Primero, por su origen. El Partido Popular venció en las elecciones de 2011 mintiendo a los electores sobre la causa de la crisis económica, que redujo a un problema doméstico provocado por Zapatero, fácil de resolver por un partido que sabía hacer las cosas como Dios manda. Ocultó, pues, la parte cen­tral de su programa, que era remodelar la sociedad y el Estado siguiendo su instinto de clase y sus preferencias ideológicas. Por ello, el Gobierno, escudándose en la herencia recibida, ha aceptado de buena gana los neoliberales dictados de la Comisión Europea, del Banco Central y del FMI para devolver la deuda externa de forma prioritaria y sanear la banca privada con fondos públicos, a costa de reducir el gasto social del Estado y de depreciar las condiciones laborales.

El Gobierno está aplicando un programa que fa­vorece a las clases acomodadas y perjudica a las clases populares, a los asalariados, a las pequeñas empresas y negocios familiares; actúa como el go­bierno de la banca, de los oligopolios y de las grandes empresas; como el gobierno del Ibex 35, que, por cierto, ha subido el 21% en 2013. El segundo factor de pérdida de legitimidad es la decisión de liquidar, sin acuerdo ni consulta, parte de los bienes y servicios del Estado del Bienestar, que pretende entregar, en condiciones ventajosas y no siempre claras, a empresas privadas, como si el Gobierno fuera propietario del Estado y el ú­nico autorizado para disponer de su patrimonio. Que hay que recalcarlo, es un patrimonio colectivo; pertenece a todos los ciudadanos y en particular a las clases asalariadas, que han contribuido más que otras a financiarlo con sus impuestos. Un patrimonio que el Gobierno está dilapidando en beneficio de sus amistades.

Con reformas como la de la ley del aborto y la nueva Ley de Educación, el Gobierno ha iniciado la vuelta al Estado confesional, y con las del ámbito de la justicia y el orden público se dirige también hacia el Estado autoritario, que, por su origen en el franquismo, le es tan grato como necesario para reprimir las protestas sociales que provocan sus antipopulares decisiones.

De todo ello resulta la abolición de títulos enteros de la Constitución, en la que reconocidos derechos laborales y sociales y derechos civiles fundamentales se derogan en la práctica abusando de un procedimiento de urgencia, los decretos, y se abolen por decisión del Gobierno, sin objeciones por parte del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo. Lo cual no extraña, ya que, en una tácita pero efectiva remodelación del Estado, intentan suprimir del todo la débil separación de poderes al colocar en los centros decisorios de esenciales instituciones públicas a personas afines a su ideario. Con lo cual resulta un poder legislativo y un poder judicial obedientes a un Ejecutivo omnipresente, que detenta un poder como nunca lo ha tenido otro gobierno desde la muerte de Franco, y que además extiende su influencia en la sociedad por medio de redes clientelares con las que re­parte prebendas y recaba adhesiones.

Otro factor de ilegitimidad es la acumulación de presuntos casos de corrupción que afectan a altos cargos del PP y más aún la poca disposición a colaborar lealmente con la administración de justicia para lograr su rápido esclarecimiento. Así, ni dentro ni fuera de España este gobierno suscita la confianza que Rajoy ofrecía cuando estaba en la oposición. Transcurridos más de tres años y medio desde que, en mayo de 2010, co­men­­zaron los antipopulares ajustes económicos en la época de Zapatero, dando lugar un año después a un nuevo ciclo de movilizaciones, la llegada del PP al Gobierno sólo ha traído un más rápido empeoramiento de las con­diciones de vida y trabajo de millones de personas, que, por la extensión y virulencia de las medidas adoptadas, supone un retroceso de décadas.

Por todo lo dicho, la conclusión es que no podemos esperar dos años más para derrotar electoralmente a este gobierno ilegítimo, pues demasiada gente ya no puede esperar y exige un drástico cambio en la orientación política. Pero, salvo vanas palabras y el empleo de los débiles indicios de recuperación con fines propagandísticos, no se percibe en el Gobierno intención de rectificar y es de temer que la orientación a medio plazo no varíe, lo cual supondrá aumentar la penuria de las clases económicamente más débiles.

Tampoco la situación general del país, hundido en una crisis institucional y, desde luego, moral, permite mucha demora. Esta no es una situación normal, pues demasiada gente no puede esperar a que las soluciones vengan de una normal alternancia en el Gobierno, ni tampoco este es un gobierno normal, sino un gobierno sectario que escinde la sociedad entre ricos más ricos y gente más pobre y remodela el Estado según su autoritaria y confesional apetencia; peor aún, es un tapón que impide reformar las instituciones de un régimen político que agoniza en medio del descrédito general.

Ante un gobierno ilegítimo, despótico y antipopular, la ciudadanía debe re­cu­perar la soberanía y echarle cuanto antes, pues este régimen caduco es in­capaz de ofrecer una vida digna a la mayor parte de la población.

Y hay que echar a este Gobierno porque es hoy el eslabón más débil de un régimen en crisis y de unas élites dominantes que quieren arruinar nuestras vidas. Debemos echar al Gobierno, y podemos echarle; no es una quimera, porque sobran los motivos y existen las condiciones sociales para lograrlo, como está demostrando la reacción ciudanana y el ambiente de indignación y repulsa creciente. Y debemos hacerlo ya, pues, cuando hay tanta gente desesperada, esperar puede ser inmoral, además de un craso error político.

febrero 2014