Trasversales
José Luis Mateos


Del apoyo a la querella a ser querella


Revista Trasversales número 37, febrero 2016

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José Luis Mateos es patrono de la Fundación Andreu Nin y miembro de la CEAQUA




Casi 6 años han transcurrido desde que en abril de 2010 el Juzgado Criminal y Co­rreccional nº 1 de Buenos Aires abriese la causa 4591/2010 por crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo. Es bueno saber que constituye la única denuncia vi­gente contra dichos delitos, la única que, de momento, cuenta con 19 imputados. Para la gestión y seguimiento de la Querella surgió la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA, en adelante).

Tampoco está de más recordar los fundamentos jurídicos desarrollados por diferentes organismos internacionales y recogidos por la CEAQUA. En los juicios de Nüremberg, realizados para juzgar el genocidio nazi, se definieron los crímenes contra la humanidad como el "asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil, o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos, cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de guerra". Posteriormente, el Estatuto de la Corte Penal In­ternacional estima que estos crímenes suponen "la comisión como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil -multiplicidad de víctimas-, y con conocimiento de dicho ataque". La característica principal de estos crímenes es su naturaleza imprescriptible, tal como ha sido recogido en la Convención sobre Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, de 26 de noviembre de 1968, que señala en su artículo 1 que estos delitos "... son imprescriptibles cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido".

Conocida es la posición del Gobierno español al respecto y en paralelo la de la Ad­ministración de Justicia. Así, resalta la vigencia de la Ley 46/1977 de Amnistía (cuando en las Cortes de 1977 la izquierda avaló la llamada Ley de Amnistía -Ley preconstitucional-, lo hizo en la creencia de que el ejercicio de la oposición a la Dictadura franquista dejaba de ser delito cuando en realidad se estaba amnistiando a los victimarios); la prescripción de los delitos cometidos por el tiempo transcurrido; la estimación de que los crímenes de desaparición forzada, tortura o asesinato no fueron sistémicos sino aislados; la negación de la concurrencia jurisdiccional remarcando la primacía de la Justicia española para juzgar los mismos y, por último, una consideración de naturaleza no jurídica y estrictamente política: cualquier acto de justicia al respecto pondría fin a la reconciliación entre los españoles, abriendo espacios a nuevas formas de confrontación.

Todo un argumentario descabellado y políticamente comprometido con la vigencia de la impunidad. No sólo rechaza la legislación internacional sobre la materia sino los mismos compromisos contraídos por el Estado español e, incluso, la propia Constitución en lo que se refiere al acceso a la Justicia y a la conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En consecuencia y en aplicación de las normas relativas a la Justicia Universal, la Justicia argentina asumió la querella presentada ante esa jurisdicción por distintas víctimas del franquismo y asociaciones vinculadas a la memoria histórica. A esta querella se han incorporado posteriormente otros querellantes, familiares de bebés robados, ex presos y ex presas políticas, víctimas del trabajo esclavo, descendientes de fusilados, de exiliados…

El Comité de Derechos Humanos de Na­ciones Unidas, en su sexto informe periódico sobre España (junio 2015) "…reitera su recomendación en el sentido de que se derogue la Ley de Amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado parte debe impulsar activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado. El Estado parte debe velar porque en estas investigaciones se identifiquen a los responsables, se los enjuicie y les impongan las sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas…". En fin, la Dictadura franquista no es amnistiable pero… España ni juzga ni deja juzgar.

Con el transcurso de tiempo la "querella argentina" ha permitido visibilizar a las víc­timas, poner en evidencia al Estado es­pañol ante los organismos internacionales de derechos humanos e incluir, parcialmente, en la agenda política, el asunto de la impunidad heredada del franquismo. Sin embargo, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición siguen siendo aspiraciones de resolución incierta. En su actividad la CEAQUA se esforzó en configurar un espacio social de solidaridad con la "querella" además de estimular el compromiso de numerosas instituciones representativas (ayuntamientos, parlamen­tos autonómicos), todo ello bajo la fórmula de "apoyo a la querella". Ahora, desde la óptica de la CEAQUA, no se trata tanto de apoyar la querella como de ser querellante. Veamos.

a) Aunque sólo sea de forma parcial y desi­gual, la impunidad del franquismo ha adquirido una dimensión, social y mediática, superior a lo previsible pero todavía inferior a lo deseable. El Gobierno y la Justicia española siguen ignorando y excluyendo de la agenda política el reconocimiento de las víctimas, sabedores de que se mueven en un terreno árido y con un comprometido asunto que pone en evidencia la propia naturaleza del régimen de la Tran­sición.

b) Las movilizaciones sociales de los últimos años y las profundas demandas de cambio político convierten la eliminación de las pervivencias del franquismo en un componente del mismo y deseado cambio. Es el momento de que los nuevos y renovados ayuntamientos y parlamentos autonómicos se comprometan a fondo, con la liquidación del déficit democrático que padece la sociedad española. Recordemos, pues, que una política democratizadora no puede ignorar la asociación entre el cambio y la memoria.

c) La impunidad es una construcción política deliberada y alimentada con una práctica cotidiana, de ideas, normas, representaciones, comportamientos que impregnan diferentes esferas de la vida cultural, social y política. Pero una "construcción política" se desmonta con otra política, en este caso, impulsada desde las instituciones democráticas y representativas.

d) Más allá del impacto y contribución de la "querella argentina", es una evidencia que el fin de la impunidad se tiene que producir en este país y no allende los mares. Es la Justicia española, las instituciones españolas y la legislación española las que deben modificarse y actuar en consecuencia. Es por ello que las querellas contra el franquismo y sus pervivencias deben tomar cuerpo en los Juzgados territoriales correspondientes de este país.

e) Las corporaciones municipales y asambleas autonómicas con el requerido celo democrático, pueden erigirse en bastiones democráticos que actúan –judicialmente- en representación de sus vecinos y vecinas represaliados por el franquismo, sin olvidar a los numerosos alcaldes, concejales y empleados públicos, muchos de ellos y ellas condenados y/o fusilados en función de su cargo y compromiso.

f) Muchos pensamos que la impunidad del franquismo constituye el elemento cohesionador del bloque social dominante. En tor­no a la misma, se generan complicidades, se articulan intereses y se desarrollan prácticas de dominación sobre bienes y personas. Su hegemonía requiere de una cierta aceptación social que sitúa en la esfera de lo secundario o accesorio los efectos de di­chas prácticas. Que no parezca que tienen dueño y promotor, que se oculte que proceden de un cuerpo social minoritario y organizado. Es, a fin de cuentas, una forma de conspiración contra la mayoría social, de la misma forma que el olvido y la reconciliación no son instrumentos asépticos ni mecanismos neutros. La supuesta equidistancia oficial entre víctimas y victimarios, la preeminencia de las víctimas de ETA sobre otra clase de víctimas y el cuento de una transición regalada sin el protagonismo de las clases subalternas y de una juventud combativa, es el relato justificativo y legitimador de privilegios, ventajas sin cuento y situaciones efectivamente monstruosas.

Desde la CEAQUA animamos a los Ayun­tamientos y Parlamentos autonómicos a cons­truir otra realidad, a impulsar nuevos compromisos con la verdad, la justicia y la reparación. La elaboración de Planes o Proyectos integrales, municipales o autonómicos de memoria democrática han de ser celebrados, la apertura de Oficinas de atención a las víctimas, la recuperación de la tímida e insuficiente Ley 52/2007 de Memoria Histórica, la decisión de erradicar del patrimonio cultural y urbano la nomenclatura fascista/franquista será, igualmente, bienvenida. En fin, pasar de apoyar a la querella a ser querellante contra el franquismo (Pamplona, Zaragoza y Rivas-Vaciamadrid ya lo han hecho). Pero ¡atención! Todo esto no se hará sin ruido mediático y, en consecuencia, sin conflicto social. Para la caverna de este país es un asunto innegociable, tabú. Sin duda les molesta y les inquieta la remunicipalización de un servicio público determinado, les dificulta una oportunidad de negocio la recuperación pública de la limpieza municipal o la recogida de residuos urbanos, les incomoda la no privatización de aquello que tenían previsto, convertirían en drama la derogación de la reforma laboral, dirían que la negociación colectiva destruiría el empleo. Pero sabrían llevarlo, formaría parte de las pérdidas tolerables.

Pero lo que bajo ningún concepto podrán aceptar es que la impunidad del franquismo deje de impregnar y modelar al conjunto de las relaciones sociales. La impunidad del franquismo es tan estructural como la co­rrupción, es el ADN del régimen de la re­forma. Sin aquellas castas parásitas educadas para gobernar y dirigir el país, depredadoras de lo público, que no saben vivir sin las instituciones puestas a su servicio, sin un aparato de estado autoritario, las ventajas que el franquismo les proporcionó siguen siendo un todo. Para estos grupos, cualquier ampliación de la democracia tendrá un carácter apocalíptico.

Los Ayuntamientos modificarán el nombre de las calles, retirarán monumentos ignominiosos, cambiará, en definitiva, el decorado urbano y sin duda, lo celebraremos y nos felicitaremos por ello. Pero no necesariamente implicará el fin de la impunidad.

Madrid, 5 de febrero de 2016.



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