Entre los cuartos trimestres de 2007 y 2015 el número de hogares sin ingresos aumentó en 380 mil (+87%). Hubo 2,6 millones menos de personas ocupadas (-13%) y se perdieron 2,1 millones de empleos asalariados (-12%). El número de parados aumentó en 2,8 millones (+146%). El número de parados que habiendo trabajado antes llevan más de un año sin empleo subió 1,8 millones de personas (+350%). El número de personas asalariadas a tiempo completo disminuyó un 17%, el número de las que trabajan a tiempo parcial, muy mayoritariamente mujeres, aumentó un 20%. El número de hogares con al menos una persona desempleada aumento 2,1 millones (+125%). El número de jóvenes ocupados con edad entre 16 y 34 años disminuyó 3,5 millones (-43%), y sigue bajando, ya que en 2015T4 había 54 mil empleos "jóvenes" menos que un año antes.

Entre los cuartos trimestres de 2008 y 2015 el porcentaje de horas extras realizadas y no pagadas pasó del 41% al 54%. El número de horas trabajadas en una semana por toda la población ocupada disminuyó un 12%. Entre 2008 y 2014 el riesgo de pobreza pasó de un 19,8% a un 22,2%, y de un 26,8% a un 30,1% para menores de 16 a­ños, en espera de los resultados de 2015. En hogares con un adulto y niños pasó de un 45% a un 53,3%. La pobreza energética pasó de un 5,9% a un 11,1%. Asistimos a una marcada feminización de la pobreza y a una creciente incidencia de ésta sobre la juventud.

En ese mismo periodo la renta media por persona ha disminuido, en poder adquisitivo, un 6,2%. Además, esa caída ha sido tanto mayor cuanto menor era el nivel de renta: así, por ejemplo, si en 2008 para abarcar al 10% de población de menor renta había que incluir las rentas anuales por unidad de consumo de hasta 6250 euros, en 2014 eso se obtenía ya al alcanzar los 5100 euros, ¡que equivalen a 4700 euros de 2008! En ese periodo, la remuneración total de las y los empleados habría disminuido un 12,3%. Y, según la Conta­bi­lidad Nacional, el número de horas de tra­bajo habría disminuido 6016 millones. De ellas, 5245 millones se habrían perdido en horas de trabajo asalariado, lo que viene a equivaler a unos tres millones de empleos a tiempo completo.

Los desahucios no han dejado de causar un estrago social intolerable, tanto los hipotecarios, en leve disminución (según el INE el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas y registradas sobre viviendas urbanas pasó de 13.730 en 2014T3 a 11.584 en 2015T3) como un creciente número de desa­hucios por alquiler y de desalojos por ocupación. Según El Mundo, entre Endesa e Iberdrola hicieron más de medio millón de cortes de luz por impago en 2015, a los que habría que añadir los que haya llevado a cabo Gas Natural y otras empresas de menor dimensión.

Según la estadística "Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias" de la Agencia Tributaria, en 2007 un 27% de la población perceptora de salarios lo había hecho por un monto inferior al salario mínimo en cómputo anual; en 2014, eran el 35%. El ingreso medio de ese sector de la población habría caído, en valor real, en torno a un 7% o más; por el contrario, el ingreso salarial medio de quienes ingresaron más de 10 salarios mínimos habría subido por encima de un 4% en términos reales.

Pero eso no es todo. Quizá tan grave sea el proceso de degradación del "salario social", el grave deterioro de los sistemas de protección social, en términos de atención, de prestaciones y de derechos. Tal vez lo más notorio es el proceso de recortes en el sistema sanitario público, en el periodo 2012-2015, y su manipulación como fuente de ele­vados ingresos para grupos capitalistas ligados a muchos de los gestores políticos: recorte presupuestario y de personal, privatizaciones, subutilización de recursos hospitalarios públicos y derivación hacia clínicas privadas, exclusión sanitaria, copagos, etc. Pero también hemos vivido un creciente abandono del sistema educativo público, especialmente en las comunidades gobernadas por el PP., en favor de la enseñanza privada y de la privada pagada con fondo públicos ("concertada", incluyendo a los centros sectarios que separan por sexo). El sis­tema de atención a la dependencia no cumple las funciones que le corresponde en el marco de la ley de 2006, que por otra parte ya era insuficiente por no impulsar un sistema público de cuidados. A finales de 2015 la Coordinadora Estatal de Plata­formas en Defensa de la Ley de De­pendencia del Estado Español señalaba los recortes presupuestarios, la rebaja del nivel mínimo de atención (-13%), la supresión del llamado nivel acordado, la desposesión a más de 83 mil personas de la calificación de "gran dependiente" o la existencia de casi 400 mil personas sin servicio ni prestación pese a que por ley tienen derecho a ser atendidos.

El sistema de pensiones ha sufrido dos durísimas contrarreformas, la Ley 27/2011, dañina especialmente para las franjas de población que no tienen largas carreras de cotización (por tanto, especialmente para las mujeres) y la Ley 23/2013, un ataque en toda regla al poder adquisitivo de las pensiones actuales y futuras, aunque sus efectos no se hayan aún sentido plenamente a causa de la baja inflación y a que una parte de esa ley empieza a aplicarse en 2019. Durante su mandato presidencial Rajoy ha sacado unos 50 mil millones de euros del Fondo de Reserva de las pensiones.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, ha disminuido la tasa de cobertura, es decir, la proporción de personas desempleadas que cobran prestación: el Ministerio de Empleo da datos al respecto, limitados a la población desempleada, registrada y que tuvo antes empleo: su cobertura pasa de un 71% en 2007 (media anual) a un 56% en 2015 (media enero-noviembre), que vendría ser un 44% medido sobre el conjunto de la población en paro. Además, cada vez tienen menos peso las prestaciones contributivas: en 2007 representaron un 55%, en 2015 un 38%, pasando por 2011, en que eran un 47%.

Los servicios sociales han carecido de los medios necesarios para afrontar la situación de emergencia social que vivimos des­de hace añosy su actuación se basa en gran medida en la arbitrariedad, en la lentitud, en normativas. La Asociación Nacio­nal de Directoras y Gerentes de Servi­cios Sociales habla de "vaciamiento del derecho a los ser­vicios sociales" y estima que desde 2009 la inversión en servicios sociales se ha reducido un 11%.

Y esto no es todo. La reforma de la Ley de Montes facilita los incendios premeditados, tanto por disminuir las funciones de los agentes forestales como por abrir la mano a la recalificación de los montes quemados. La Ley de Costas desprotege el litoral y, como denunció Greenpeace, contempla "la costa como lugar a ocupar, incluso por industrias contaminantes, en vez de como espacio a proteger". La Ley 11/2015 ha restringido aún más el derecho al aborto. Es imposible describir brevemente todo lo ocurrido en el sistema legislativo y en su aplicación, las sucesivas reformas laborales, la disminución de recursos en la lucha contra la violencia de género, el "impuesto al Sol"... Todo ello en medio de una orgía de corrupción política-económica y de un ministerio de Hacienda muy comprensivo con los ricos y que pretende imponer una multa de 24.000 euros a una pensionista que cobró 1100 euros por una clase de manualidades que dio.

Desde el poder se ha cerrado la vía a un diá­logo en torno a la "cuestión catalana", con la sentencia del Tribunal Cons­titucional cargándose el Estatut, con los as­pectos de la Ley Wert referentes a la po­lítica de inmersión lingüística, con la sa­tanización del independentismo y con a­me­­nazas de uso del artículo 155 de la Cons­­­titución y las nada inocentes referencias a 1934, año en que el Ejército tomó Ca­taluña y el presidente de la Generalitat, Com­panys, fue detenido, situación en la que siguió hasta la victoria electoral del Frente Popular en 1936, aunque posteriormente fue fusilado por asesinos franquistas.

Como no podía dejar de ocurrir, una represión social de tal alcance ha ido acompañada de una política sistemática de recortes de libertades y de represión de las protestas. Si tras el 15M nos enfrentamos a centenares de multas, muchas de ellas rechazadas luego en los tribunales, luego hemos vivido un conjunto de cambios legislativos autoritarios, tales como la Ley de Segu­ridad Ciudadana ("ley mordaza") o la reforma del Código penal, en la que se considera terrorismo los "desórdenes públicos" cometidos para "obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse", lo que podría llevar a considerar terroristas a activistas sociales que protestan contra una ley. En torno a 300 sindicalistas están procesados por su papel activo en las huelgas, y en mi barrio, y en otros, viven varias magníficas personas a la espera de juicio, con duras peticiones de cárcel por haber defendido pacíficamente el derecho a alguna familia a tener un techo bajo el que dormir. También han sido procesadas, por ejercer la libertad de expresión, feministas, titiriteros, etc. La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal hace casi imposible el desarrollo adecuado de la instrucción en casos complejos de corrupción, delitos medioambientales, etc. La Fiscalía del Estado ha parecido ser "abogado defensor" en ciertos casos en los que están implicadas personas de la muy "alta sociedad".

La modificación del artículo 135 de la Constitución, con la que Zapatero pasó el relevo a Rajoy, anunciaba que los recortes iniciales, presentados como medidas provisionales, daban paso a un ataque en todos los frentes y a la instalación de un "régimen de emergencia" para imponer un retroceso social y político duradero, cuyo alcance, en realidad, equivale a una regresión de alcance "constituyente" en su contenido material, aunque formalmente sólo se haya cambiado un artículo de la Constitución.