Fracasada la estrategia del shock privatizador auspiciada por el PP en Madrid, hemos pasado a otra en la que –sin estruendos- se sigue llevando a cabo el desmantelamiento de la sanidad pública. Para ello hemos tomado un ejemplo: el empleo.

1.- Recientemente se daba a conocer la información de la destrucción de 28.496 puestos de trabajo en la sanidad pública española en solo dos años. Para el sindicato de sanidad de CCOO (tomando como dato la EPA) la cifra ascendería a 53.000 puestos perdidos. De este monto global, aproximadamente un 10% correspondería a la Comunidad de Madrid.

Esto se debe, principalmente, a que los recortes en los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales, etcétera), han tenido como principal objetivo la destrucción de la fuerza de trabajo y; en segundo término, la reducción de otros gastos también necesarios como farmacia, inversiones en ciencia e investigación o renovación tecnológica. Según informaba el diario El País en los últimos cuatro años, se ha reducido la inversión sanitaria en 7.200 millones de euros pasando del 6,7% del PIB a menos del 6%.

Las perspectivas no son nada optimistas, el objetivo del PP sería llegar a reducir hasta un 5,1% del PIB la inversión del Estado en sanidad en el año 2016. (Una aclaración necesaria: no todo lo que se invierte en sanidad va a la sanidad pública, ya que una parte de ese dinero se está derivando a la sanidad privada, como lo demuestra que aumentó un 52% la inversión o que 3 de cada 10 euros van destinados a ésta).

2.- La sistemática reducción de empleo en sanidad, no es estacional como muchas veces dicen los responsables de las administraciones. Al contrario, es estructural durante todo el año aunque sea en el verano cuando sus efectos son más alarmantes, coincidiendo con el cierre de servicios, plantas, sectores, habitaciones o camas. Poco a poco estamos asistiendo a una reconversión laboral tan importante como aquella que conocimos en los años ochenta en las principales industrias españolas (naval, siderurgia, acerías). En la actualidad no se trata de trasladar la producción a países con menores costes laborales (área del Pacífico), sino de transferir los recursos públicos a la privada y fondos internacionales de inversión como Capio o las empresas del IBEX 35.

La pérdida de puestos de trabajo en la sanidad ha ido en paralelo con la pérdida de derechos de los profesionales del sector y, como no podía ser de otra forma, con la pérdida de calidad asistencial al paciente o usuario.

Los asalariados sanitarios hemos perdido poder adquisitivo (las cifras varían entre un 15 o 20 por ciento desde el inicio de la recesión económica en 2008); de la misma forma hemos asistido a un criba en cuanto a condiciones y derechos como por ejemplo el aumento de la precariedad, contratos basura o una disminución dramática de las plantillas hospitalarias (las plantillas orgánica han disminuido en 4.000 empleos en Madrid, pero este dato no tiene en cuenta la disminución de los contratos eventuales como consecuencia de que no se cubren la mayoría de las bajas por enfermedad).

La “jibarización” de plantillas ha venido acompañada de un ataque sin precedentes a los derechos laborales como por ejemplo: contratos en donde no se especifica el turno y el “empleador” (la administración) te llama cuando quiere; te quita y pone los días para “cubrir huecos”; y no respeta ninguna norma en cuanto a equidad e igualdad de las personas apuntadas a las bolsas de empleo. De esta forma, el trabajador y la trabajadora (sea médico, enfermera, celador o administrativo), queda hipotecado entregando no solo la jornada laboral sino también su vida familiar. Este es el concepto neoliberal del “buen trabajador”: una persona sumisa y disponible durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

3.- Por último, y no por ello menos importante, uno de los lemas de la Marea Blanca fue con menos personal, peor calidad asistencial. Efectivamente, esta pérdida de empleo y derechos sociales, va íntimamente unida a la calidad del servicio. Una administración que recorta y reduce en personal o camas hospitalarias, está jugando con la vida de las personas a corto, medio y largo plazo. ¿Es justo que la austeridad la paguen los enfermos? No. ¿Es justo que una enfermera atienda el doble de enfermos porque no contratan profesionales que están en el paro? No. ¿Es justo que una residente de medicina tenga guardias en el hospital un día sí y otro no? No.

Algo tenemos que hacer. No basta con cabrearse y protestar de vez en cuando. Empezaremos a ganar esta batalla (contra “la estrategia del desgaste”) cuando los profesionales de la sanidad nos involucremos plenamente en mejorar la calidad asistencial, y cuando recíprocamente sea toda la sociedad (usuarios) la que (junto a los propios trabajadores) asuma la defensa del empleo público, suficiente y de calidad en hospitales y centros sanitarios.