El Partido Popular, derrotado por el rechazo popular a una revisión general de la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo, ataca de nuevo, con una revisión parcial. Con ella, pretende que las jóvenes de 16 y 17 años no puedan abortar sin el consentimiento de sus representantes legales.

Según la legislación vigente, "En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas ", aunque "Al menos uno de los representantes legales (...) deberá ser informado de la decisión", salvo cuando a la joven esto "le provocara un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo".

Con la proposición de ley presentada el Partido Popular, derrotado por la lucha democrática de las mujeres y de la sociedad en general contra el "proyecto Gallardón", quiere tomarse revancha para asegurarse el voto de la extrema derecha y porque cree, en base a algunos sondeos, que en esta medida sí cuenta con el apoyo de una mayoría social.

Al Partido Popular como tal no tenemos nada que decirle. Es un partido reaccionario, extremista, confesional, contrario al derecho a decidir de las mujeres. Sin embargo, sí queremos dialogar con las personas que, reconociendo en general el derecho al aborto, contestan "Sí" a la pregunta de si las jóvenes de 16 y 17 años deben tener el permiso de su padre o madre para hacerlo. A ellas nos dirigimos.

Entendemos que muchas de estas personas, que pueden ser tolerantes y abiertas, lo que en realidad quieren decir es que les gustaría conocer que sus hijas están en esa situación para poder ayudarlas, apoyarlas, aconsejarlas, etc. Que le guste eso, está bien, que quiera imponerse contra la voluntad de la hija ya es bastante discutible. Pero en todo caso, en la gran mayoría de los casos ese conocimiento está garantizado por la ley, ya que se requiere la información al menos a un(a) representante legal, lo que, según los últimos estudios realizados, se cumple en el 88% de las interrupciones voluntarias del embarazo de jóvenes de 16 y 17 años, que no sólo informan sino que también acuden acompañadas por al menos un(a) tutor(a).

Así que si ustedes tienen buenas relaciones con sus hijas no deberían preocuparse de que vayan a abortar sin su conocimiento y apoyo, ya que usted lo sabrá y las podrá acompañar. Miente por tanto la exposición de motivos de la proposición del PP al decir que la legislación actual impide que las menores puedan contar con "la asistencia de quienes ejercen su patria potestad".

¿Pero qué pasa en el 12% de casos en los que no se produce tal información? Pues que se trata de situaciones de peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, desarraigo o desamparo, y aquí conviene recordar que el entorno familiar es el principal foco de abusos sexuales contra menores. Ese porcentaje ajusta muy bien con los facilitados por diversos estudios sobre hogares en situación objetiva de violencia en el entorno familiar. El PP además introduce el matiz de que deben dar su aprobación todos sus representantes legales, lo que crispará aún mucho más la situación en circunstancias como aquellas en las que el padre ejerce violencia tanto sobre la madre como sobre las hijas.

Imponer esos entornos "familiares" que los culpables de esa violencia deban ser informados y puedan anular la voluntad de la joven sólo puede incitar a más violencia o a abortos clandestinos. En esto hay que decir con claridad una cosa: quienes voten a favor de la propuesta del PP o la apoyen socialmente tendrán una parte de la culpa en cada caso en que una joven sufra agresiones y coacciones físicas o psicológicas por parte de su familia al enterarse de que está embarazada, y tendrán toda la culpa en cada caso en que una joven opte por un aborto clandestino. No se puede legislar sin asumir las consecuencias de lo que se decide.

Otro punto de vista alegado por personas habitualmente razonables y que sin embargo ven bien que las jóvenes de 16-17 años necesiten el permiso de sus "representantes" para abortar es el sanitario. Hace algunos días una persona de ese tipo, en otros temas muy demócrata, nos dijo que quería tener algo que decir y evaluar las alternativas si su hija iba a pasar por una intervención, ya fuese un aborto o una operación de corazón, que eso era lo que le preocupaba. Ya hemos dicho que si su hogar no es un entorno violento y agresivo estará informada, pero además esa frase indica que comete un error por desconocimiento de las leyes, porque precisamente las jovenes de 16 y 17 años tiene y tendrá reconocido en la Ley de autonomía del paciente su derecho a decidir respecto a cualquier intervención médica, salvo ensayos clínicos y reproducción asistida. Por eso, el PP miente descaradamente en la exposición de motivos de su proposición al decir que la legislación supuso una "singularidad", muy por el contrario la ley 2/2010 equiparó el tratamiento dado a las jóvenes de 16 o 17 años respecto al aborto con el que ya tenían, y tienen y tendrán, respecto al resto de las intervenciones sanitarias, muchas de ellas muchísimo más complicadas y de más riesgo que una interrupción voluntaria del embarazo.

En consecuencia, desde un punto de vista sanitario no hay motivo alguno que justifique la "singularidad" restrictiva con la que el PP quiere tratar la interrupción voluntaria del embarazo en jóvenes de 16 o 17 años.

Una tercera justificación utilizada se refiere a la intención de velar por el futuro de la joven, a la que se supone inmadura para ciertas decisiones, aunque pueda ser acusada de delitos o pueda casarse. Suele decirse que, dado que la decisión respecto a la maternidad afectará a toda la vida de la joven, conviene que se tome la decisión desde una mayor experiencia vital. A ese argumento se le puede dar la vuelta, en primer lugar porque al decidir por la joven también están decidiendo por la futura adulta, que tendrá que cargar con una decisión ajena tomada cuando ella estaba ya en un edad suficiente para entender las consecuencias, y en segundo lugar porque tanto la decisión de abortar como la de parir pueden tener consecuencias futuras -sobre todo la de parir-, y sin embargo la ley, muy correctamente, no permite ni permitiría que nadie le imponga un aborto a una joven. Lo que cualquier persona con un mínimo sentido democrático debe entender es que tan monstruoso resulta que se le imponga a una joven de 16 o 17 años abortar como que se le imponga parir contra su voluntad, facilitando abortos clandestinos, autoabortos o incluso suicidios.

Cada persona adulta debe reflexionar sobre cuántas veces, siendo ya adulta, ha tomado decisiones equivocadas, que han perjudicado su vida y la de otras personas. O al menos reconocer que puede equivocarse. No puede crearse un mito sobre la infabilidad de las personas adultas y la incapacidad de las jóvenes; personas adultas y personas jóvenes acertamos a veces y nos equivocamos gravemente otras. No es serio pretender que una persona de 60 años se equivoca menos que una de 40 y que ésta se equivoca menos que una de 20. Eso no quiere decir que no puedan ponerse límites, normas de convivencia familiar y similares, pero en realidad hay mucha soberbia en el hecho de que una persona de 40 años crea que decidirá sobre la maternidad de su hija de 16 o 17 años con más acierto que la propia afectada, que además tendría que vivir el resto de si vida bajo el peso de una decisión ajena. Entendemos que en muchos casos mueve el amor, un sentimiento de protección, pero a veces el amor es ciego y lo que queremos para una persona no es lo mejor para ella.

¿Qué es lo que queda entonces para explicar esa pulsión de control sobre las jóvenes comprendidas entre los 16 años y los 17 años y 364 días? ¿Qué es lo que mueve a la proposición de ley del PP? Pues lo mismo que movió el proyecto de Gallardón, lo mismo que ha movido y mueve a lo largo y ancho del mundo tantas leyes restrictivas sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: la aspiración patriarcal a controlar la reproducción humana y la vida sexual de las mujeres, desde que nacen hasta que mueren. Los antecesores del PP intentaron que en España no hubiese una ley que permitiese el aborto, pero no lo consiguieron; el PP después intentó que no se introdujese un plazo, muy corto por cierto, en el que hay libre decisión, pero no lo consiguieron; tras tantas batallas perdidas tratan ahora de ganar al menos un bastión, de plantar su bandera reaccionaria en la vida de las jóvenes de 16 y 17 años. ¿Vamos a consentirlo o vamos a denunciarlo, a explicar lo que significa esto? ¿Se van a comprometer en esta pelea, clara y abiertamente, en la calle, no sólo con algunas declaraciones, los partidos que aprobaron la ley vigente, empezando por el que la promovió, el PSOE, aunque bastantes de sus viejos dirigentes estén de acuerdo en esto con el PP, o van a considerar que esa batalla sería poco popular y dejarla pasar?

En todo caso, sumémosnos, con o sin los partidos políticos, a la lucha que ya ha reiniciado el movimiento feminista, que no es una lucha particular sino una lucha por la libertad de todas y todos. Paremos otra vez al PP. Hay que echarlos, con la protesta y con el voto.