El pasado 15 de enero de 2014 la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia envío una carta a la plataforma Mujeres ante el Congreso, en la que solicitaba su opinión sobre el anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Dicha plataforma informó de la respuesta dada a través de la nota de prensa que se reproduce a continuación.

Consideramos que supone un ataque frontal a los derechos de las mujeres ya que se nos pretende dar un trato indigno y vejatorio, negando el derecho a decidir y manteniendo el aborto en el Código Penal. Rechazamos la permanencia como delito de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y el aumento de las sanciones a las y los profesionales sanitarios, así como al entorno social.

La maternidad es una decisión íntima y personal. Es obligación del Estado garantizar que toda criatura nacida tenga acceso en condiciones dignas a alimento, vivienda, sanidad, educación y servicios de cuidado; que las mujeres que desean ser madres puedan serlo en condiciones adecuadas; y que todas las mujeres que quieran interrumpir un embarazo no deseado puedan hacerlo de forma segura y en el sistema Sanitario Público.

Su anteproyecto elimina la posibilidad de la libre elección de las mujeres, abocándonos a prácticas clandestinas e inseguras, generando riesgos en nuestras vidas y salud, con el consiguiente problema de salud pública. Como bien saben la Organización Mundial de la Salud ha demostrado en diferentes estudios que países con leyes restrictivas y ausencia de educación sexual tienen altas tasas de aborto y mayor morbimortalidad.

Queremos hacer una mención especial al tratamiento que pretenden dar a las menores de 16 y 17 años, que por un lado contraviene los acuerdos tomados en la cuarta conferencia internacional de las mujeres de Naciones Unidas, celebrada en Beijing en 1995 y ratificada por España, y por otro lado forzosamente llevará a estas jóvenes a formas clandestinas de interrupción voluntaria del embarazo.

Su anteproyecto contempla un protocolo que de llevarse acabo sometería a las mujeres a un proceso cruel, vejatorio e indigno que no es tolerable en un estado de derecho.

Por todo ello exigimos:

Retirada inmediata de su anteproyecto.

Reconocimiento pleno del derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo y su propia vida. Libre decisión de las mujeres.

Aborto voluntario excluido del Código Penal.

Protección a las mujeres que necesitan practicarse una IVE por grave riesgo para su salud integral en cualquier momento del embarazo.

Garantizar la práctica de la IVE en la Sanidad Pública, la equidad territorial y su financiación a cuenta del Estado.

Supresión de los requisitos de tutelaje administrativo, judicial y sanitario.

Reconocimiento de la autonomía de las jóvenes de 16 y 17 años.

Regulación de la objeción de conciencia, garantizando la práctica de la IVE en los centros públicos.

Aplicar políticas de prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.

Educación sexual igualitaria y desde la perspectiva de género.

Atentamente,

Plataforma de Mujeres ante el Congreso