Un Rajoy falsamente contrito se está viendo obligado a pedir disculpas ante la indignación suscitada por la última trama de corrupción descubierta por la policía, que imputa al ex consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, a varios alcaldes y concejales del Partido Popular, algún socialista, a cargos técnicos y administrativos municipales y a varios empresarios poco ejemplares, en la comisión, siempre presunta, de una larga lista de delitos en Madrid, Murcia, León y Valencia.

Insistiendo en la línea marcada por la “doctrina Bárcenas”, de hacer de cada caso de corrupción un asunto privado de las personas imputadas en ellos, Rajoy afirma que la trama descubierta por la “Operación Púnica” no es un problema del Partido Popular, sino que responde “a la codicia personal” de algunos de sus miembros.

Lo único que admite es el error de haber elegido para esos cargos a personas, que, como luego se ha visto (lo han visto otros), no merecían tal confianza. Le han defraudado, admite un sorprendido Rajoy, que imita a una sorprendida Esperanza Aguirre ante la falta de probidad de Granados, otro hombre de su confianza. Lo cual no deja en buen lugar su olfato profesional como caza-talentos, porque, una tras otra, personas de su confianza van pasando por los juzgados acusadas de corrupción. Ella misma no está libre de las sospechas de haber llegado, en 2003, a la presidencia de la Comunidad de Madrid con el auxilio de dos tránsfugas del PSOE movidos por misteriosos intereses. Un episodio -el “tamayazo”- sobre el que se corrió, con la prisa habitual en estos casos, un tupido velo.  

Ha sido un error, ha reconocido Rajoy, y ha pedido disculpas por ello, pero un error lo tiene cualquiera ha añadido de modo indulgente, pues “todos hemos cometido errores”. Pues no, señor Presidente, no es lo mismo cometer errores que corromperse. Esa es la diferencia.

Y además es una mala disculpa, que trata, inútilmente, de borrar, al menos, su pasividad como alto dirigente del Partido y del Estado durante décadas, ante las decenas casos de corrupción detectados por la policía e investigados por los jueces, que afectan a su partido y a instituciones donde gobierna.

Casos que no son accidentales, ni anecdóticos, sino que, por su duración en el tiempo (desde Naseiro ha llovido mucho), por su origen en las altas instancias y por el benévolo tratamiento interno luego recibido, más parecen responder al propósito de obtener financiación por medios extralegales y hacer del Partido Popular una estructura propicia para llevar a la práctica la intención expresada por el dirigente valenciano Vicente Sanz con la frase “yo estoy en política para forrarme”, que resume el ideario económico y financiero de tantos malos políticos, tantos malos empresarios y de tantos falsos emprendedores, que más merecen el nombre de salteadores de caminos.

Cuando se gobierna con opacidad, se hurta a la oposición la documentación necesaria para controlar la gestión del gobierno, sea local, autonómico o nacional, se niega la corrupción en las propias filas mientras se señala en las del adversario, se vetan las comparecencias y las comisiones de investigación y se utilizan todos los recursos disponibles para obstruir la labor de la justicia, la corrupción en el partido no es un accidente, ni una suma de casos aislados de codicia, sino un medio para atender el extendido sistema clientelar y un  importante catalizador de la actividad económica, especialmente en el sector del urbanismo y la construcción.

Durante mucho tiempo, la actitud oficial del Partido Popular ante los casos de corrupción que le afectaban ha sido la de negar las evidencias y mantener la unidad. Todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa corrupción. Todos para uno y Gurtel para todos, era la consigna que llevaba a apoyar a los cargos públicos corrompidos, a protegerlos en vez de expulsarlos y entregarlos a la justicia.

Así, no es de extrañar, por ejemplo, que 45 diputados del PP valenciano hayan solicitado el indulto para el exalcalde de Torrevieja, condenado a 3 años de cárcel y 7 de inhabilitación por prevaricación y falsedad en documento público, ni la respuesta de concejales, diputados autonómicos y nacionales, unidos como una piña para denegar la apertura de comisiones de investigación sobre casos de corrupción, como la decencia exigía. Ni el apoyo que las altas jerarquías del Partido Popular han dispensado, en unos u otros momentos, a cargos públicos sobre los que recaían fundadas sospechas de corrupción, que luego se han confirmado.

Recuérdense las palabras de Rajoy sobre Matas -“Quiero un gobierno como el de Baleares para España”-, sobre Camps –“Junto a ti y detrás de ti, Paco”-, sobre Carlos Fabra -“Un ciudadano ejemplar”-, sobre Baltar -“Galicia es Baltar”- sobre Bárcenas -“Luis, sé fuerte. Aguanta”- y ahora sobre Esperanza Aguirre, que en sus tiempos de Presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo que el Ministerio del Interior dirigido por Rubalcaba actuaba como la Gestapo.

Álvarez Cascos tampoco se quedó atrás en echar balones fuera, al afirmar que la policía al servicio del PSOE fabricó las pruebas del caso “Gurtel”. 

La doctrina de Cospedal ha sido afirmar que, cuando gobernaba Zapatero, la policía mentía y actuaba como una policía de partido, y después suprimir el Tribunal de Cuentas de su comunidad. Si no hay cuentas que investigar, ¿para qué sirve un Tribunal de Cuentas?

La doctrina de Trillo en el caso del accidente del avión militar Yak-42 y de las contratas y subcontratas con empresas de la OTAN, fue mentir hasta aburrir, y la de Montoro ha sido señalar que la acción de la justicia podía perjudicar el honor de los cargos públicos y favorecer a los defraudadores fiscales con una amnistía.

No, la corrupción no es un error. No se engañe ni nos engañe, señor Presidente.