Los pobres y los ricos

La expansión del Ébola en el África occidental nos plantea algunas reflexiones más allá de la consternación y el sufrimiento que producen las cifras de casi un millar de muertos y otros miles de damnificados.

Para los gobiernos europeos y norteamericanos, para los organismos supranacionales, hay dos clases de enfermos: Miguel Pajares (misionero español), el médico Branthy y la enfermera Nancy Writebol (ambos norteamericanos); y por otro lado, los aproximadamente 1.000 muertos y miles de damnificados de origen africano.

La directora de salud pública Mercedes Vinuesa lo ha dicho muy claro: “solo se repatriarán a las personas que tengan pasaporte español”. Al resto, incluido el personal del hospital donde ayudaba Miguel Pajares, que les parta un rayo, o mejor dicho, que se mueran por haber nacido en un continente pobre (gracias al saqueo y expolio de Occidente).

No podemos repatriar a todos los enfermos de ébola, pero al menos si se podría poner todos los recursos científicos, tecnológicos y humanos para salvar las vidas de nuestros hermanos en África. Sin embargo, las autoridades norteamericanas ya lo han dejado muy claro: los fármacos que se están usando para salvar la vida de Branthy o Nancy no se utilizarán para otros enfermos. Las patentes están en manos de poderosos lobbys farmacéuticos y de los laboratorios.

Nos alegraríamos mucho si Miguel, Branthy y Nancy logran salvar sus vidas gracias a los nuevos tratamientos. Pero es una inmoralidad que no se haga nada por evitar más muertes y que el brote de ébola avance en el África occidental, mientras los países del llamado primer mundo –a través de la OMS- declaran una emergencia internacional que consistirá en dejar a su suerte a las personas que viven en las zonas más vulnerables y aplicar unos rigurosos protocolos sanitarios en fronteras y aeropuertos.

La bolsa o la vida

La expansión del ébola también ha puesto sobre la mesa un segundo problema pero de índole más interno.

La repatriación de Miguel Pajares al Hospital Carlos III en Madrid ha dejado al desnudo la irresponsabilidad y temeridad del gobierno de Ignacio González.

Como todo el mundo recordará fue este gobierno el que aprobó el 1 de noviembre de 2012 el mal llamado Plan de Sostenibilidad por el que se decretaba la privatización de los 6 hospitales públicos, 27 centros de salud, la geriatrización del Hospital de La Princesa, la privatización de la Lavandería de Mejorada, el cierre del Instituto Cardiológico y, sorpresa, el desmantelamiento del Hospital Carlos III (un hospital éste, especializado en enfermedades infecciosas que era referencia en todo el país y primordial en la investigación y tratamiento de epidemias altamente complejas por sus efectos en el ser humano).

La Marea Blanca denunciamos reiteradamente que no se podía ni se debía desmantelar el Carlos III y mucho menos, por razones de rentabilidad de mercado. Pero las autoridades siguieron adelante y el hospital sufrió pérdidas irreparables pasando sus funciones a La Paz. Lamentablemente el tiempo nos ha cargado de razones. Las funciones del Carlos III son necesarias, insustituibles e irremplazables, sus profesionales están especializados en determinadas patologías y sus instalaciones son únicas. El hospital de La Paz es pionero en más de dieciocho especialidades pero no está preparado para recibir ni siquiera dos enfermos de ébola.

Este ejemplo demuestra a las claras las dos concepciones que existen sobre la salud y la sanidad públicas. El uno, la Marea Blanca, defendió una sanidad universal, pública y de calidad al servicio de las personas y financiada por nuestros impuestos. El otro, el PP y la Administración, defienden un servicio donde la salud de la población esté subordinada a la rentabilidad capitalista, a los beneficios empresariales y a los privilegios de una casta corrupta.

Es la vieja dicotomía entre la Bolsa o la Vida.