Decía mi madre, que era de Valladolid, que "los hay tontos, lechuguinos y de cuatro canteros", cuando quería referirse a alguien duro de entendederas. No sé en cuál de estas categorías cabría incluir el decreto del pasado Consejo de Ministros sobre la reforma de las enseñanzas universitarias, pero lo que es innegable es que se trata de uno de los mayores disparates legislativos sobre nuestra educación superior, al mismo nivel que el famoso "calendario Juliano" que el ministro franquista Julio Rodríguez impuso a los estudiantes de nuevo ingreso en el curso 1973-74. En aquel caso, la muerte del entonces presidente del Gobierno, el almirante Carrero Blanco, precipitó la sustitución del ministro y su sustituto tuvo la sensatez de revocar el dislate poniendo las cosas de nuevo en su sitio y consiguiendo que el perjuicio se limitara a un curso de 5 meses para aquellos que ingresaron en la universidad. Mientras que en aquel tiempo la universidad carecía de estructuras formales que le permitieran oponerse a los abusos del Gobierno, hoy en día todavía nos queda algo de autonomía universitaria y disponemos de estructuras como la Conferencia de Rectores (CRUE) que, actuando con responsabilidad, ha logrado un compromiso de todas las universidades para establecer una moratoria en la aplicación del decreto del ministro Wert.

Aunque desde el Ministerio de Educación se aducen razones para el cambio como la "homologación con Europa" o la de "eliminar barreras a la internacionalización", todo el mundo universitario sabe que ambas son falsas. En primer lugar, Europa no es homogénea en ese sentido, y, además, otras áreas del mundo desarrollado con las que nos gustaría incrementar nuestros intercambios, como EEUU y Japón, estructuran sus grados en 4 años como España. Respecto a la internacionalización, hay que señalar que España intercambia una cantidad más que razonable de estudiantes con Europa con el sistema actual y que, de existir algún impedimento a dicho intercambio, éste reside más en la ausencia de oferta docente en lengua inglesa que en la estructura de los estudios. Por consiguiente, si las dos razones principales aducidas parecen ser sólo pretextos para la reforma, cabe pensar en alguna otra intención más o menos oculta. Y es aquí en donde los estudiantes, principales afectados, señalan la derivada más importante del decreto que no es otra que sufragar la universidad a costa de sus bolsillos. Las palabras del ministro diciendo que las familias se van a ahorrar un 25% del coste de los estudios, además de dar vergüenza, ponen al descubierto sus intenciones de reducir el número de estudiantes universitarios mediante el ofrecimiento de un título de grado de 180 créditos ECTS, que todos sabemos que en realidad es una diplomatura de las de antes.

Aunque se ha hablado mucho últimamente sobre la vertiente económica de la reforma, así como de su inoportunidad, pocas reflexiones se han dirigido a analizar la estructura de nuestros estudios universitarios actuales y cómo se gestó. Creo que pocos de los que participamos en la definición de los planes de estudio de los nuevos grados durante la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior negarán que estábamos sustituyendo licenciaturas por grados y que el valor profesional del nuevo título equivaldría al del antiguo. Por otro lado, los estudios de máster no eran sino la antesala del doctorado, que venían a remplazar a la antiguamente denominada "Suficiencia investigadora", sustituida después por el "Diploma de Estudios Avanzados (DEA)".

La implantación de másteres en lugar del DEA tenía la ventaja de que, además de los orientados a actividades de investigación y Doctorado, podían ofrecerse desde la Universidad otros estudios avanzados con una orientación más aplicada hacia el sector productivo. Prueba de todo lo anterior es que la incorporación a programas de doctorado post-DEA tenía como requisito haber cursado un máster, y eso era igualmente válido para licenciados y graduados.

Sorprendentemente, todo ese esquema se ha ido modificando paulatinamente. El nuevo Real Decreto sobre estudios de doctorado introdujo la posibilidad de acceso directo al mismo para los antiguos licenciados que pudieran certificar que en sus estudios habían cursado el equivalente a 60 créditos ECTS (sistema europeo de transferencia de créditos) de nivel de máster, un agravio comparativo para los licenciados que tuvieron que cursar un máster tras sus estudios. La certificación se asignaba a la universidad de origen. Muchas universidades comenzaron a hacer esos certificados de modo general y la situación ha terminado en la aceptación de facto de que un licenciado tiene acceso directo al doctorado sin realizar un máster y sin haber hecho, en la mayoría de los casos, un trabajo experimental de final de carrera asimilable al DEA. En resumen, la equivalencia entre Licenciatura y Grado, y entre Máster y DEA, ha acabo convirtiéndose en una equivalencia Licenciatura = Grado + Máster y desaparición del DEA. Para los que ingresábamos en la universidad en aquel curso de 1973-74 la nueva situación es un déjà vu: 3 años de primer ciclo y dos de especialidad, con acceso al Doctorado sin mayores requisitos. ¿Y para volver al punto de partida era necesario tanto trabajo? Muchos profesionales universitarios han dedicado una parte importante de su tiempo a tratar de mejorar el sistema de enseñanza superior y no merecen sufrir el desprecio hacia su trabajo que manifiesta el Sr. Wert por su solo afán de destruir la Universidad Pública.

El mal está hecho pero sus efectos son todavía evitables. Es hora de que los Rectores, Conferencias de Decanos e incluso asociaciones profesionales empiecen a actuar. Distintos pareceres sobre el tema son perfectamente legítimos y es posible que ciertos estudios no requieran grados de 4 años pero tomémonos al menos un tiempo para ordenar aquello que haya que cambiar. No permitamos que nuestros títulos entren en una subasta de "a ver quién lo hace en menos tiempo y al menor coste" sin importarnos la calidad. No acabemos como si de la licitación de un contrato de recogida de basuras se tratara, cuyo factor determinante es el precio y no el servicio proporcionado.