El próximo 24 de mayo están convocadas las elecciones a las entidades locales y a las comunidades autónomas en un proceso que comienza en Andalucía, sigue en Cataluña para terminar con las generales. Aunque es evidente la importancia de cambiar el signo político de las comunidades autónomas, los ayuntamientos tienen un interés especial. Son las instituciones públicas más cercanas a la gente, que atienden necesidades cotidianas y que mejor podrían permitir una gestión popular.

En España hay 8107 municipios, pero sólo 449 tienen mas de 20.000 habitantes, abarcando a 37 millones de personas, el 78% de la población, mientras que en el otro extremo 6314 municipios con menos de 2000 habitantes tienen alrededor de 3 millones de habitantes, el 6% del total. Una extrema concentración de la población en los grandes municipios con mayor importancia política y muchos pequeños con poca población, aunque esta distribución cambia mucho según la comunidad autónoma de que se trate.

Aunque el 50% del gasto público es de comunidades autónomas y entidades locales, éstas sólo disponen del 11%. El 70% del presupuesto de los ayuntamientos se emplea en gastos corrientes y cerca del 30% en servicios no obligatorios. Una parte de los ingresos, del 25 al 30%, procede de fondos estatales.

En esta situación, la Ley de bases de régimen local de 1985 ha sido modificada por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que recorta competencias municipales entregándoselas a las comunidades autónomas, se eliminan así unas 28, entre ellas casi todas las vinculadas a servicios sociales, enseñanza y sanidad. Sólo permite delegar algunas de las suprimidas si no hay déficit. Son las comunidades autónomas las que aprueban toda iniciativa económica y en los municipios de menos de 20.000 habitantes las Diputaciones asumen los servicios facilitando la privatización de su gestión y dificultando el control ciudadano. Ha sido impugnada como anticonstitucional por todos los grupos parlamentarios salvo el PP y el PNV, porque no afecta al País Vasco; además se han comprometido a su derogación, también ha sido recurrida por varias comunidades autónomas y ayuntamientos. Parece evidente que la política del PP consiste en alejar a la ciudadanía de los servicios más esenciales, burocratizarlos y someterlos a un mayor control político en las Diputaciones y las comunidades autónomas. Esto pone sobre la mesa la necesidad de parar esta ofensiva y revertirla para poner en manos de la gente las decisiones que les atañen.

La corrupción se ha dado en gran parte en los ayuntamientos, están imputados cientos de alcaldes y concejales, corrupciones ligadas a concesiones municipales y sobre todo a procesos inmobiliarios relacionados con la burbuja de la construcción, casos como los de la Gürtel en Madrid o Valencia, o los de la franja mediterránea que ha producido esa aberración de edificios vacíos frente al mar. Es más, la forma de aumentar los ingresos se ha basado en la calificación de terrenos y en permisos de construcción. La manera de evitarlo es el aumento de recursos propios, la transparencia y el control ciudadano, a lo que pueden contribuir secretarios e interventores blindados ante la arbitrariedad, así como la inspección del Estado.

El 15M, las mareas, la lucha contra los desahucios, las movilizaciones feministas, han sido el primer paso de un proceso destituyente que ha confluido con la propia descomposición del sistema: el bipartidismo, ligado a los poderes económicos, ha ocupado el Gobierno y todas las instituciones del Estado, a lo que se añade la oligarquización de los partidos políticos. Esta situación ha producido la corrupción, la traición a las necesidades de la población y la apuesta por las oligarquías financieras y empresariales. Es hora de comenzar el proceso constituyente, transformando el Estado de abajo a arriba. El primer escalón es el de los municipios y el segundo el de las las comunidades autónomas, los resultados incidirán en las generales de otoño. Si se consiguen conquistar ayuntamientos importantes, si se consigue cambiar su funcionamiento democratizándolos y poniéndolos en manos de la ciudadanía, se hará más fácil un cambio de la Constitución escrita y mejorar las condiciones de vida de la población.

Conquistar los ayuntamientos desde candidaturas ciudadanas abre la posibilidad de ayudar y dar un canal a la voz y a la organización de quienes tienen más dificultades, a través de los servicios públicos y sociales, poniendo en marcha de manera inmediata planes de emergencia social frente a la pobreza y la exclusión, partiendo de los medios ya existentes pero usados de otra manera. Igualmente permitirá cambiar nuestras conciencias, implicándonos en lo público y fomentando la participación ciudadana.

Es el momento de agrupar a los movilizados en las luchas y ampliar la llamada a la mayor parte de la población. Hay que saludar e impulsar los procesos que se están dando desde abajo, es ejemplar el de Guanyem, ahora Barcelona En Comú, con participación de fuerzas políticas y ciudadanía. Hay que pedir a las fuerzas políticas y organizaciones que se impliquen y por una vez no intenten controlar convirtiendo las candidaturas en disfraces de sí mismos. Sea como agrupación de electores o como agrupación de partidos, organizaciones y ciudadanos, es necesario concretar ya un programa y una lista para cada municipio, sin más dilaciones, con listas votadas desde la base, equilibradas realmente entre mujeres y hombres, con el compromiso de que quienes sean elegidos puedan ser sometidos a destitución. Listas con programas que lleven en su primer punto la propuesta de cambio del sistema, de dar la palabra a la gente, con consultas presenciales y on line, con presupuestos participativos, que se comprometan a una gestión transparente y descentralizada, con un programa que contenga las reivindicaciones que se han formulado en cada municipio, planteando en primer lugar planes de emergencia social para atender las necesidades básicas de la gente. Se trata de que desde los municipios se fortalezca el tejido social.

Los gobiernos municipales pueden necesitar de pactos, pero los pactos deben ser consultados y apoyados por los votantes de las listas ciudadanas. Lo más necesario es desalojar a los grupos que han producido corrupción y desigualdad, no puede darse que por inacción sigan los mismos.

Es importante lo que suceda en los ayuntamientos grandes, pero la democratización y la implicación ciudadana es más fácil realizarlas en los pequeños municipios, en los que puede haber experiencias muy interesantes.

Esta batalla es colectiva, no la de unas u otras fuerzas políticas. Se abre la posibilidad de coger en nuestras manos nuestros propios asuntos.

A inicios de febrero 2015