La crisis del régimen político en España tiende a convertirse en una tormenta perfecta, donde se combinan múltiples elementos de descomposición institucional que conducen a un escenario lleno de incertidumbre. Un escenario con potencialidades positivas y con riesgos reales.

El fin del consenso social

Uno de los pilares del régimen asociado a la monarquía de Juan Carlos I ha sido la institucionalización del consenso social. Desde los Pactos de la Moncloa de 1978 se visualizó que el régimen era un instrumento de equilibrio entre las mayorías sociales (representadas por agentes institucionales como los sindicatos y los partidos de izquierda) y las élites económicas.

El conflicto resultaba permanentemente regulado, y atenuado, gracias a los intermediarios. Incluso los momentos de mayor tensión, por ejemplo las huelgas generales convocadas por los sindicatos, eran el preludio de una reconstrucción consensual del equilibrio bajo la forma de nuevos pactos y acuerdos. Esa forma de abordar y resolver el conflicto social era consustancial al régimen tal y como lo hemos conocido.

La naturaleza consensual del régimen solo desapareció a medida que la crisis económica se hizo más profunda y los grupos más poderosos iniciaron su ofensiva. En ese preciso momento, entendieron que no había espacio para ningún nuevo acuerdo con los de abajo.

Efectivamente, el ataque directo a los derechos laborales y sociales no podía efectuarse por consenso. Las élites lo quieren todo: precarizar al extremo las relaciones laborales, bajar los salarios reales, redistribuir más regresivamente la carga fiscal, recortar los derechos sociales de educación, sanidad o dependencia, maximizar las ganancias oligopolísticas en los sectores energéticos, telecomunicaciones, etc.

La ofensiva elitista orientada a obtener una redistribución social a favor de los más poderosos no permitía ya institucionalizar el conflicto social. El papel desempeñado por los intermediarios sindicales cae estrepitosamente.

El giro antisocial de Zapatero en mayo de 2010 y la reforma constitucional pactada por PSOE y PP en 2011 son puntos de inflexión de este cambio de naturaleza del régimen. Con el gobierno Rajoy las consecuencias de esta nueva naturaleza se hizo evidente para todo aquel que quisiera entenderlo.

No es fácil advertir en qué momento la gente empezó a ser consciente del final de etapa. Pero resulta evidente que la creciente precarización laboral y los recortes sociales fueron destruyendo la imagen del régimen como lugar de encuentro entre todos.

En la calle se comprendió que la gente se ha quedado sola, que los instrumentos de regulación social habían quedado vacíos de contenido y que los presuntos representantes de la mayoría social o se han pasado al otro lado o resultaban impotentes. Por no mencionar al PSOE, vemos actualmente a CCOO y UGT desenvolverse como maquinarias zombies, juguetes rotos que no consiguen integrarse en una etapa donde su papel de regulador institucionalizado del conflicto ha dejado de ser posible.

Un movimiento social tan poderoso como el 15-M vino a intervenir en ese proceso de desarrollo de la conciencia colectiva como un factor de empoderamiento popular. El 15-M debe entenderse como un llamamiento a la reapropiación colectiva de lo común frente a los procesos de desposesión. Frente a la lógica individualizadora del capitalismo, puso en la calle la lucha por una doble necesidad: la profundización democrática y poner la economía al servicio de las necesidades reales de las personas.

El 15-M marco el cambio de época. Abrió un espacio heterogéneo, complejo, de múltiples voces, sin líderes, receloso de las organizaciones, radical y pragmático, re­for­mista y revolucionario. Rompió la sensación de pasividad ante el deterioro de las condiciones de vida e impulsó la con­vicción de que todos somos responsables de lo que pasa. Por ello, instauró un llamamiento a ser autónomos, a no esperar a que dirigentes políticos o sindicales abrieran espacios a la protesta, a actuar a partir de la voluntad de quienes quieren hacerlo. También aportó visibilidad social sobre los problemas, precarizacion, desahucios, etc., que no formaban parte de las agendas políticas.

El 15-M fue decisivo para preparan subjetivamente la lucha contra las nuevas agresiones que se ponían en marcha. Es a partir de esa experiencia colectiva como puede entenderse los nuevos métodos de lucha social que se han puesto en marcha para enfrentarse a las feroces agresiones emprendidas por el gobierno Rajoy.

Tras la gran ola del 15-M, llegaron las ma­reas y las marchas como expresión de am­plias formas de unidad popular para defender lo común. Experiencias autoorganizativas como la PAH y tantas otras. Y, también, el renacimiento de las luchas en barrios y pueblos, como en Gamonal, in­ten­tando reapropiarse de lo más cercano.

La resistencia a los recortes sociales no ha sido protagonizada por los intermediarios poíticos y sindicales, sino por movimientos masivos, construidos en gran parte desde abajo, derivados subjetivamente de la gran ola del 15-M.

El juego del bipartidismo en cuestión

Otro de los pilares del régimen ha sido el juego bipartidista.

Tras el fracaso del primer bipartidismo entre UCD y PSOE, a comienzo de los años ochenta, el régimen dio paso al actual bipartidismo, un continuado reparto del poder entre PSOE y PP. Es cierto que en sus márgenes había un papel para el nacionalismo conservador vasco y catalán, o para una izquierda de origen comunista impotente, que jugará como adorno plural del juego.

La Constitución de 1978 generó una democracia electoral, meramente electoral, ni representativa ni, por supuesto, participativa.

Los regímenes de democracia electoral, no solo en España, tienden a convertirse en oligarquías políticas. Aunque frente al régimen franquista suponía una forma democrática, resulta notorio que no por ello deja de ser una degradación del propio concepto de democracia, incluso de la llamada democracia representativa.

En las democracias electorales el poder del pueblo se ha convertido esencialmente en la posibilidad de cambiar periódicamente el gobierno mediante un voto por sufragio universal. La delegación efectiva no se hace a representantes concretos sino a un partido político ya que, aunque formalmente se eligen representantes, éstos son un mero instrumento para elegir a quienes gobiernan. Más que un régimen parlamentario, lo que existe es un régimen electoral de elección del ejecutivo, con un papel fundamental de los aparatos de los partidos.

Los votantes no eligen representantes ni son ciudadanos con capacidad de influir en el poder. Junto a los elementos comunes con los regímenes oligárquicos europeos, también existen rasgos específicos, relacionados con el origen franquista de la elite política de la derecha, la temprana vinculación de muchos políticos profesionales a grupos particulares de intereses o la escasa capacidad de regenerarse.

La crisis del bipartidismo PP-PSOE es un elemento muy sustantivo de la degradación del modelo que viene acompañada por el desprestigio de otras instituciones del Estado. El rechazo en la calle ha precedido a los síntomas de deterioro electoral serio, en las elecciones europeas de 2014.

Las causas del cuestionamiento del bipartidismo responden a una acumulación de factores. Por supuesto, la corrupción es un aspecto significativo. Pero mucho más importante me parece el efecto que la ofensiva austericida ha tenido, al revelar la similitud de sus objetivos sociales y económicos, a pesar de las diferencias ideológicas, y su solidaridad de fondo en la forma de salir de la crisis. Esa identidad sustancial se hizo manifiesta con la reforma del artículo 135 de la Constitución. La gente empezó a visualizar a los dirigentes del PP y del PSOE como representantes de las empresas del IBEX 35.

La crisis del bipartidismo es, por supuesto, también una ruptura del eje derecha/iz­quier­da sobre el que se ha constituido el bipartidismo en nuestro país y una quiebra parcial de los simbolismos asociados a ese eje.

Desde el 15-M, la emergencia de una lógica arriba/abajo (que es una dialéctica entre élites y mayoría social) ha expresado la potencia radical que puede nacer de esa crisis del juego bipartidista. A medida que la gente deja de estar encerrada en esquemas ideológicos prefigurados es más probable que contemple otra verdad, la del dominio inaceptable de una minoría social. Por eso, el resultado de Podemos en las elecciones europeas ha provocado un cataclismo que excede notablemente a los votos realmente obtenidos, al incorporar a un nuevo agente, no oligárquico, al juego político.

La desafección catalana

Otro elemento central y constitutivo del régimen ha sido la congelación del llamado problema nacional. La Constitución de 1978, incapaz de afrontar directamente la identidad plurinacional del Estado español, puso en manos de los agentes políticos una negociación permanente de financiación, com­petencias y distribución del poder entre las élites políticas centrales y locales. Ello ha dado lugar a un proceso inacabable de construcción del Estado de las autonomías.

Un primer aviso de la inestabilidad de la so­lución adoptada la proporcionó el plan Ibarretxe, que fue el primer cuestionamiento del modelo nacido en el 78 respecto al problema vasco. Todo pudo ser reconducido desde el régimen sobre la base de un consenso de fondo entre el PSOE y el PP, sa­biendo que detrás del PNV no había en aquel momento tanto un movimiento popular como un proyecto de partido y que, mientras no llegase el final definitivo de ETA, seria sencillo aplazar el debate nacional.

Pero el problema catalán se ha desarrollado de una forma radicalmente diferente y sobre una base social muy distinta. El primer aspecto es la aparición de un movimiento mayoritario en la sociedad catalana por el derecho a decidir. Y, al mismo tiempo, un masivo, y novedoso apoyo al

independentismo en la sociedad catalana, so­portado en capas sociales muy diferentes a las del tradicional nacionalismo catalán. Muchos catalanes que probablemente nunca han sido ni aún hoy se sienten nacionalistas apoyan el derecho a decidir y la independencia.

Todo ello es el producto de un cambio social masivo desde abajo. Artur Mas y CiU intentan cabalgar un tigre que no controlan.

Por primera vez, un movimiento de masas cuestiona uno de los elementos básicos del régimen, la unidad indisoluble de la nación española.

Por sí solo, el problema catalán desestabiliza el régimen del 78.

Además, la movilización social de la sociedad catalana es compleja. Presenta una articulación recientemente conflictiva entre el plano de la unidad nacional catalana (el proyecto de CiU-ERC) y el plano arriba / abajo que puede hacerse más presente cada vez, a medida que la población catalana interiorice la corrupción del clan Pujol y la solidaridad de fondo entre el proyecto de CiU y el del PP-PSOE sobre los recortes sociales.

La aparición de una nueva sensibilidad social que aúna la defensa del derecho a decidir con la defensa de un proyecto social a favor de la mayoría facilitaría enormemente situar los derechos democráticos defendidos desde Cataluña en el marco de un proceso de instaurar una soberanía social constituyente en el conjunto del Estado.

La monarquía ya no es popular

Conviene hacer una breve referencia a un último elemento de la tormenta perfecta del régimen, la forma de Estado.

La acelerada abdicación de Juan Carlos I y la entronización de Felipe VI se ha producido en las condiciones de un distanciamiento masivo entre amplios sectores de la población y la institución monárquica. Por supuesto, factores como el comportamiento del monarca abdicante y su entorno familiar han tenido un significativo papel en la radical caída de popularidad de la institución monárquica.

Pero hay algo más. La monarquía juancarlista no ha sido tanto un autentico árbitro como un instrumento simbólico de la articulación entre los pilares del régimen del 78 (consenso social, bipartidismo imperfecto, estado autonómico). El nuevo rey aparece hoy como una pieza sin papel definido en el tablero, incapaz de representar adecuadamente un papel simbólico profundamente deteriorado.

La pérdida de apoyo popular de la institución monárquica plantea la cuestión de si podría desarrollarse en España un movimiento republicano.

La propuesta de un referéndum monarquía/república aparece en el momento presente como una alternativa claramente insuficiente respecto a la acelerada pérdida de legitimidad del régimen. Parece claro que cada vez más gente cree que la forma del Estado debe ser objeto de una consulta popular pero, al mismo tiempo, la sensación de crisis política es tan profunda que se entiende que esa mera consulta no resolvería ninguno de los problemas de fondo. Hay muchas otras cuestiones sobre las que decidir mas allá de la forma del Estado, para empezar si las instituciones están al servicio de la mayoría o de una elite.

Estas circunstancias hacen muy difícil que un movimiento meramente republicano pueda emerger si no va acompañado de un proyecto social y constituyente.

Además hay otra razón. La izquierda que se siente republicana, especialmente en IU, asocia la República con elementos simbólicos como la bandera tricolor, la experiencia de la II República o las limitaciones democráticas de la transición. Cualquiera de esas asociaciones puede ser un obstáculo para construir una mayoría social republicana ya que esta tendría, necesariamente, que incorporar capas enteras de la población que, por edad o por otras razones, carecen de apego a esos elementos simbólicos.

Las razones para defender la opción republicana no son históricas, sino imbricadas en las necesidades de democratizar el conjunto del modelo político español. Pero la vieja izquierda, fuertemente apegada a su simbología, sigue sin comprender que sólo mediante procesos trasversales, de articulación de mayorías, puede desarrollarse un movimiento que aspire a ser hegemónico.

A pesar de ello, me parece que no es descartable la aparición en el movimiento democrático emergente en España de un componente republicano como expresión de la pérdida de legitimidad de la institución monárquica. Pero probablemente los republicanos del futuro serán, cada vez más, republicanos sin banderas tricolores.

El ocaso del régimen

Toda la apariencia de solidez del régimen, largamente cuidada a lo largo de las pasadas décadas, está hoy en entredicho. El entramado constituido para la superación del franquismo aparece hoy como una democracia electoral corrompida por la dominación de las élites sociales. Se manifiesta una notoria y creciente deslegitimación de sus instituciones y un extenso descrédito del modelo bipartidista en el que se ha asentado.

En su cuarta década de vida, el régimen parece condenado al cambio Pero no es posible predecir si será sustituido por un régimen más autoritario, heredero de sus peores rasgos, como pretenden las élites, o se producirá un proceso constituyente democrático. Esa es la batalla que se avecina.

Los partidos del régimen oscilan en estos momento entre un mero mantenimiento de su carcasa formal, aunque en lo sustancial ya sea diferente, o una reforma constitucional llevada entre ambos para mantener el dominio de las élites y grupos económicos dominantes en la sociedad española.

Asumiendo que estamos ante el ocaso de un régimen, la cuestión estratégica básica consiste en apoyar todo aquello que facilite una acumulación de fuerzas para la salida más favorable a la mayoría social.

Para orientarse hacia este ocaso del régimen parece conveniente no perder varios puntos de perspectiva muy importantes..

- El régimen va a cambiar. De hecho ya ha cambiado en gran medida su significado material. Pero el cambio no es necesariamente positivo. Existe el proyecto de las elites de recomponerle en un marco más autoritario, más centralista y puesto plenamente al servicio de sus intereses. Por tanto, ser consciente de su ocaso no nos puede llevar necesariamente al optimismo.

- El mantenimiento de la presión en la calle y de la autonomía de los movimientos de resistencia contra la ofensiva elitista es esencial. Nuestro poder en las calles seguirá marcando en gran medida las posibilidades de detener las agresiones y es un factor esencial de la acumulación de fuerzas desde abajo.

- Las próximas elecciones municipales constituyen un terreno especialmente favorable para experiencias unitarias municipalistas, capaces de aglutinar la indignación social en un proyecto de poder local. Guanyem Barcelona es la experiencia paradigmática y más avanzada en este sentido.

- Podemos representa una oportunidad histórica de introducir un agente de los de abajo en el marco institucional. La consolidación de Podemos resultará esencial para generar un poder institucional que dificulte los proyectos elitistas. También es una ventana de posibilidades para la construcción de una alternativa de la mayoría social. Avanzar en esa dirección significa concebir a Podemos no como un partido político más sino como un elemento aglutinador del magma constituyente presente en la sociedad española.

- Hasta hace unos meses los distintos planos de la crisis del régimen se han desarrollado en planos separados. ¿Existen posibilidades de articular las respuestas sociales, políticas y nacionales para acumular fuerzas y alianzas hacia una salida constituyente en beneficio de los de abajo?

De lo que no cabe duda es que iniciamos un periodo decisivo para el futuro. Por una parte, el ocaso de un régimen y el intento de su reconstrucción al servicio de las élites. Por otra parte, la potencial emergencia de un proyecto constituyente al servicio de la mayoría social.

Septiembre 2014

/div>