Llegados al ecuador de la legislatura, el balance de lo realizado por el gobierno de Rajoy en sólo dos años puede calificarse de catastrófico para la mayor parte de la población y de provechoso para una pequeña minoría.

Para quienes dependen de empleos públicos o privados, de salarios rebajados, de subsidios, becas y ayudas del Estado, del salario mínimo o de reinserción, de los servicios públicos y gratuitos, del trabajo autónomo o de pequeños o medianos negocios, el resultado de la subida de impuestos y de las selectivas medidas de austeridad ha sido desastroso, pero al mismo tiempo ha sido muy provechoso para la minoría económicamente mejor situada, que está pasando por la crisis obteniendo un beneficio indiscutible. Los que, según el Gobierno, están saliendo de la crisis, son los que no entraron en ella.

Muchos de los datos disponibles no justifican el triunfal discurso del Ejecutivo sobre la recuperación, que es el eje de la campaña de propaganda que reemplaza a la de la capacidad exportadora de España, frenada desde la primavera. El propio Draghi indicaba a primeros de año que había señales alentadoras, pero aún no se había superado la crisis. En España, esas señales se traducen en que la economía ha crecido un 0,3% en el último trimestre de 2013, después del 0,1% del anterior, que puso fin a los nueve trimestres de descenso en la segunda recesión sufrida desde 2008. Exiguo crecimiento que no indica que se mantenga ni que a corto plazo sobrepase el 2% del PIB, que es el umbral a partir del cual se podría crear empleo digno de tal nombre, y menos aún el 3% del PIB que se estima necesario para devolver la deuda. La Unión Europea prevé un crecimiento del 0,5% en 2014 y que el paro se mantenga en el 25% de la población activa hasta 2016. Olli Rehn, comisario de Asuntos Económicos, ha indicado que España tardará 10 años en salir de la crisis y que debemos continuar por el mismo camino. El FMI y otras agencias internacionales vaticinan una etapa de varios años de crecimiento escaso, por debajo del 1% del PIB o poco más, insuficiente para crear empleo estable y absorber la bolsa de 5,9 millones de parados.

Éste no es el resultado que merecen los ciudadanos en pago a los sacrificios exigidos por el Gobierno, pero tampoco es el resultado que esperaba el propio Ejecutivo cuando señalaba como objetivos rebajar las cifras de la fatal trilogía D-P-D (déficit, prima de riesgo, deuda pública) y crear empleo. A la vista de los datos, las penalidades de los ciudadanos han sido inútiles.

Un balance mediocre

En este año tampoco se alcanza el déficit -diferencia entre ingresos y gastos del Estado- señalado por la UE. El año pasado fue un 10,6% del PIB (incluyendo las ayudas a la banca), este año debería ser el 6,5% pero estará en torno al 6,8%; en 2016 tiene que ser el 3%, pero el FMI calcula que no se alcanzará ese tope hasta 2017. Según el FMI, la evolución del déficit sobre el PIB será: 6,68% en 2013; 5,78% en 2014; 4,96% en 2015; 3,99% en 2016; 3,03% en 2017 y 2,02% en 2018.

Así que por ese lado nos espera más rigor, como exigen la OCDE -que en materia laboral solicita ampliar el periodo de prueba, abaratar el despido y simplificar la normativa para evitar que los despidos se paralicen en los juzgados-, el Fondo, la Comisión Europea y el BCE, y como Rajoy aceptó en septiembre en la última reunión del G-20.

Unos 35.000 millones de euros deben salir de nuevos recortes y de nuevos impuestos (la UE exige una reforma general del sistema tributario y acabar las contrarreformas del mercado laboral y el sis­tema de pensiones, que prevé un recorte de 33.000 millones en nueve años). Hasta octubre, el déficit de la administración central era 37.000 millones de euros, un 10% más que en 2012 y un 15% más que en 2011, así que por ahí la labor gestora del Gobierno también merece un suspenso.

A falta de la cifra definitiva, 2013 acabó con una deuda pública cercana a 955.000 millones de euros, 94,2% del PIB, es decir 218.000 millones más que en 2011, cuando fue de 737.000 millones, y acabará 2014 en el 99,8% del PIB, según el Gobierno, que calcula la financiación neta y las amortizaciones del Tesoro para 2014 en 243.888 millones de euros (un 17% más que en 2013). Los intereses de esa deuda ascenderán hasta los 36.590 millones de euros. Según J. Estefanía, en conjunto (deuda pública y privada) España debe unos 3,3 bi­llones de euros, cerca del 320% del PIB. Deu­da de la que 1/3 es pública y 2/3 privada. La de las familias es un 80% del PIB. Por ese lado tampoco vamos bien: ca­da día parece más difícil devolver esa deuda. La prima de riesgo, o porcentaje por encima de la prima alemana, ha bajado de los 200 pun­­tos básicos (2 puntos porcentuales) des­de el máximo de 638 puntos, alcanzado en julio de 2012, tras el rescate de Bankia. Pe­ro el mérito no es de Rajoy, sino de Draghi. La decisión del Banco Central Eu­ropeo de comprar bonos de países en difi­cul­tades es lo que ha tranquilizado a los mer­cados, no los planes de Rajoy, cuya figura inspira en la élite europea la confianza que merece un subalterno inepto pero servil.

En cuanto al empleo, en 2013 España ha sido el segundo país de la UE en destruir más empleo. Según la Encuesta de Po­bla­ción Activa, se han destruido 199.000 em­pleos y el año concluyó con un saldo de 69.000 parados menos que en 2012 (a este ritmo, tardaremos 85 años en absorber el paro). Hay 5.896.300 parados, el 26,03% de la población activa, la cual se redujo en 268.000 personas por emigración, volver a estudiar o abandonar la búsqueda de em­pleo. Se han perdido 339.000 empleos a tiempo completo y han aumentado en 140.000 los empleos a tiempo parcial. El año 2013 ha dejado parados a más de la mitad de los jóvenes (55%), 1.500.000 personas llevan en paro más de dos años, con 1.700.000 parados entre 40 y 65 años, 1.832.000 hogares con todos sus miembros en paro y 686.600 en los que nadie tiene ingresos. El gasto en prestaciones por desempleo ha descendido el 5% respecto a 2012; hay 2,8 millones de perceptores de subsidios (6,8% menos que en 2012) y el importe medio de tales ayudas ha descendido un 6,4%, quedando en 861 euros/mes. Diversos informes estiman que tardaremos alrededor de 15 años en recuperar una tasa de empleo similar a la del año 2007.

La Seguridad Social ha perdido medio millón de cotizantes y al tiempo han aumentado los pensionistas, lo cual ha obligado al Gobierno a disponer de 6.000 mi­llones del Fondo de Reserva (en 2012 fueron 7.000). Aquel fondo que, según Aznar, se debía vigilar para que nadie me­tiera la mano en la caja. En estos capítulos el balance ya es desfavorable para el Gobierno de Rajoy. Zapatero dejó un crecimiento del 0,4% en 2011; el de Rajoy en 2013 puede ser -1,3%; Za­patero dejó un déficit público del 9,4%, frente al 10,6% en 2012 y un supuesto 6,8% en 2013, y una deuda pública del 69% del PIB en 2011, frente al 95% con Rajoy en 2013; la víspera de las elecciones la prima de riesgo fue de 467 puntos y a finales de 2011 estaba en 323 puntos, con Rajoy ha llegado a los 638 puntos y en algún momento a los 650; en 2011 la tasa de desempleo era del 22,8% de la población activa, al acabar 2013 el paro afecta al 25% de dicha población.

A pesar de la afirmación de Montoro de que “los salarios no bajan, suben con mo­deración” y de su disposición a explicarlo en una pizarra electrónica, los salarios si­guen bajando. Eso es lo que “vende” Ra­joy por esos mundos, para explicar el au­mento de la productividad y atraer inversiones.

La media de la inflación interanual cierra 2013 con el 1,4% de alza sobre 2012 (no hablemos de la luz). En los convenios co­lectivos firmados para 5 millones de trabajadores, la subida salarial no pasa del 0,6%; para el resto, el INE establece una caída media del 0,2%. El salario mínimo sigue congelado en 645,30 euros/mes (21,51 diarios, 9.034,20 al año) pero el go­bernador del Banco de España pide que ha­ya sueldos -no el suyo, claro- por debajo del salario mínimo, que en Francia es 1.430,20 euros/mes, en Reino Unido 1.189,90 y en Alema­nia, cuando se instaure a partir de 2015, será de 1.360 euros/mes.

Las pensiones han subido el 0,25% -la pensión media es 852,61 euros/mes- pero menos que la inflación. Es decir, sigue la pérdida de poder adquisitivo, que algunas fuentes establecen en un 9% en tres años. Seguramente Montoro se refería a los sueldos de los directivos, que, según un informe reciente de la consultora ICSA, han subido en 2013 un 7% de media (80.300 euros/año), al tiempo que ha bajado un 4% el de los mandos intermedios (36.500 euros/año) y un 0,4% el salario de los empleados (21.500 euros/año). Entre 2007 y 2013 el coste de la vida subió el 13,5%, los sueldos más altos subieron un 17%, los sueldos medios el 5% y los bajos casi el 9%, subidas que, salvo para los di­rectivos, suponían pérdidas de poder adquisitivo.

La banca

La banca va bien. De la suma destinada a rescatar bancos y cajas de ahorros, que, en teoría, debía salirnos gratis -Es un crédito que pagará la propia banca, anunciaba Rajoy-, 36.000 millones de euros ya se consideran irrecuperables. A pesar de las ayudas para sanear sus cuentas, el crédito a empresas y familias sigue siendo caro y es­caso (hay una caída de casi 300.000 millones en esta legislatura, incluso el ICO prestó hasta septiembre el 21% menos que en 2012). A pesar del descenso desde ese año, en que las pequeñas y medianas empresas pagaron los créditos ca­si al doble de interés que las alemanas, el tipo de interés del dinero prestado a las pymes, 5,16% en noviembre para un millón de euros a devolver en cinco años, sigue estando por encima del de Ale­mania, 3,69%, Francia, 3,59%, Italia, 4,99%, y del tipo medio de la eurozona, 4,02%.

Los bancos españoles y los europeos obtienen créditos del BCE al 0,25% y los invierten en deuda pública al 4%, el 5% o más. Ese negocio tan fácil y lucrativo, con ga­rantía del Estado (nuestros

bolsillos), les disuade de prestar dinero a empresas y particulares, por el riesgo de que resulten mo­ro­sos o fallidos (la mora roza el 20% de los concedidos a empresas). Por otro lado, la banca presta peores servicios, pues el cierre de 10.000 sucursales desde 2008 ha dejado a 230.000 personas, que viven en pueblos, sin oficina bancaria.

Desigualdad

En España, la desigualdad en las rentas no ha dejado de crecer desde el año 1995, pero se ha disparado con la crisis. Junto con Letonia, Portugal y Bulgaria, es de los países más desigualitarios de Europa. Según Cáritas, entre 2006 y 2011 la renta per cápita ha caído un 11%, y la pobreza severa (vivir con menos de 307 euros al mes) se ha duplicado y afecta a más de tres millones de personas. Seis millones padecen po­bre­za energética, lo cual les impide calentar con regularidad sus hogares. Otro efecto de la crisis es la reducción del número de hogares -80.000 menos-, por emigración o reagrupamiento familiar. España pierde población: somos algo más de 47 millones de almas. Según Eurostat, en España la brecha que separa las rentas del 20% más rico y las del 20% más pobre ha crecido un 28% desde 2008, mientras que en la eurozona el crecimiento medio de esa brecha ha sido 4,3%.

Hasta mediados de 2013, el número de fortunas superiores al millón de dólares había aumentado un 13%. Según la Autoridad Bancaria Europea, en 2012, España estaba en quinto lugar en número de banqueros millonarios, tras el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, pero en el segundo puesto en cuanto a la remuneración media, 2,16 millones al año. En ese año cien banqueros españoles tuvieron un sueldo superior al mi­llón de euros. Un reciente informe de Intermon Oxfam in­dica que los 20 españoles más ricos po­seen una fortuna similar a los ingresos del 20% más pobre de la po­blación (9 millones de personas). La ONG denuncia que las élites económicas han se­cuestrado el poder político para manipular a su favor las reglas del juego. No le falta razón.

En dos años, la escuela pública ha perdido 22.600 profesores, la mayor parte en enseñanza secundaria. Un millón de alumnos ha perdido la ayuda para comprar libros y 14.000 niños han abandonado las guarde­rías por no poder pagar las privadas y por la escasez de las públicas. Las tasas universitarias han subido más del 60%. En el año 2014 está previsto un recorte de 7.300 millones en Educación. De enero a septiembre de 2013 se produjeron 59.000 desahucios; el problema de las hipotecas no está resuelto, ni mucho me­nos, y han aumentado los suicidios por esta causa. Aunque las cifras son difíciles de pre­cisar, se tiene certeza de que hubo, al me­nos, 12 suicidios en 2012 y 14 en 2013. El 17% de los pensionistas ha dejado de comprar algún medicamento debido a su encarecimiento por el repago.

El Gobierno no puede alardear de solidaridad, pues 910.000 extranjeros han sido desposeídos de tarjeta sanitaria (Santamaría: los irregulares deben buscar mecanismos para pagar al médico) y ha aceptado acoger a 30 (sí, treinta) refugiados sirios. Ale­mania acoge a 10.000, que tampoco son muchos ante las cifras del desastre.

Cultura

Es proverbial la tendencia antiintelectual del Partido Popular. Estamos dirigidos por patanes con máster y escapulario, por pijos bárbaros, así que esperar algo de ellos a favor de la cultura, incluso como sector productivo, es pedir peras al olmo. Al contrario, como se trata de evitarla, porque la cultura es peligrosa ya que puede ayudar a pensar a la gente, la estrategia del Gobierno ha sido hundirla, y estos son los resultados estimados para el año 2013. En cine se prevén 115 millones de euros menos de recaudación, en teatro, 84 millones menos, en danza el número de representaciones ha bajado el 43%. La venta de libros ha bajado por sexto año consecutivo y acumula una caída del 38%. Ha habido un 4% de conciertos menos y la venta de dis­cos sigue imparable descenso, un 77% en 10 años.

Con el humo vendido, el Go­bierno no deja de aludir a los emprendedores como uno de los factores de la recuperación económica, como si el problema de montar una empresa, por pequeña que sea, fuera únicamente una cuestión de imaginación y de voluntad, además de falta de di­nero. No hay créditos asequibles ni ayudas institucionales para los emprendedores, sean jóvenes o viejos. Pelear con la administración para obtener los permisos necesarios para montar un negocio sigue siendo un ejercicio caro y agotador, pues cualquier trámite exige grandes dosis de tiempo y paciencia. Según el Banco Mundial, Espa­ña ocupa el puesto 52 en una lista de 60 paí­ses en cuanto a facilidades para hacer negocios y el lugar 142 en una lista de 189 países respecto a facilidades para fundar una empresa. España es un país disuasorio para los emprendedores que carecen de “padrino” de “enchufe”o de “amigos”colocados en los lugares adecuados de la administración. ¡Ah! La Bolsa va bien. En 2013, el Ibex 35 ha subido el 21%, en paridad con otras alzas: Frankfort 26%, París 17%, Londres 14%, Nueva York 25%, Tokio 56%. En esto sí que estamos al nivel del resto.

La crisis, modo de vida permanente

Que el Gobierno esté actuando torpemente, con correcciones a manotazos, mentiras y desmentidos que ponen en evidencia la mediocridad de su gestión, no indica que carezca de una orientación clara y del empeño de llevar a cabo una gran operación de ingeniería social, pues, a pesar de las apariencias y la propaganda, está efectuando una profunda remodelación social con rapidez y decisión, legislando con urgencia, manipulando las instituciones y desactivando mecanismos democráticos de control, ayudado por la opacidad, la falta de escrúpulos y una convicción ideológica digna de mejor causa. Y, también hay que decirlo, ayudado por la debilidad de la oposición política, a pesar de la protesta ciudadana en la calle.

El triunfal discurso del Gobierno sobre la recuperación señala un luminoso pero vago horizonte, al que, si aceptamos los nuevos sa­crificios que desde Europa nos piden con urgencia, pronto llegaremos, y las cosas vol­­verán a ser como antes. Pero es una men­­tira descarada, una promesa falaz, pues, en la práctica, el Gobierno está ha­ciendo todo lo posible para que eso, precisamente eso, no suceda. Así que no volveremos a la situación previa al inicio de la crisis, a la casilla de salida; la partida sigue con los mismos tahúres y con las cartas todavía más marcadas.

Ante la crisis, la disyuntiva era depreciar la moneda o depreciar la sociedad. Como la moneda no se podía depreciar -no es nuestra, la usamos pero son otros los que deciden so­bre su valor-, se optó por depreciar la sociedad, lo cual exige recomponer la relación de fuerzas sociales a favor del capital y en detrimento del trabajo. Es decir, utilizar las aparentes medidas coyunturales contra la crisis para reorganizar el sistema económico a favor del poder de los empresarios, en particular de los grandes y de los oligopolios, y en perjuicio de las pequeñas y me­dianas empresas, las microempresas, los au­tónomos y los asalariados.

El objetivo del Gobierno no es sacar al país de la crisis, sino que salgan de ella los que deben salir -y que nunca entraron-, pero mantener en situación de emergencia a las clases subalternas, en particular a los estratos medio y bajo de la clase media y a los trabajadores. Es decir, a través de las medidas exigidas por la devaluación competitiva (Estado social mínimo, impuestos altos, paro extenso, empleo escaso, precario y mal pagado) y de una legislación de excepción dentro y fuera de las empresas, convertir la crisis en una forma de vida permanente para la mayor parte de la población.

Desde 2010, las millonarias sumas de dinero público para sanear bancos y cajas de ahorros, las contrarreformas laborales, el empeoramiento del sistema de pensiones, la rebaja de salarios y prestaciones por desempleo, los recortes sucesivos en educación, sanidad, dependencia y demás servicios públicos, las privatizaciones, la corrupción (otra forma de llevar dinero público a bolsillos privados) y la pérdida de derechos civiles y sociales han pretendido rebajar drásticamente el nivel de vida de gran parte de la población y quitar poder de decisión y expectativas de cambio a los ciudadanos, para que se cumpliese la profecía thatcheriana de que no hay alternativa.

En esta remodelación, que lleva a una sociedad más desigual y a un Estado confesional y menos democrático, efectuada al amparo de lo que parece ser sólo una reforma del mercado, no hay que perder de vista los motivos ideológicos del PP, como heredero político del franquismo, que animan la vieja desconfianza hacia los derechos civiles y la secular animadversión de las élites españolas hacia las clases subalternas -¡que se jodan!-, culpables, ahora, de haber votado a partidos de izquierda por moderados que fueren, y con ello haber mantenido a la derecha alejada del poder del Estado, que, por derecho de conquista, cree que le pertenece para siempre.

Los ricos se han hecho más ricos, pero España como país es más pobre y los niveles de pobreza a los que hemos llegado no son fá­ciles de remontar. Pero tampoco es lo que el Gobierno pretende. Su modelo es la España escindida; por un lado las rentas altas, que se benefician del desequilibrado modo de repartir la riqueza y de un sistema tributario a su medida, y por otro, una gran masa de ciudadanos obligados por el trabajo precario, los salarios bajos, malos servicios públicos, que apechugan con impuestos directos e indirectos y viven con miedo a perder el empleo, la casa, el consumo, y con miedo, además, a protestar, porque pa­ra eso se han abolido derechos y se han endurecido las leyes, como garantía del or­den público y laboral. El Gobierno pretende instalarnos en la crisis permanente, en una situación de excepción continua, en la inestabilidad estable, en la que el trabajo precario suponga también una vida en precario, que obligue a la población asalariada a resignarse y estar dispuesta a dejarse explotar sin defenderse, impunemente, aceptando cualquier empleo, en cualquier lugar, por cualquier salario y con cualquier horario; es decir, pretende que los trabajadores estén siempre a disposición de lo que exijan las necesidades del capital. Y esta situación no es un accidente, ni una etapa pasajera, sino el efecto de la apuesta a largo plazo de la derecha neoliberal española para asegurarse el disfrute del poder durante largo tiempo, a costa de subordinar España como país de servicios en la remodelación de la eurozona, que se efectúa bajo la hegemonía de la derecha neoliberal alemana.

Lo que el viento (de derecha) se llevó

Los bancos han rehecho sus cuentas, han saneado sus balances, las grandes empresas no han dejado de tener beneficios y ahora tendrán más, y las que no tenían pronto los tendrán; pero quienes han perdido su casa no la recuperarán, porque se habrá subastado o estará en poder de los llamados fondos buitre, que han aterrizado para quedarse con los despojos de las clases humildes, y los que son deudores de una hipoteca sin ca­sa no dejarán de serlo hasta que devuelvan el último céntimo; quienes han perdido empleos estables y bien pagados no volverán a ellos, hallarán, con suerte, otros em­pleos, eventuales y mal pagados, pero los buenos sueldos y los horarios laborales de 8 horas no volverán; el tejido industrial y comercial destruido no volverá, habrá otro en su día, pero tardará en recomponerse; los que esperaban una fecha para jubilarse tendrán que esperar y los que esperaban hacerlo con una suma determinada tendrán que conformarse con menos; los que han cerrado su pequeño negocio no lo volverán a abrir, ni se van a recuperar los servicios públicos privatizados, ni los empleos públicos suprimidos; los que esperaban una beca o una ayuda del Estado, no la tendrán o la percibirán reducida.

Es inútil esperar que los bancos devuelvan el dinero que entre todos les hemos entregado para sanear sus cuentas, y también que los directivos y consejeros de las cajas de ahorros quebradas devuelvan el dineral de sus millonarios planes de jubilación, sus dietas, sus sueldos y sus extras.

¿Van a devolver los malos gestores el dinero público dilapidado en obras inútiles o suntuarias, sacándolo de su propio bolsillo? ¿Van a devolver los políticos y los empresarios corruptos el dinero público que han desviado a cuentas privadas o a paraísos fiscales? ¿Van a rendir cuentas los responsables de este colosal desastre? Todo lo perdido es difícil de recuperar. Tampoco es fácil de restablecer la confianza en las instituciones, en la economía y en el futuro de este vapuleado país.

Salvo para una minoría, todas las medidas adoptadas desde hace tres años -por Zapatero con algún escrúpulo y por Rajoy con sumo gusto- han ido por el camino de hacernos más pobres, más sumisos y más dependientes. No sólo hemos perdido riqueza particular y colectiva sino capacidad para decidir sobre nuestra propia vida, hemos perdido autonomía o, dicho con una palabra más solemne, con las decisiones de un gobierno que alardea de liberal hemos perdido libertad. Este es el futuro que nos han trazado; de nosotros depende cambiarlo.