; que antes, el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, procesado por el caso Noos, había declarado que la operación de blanqueo en el Ayuntamiento, admitida por su esposa en una conversación telefónica, se debió a un trastorno sicológico (léase cabreo) por haberse visto relegada al puesto 16 en la lista del PP para las elecciones de 2015, sin posibilidades de salir elegida; que antes, el juez que investiga, en el caso “Taula”, el blanqueo de dinero y la presunta financiación ilegal del PP en Valencia, ha solicitado imputar a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá y a otras 47 personas.

El partido en Valencia está “dirigido” por una gestora, pero Rajoy, que dice que “desea acabar cuanto antes con esta lacra”, aseguró que no había tomado medidas antes porque “ni yo ni mi partido teníamos ni idea de lo que pasaba en Valencia”. Qué curioso es recordar ahora aquellas palabras de Rajoy a Camps, cuando el asunto de los trajes regalados por la Gurtel: “Estoy contigo, Paco”.

Y así, un día y otro; siempre hubo un antes y, al paso que vamos, con nuevos imputados cada día, seguro que habrá un después. La era del trinque se inauguró hace décadas, pero con la venia obtenida en el caso Naseiro (que judicialmente no hubo caso) se levantó la veda y hasta hoy, que, con Rajoy en la presidencia, el Partido ha alcanzado cimas delictivas difícilmente superables. Modificando la letra de una vieja canción (1974) de Alberto Bourbon, casi se podría cantar: “Antes de ti no hubo antes, todos los mangantes quedaron atrás, después de ti no habrá nada, que llegue y añada en trincar algo más”. Así es de triste la cosa.

Hoy, el exalcalde de Madrid, expresidente de la Comunidad, exministro, extodo, ha comparecido como testigo en la investigación del caso “Noos”, pero ha declarado que no sabe nada: que no sabía que la colaboración de Urdangarín en la promoción de la candidatura olímpica “Madrid 2016” era remunerada (como si Urdangarín suscribiera la frase del barón de Coubertin: lo importante no es “ganar”, sino participar), que no sabe que hubiera un convenio de colaboración con las condiciones estipuladas, que no sabe quien autorizó el pago de una factura de 140.000 euros, efectuado en 18 plazos desde 2007 a 2009, y, finalmente, que no sabía que existía el instituto Noos hasta que se destapó el cotarro. Aplicando el libro de estilo del Partido, Gallardón echa balones fuera y descarga cualquier responsabilidad en el personal subalterno, en este caso sobre Cristina Coghen, exconsejera delegada de Madrid 16.  

El juez del caso “Púnica” imputa al diputado regional Daniel Ortiz por haber favorecido, supuestamente, a la empresa Cofely con un contrato de 73 millones de euros, cuando era alcalde de Móstoles, a cambio de un soborno de 746.000 euros.

Ayer, Joaquín Velázquez, subdirector de Formación de la Comunidad, declaró, ante el juez que instruye el caso Aneri, que su jefa, Ana Isabel Marino, exconsejera de Empleo, le ordenó vincular a los sindicatos CCOO y UGT con Aneri, el empresario que en teoría organizaba los cursos, para tapar el fraude de los cursos de formación que salpicaban al Gobierno regional.

El exgerente del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), imputado por prevaricación en el caso de la venta 2.935 viviendas públicas a un fondo buitre hispano-norteamericano (que ahora vende por 140.000 euros los pisos que le costaron 68.000), ha dicho que actuó siguiendo instrucciones del Consejero de Vivienda Pablo Cavero. Ya veremos lo que dice éste cuando declare, si es que declara.

Un caso parecido (corrupción y desvergüenza) es la venta de 1.860 viviendas del Ayuntamiento de Madrid durante la fatídica era de desgobierno de Ana Botella. La venta se hizo burlando todos los procedimientos legales, con una pérdida de 32 millones de euros para el consistorio, a un fondo buitre vinculado a empresas en las que trabaja José María Aznar Botella, hijo mayor de Ana Botella. El caso fue archivado por el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid,  sin practicar las pruebas que le pedían los afectados.

Los papeles de Panamá han descubierto que Edmundo Rodríguez Sobrino, director de Seguridad del Canal de Isabel II, dirigía tres empresas en Hong Kong, pero gestionadas desde Panamá. Adrián Martín, cesado la semana pasada como director del Canal, declaró en la comisión de endeudamiento de la Asamblea de Madrid, que hay 109 empleados contratados a dedo, pero, pesar de lo que le gustaría poder hacerlo, no puede decir sus nombres. De las pesquisas del Juez Eloy Velasco se infiere que el Canal de Isabel II y la Agencia Informática ICM, pudieron utilizarse durante el mandato de Ignacio González (míster Ático) para financiar campañas de imagen para favorecer a altos cargos del Partido, entre ellos el propio González y el exconsejero de Justicia, Salvador Victoria, imputado en el caso “Púnica”.

Dichos papeles han mostrado otra de las ocupaciones del ya exministro José Manuel Soria, que era administrar una empresa ubicada en un paraíso fiscal (isla de Jersey). Su hermano Luis Alberto, que también ha salido en los papeles de Panamá, ocupa 25 cargos en 13 sociedades, y tiene una empresa que asesora a entidades públicas de Canarias.

Los papeles de Panamá también han sacado a la luz que la mujer de Arias Cañete, Micaela Domecq, aparece junto con otros miembros de su familia, en una empresa radicada en Panamá. De igual modo, se benefició de la amnistía fiscal decretada por el Gobierno, siendo ministro su propio marido.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que lleve al banquillo al alcalde Arturo González Panero (el “albondiguilla”) y a otros cargos municipales, en total a 27 personas, y al PP como partícipe a título lucrativo de la trama Gurtel en Boadilla, que habría proporcionado al Partido 204.000 euros, además de las percibidas por algunos de los imputados.

Buena parte de la plana mayor del PP, y otros muchos cargos públicos autonómicos, provinciales y locales, están incursos en procesos judiciales por corrupción. Y se van a presentar a las elecciones como si fueran un partido cualquiera…