Trasversales
José M. Roca

La herencia de Rajoy

Revista Trasversales número 37, junio 2016 web

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Pronto hemos llegado al final de la XI Legislatura, una legislatura anómala, excepcional por su brevedad -apenas cuatro meses (del 13 de enero al 3 de mayo)-, por el comportamiento del Gobierno actuando en funciones y por el carácter preelectoral de toda ella, concebida por los partidos más grandes como la antesala de unas elecciones definitivas -una oportuna segunda vuelta-, en las que los electores podrían modificar el sentido de sus preferencias políticas de manera suficiente como para formar gobierno sin verse forzados a negociar, ya que la disposición a escuchar, dialogar, entenderse y acordar, tan necesaria en quienes se dedican a la gestión de los asuntos públicos, es, empero, bastante escasa en las élites políticas de este país.

Pero persisten los mismos problemas que hace seis meses, algunos agravados por la acción (o la inacción) del mismo gobierno y por la interinidad legislativa, concurren los mismos partidos, con las mismas debilidades y carencias y con los mismos dirigentes, que, por cierto, suspenden todos en las encuestas, incluso los nuevos, y persiste el mismo tramposo sistema electoral que altera la voluntad de los ciudadanos, por lo cual, los resultados de la jornada del 26 de junio no pueden ser muy distintos de los del pasado 20 de diciembre, aunque sí pueden ser peores, dado que los sondeos sitúan al Partido Popular como el partido más votado.

En este posible interregno entre dos gobiernos de Rajoy (¡ojalá no nos maldiga el destino!), ocupado también por un gobierno de Rajoy en funciones, el Partido Popular ha mostrado los peores rasgos de su repertorio (los mejores no se conocen), en particular su tendencia a gobernar con autoritarismo y a encubrir los casos de corrupción que salpican a sus dirigentes.


En funciones

Por una de esas jugadas del destino, el peor gobierno de la etapa democrática ha recibido el inmerecido regalo de mantenerse en el poder más tiempo del estrictamente necesario, con lo cual se ha prolongado el castigo a los ciudadanos peor tratados por las medidas anticrisis. Pero lo más curioso del caso es que este gobierno, resultado de una legislatura obsoleta, se ha negado a rendir cuentas ante el parlamento salido de las urnas el pasado 20 de diciembre.

En el Partido Popular justifican este desafío al poder legislativo con la argucia de que se trata de un gobierno en funciones, cuando esa misma situación interina no le ha impedido tomar decisiones que tendrán vigor durante más de medio siglo. Aducen que, careciendo de la confianza de la cámara, el Gobierno no debe someterse a ella, cuando esa debe ser la razón más poderosa del Congreso para someterlo a su control y evitar que se exceda en las limitadas funciones que le competen. Es una interpretación tan interesada como paradójica argüir que un gobierno en funciones (provisional) está menos sometido a control parlamentario que otro que goza de la confianza de la cámara, pero delata el ideal autoritario de gobernar sin testigos ni controles.

La Vicepresidenta ha utilizado de modo torticero la separación de poderes como argumento de autoridad para justificar la independencia del Gobierno respecto a las Cortes. Según esta nueva teoría de la democracia, de la que los ciudadanos han conocido su aplicación práctica en los últimos cuatro años, las urnas sirven para elegir a los diputados, pero después de nombrado el gobierno la ciudadanía se disipa, desaparece la soberanía nacional y sólo queda el Ejecutivo, que manda y dispone a su antojo sin rendir cuentas de sus actos. El hecho de que el Gobierno esté en funciones no altera la sustancia de la teoría, pues continúa investido de todos los poderes del Estado, debido a que todavía controla la cúpula de las instituciones que ha ocupado durante la legislatura ya periclitada. El Ejecutivo subsume al Estado, al Partido y también a la Nación, que deja de ser soberana, para ser una colectividad dependiente de lo que decide un gobierno investido de poderes ya caducos pero extraordinarios. Lo cual, como afirma Carl Schmitt, lo convierte en el verdadero soberano, porque decide sobre lo excepcional, sobre lo que no está legislado o está por encima de lo legislado, en este caso, su forma de actuar al margen del Congreso y de la Constitución, que, por otra parte, ha sido abolida concienzudamente durante la Xª Legislatura en lo que atañe a los derechos civiles y sociales de la ciudadanía.

Lo que ocurre no es sorprendente, si se tiene en cuenta la trayectoria del Partido Popular desde hace décadas y cuál es su habitual forma de gobernar, tan llena de resabios franquistas.

Mariano Rajoy ha utilizado la mayoría absoluta para gobernar como un autócrata, ha sido el Jefe del Gobierno que más veces ha utilizado un procedimiento de urgencia (más que Aznar, incluso), como es el decreto-ley, para legislar de forma ordinaria sobre asuntos de tanta trascendencia como la reforma laboral o el rescate de la banca (decidido sin debate), y hacerlo desde bien pronto (el primer año: 16 leyes y 28 decretos); en total 75 decretos de una suma de 145 proyectos de ley; de los 163 tramitados, 59 lo han hecho por la vía de urgencia. Es un Gobierno que ostenta el demérito de haber reformado 26 leyes de una vez y sin debate parlamentario, y que más veces ha rechazado la comparecencia de Rajoy y de los ministros en las cámaras y ante los periodistas.

Rajoy ha sido el gran ausente del Congreso, el silencioso líder de un gobierno que no comunica, que actúa y guarda silencio, y también el gran mentiroso; en los tres primeros años y medio de legislatura el Gobierno fue opaco: el Partido Popular rechazó el 63% de las peticiones de comparecencia; en 105 ocasiones vetó la de Rajoy, en 22 ocasiones la de Ana Mato, aunque también las de otros miembros del Gabinete, como la ministra Báñez, el ministro de Defensa o el de Interior. La norma ha sido negarse a explicar, a rendir cuentas y eludir cualquier responsabilidad política.

Rajoy ha estado ausente del 85% de las votaciones y a pesar de las numerosas peticiones de los partidos de la oposición, sólo ha comparecido en el Congreso dos veces de forma extraordinaria: una vez, el 1 de agosto de 2013, a propósito del caso Bárcenas, y fue para mentir a la cámara; la segunda, el 4 de abril de este año, para dar cuenta del acuerdo de la Unión Europea con Turquía sobre los refugiados de Siria. La Vicepresidenta sólo ha comparecido una vez en cuatro años en la Comisión Constitucional, en la que debía dar cuenta de su actividad.

La reforma de la administración de Justicia, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (“ley mordaza”) y la Ley de Seguridad Nacional forman un paquete legislativo de excepción, que no corresponde a la verdadera situación del país pero se acerca a la forma ideal de ejercer el poder, que muestra al PP como un partido no democrático que soporta malamente las consecuencias del régimen representativo, porque, como herederos del franquismo, sus dirigentes albergan el sueño de los dictadores, que es mandar sin rendir cuentas a los ciudadanos y remitirse a Dios, a la historia o a otras mudas instancias para responder de sus actos de gobierno.

Este anómalo “gobierno de excepción en funciones” parece el adecuado colofón a un mandato cuajado de desplantes al Congreso y a la opinión pública, y pródigo en actos atrabiliarios para justificar unas medidas que han hecho retroceder el país a situaciones que creíamos ya superadas y para entorpecer la investigación de los casos de corrupción que les anegan.


La corrupción que no cesa

A pesar de las trabas puestas a la investigación de jueces y policías, la justicia ha seguido avanzando en la instrucción de causas, y en estos meses hemos conocido una serie de casos que sitúan la corrupción en el partido del Gobierno en cotas difícilmente imaginables hace sólo unos años.

La décima legislatura se despidió con el descubrimiento de las actividades de dos diputados, Arístegui y Gómez de la Serna, que, como antes Trillo y Pujalte, compatibilizaban su labor en la Cámara con la de comisionistas, pero la lista de personas implicadas en presuntos o probados delitos aumenta cada día; las últimas son Patricia Herrero, exdirectora general de Empleo de la Comunidad de Madrid; el codirector del Parque Nacional de Guadarrama, Pablo Sanjuanbenito; Torres Hurtado, el ya ex alcalde de Granada, y dos concejales, por delitos en proyecto inmobiliario; dos cargos sanitarios del Gobierno de Feijoo, por negar fármacos a enfermos de hepatitis C, Francisco Díaz, viceconsejero de Festejos de Melilla (Operación “Tosca”), y el ministro Alfonso Alonso, por pagar un precio excesivo en un alquiler cuando era alcalde de Vitoria.

En la Comunidad valenciana, convertida cada una de sus provincias en una satrapía, los imputados se cuentan por docenas y a los casos más conocidos (Gurtel, Fabra, Brugal, Blasco, Fórmula 1, IVAM, Imelsa, Terra Mítica, EMARSA, Noos, FITUR, Acuamed, Palau de les Arts, Canal 9, etc) hay que añadir nuevos imputados: Juan Cotino, vicepresidente de las Cortes valencianas, y otras 23 personas, por diversos delitos relacionados con la visita del Papa en 2006 (la fe mueve montañas, y al parecer, dinero); Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia, Rita Barberá y 47 personas (operación “Taula”) por blanqueo de dinero y presunta financiación ilegal del Partido, dirigido ahora por una gestora. Pero Rajoy, que “desea acabar cuanto antes con esta lacra” y no se acuerda de su apoyo a Camps cuando se conoció el asunto de los trajes pagados por la Gurtel -“Estoy contigo, Paco”-, asegura que no ha tomado medidas antes, porque “ni yo ni mi partido teníamos ni idea de lo que pasaba en Valencia”. Claro, en el “Marca”, no suelen aparecer estos asuntos.

Si de la taifa valenciana pasamos a la satrapía madrileña, cambiamos de lugar pero no de costumbres tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad, núcleos de las tramas Gurtel y Púnica y ejemplos de despilfarro de dinero público, donde la Unión Europea ha detectado deficiencias graves en la administración de los Fondos Feder entre 2007 y 2013, se investiga la venta de 2.935 viviendas sociales de la Comunidad (IVIMA) y 1.860 del Ayuntamiento a compañías especuladoras (comprar pisos del IVIMA a 68.000 euros para venderlos a 140.000 euros), con pérdida para las instituciones (32 millones de euros para el Consistorio), y se investigan, también, las cuentas de la Fundación Arpegio, de Fundescam y de una serie de empresas públicas, semipúblicas y privadas (Canal de Isabel II, Mercamadrid, Madrid Calle 30, Telemadrid, Gowex, Cofely, Aneri, Madrid Network, AENA, Madrid 2016, Informática ICM, entre otras), con extrañas inversiones, generosas donaciones, misteriosos contratos y fantasmales servicios prestados a precio de oro.

La taifa murciana tampoco es manca, pues 35 de sus 45 municipios están o han estado afectados por casos de corrupción de sus ediles, de los cuales, salvo dos, todos son del PP. La justicia investiga ahora el caso del auditorio de Puerto Lumbreras, de donde era alcalde el actual presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, y otros dos grandes casos que afectan a la presidencia de Ramón Luis Valcárcel (1995-2014), como la construcción del aeropuerto (sin aviones) de Corvera y la desaladora de Escombreras, adjudicada a una trama de empresas encabezada por la ACS de Florentino Pérez.

En el partido de los patriotas y de las “personas normales” (¿qué entenderá Rajoy por “normales”?), algunas de estas personas (normales) han ido a hacer las Américas, como han desvelado “los papeles de Panamá”, por los cuales hemos sabido que el ya ex ministro José Manuel Soria (el del impuesto al sol) era administrador de una empresa familiar ubicada en un paraíso fiscal, lo mismo que Micaela Domeq, esposa de Arias Cañete (salpicado por el caso Acuamed), beneficiada también en su día por la amnistía fiscal decretada por el Gobierno, siendo ministro su marido.

Tras no pocas objeciones, el PP se ha visto obligado a entregar un aval por la fianza de 1,2 millones de euros, solicitada por el juez, como responsable civil subsidiario en el caso Bárcenas por la (supuesta) existencia de una doble contabilidad (caja B) en la administración central del partido, cuando aparece, por ahora de forma presunta, otra caja B, en la trama de la “Púnica”, en la que Granados, también presuntamente, actuaba como recaudador para el Partido, además de para sí mismo y para su socio. Y finalmente, una inspección fiscal ha llegado a las cuentas del “Liderísimo”. El Ministerio de Hacienda ha impuesto a José María Aznar el pago de 199.052 euros, en una declaración complementaria, y una multa de 70.400 euros por sus irregularidades fiscales.

Así que, ante una campaña electoral en ciernes, el Partido Popular ostenta como “garantía” de transparencia y honradez una abultada lista de cargos de todos los niveles, ya condenados o en curso de investigación, por casos que forman una amplia gama de abusos, faltas y delitos cometidos por sus militantes ocupando cargos públicos.

Dejando de lado los posibles méritos políticos de todos ellos, más bien escasos, un partido que, sin autocrítica, ha defendido o defiende la honorabilidad de Rato, Mato, Soria, Matas, Cañete, Fabra, Bárcenas, Puerta, Naseiro, Barberá, Camps, Costa, Castedo, González Panero, Díaz Alperi, Betoret, Granados, González, Cañellas, Matutes, Cotino, Grau, López Viejo, Baltar, Blasco, Conde, Areal, Gómez de la Serna, Arístegui, Pujalte, Ripoll, Trillo, Van-Halen, Lamela, Güemes, Crespo, Torres Hurtado, Rus, Rambla, Ciscar, Castellano, Alonso, Botella, Aznar y decenas de otros, y, como se desprende de la documentación incautada por la policía, sobre el que hay fundadas sospechas de que casi toda la plana mayor percibía sobresueldos en negro durante los peores años de la crisis, mientras exigía a los ciudadanos apretarse el cinturón, un partido así, repito, no debería presentarse otra vez a las elecciones sin haberse depurado previamente.


La cuestionable “recuperación”

Ayudada por factores externos como el descenso del precio del petróleo, la compra de deuda por el Banco Central Europeo, la depreciación del euro y la flexibilidad en el plazo para reducir el déficit público decidida en Bruselas, y por factores internos como el saneamiento de la banca con fondos públicos, la rebaja de los seguros sociales y los impuestos a las empresas y, en muy buena medida, por las condiciones leoninas impuestas a los trabajadores con la reforma laboral, la economía española crece (el 3,2% del PIB en 2015), pero, contra lo afirmado triunfalmente por el Gobierno, no es la que más ha crecido en Europa en los dos últimos años.

La economía crece, pero lo hace de modo insuficiente, lento, titubeante, y ahora con atonía, pero sus beneficios se reparten de manera desigual, pues se dirigen hacia los estratos sociales con rentas altas y muy altas, mientras la crisis se ha asentado firmemente entre los perceptores de rentas bajas y muy bajas, que son los estratos bajos de la clase media y las clases asalariadas y populares. La recuperación no ha llegado a todos los hogares y, de seguir por este camino, dejará atrás por largo tiempo a la tercera parte del país, mientras las dos partes más afortunadas se alejarán. Y eso no es justo, aunque esta calificación moral carezca de validez económica.

Hay que proteger el crecimiento, sí, con condiciones, claro está, pero sobre todo hay que repartir mejor sus beneficios, destinando una proporción sensiblemente mayor a sacar a flote a quienes han soportado a sus expensas los peores costes de la recesión, sin ser culpables ni de sus causas ni de sus (malos) remedios.

El principal argumento de Rajoy y de los suyos de cara a las elecciones es que la llegada al Gobierno de otro partido, en particular si es la coalición de Podemos e Izquierda Unida, puede malograr lo que, con notoria intención propagandística, llaman pomposamente “la recuperación” y poner en peligro la futura creación de empleo. Utilizan otra vez la promesa de la zanahoria cuando preparan el palo con nuevos recortes, debidos en parte a la falsía de los Presupuestos Generales de 2016, amañados para tratar de engañar a los votantes españoles antes de las elecciones del 20-D-2015, pero inútiles a la hora de confundir a los técnicos de la Unión Europea.

La justificación para reducir el gasto público asistencial, arremeter contra el Estado de bienestar, recortar derechos laborales y civiles, rebajar sueldos y congelar pensiones, introducir copagos y privatizar bienes y servicios públicos para entronizar una versión hispánica de capitalismo salvaje (pero católico); la justificación de las medidas de austeridad, en suma, ha sido la imperiosa necesidad de reducir el déficit público y la deuda externa, provocados, según su parecer y el de Merkel, por haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Así que los recortes han sido como un merecido castigo a nuestras travesuras consumistas.

Pero los resultados obtenidos con tales medidas han quedado bastante lejos de las expectativas que han exigido tanto sacrificio a los ciudadanos, en particular a los estratos medio y bajo de la clase media, a los asalariados y a las clases sociales más populares. Veamos algunas grandes cifras (1), con un apunte previo sobre la recesión. Un nuevo análisis del INE sobre el descenso del PIB en los años de crisis, estima que la segunda recesión, con una caída del 5% del PIB entre 2011 y 2013, fue más severa que la primera, que generó una caída del 3,6% del PIB, entre 2008 y 2009; en total un descenso del 8,6% en vez del 7,3% del PIB, calculado al principio.

En 2015, la deuda externa (pública y privada) alcanzó la cifra de 1,8 billones de euros. Por lo que hace a la deuda pública, en marzo de 2016, las administraciones públicas tenían una deuda acumulada de 1,095 billones de euros, la cifra más alta desde 1909.

En 2015, el déficit público fue del 5,1% del PIB, el pactado con Bruselas era del 4,2%. Con este dato, Rajoy no ha cumplido ni un solo año el déficit pactado, y en 2015, con una desviación cercana a los 9.000 millones de euros, que anuncia un nuevo recorte, ha logrado colocar a España como el segundo país de la Unión Europea con mayor déficit, detrás de Grecia. Por ese incumplimiento, Bruselas amenaza con sancionar a España con una multa de 2.500 millones de euros.

Respecto a los ingresos del Estado por impuestos, a pesar de lo dicho, el Gobierno de Rajoy acabó la legislatura con una carga fiscal mayor que la de Zapatero. La demagogia de bajar los impuestos al final de la legislatura después de haberlos subido nada más llegar a la Moncloa, arroja un saldo de 17.500 millones de euros más, que es la diferencia entre la subida de impuestos de 23.000 millones en 2011 y las rebajas electoralistas de 2015, que rondaron los 5.500 millones de euros.

Pero son las familias y las empresas las que hasta ahora han logrado reducir su nivel de endeudamiento recortando sus créditos a un ritmo de 70.000 millones de euros al año. Los préstamos a familias y particulares ascendieron a 912.000 millones de euros en noviembre de 2008 y el nivel máximo de endeudamiento para las empresas se alcanzó en abril de 2009, con 1,2 billones de euros. En 2016, las empresas acumulan todavía 908.000 millones de euros en préstamos y las familias 717.000 millones de euros, pero han reducido sus deudas en un 28% y en un 21%, respectivamente.

El año 2015 acabó con 4,8 millones de parados, el 22% de la población activa, de los que 1,4 millones llevan en paro más de tres años, y del total sólo 1,3 millones percibe alguna ayuda. Ahora el desempleo supera el 21%, pero hasta el año 2019 no se espera que baje del 15%. Parte del descenso se debe a que un millón de extranjeros han abandonado España.

Pero el drama del paro no parece preocupar mucho al Gobierno, salvo en los discursos. Del Plan Juncker, dotado con 21.000 millones de euros para reactivar la economía, que se gastan según proyectos nacionales para animar la inversión privada, España ha presentado proyectos por valor de 615 millones de euros, con los que espera movilizar 2.500 millones de aportación privada y crear 5.500 empleos. Los países que más fondos han obtenido, con planes más ambiciosos, son Francia, Italia y Gran Bretaña (ni dentro ni fuera de la UE, pero cojo lo que puedo), que están en mejor situación que España.

En 2014, el Gobierno concibió un plan de 1.200 millones de euros para ayudar a 400.000 parados de larga duración con un subsidio de 426 euros al mes durante 6 meses. Pero en 2015, de ese colectivo sólo 14.000 personas habían hallado empleo, del plan se habían gastado 182 millones y habían recibido las ayudas 105.000 parados. Lo cual mostraba un nuevo caso de picaresca gubernamental, ya que los recortes no acaban en el presupuesto sino que siguen en la ejecución, al recortar en el desembolso sobre lo ya recortado.

La reforma laboral de 2012 ha arrojado al paro a 900.000 jóvenes. En el Plan de Formación y Empleo Juvenil de la UE, a España le habían correspondido 943 millones de euros. Al acabar 2015 sólo se había gastado el 12% de esos fondos a pesar de tener un paro juvenil del 46%. ¿Mala gestión o indiferencia?

La reforma laboral también ha abierto dos brechas -de salarios y de duración de los contratos- entre los antiguos y los nuevos empleos: se crea empleo, pero es malo, precario, temporal (la duración media de los contratos ha bajado de 79 días en 2006 a 53 días en 2015), con bajos salarios, pocos derechos y horarios extenuantes, lo que ha hecho aparecer una nueva categoría social: la del trabajador pobre, cuyo salario no le basta para subsistir.

En 2015, el 35% de los asalariados percibía un sueldo medio de 9.034 euros al año, en 14 pagas de 645 euros. El grupo mayor de asalariados, 3,69 millones de personas (el 22% del total), percibía un sueldo medio de 1.840 euros anuales, 153 euros al mes, y el 50% de los asalariados recibía menos de 14.000 euros anuales. En 2011, los trabajadores percibieron salarios por valor de 531.000 millones de euros, en 2015 han sido 510.000 millones, en cuatro años han perdido 21.000 millones de euros, así que son más pobres. En conjunto, en 2015 el poder adquisitivo de los salarios retrocedió al nivel de la recesión de 1993, que siguió a los “fastos” de 1992 (Olimpiadas, Expo Universal y Vº Centenario).

Uno de cada cuatro españoles corre el riesgo de caer en la pobreza y en la exclusión social. Tres millones de personas han abandonado la clase media para descender de estrato social; la clase baja de la sociedad ha pasado del 27% de la población en 2007 al 38,5% en 2013. Hay un millón y medio de familias donde todos los miembros carecen de empleo, 800.000 hogares sin ningún ingreso y 500.000 en pobreza severa. El 14% de las familias asegura tener dificultades para que sus ingresos lleguen a fin de mes; a pesar de todo ello, España dedica a la protección infantil y familiar sólo el 1,4% del PIB, casi la mitad de la media de los países de la Unión Europea, y el 0,2% del PIB a luchar contra la pobreza, menos de la mitad de la media europea. Pero somos el tercer país con la gasolina más cara de Europa, y la luz ha subido un 10% en esta legislatura (el 80% desde 2003).

Rajoy, con un desfase de 32.000 millones de euros, se ha gastado la mitad del fondo de pensiones, 66.000 millones de euros, que dejó Zapatero.

Un último dato para no aburrir -CCOO estima en 78.000 millones de euros los recortes efectuados en servicios públicos entre 2009 y 2014- y una noticia sobre un gremio, que parece un chiste: en 2014, 119 banqueros españoles cobraron más de un millón de euros al año (cada uno de ellos, claro está). La remuneración media de los banqueros españoles fue de 2,39 millones de euros anuales por cabeza, superior (en esto sí) a la media europea, 1,9 millones, que tampoco está mal. La banca española supera en eficiencia a la alemana, la francesa y a la italiana, pero, según un estudio de FUNCAS, en los próximos tres años cerrará 3.000 oficinas y 15.000 empleados se irán a la calle. En 1995, la banca y las cajas de ahorros daban empleo de 233.000 trabajadores, en 2015 a 175.000 (58.000 menos; el 25% menos).

En el Informe anual 2015, el gobernador del Banco de España, Luis Linde, afirma que, “ante un crecimiento modesto de la productividad”, es necesario rebajar los salarios y reducir la protección de los contratos indefinidos, pero él tuvo, en 2014, unos ingresos de 176.000 euros, un 5,8% de aumento sobre el año 2013, y en 2015, unos ingresos de 183.969 euros, un 4,5% más que el año anterior, unas subidas quiméricas para cualquier trabajador.

Por todo lo expuesto, que no es un relato exhaustivo de lo acontecido en estas dos legislaturas, sino un breve recordatorio de lo sucedido, el Partido Popular debería renunciar a presentarse a las próximas elecciones y cambiar por completo de actitud: es decir, colaborar con la justicia en esclarecer los muchos casos de corrupción que le afectan y regenerar sus filas para hacerlo merecedor del respeto y del voto de los ciudadanos.

Como eso no va a suceder, en vista de lo dicho y de lo hecho en estos cuatro años y medio, el día 26 de junio Partido Popular debería ser castigado con severidad por sus electores, en buena parte perjudicados como asalariados y consumidores por su política económica, como contribuyentes por sus medidas fiscales y como ciudadanos por el recorte de derechos civiles y su autoritaria y opaca manera de gobernar, pero es de temer que no sea así, pues España es un país bastante raro por sus estructuras políticas y por la conducta de sus ciudadanos. Las primeras son formalmente representativas, pero, en realidad, tras el objetivo de facilitar gobiernos estables, consolidan un régimen oligárquico y crecientemente plutocrático, y respecto a los segundos, una proporción no desdeñable y numéricamente decisiva de los electores ofrece preocupantes muestras de vivir de espaldas a nuestra historia, al no haber comprendido la importancia de los derechos civiles ni haber asumido de forma consciente los derechos y deberes del ciudadano moderno, que es el único soberano. Claro está que los partidos políticos han ayudado poco en esa necesaria función pedagógica, sin la cual difícilmente puede existir un régimen democrático digno de tal nombre, y que el Estado, siempre cicatero con los derechos de los gobernados, ha contribuido bastante a perpetuar esa minoría de edad y procura mantenerlos en la ignorancia penalizando la educación y la cultura y ofreciendo, con la eficaz colaboración de la iniciativa privada, pan y circo, o mejor dicho mermadas raciones de pan pero generosas sesiones de circo, o sea, elevadas dosis de propaganda, mucho futbol y programas de evasión y de intrascendente cotilleo televisivo.

Entre tanto, los sondeos preelectorales dan como primera fuerza en número de votos al Partido Popular… a pesar de la herencia de Rajoy.

España es un país muy extraño.


Notas

1. Otras cifras y la marcha de la legislatura se pueden seguir en otros números de la revista: “La derecha que viene”, Trvs 24; “El programa de Rajoy”, Trvs 26; “Instalados en la crisis”, Trvs 31; “Post data”, Trvs 35; “Esto se acaba”, Trvs 36.