Las decisiones de otros países nos recuerdan que aún tenemos asignaturas pendientes de aprobar, aunque en este caso, más que una asignatura se trata de tener suspendido un curso entero, o quizá mejor, toda una carrera -la de iniciación a la teoría y la praxis de la democracia-, apenas empezada y con resultados muy decepcionantes.

En Estados Unidos se ha dado a conocer el informe del Comité de Inteligencia del Senado sobre la CIA, iniciado por los demócratas cuando Obama llegó a la Casa Blanca, que, pese a estar incompleto, pues sólo se publican 500 páginas de las 6.000 de que consta, ofrece abundante información sobre las actividades de la Agencia en una de sus etapas sórdidas, cuando actuaba amparada por medidas de excepción, que Bush jr. adoptó bajo el síndrome de los atentados del 11-S-2001.

En Brasil, ayer se conoció el informe elaborado por la Comisión de la Verdad sobre las atrocidades de la dictadura militar, que, tras el golpe de estado contra Joao Goulart, en 1964, permaneció en el poder hasta 1985. Fue una de tantas dictaduras de América Latina, sugeridas o impuestas por los gobiernos de EE.UU., para impedir que se extendiera por el continente el “mal ejemplo” de la revolución cubana. El informe identifica 434 desaparecidos y 377 torturadores, de los cuales 191 aún están vivos, pero a salvo de ser llevados ante la justicia gracias a una ley de amnistía. La impunidad suele ser el peaje que exigen los verdugos de las dictaduras y sus protectores por tolerar la democracia.

En España, estamos lejos de esas reparaciones, al menos, de la verdad, aunque no lo sean de la justicia. Aquí, tras una guerra civil de tres años, se instauró una dictadura que duró 40, hubo miles de muertos en la guerra y miles de muertos en la postguerra. Hay censadas 143.353 personas desaparecidas, cuyos cadáveres permanecen aún en cunetas y descampados, sin que las administraciones ni la judicatura hayan tomado cartas en el asunto, tratándose de enterramientos clandestinos.

La tímida Ley de la Memoria Histórica, que hizo Zapatero, criticada por el Partido Popular y por la Conferencia Episcopal, está arrinconada, y las familias de las víctimas, desamparadas; víctimas que son muchísimas más que las producidas por los atentados de ETA, pero para el Partido Popular carecen de importancia, pues son víctimas del antiguo (o moderno) enemigo. No hay ayudas oficiales para la apertura de fosas, sino obstáculos, y a veces los familiares de las víctimas tienen que soportar la mofa de los herederos de la dictadura: “Los familiares de las víctimas del franquismo sólo se acuerdan de ellos cuando hay subvenciones”, dijo, en noviembre de 2013, el diputado del Partido Popular, Rafael Hernando, en una de las venenosas tertulias que monta el TDT Party.

Hace pocos días, otro cargo público del mismo partido criticó la búsqueda de los restos de García Lorca, en Granada.

En España, Franco, sus conmilitones y colaboradores civiles siguen contando con defensores en la sociedad, en la clase política y empresarial y en la Iglesia, disponen de monumentos y calles en su honor y reciben homenajes públicos. Pero aún es más insólito que la primera medalla de Reconocimiento civil a las víctimas del terrorismo, fuera concedida, en 2001, por el Gobierno de Aznar a Melitón Manzanas, jefe de la brigada político social de Guipúzcoa y reconocido torturador, que fue asesinado por ETA en 1968.

En Brasil se ha conocido, 30 años después de acabada la dictadura, una parte importante de la verdad; aquí ni eso, y han transcurrido 75 años desde el fin de la guerra civil y casi 40 desde que murió el dictador. La explicación está en que nos gobiernan, sin complejos, los herederos del régimen de Franco, que han apostado por ocultar para siempre los crímenes de sus ancestros.