| Luis M. Sáenz La privatización de la Sanidad: daño humano y daño económico Revista Trasversales número 29, junio 2013 (web) Textos del autor en Trasversales Las horas
pasadas en las mesas de la consulta por la sanidad
pública en Madrid, que han sido una excepcional ocasión
para hablar con muchas personas, me han confirmado la
gran simpatía social que el movimiento de la Marea
blanca ha logrado, pero también que hay una franja de la
población, minoritaria pero no insignificante, que ha
quedado tocada con la propaganda gubernamental en torno
a que con la privatización la población seguiría
recibiendo la misma atención con un coste menor. Eso me
ha decidido a ampliar lo que hasta ahora era un resumen
muy esquemático de uso personal, aunque advirtiendo que
no soy experto en economía ni en cuestiones sanitarias y
que esto sólo debe tomarse como las conclusiones
provisionales a las que ha llegado un ciudadano
preocupado por el sostema sanitario. Los errores son
mios, pero lo que de cierto pueda haber se o debo, en
gran medida, a otras personas que me han ayudado a
entender algo de todo esto.
Recorte presupuestario y recorte social No todo recorte presupuestario implica un recorte social. Por ejemplo, la anulación del presupuesto de la Casa Real no sería ningún recorte social. No todo recorte social da lugar a un recorte presupuestario global, ya que con frecuencia lo que se reduce en gastos sociales se destina a aumentar los privilegios y beneficios de las élites. El contenido social de un proyecto presupuestario no puede, por tanto, determinarse desde una óptina meramente cuantitativa. Es imprescindible entrar en el detalle, en qué crecen los gastos y en qué bajan, establecer las prioridades y los objetivos fundamentales. Quienes evitan entrar en eso y se quedan en el ámbito de los números demuestran que sólo quieren ocultar cuáles son sus prioridades y objetivos. Si se desliga de lo social, de lo político y de la ética, el "ahorro" justificaría cualquier cosa, hasta dejar morir a las personas enfermas que no puedan pagar la atención sanitaria. Y el gasto desmedido tampoco implica necesariamente más justicia si no atiende las necesidades sociales prioritarias y sirve al bien común. La política sanitaria no es cosa de "expertos", sino de toda la población. Los "argumentos" del Gobierno regional de Madrid Desde la Consejería de Sanidad se nos ha dicho que no había más remedio que hacer un recorte presupuestario en la sanidad madrileña, que en 2013 ese recorte será de 535 millones de euros, que ese "ahorro" era posible por la ampliación de las formas de gestión privada y que, además, eso se conseguiría sin daño para la atención sanitaria recibida por la población. Todo ello es falso. En primer lugar, si realmente fuera necesario reducir algo más de 500 millones de euros, no haría falta sacarlos de la Sanidad. El Gobierno de González mantiene la política de privilegios fiscales para los que más tienen fomentada por Esperanza Aguirre. Se obtendrían unos 3000 millones de euros, al menos, derogando normas regionales como la que bonifica el 100% del impuesto sobre el patrimonio, las bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones, las deducciones de hasta 900 euros por uniformes, clases de idiomas y escolarización en elitistas colegios privados "de pago", en abierto contraste con la negativa a establecer deducciones sobre los gastos de comedor, transporte o libros de texto en la escuela pública, etc. En segundo lugar, no es verdad que entre los presupuestos sanitarios de 2012 y 2013 haya una diferencia de 535 millones de euros. Los presupuestos sanitarios de 2013 suman 7.111,5 millones de euros [Boletin Oficial Asamblea de Madrid, 27/12/2012, p. 12.353], frente a 7.172,5 millones de euros en 2012 [Boletin Oficial Asamblea de Madrid, 23/12/2011, p. 4105], siendo por tanto el "recorte presupuestario" de sólo 61 millones de euros (http://bit.ly/Zd10TZ). En tercer lugar, no es cierto que las "nuevas formas de gestión" previstas generen ahorro. Si el recorte en recetas, esto es, en la parte asumida por el Sistema Madrileño de Salud [SERMAS] de las medicinas que nos son recetadas en los centros de atención primaria, es de 152 millones de euros de euros, 91 millones más que el recorte presupuestario total, queda claro que el supuesto "ahorro" recae totalmente sobre nuestras espaldas y no sobre un incremento en la eficacia de la gestión. En cuanto a la afirmación, también falsa, de que la dinámica privatizadora no deteriora la atención sanitaria, dejo para más adelante el comentario. "Explicaciones" y falta de transparencia ¿Cómo explica el Gobierno regional la gran diferencia entre los datos presupuestarios y el "ahorro" que anuncia? No hay explicación clara. Al parecer, lo que se viene a decir es que los gastos reales no coinciden con los presupuestados. La Consejería de Sanidad trata el presupuesto como un chicle que modifica a su antojo durante el año, sin rendir cuentas ante la Asamblea de Madrid. De vez en cuando se llevan a la Asamblea algunos de estos cambios, como el acuerdo de no disponibilidad de gasto recogido en Ley 4/2012, de 4 de julio, que afectó a la Sanidad madrileña en unos 130 millones de euros, pero durante todo el año se toman a espaldas de la Asamblea de Madrid numerosas decisiones que se desvían de los presupuestos aprobados. Por cierto, si tomásemos en cuenta ese acuerdo de no disponibilidad de gasto, los presupuestos sanitarios de 2013 excederían en unos 70 millones a los de 2012. Pero dejémoslo estar y mantengamos como referencia los dos presupuestos aprobados. No se pueden manejar las liquidaciones de gasto mientras que éstas no se hagan públicas, con todos sus detalles y en condiciones que permitan controlar su veracidad. Además, no es metodológicamente correcto comparar la liquidación real de un año, en el supuesto de que se conociese, con el presupuesto del siguiente. Lo más interesante sería comparar dos liquidaciones sucesivas (2011 y 2012), dos presupuestos sucesivos (2012 y 2013), así como, muy importante, el presupuesto de un año con su liquidación (2012), ya que los gobernantes deben dar cuenta de las desviaciones presupuestarias, para que sepamos en que han gastado más de lo previsto y en qué han gastado menos. Como señala Alicia Gutiérrez en InfoLibre, "El Ejecutivo regional del PP jamás ha permitido que la oposición acceda a la ejecución presupuestaria –el gasto real desglosado" [http://bit.ly/YFX9Lg]. Esto toma especial relevancia en el caso de la Consejería de Sanidad, ya que la gestión política de la Sanidad madrileña destaca por una total ausencia de transparencia. Buena prueba de esa opacidad son las situaciones escandalosas que han venido descubriéndose, por profesionales de la Sanidad o por medios de comunicación, una vez que fue preciso ponerse a "destripar" las cuentas sobre las que la Consejería justificó su plan privatizador. - Desde finales de 2008, la Consejería pagó los sueldos de 400 trabajadores no sanitarios del Hospital Puerta Hierro, que debería pagar la empresa concesionaria de esa gestión. Sin contabilizar aún la parte de 2012, el monto total hasta 2011 sería de unos 11 millones de euros, de los que la Consería declaró que pediría la devolución de 7,9 millones de euros [http://bit.ly/T7TPZv]. También se descubrió que el entonces gerente del Hospital ocupaba un cargo directivo en la mutua privada ARLI [http://bit.ly/17ZEDSB]. - Desde 2009 la Consejería ha pagado los salarios de 98 trabajadores del Centro de especialidades de Argüelles que debían ser pagados por Capio. Según la Consejería, ha descontando del pago a Capio un millón de euros al año por ese concepto, pero diversas estimaciones fijan en 2,5 millones al año el monto de esos salarios. Según El País, la Consejería alegó que "el acuerdo fue verbal y que por eso no se puede consultar ningún documento que lo recoja", ¡acuerdos verbales que nos han costado millones de euros! [http://bit.ly/VYz3do]. - En enero de 2013 salió a la luz que la Consejería pagaba "Pluses millonarios y 'secretos' para Capio" (titular de El Mundo), cifrados, para 2011, en 94 millones de euros adicionales a lo presupuestado para la Fundación Jiménez Díaz [http://mun.do/10kOTEW]. El núcleo duro del proyecto: desposesión y privatización A primera vista, llama la atención que el Gobierno regional se empeñe en decir, con escasas pruebas, que en 2013 los gastos serán 533 millones menos que los ejecutados en 2012, cuando, ciñéndose a los presupuestos aprobados, podría ponerse "la medalla" de haber logrado dejar el recorte presupuestario en sólo 61 millones de euros. ¿Por qué, ante una población harta de recortes, el Gobierno regional madrileño infla realizado en Sanidad? Usan el recorte presupuestario como cortina de humo para ocultar o justificar los graves recortes sociales realizados y por realizar. La única excusa encontrada a varias de las medidas anunciadas es que "ahorran", así que han convertido esa idea en su único argumento. La realidad es que no estamos ante un proyecto "de ahorro" ni "antidéficit". Estamos ante un proyecto político y social privatizador orientado hacia el crecimiento de los beneficios de un puñado de grandes empresas capitalistas. En ese proyecto encajan perfectamente los intereses personales de un puñado de "gestores" proclives al uso de lo que se ha venido a llamar la "puerta gitatoria", por la que van y vienen de la sanidad pública a la privada y viceversa como "ejecutivos para todo". Hay numerosos ejemplos, como los de Güemes [http://bit.ly/SnT4fE], Lamela [http://mun.do/101IDyr], Burgüeño [http://bit.ly/TcYWTS], Gómez Zamora [http://bit.ly/17ZEDSB], etc. En los días pasados en las mesas de la consulta ciudadana realizada en Madrid entre el 5 y el 10 de mayo algunas de las personas que defendían el proyecto de Ignacio González y de Lasquetty, a las que invitaba igualmente a votar para expresar su opinión, me decían que no hablase de privatización, porque lo que había era una externalización de la gestión de un servicio público. Merece la pena reflexionar sobre ello. El proyecto privatizador puesto en marcha no se basa en el antiguo modelo de medicina privada que cobra directamente a sus pacientes; ese tipo de negocio sólo es altamente rentable en el marco de una medicina dirigida a una élite. Tampoco se trata de una privatización tipo "venta", como se produce por ejemplo cuando el Estado vende una empresa pública o patrimonio público a grupos capitalistas recibiendo a cambio un dinero a corto plazo. El Gobierno regional no privatiza y cobra, sino que privatiza y paga. El actual proyecto privatizador se alza, parasitándolos y mermándolos, sobre los derechos sociales que a lo largo de años nuestra sociedad había instaurado a través de un servicio público sanitario que satisface un derecho universal financiado vía impuestos, no vía "igualas" ni pagando cada cual sus gastos sanitarios personales o familiares. En este nuevo proyecto, se privatizan fondos públicos, mutados en beneficios capitalistas, y se privatizan las decisiones y el mando sobre la gestión de un servicio público, supeditando todo a criterios de maximización de beneficios privados y minimización de protecciones sociales. Esta estrategia tiene, al menos, tres facetas, muy vinculadas entre sí: - El uso de fondos públicos para que empresas capitalistas extraigan beneficios a partir de ellos. Por ejemplo, al parecer el 75% de la facturación de Capio procede de fondos públicos [http://bit.ly/16UnTtA]. Esta privatización de los fondos públicos funciona a través de diversas modalidades: convenio con hospital privado para gestión de un área sanitaria, concesión a empresas de la gestión sanitaria y/o los servicios no sanitarios de un hospital, proyecto de privatizar la gestión de algunos centros de salud, derivaciones de pacientes a centros privados para la realización de pruebas médicas, análisis clínicos o tratamientos de rehabilitación, etc. - El deterioro del sistema público de salud, llegando incluso a excluir población del derecho a la sanidad pública y fomentando una paulatina disminución de la cartera de prestaciones (empezando por el "copago" en medicamentos, transporte sanitario, la exclusión de una parte de la población que recibía oxigenoterpia domiciliaria -caso Castilla La Mancha-, intentos paralizados de cierres de urgencias en CLM y de cobro de un euro por receta en Madrid y Cataluña-, etc.). - Incitación al sector de población de ingresos medios para que pague un aseguramiento privado complementario, especialmente en un momento en que, como consecuencia de la crisis, abundas las bajas en los seguros sanitarios privados. La coherencia entre estas tres tácticas es total. No debe extrañarnos que hoy haya empresas capitalistas que gestionen hospitales públicos pese que a la vez tienen gran parte de su negocio en el aseguramiento privado. Tampoco es casualidad que, pocos meses después de la decisión del Gobierno de Rajoy de introducir el repago en el transporte sanitario, aparezcan campañas publicitarias ofreciendo un "aseguramiento" que, según los spots, incluiría el servicio de ambulancias. La estructura del SERMAS Para mejor situar posteriormente los planes del Gobierno, convendría hacer un repaso de la estructura básica del sistema sanitario madrileño. Por un lado, está el sistema de atención primaria, basado en los centros de salud. La asignación presupuestaria que aprueba la Asamblea de Madrid no se hace centro a centro, sino a través del programa 730 Atención primaria, en el que se especifica la cantidad destinada a cada uno de los diversos subconceptos de gasto. Por otra parte, está el sistema de atención especializada, que incluye diversos hospitales así como los centros de especialidades y centros de salud mental de ellos dependientes. En este sistema se ha generado una compleja maraña de modalidades de gestión dependientes de la entidad jurídica de los hospitales, propiedad de los edificios, gestión pública o privada de los servicios no sanitarios, gestión pública o privada de la asistencia sanitaria... Esta maraña se ha complicado sustancialmente a partir de la creación de diez hospitales bajo el modelo IFP, "iniciativa de financiación privada", consistente en que la financiación de la construcción del hospital corre a cargo de empresas capitalistas que, a cambio de ello, conservarán la propiedad del hospital durante 30 años y cobrarán durante ese periodo un canon por el arrendamiento y por encargarse de la gestión de los servicios no sanitarios, además de disponer a su antojo de la explotación comercial de tiendas, máquinas expendedoras, aparcamientos, etc., lo que ha resultado ruinoso para los fondos públicos, ya que una construcción escalonada de hospitales financiada directamente habría permitido disponer en no mucho tiempo de los mismos hospitales por mucho menos dinero o de muchos más hospitales con el mismo dinero. Tenemos por tanto diversos tipos de hospitales. a) Hospitales públicos convencionales de gestión directa por el SERMAS. Estos hospitales funcionan con gestión pública, aunque sin excluir la contratación de empresas para ciertos servicios no sanitarios de limpieza, seguridad y otros o las derivaciones a centros privados para la realización de determinadas pruebas, etc. Son los hospitales públicos Carlos III, Cruz Roja, San Carlos, El Escorial, Guadarrama, Gregorio Marañón, Niño Jesús, La Fuenfría, Doctor R. Lafora, 12 de Octubre, Getafe, La Princesa, Universitario de Móstoles, La Paz (y el de Cantoblanco, que le está asociado), Principe de Asturias, Ramón y Cajal, Santa Cristina, Severo Ochoa, La Poveda, Virgen de la Torre y José Germain. Se financian a través de los programas que les son asignados en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid (los comprendidos entre el 751 y el 774, excepto el 760), uno por hospital y con detalle del monto asignado a cada subconcepto de gasto. b) Entidades hospitalarias de Derecho Público y régimen de actuación de Derecho Privado, con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, patrimonio propio y administración autónoma. Con frecuencia se dice que funcionan bajo gestión privada, pero se trata de una gestión pública realizada en condiciones de Derecho privado (laboral, mercantil, etc.), aunque, como en el caso anterior, pueda haber contrataciones de empresas privadas para ciertos servicios. En la Comunidad de Madrid podemos catalogar así al Hospital Universitario de Fuenlabrada y a la Fundación Hospital de Alcorcón, éste último con peculiaridades propias de su estatuto como fundación. Reciben una asignación presupuestaria global, sin detalle de gastos, a través de los subconceptos 8910 Hospital de Fuenlabrada y 8911 Fundación Hospital Alcorcón en el marco del programa 750 Atención especializada. Mientras un hospital como La Paz tiene asignado un programa presupuestario propio en el que se detallan los subconceptos de gasto del hospital, estos dos hospitales reciben su presupuesto global a través de subconceptos del programa genérico de atención especializada, sin detalle de en qué gastará cada hospital ese dinero. c) Hospitales públicos con gestión mixta bajo el modelo IFP, integrados directamente en el SERMAS sin estatuto de ente público o empresa pública: Hospital Puerta Hierro (Majadahonda). Al ser modelo IFP, la propiedad del edificio es privada, pagándose a empresas capitalistas un canon anual por arrendamiento y por gestión de los servicios no sanitarios. Se dice que es de gestión mixta porque la gestión de la asistencia sanitaria es pública. El hospital se financia presupuestariamente, con detalle de cada subconcepto de gasto, a través del programa 760 Hospital de Puerta Hierro, que incluye un subconcepto "arrendamiento operativo de centros hospitalarios" para pago del citado canon, en 2013 por importe de 51,6 millones de euros, un 19,5% del presupuesto total que se le asigna. d) Empresas públicas hospitalarias de gestión mixta bajo el modelo IFP. El modelo coincide con el citado anteriormente en que hay gestión sanitaria pública y empresas que cobran por el arrendamiento del edificio y la gestión no sanitaria. Ahora bien, en este caso los seis hospitales han sido constituidos jurídicamente como empresas públicas. Son el Hospital de Vallecas (Infanta Leonor), el Hospital del Sureste (en Arganda), el Hospital del Tajo (en Aranjuez), el Hospital del Sur (Infanta Cristina, en Parla), el Hospital del Henares (en Coslada) y el Hospital del Norte (Reina Sofía, en San Sebastián de los Reyes). Al ser empresas públicas no tienen programa propio en los Presupuestos, en los que se realiza una asignación global sin detalle de gasto a cada uno de estos hospitales en el marco del programa 750 Atención especializada, subconceptos comprendidos entre el 8912 y el 8917, respectivamente, uno por hospital. La Consejería pretende privatizar totalmente la gestión de estos seis hospitales en 2013, a partir del 1 de septiembre. e) Hospitales públicos con concesión administrativa completa de la gestión sanitaria y de la gestión de los servicios no sanitarios, también bajo modelo IPF. Por tanto, además del canon por arrendamiento y gestión de servicios no sanitarios, la Consejería de Sanidad paga a las empresas por la gestión sanitaria según el criterio "capitativo", es decir, una cantidad dada por cada tarjeta sanitaria asignada al hospital, sea cual sea la atención efectiva que preste. En estos momentos, son el Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles), Hospital de Torrejón y Hospital Infanta Elena (Valdemoro), además del Hospital de Collado Villalba, que permanecerá cerrado durante 2013, aunque Capio recibirá 12,7 millones de euros en 2013 por él. Reciben su financiación presupuestaria en el programa 750 Atención especializada a través de un único subconcepto por hospital: Son los subconceptos 2520 (Móstoles), 2526 (Valdemoro), 2528 (Torrejón) y 252A (Collado Villalba). También está privatizada la gestión del Laboratorio clínico central, pagándose a la empresa concesionaria a través del subconcepto 2529 del citado programa 750. f) Hospitales privados concertados con la Consejería como centros de referencia de parte población madrileña. Se trata de la Fundación Jiménez Díaz, con más de 400.000 personas asignadas. La asignación presupuestaria para ese concierto figura dentro del programa 750 Atención especializada, en el capítulo 2, gastos corrientes, subconcepto 2522 Fundación Jiménez Díaz, aunque se ha descubierto que la Consejería ha pagado hasta casi cien millones anuales adicionales a lo presupuestado. También existen conciertos parciales con otros centros privados para la realización de determinadas pruebas, etc., pero sin ser éstos centros de referencia de la población atendida. El proyecto privatizador durante 2013 ¿Qué medidas se propuso adoptar el Gobierno regional? a) La "externalización de la actividad sanitaria en 6 hospitales, utilizando el modelo de concesión". Como indiqué antes, los hospitales afectados son Hospital de Vallecas (Infanta Leonor), el Hospital del Sureste (en Arganda), el Hospital del Tajo (en Aranjuez), el Hospital del Sur (Infanta Cristina, en Parla), el Hospital del Henares (en Coslada) y el Hospital del Norte (Reina Sofía, en San Sebastián de los Reyes). La operación salió a concurso el 7 de mayo y el plazo de ofertas estará abierto hasta el 7 de junio. Se pretende privatizar la gestión sanitaria a partir del 1 de septiembre de 2013 y durante diez años. b) La "concesión de la prestación de la asistencia sanitaria de Atención Primaria de un 10% de los Centros de Salud". Posteriormente se concretó que serían unos 27 centros; no obstante, en las conversaciones mantenidas con colectivos profesionales la Consejería ha dejado caer el globo sonda de que podrían ser sólo 4 centros los afectados en 2013, pero no hay ningún compromiso al respecto y las y los trabajadores siguen rechazando cualquier privatización de los centros de salud. c) La "externalización de servicios no sanitarios", lo que incluye la aplicación de la disposición de la Ley 4/2012 que prevé la extinción de 26 categorías profesionales. d) La "transformación del Hospital de La Princesa en un hospital de alta especialización para la patología de las personas mayores". Esta medida fue suspendida tras una fuerte movilización de profesionales y pacientes, aunque el hospital ha sufrido duros recortes. e) La "transformación del Hospital Carlos III en un hospital de estancia media". f) Sin estar explicitado en el Plan de Sostenibilidad, la pulsión privatizadora también se está expresando durante 2013 con un incremento de la derivación a centros privados de pruebas y tratamientos que podrían realizarse perfectamente en los centros públicos de referencia, sin que en éstos haya largas listas de espera que lo justifiquen [http://bit.ly/132wBYW]. Esta situación ha dado lugar a numerosas protestas, como las llevadas a cabo en el Hospital Gregorio Marañón [http://bit.ly/13NfPfx]. Se están produciendo llamadas para ofrecer a pacientes la realización de pruebas o intervenciones en centros de gestión privada, porque supuestamente la cita en centros de gestión pública tardaría mucho, llegando sin embargo pocos días después la cita para el centro de gestión pública sin retraso significativo. A esto deben sumarse otros recortes, como la "reducción del gasto medio por receta farmacéutica", por medio del "repago" de las medicinas y del efecto disuasorio que ha hecho que muchas personas mayores hayan dejado de tomar su medicación, y la implantación de la tasa de un euro por receta, aunque está última medida está paralizada por los tribunales, tras una gran respuesta de insumisión ciudadana. Como ya he citado, el recorte del presupuesto sanitario respecto al de 2012 es de 61 millones de euros (-0,85%). Se trata de una disminución muy moderada, pero para una evaluación más precisa hay que entrar en detalle, ya que, en realidad, ese saldo final es consecuencia de una evolución no uniforme con cumbres y simas. Una primera aproximación podría hacerse a través de los siete grandes capítulos en que se divide el presupuesto sanitario.
Obviando los capítulos de gastos financieros (en 2013 dedicados a alquileres con opción a compra de aceleradores lineales) y transferencias de capital (dedicadas en 2013 a Fundaciones de Investigación Biomédica), con un aumento relativo muy grande pero con un peso absoluto en los presupuestos insignificante, observamos un claro desequilibrio entre los descensos en los capítulos 1, 4, 6 y 8, que, tomados en conjunto, caen un 7%, y el crecimiento en un 13,5% del capítulo de gastos corrientes. Entremos en detalle. El capítulo 1, gastos de personal, desciende 38 millones de euros (-1,3%). Si tomamos en cuenta los gastos de personal previstos en 2013 para los ocho entes y empresas públicas hospitalarias, pero que en los Presupuestos no figuran como tal sino inmersos en la asignación total hecha a cada hospital, estaríamos hablando de un recorte de 115 millones de euros (-3,4%). Estas cifras no dan justa medida de la catástrofe laboral y social que se está produciendo en el sistema sanitario público, con centenares de no renovaciones de contrato, jubilaciones"express" impuestas que han dejado en muy mala situación a los servicios, incremento de la precaridad (contratos de un mes), etc., todo ello con graves repercusiones sobre la población atendida. En este aspecto, querría compartir el diálogo que mantuve durante la consulta sanitaria con algunas personas que expresaron su desacuerdo con nuestra iniciativa, casi todas en buen tono y alguna participando en la votación, y que me dijeron que sabían que en tal o cual hospital "los médicos" (sic) llegaban a la hora que querían. Les dije que, aunque no era mi experiencia, desconocía el caso y no iba a negar que en ocasiones pasase lo que afirmaban, pero que si eso fuese cierto lo que había que atacar no era el sistema de gestión pública sino a los directivos, muy bien remunerados, que lo permitían. No hay nada inherente a la gestión pública que la haga "ineficaz", si eso ocurre en algún sitio es responsabilidad de los responsables que cobran mucho para hacerla funcionar correctamente: los Presupuestos para la sanidad madrileña incluyen más de 15 millones de euros (sin contar cotizaciones sociales) para altos cargos, sus gabinetes de libre designación y personal directivo, incluyendo más de 4 millones de euros por "productividad variable". El capítulo 4, transferencias corrientes, pierde 167 millones de euros (-13,7%). Bajo ese nombre, algo enigmático para quienes ignoramos la nomenclatura contable, se encuentran varios subconceptos, pero uno de ellos, el 4890 Recetas médicas, representa casi el 95% del total. Pues bien, en recetas médicas, esto es, en el coste abonado por el SERMAS de las recetas que nos dan en nuestos centros de salud, el recorte es de 152 millones de euros. Este "ahorro", que multiplica por 2,5 la disminución del presupuesto total para la Sanidad, se explica por las medida de "repago" farmaceútico impuestas por el Gobierno de Rajoy, que no sólo disminuyen la parte pagada por la Administración sino que también han provocado que muchas personas mayores hayan dejado de tomar medicamentos necesarios para ellas, a lo que el Gobierno regional alude con orgullo como "efecto disuasorio", cuando en realidad ese fenómeno responde a la misma lógica que el crecimiento de la subalimentación en las familias que se han quedado sin ingresos. El capítulo 6, Inversiones reales, pierde 48 millones de euros (casi -52%), alcanzando un recorte del 65% en el caso de la compra, reposición o mejora de equipamiento médico o de rehabilitación, aunque en términos absolutos el recorte más llamativo (-34 millones de euros), se produce en construcción, reposición o mejora de edificios. Finalmente, en lo que se refiere a los recortes presupuestarios, el capítulo 8, activos financieros, sufre un recorte de 96 millones de euros (-13,2%). Esa disminución queda sobradamente explicada por la disminución en 142 millones de euros (-20%) de la asignación presupuestaria para gestión sanitaria en los 8 entes y empresas públicas hospitalarias.
El recorte en las empresas públicas hospitalarias, en lo que se refiere a la gestión pública, es aún mayor (-37%), ya que las asignaciones antes referidas incluyen el canon por arrendamiento del hospital y pago de la gestión privada de los servicios no sanitarios, que crece unos cuatro millones de euros.
Parte de la caída de la asignación prevista para la gestión sanitaria en las empresas públicas se explica porque cubre sólo 8 meses, ya que está previsto que los cuatro meses finales sean gestionados de forma privada. Incluso así, el recorte para la gestión sanitaria en esos 8 meses, respecto a los datos de 2012, sería de unos 13 millones de euros. Más adelante se expondrán algunos datos que indican que la gestión privada saldrá más cara que la gestión pública. Hay que señalar también que si la disminución total del capítulo es "sólo" de 96 millones de euros eso se debe a que en 2013 aparece un subconcepto "Fondo para aportaciones financieras" dotado con 53 millones de euros, cuyo destino no ha sido explicado por la Consejería, ni siquiera ante preguntas directas formuladas en la Asamblea de Madrid. En contraste con todos estos recortes en gastos de personal, en inversiones, en recetas y en gestión de los entes y empresas públicas hospitalarios, con influencia muy directa sobre la calidad de atención prestada y de las condiciones en que se presta, nos encontramos con el aumento de 287 millones de euros (+13,5%) en el capítulo 2, Gastos corrientes en bienes y servicios. ¿Qué se entiende por gastos corrientes? Aunque es una especie de cajón de sastre, en el que se incluyen subconceptos muy diferentes, voy a elegir aquellos que me parecen más relevantes para el tema que nos ocupa. - Su artículo 25, "Asistencia sanitaria y servicios sociales con medios ajenos" crece 74 millones de euros (+10%). En él reside la expresión presupuestaria del núcleo central de la privatización de la gestión sanitaria. Incluye los fondos para los tres hospitales modelo IFP de gestión 100% privada, con un crecimiento de 43 millones de euros (+22%); los fondos en Presupuestos para la Fundación Jiménez Díaz, que disminuyen 23 millones de euros (-11%), aunque como hemos visto la FJD está recibiendo cada año fondos adicionales que no figuran en las cuentas publicadas, por lo que es difícil saber cuál será la evolución real; hay casi 13 millones de euros a pagar a Capio por el Hospital de Collado Villalba, pese a que estará cerrado todo el año 2013 (en 2012 se presupuestaron 22 millones de euros, pero no se utilizaron porque en julio de 2012 se declaró la no disponibilidad de gasto de este subconcepto); los fondos para la extrernalización de tratamientos de hemodiálisis, conciertos para diagnósticos por imagen y para rehabilitación-fisoterapia, con un crecimiento conjunto de unos 11 millones de euros (+25%). También incluye unos 20 millones de euros para la privatización de la gestión de centros de salud y 53 millones de euros para la privatización, en el último cuatrimestre, de la gestión sanitaria en las seis empresas públicas hospitalarias de actual gestión mixta. Aunque trataré más adelante este último caso de forma más amplia, adelanto que ese presupuesto de 53 millones de euros carecía de toda credibilidad desde que se aprobó y que ya es mero papel mojado pues según los propios pliegos de privatización el canon a pagar por el último cuatrimestre de 2013 será muy superior. En términos reales, podemos estimar que los gastos en Asistencia sanitaria y servicios sociales con medios ajenos subirán no menos de 150 millones de euros. Sin la ficción de un coste de la privatización de sólo 53 millones de euros el Presupuesto sanitario en 2013 sería superior al de 2012, pese a los importantes recortes en los capítulos 1, 4, 6 y 8. - El concepto 227 "Otros trabajos realizados por empresas y profesionales", que se refiere a las "externalizaciones" en limpieza, seguridad, cocinas, esterilización, lavandería, logística y otros ámbitos de los servicios no sanitarios, crece casi 18 millones de euros (+8%), pese a que, con el presunto fin de reducir costes, se ha iniciado un proceso de centralización de tales servicios, cuya contratación pasaría a depender directamente de la viceconsejería en vez de depender de los presupuestos de cada hospital. Resulta llamativa la subida en casi 11 millones de euros (+35%) del subconcepto 2279 "Otros trabajos con el exterior", pero no he encontrado información sobre su destino. - El artículo 21 "Reparación, mantenimiento y conservación" crece unos 17 millones de euros (+22%), lo que podría estar ligado al ya citado fuerte recorte que hay en las inversiones reales. - En cuanto al concepto 271 "Productos farmaceúticos", que no se refiere a las recetas sino a los medicamentos utilizados directamente por los centros sanitarios, crece 150 millones de euros (+33%), con algunas subidas espectaculares como las de los medicamentos oncológicos (+137,5%) y "Otros medicamentos antiinfecciosos" (+469,70%). Parte de ese crecimiento podría explicarse por la no-disponibilidad de gasto decretada en julio de 2012.que incluía 76 millones en productos farmaceúticos. Aún así, varios colectivos profesionales han manifestado que ese crecimiento parecía exagerado respecto al aumento de las necesidades reales que podía esperarse. Se ha barajado la posibilidad de que tratamientos que se venían realizando en los entes y empresas públicas hospitalarias, que no computan en el concepto 271 por no estar desglosada en subconceptos la asignación presupuestaria de estos hospitales, se deriven hacia algunos de los hospitales públicos tradicionales del SERMAS, pasando a computar en el concepto 271. La revisión de las "cuentas de pérdidas y ganancias" presupuestadas para 2012 y 2013 en los entes y empresas públicas hospitalarios parece avalar esa hipótesis, aunque hay que decirlo con la prudencia que impone la diferente estructura presupuestaria, ya que en estas entidades hay un concepto "Consumo de materias primas y otras materias consumibles" en el que no se distingue material sanitario, productos farmacéuticos, otras materias primas. Los fondos destinados a ese concepto para los Hospitales de Fuenlabrada y Fundación Alcorcón se recortan 7,3 millones de euros (-13%). En cuanto a los seis hospitales de gestión mixta, esto es, aquellos cuya gestión sanitaria se pretende privatizar, el dinero destinado a "Consumo de materias primas y otras materias consumibles" pasa de 91 millones de euros en 2012 a 47 millones para los dos primeros trimestres de 2013, lo que podría extrapolarse a 70 millones para el año entero. Habría por tanto una reducción de unos 20 millones en gasto anual en materias primas y consumibles, del que al menos una parte podría corresponder a una desviación de tratamientos hacia hospitales públicos con programa presupuestario propio. De hecho, el recorte en gasto farmacéutido de esos hospitales podría ser mayor de lo que parece si tenemos en cuenta que se prevé que a 1 de septiembre haya un excedente en farmacos y otras materias que sería comprado por la empresa concesionaria, por lo que el gasto real de los dos primeros cuatrimestres podría ser inferior a 47 millones, y que los contratos de concesión excluirán algunos tratamientos, en particular los vinculados a transplantes. Los riesgos de la privatización Los riesgos derivados de la privatización son muchos, especialmente en el caso de la privatización de la gestión sanitaria por medio del pago capitativo, esto es, estableciendo un canon por tarjeta sanitaria. Las empresas concesionarias cobrarán un monto dado de dinero que no dependerá de los servicios prestados sino de la población. Por ejemplo, si una empresa obtiene la concesión del Hospital de Vallecas a un precio de 155 millones de euros anuales (el canon anual máximo establecido por los pliegos es 159.242.889,06 euros), sus beneficios dependerán, con una salvedad que haré a continuación, de en qué medida sea capaz de reducir sus gastos. Podría decirse que cualquier empresa gana más si reduce sus gastos, pero la situación es totalmente diferente: a una empresa que fabrica gorros desde luego le interesará disminuir el gasto en producir cada gorro, dento de los límites en que eso sea posible, pero no le importará hacer un gasto total mayor si es para fabricar y vender más gorros obteniendo así mayores ganancias. Por no salir de la Sanidad, a los centros privados a los que se derivan la realización de radiografías o ecografías les interesa hacer cuantas más mejor, aunque cada una suponga un gasto. Sin embargo, para las empresas concesionarias de la gestión de un hospital cualquier gasto implica una disminución del beneficio, ya que los ingresos están determinados de antemano. Esto abre un amplio abanico de riesgos, pues pueden darse presiones sobre las y los profesionales sanitarios para reducir los gastos a toda costa, sin garantías de que se esté eligiendo el tratamiento, prueba o farmaco más adecuado en vez de optar por el más barato, también se puede llevar a cabo la gestión con personal insuficiente, mal pagado, etc. Iba a añadir "en precario", pero es difícil superar la precariedad de los contratos de un mes a los que con cada vez más frecuencia recurre la Consejería. A lo dicho en el párrafo anterior hay que hacerle un matiz, relacionado con la facturación intercentros. En caso de que una persona asignada a un hospital con gestión sanitaria privada sea atendida en un hospital de gestión pública, la empresa concesionaria tendrá que asumir los gastos generados en el hospital de gestión pública siempre y cuando que se trate de prestaciones sanitarias incluidas en el contrato. A las empresas no les interesará la derivación de pacientes a estos hospitales públicos, pues, a los precios estipulados, el coste a cubrir sería bastante mayor que el coste de atenderla en el hospital de origen siempre y cuando que esté a su alcance hacerlo. Eso da pie a situaciones peligrosas, ya que las empresas concesionarias serán muy reacias a derivaciones a hospitales de gestión pública aunque sean sanitariamente convenientes. Esto no es una mera suposición, El 18/12/2012, el diario El Mundo titulaba así un artículo: "El Hospital de Valdemoro presionó para no derivar pacientes a la sanidad pública", haciendo referencia a un correo electrónico enviado por el director médico y citando algún caso concreto sobre las consecuencias de esa "política comercial" [http://mun.do/SQFbEE]. En definitiva, someter la atención de la salud a criterios de lucro no puede dar buenos resultados para lo población. La falacia de la eficacia Si por eficacia se entiende la obtención de los mejores resultados posibles a partir de los medios disponibles, la gestión pública no tiene por que quedar por detrás de la privada. Allá donde la gestión pública es ineficaz, hay que exigir el cese de los responsables; es lo menos que puede hacerse en el marco de modelos de gestión jerárquicos, autoritarios y no participativos. Si no eres capaz de gestionarlo, ¡vete! El problema de fondo reside en los "resultados" que se buscan. Si lo que se busca es una atención sanitaria eficaz, que cure, que prevenga, que cuide a las personas y les dé prioridad, la mejor opción es la opción pública, corrigiendo lo que haya que corregir y eliminando a gestores ineptos y no identificados con la búsqueda del bien común. Otra cosa es cuando los "resultados" que se buscan son las ganancias privadas de algunos grupos capitalistas. Ahí cambian las cosas. Ciertamente, nuestros privatizadores no reconocen que la eficacia de la que hablan es la de la tasa de ganancia capitalista. Nos hablan de "ahorro". Nos dicen que, aunque un grupo empresarial se quede con fondos públicos baja la forma de beneficios, la gestión privada es tan superior a la pública que podrán hacerlo a menor coste que con una gestión pública… y dando el mismo servicio. Pues bien, no sólo es falso que se dé el mismo servicio a menor coste, sino que también es falso que la gestión privada salga más barata en términos absolutos. Los datos procedentes de Reino Unido o Estados Unidos lo demuestran, pero también nuestra propia experiencia. Los datos que hemos ido viendo muestran que los recortes se concentran en nuestros derechos y en los medios puestos a disposición de la gestión pública, mientras que crecen los fondos que van a parar a manos de empresas capitalistas. Podrían alegar, claro está, dentro del enfoque meramente cuantitativo, que el aumento de gasto en las gestiones privatizadas genera una disminución mayor en los gastos de la gestión pública. Pero también hemos visto que ni siquiera es eso cierto cuantitativamente, y menos aún lo serían si introducimos criterios de calidad. Hemos visto que el presupuesto 2013 sólo es 61 millones de euros inferior al de 2012, pese a que han recortado 153 millones de euros en recetas o pese a que han evaluado el coste durante el último cuatrimestre de la privatización de la gestión sanitaria en seis hospitales es un monto ridículo, muy inferior al que han ofrecido en los pliegos de privatizazión. No, la privatización que costará salud y vidas ni siquiera ahorra dinero. Botón de muestra; la privatización de seis hospitales públicos A finales de 2012 (la versión que tengo fue creada el 2 de noviembre) la Consejería emitión su "Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema Sanitario público de la Comunidad de Madrid", en el que se afirmaba que "De media, el coste total de la asistencia sanitaria especializada de la población de los hospitales de gestión mixta es de unos 600 euros por habitante, mientras que en los hospitales con modelo capitativo más recientes, este coste medio anual es de 441 euros". Teniendo en cuenta que el número de tarjetas asignadas a estos hospitales es cercano a 1.150.000, esa estimación permitía a la Consejería decir que la privatización permitiría ahorrar unos 180 millones de euros al año. Sin embargo, la realidad era bastante diferente a las declaraciones hechas por la Consejería, especialmente en lo que se refiere al coste de la gestión pública de la atención sanitaria en los citados hospitales. A partir de las asignaciones presupuestarias para estos hospitales en 2012, una vez descontado el canon por arrendamiento y por la gestión privada de los servicios no sanitarios, una simple división entre el número de tarjetas asignadas demostró que el coste capitativo directo estaba en torno a 315 euros, poco más de la mitad del coste de 600 euros atribuido por la Consejería y casi un 30% más barato que el supuesto coste atribuido a la gestión privada. No obstante, desde la Consejería se dijo que había gastos indirectos de esos hospitales que no figuraban en su asignación presupuestaria ni en la estimación de gasto real a 31/12/2012. En particular, se referían a la facturación intercentros "virtual" (no hay en realidad pago entre hospitales de gestión pública) y una parte de los gastos centrales en laboratorio, informática y oxigenoterapia. Pese a las enormes dificultades para disponer de datos contables reales, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), en un documento que ha tenido una incidencia muy importante en la conformación de una conciencia crítica sobre la amenaza privatizadora, hizo con el mayor rigor posible los cálculos propuestos desde la Consejería. A los gastos directos de la atención sanitaria (360 millones, tomando como referencia la estimación de gastos reales durante 2012 de los entes y empresas públicas hospitalarias hecha en aquel momento por el propio Gobierno regional), se sumaron 54 millones de facturación intercentros (tomando como referencia las declaraciones de altos directivos de la Consejería que en ese momento la estimaron en un 15% del gasto directo) y 22 millones por laboratorio central, oxigenoterapia, informática y otros (estimación propia de AFEM), lo que da un gasto total de unos 436 millones de euros, equivalente a unos 380 euros por tarjeta sanitaria: un 37% menos que los 600 arbitrariamente atribuidos y un 14% menos que los 441 euros a los que se decía entonces que iba a salir la gestión privada, que costaría, en tal caso, unos 70 millones más cara que la gestión pública. Paradójicamente, el reflejo del proyecto privatizador en los Presupuestos de 2013 fue totalmente incoherente, no sólo con la realidad, sino también con las falsas estimaciones hechas por las Consejería. En efecto, para la privatización de los seis hospitales de gestión mixta, que tendría lugar a partir del 1 de septiembre de 2013, los presupuestos destinaron 52.852.666 euros. ¡Pero a 441 euros por persona y año ese dinero no daría para la gestión de un cuatrimestre, sino apenas para la de 40 días! Extrapolado a un año entero saldría a una cápita imposible de 140 euros por persona, condiciones en las que ninguna empresa podría estar interesada en asumir la gestión. El supuesto ahorro sanitario en 2013 se basa en ficciones como esa. La publicación el 7 de mayo del concurso para la gestión por concesión durante 10 años del servicio público de la atención sanitaria especializada correspondiente a los hospitales universitarios Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo nos devuelve a la realidad. El precio máximo de licitación, que no podrá rebajarse en las ofertas en más de un 10%, oscila entre la cápita de 549,39 euros al año por tarjeta sanitaria del Hospital de Vallecas y la de 448,24 del Hospital del Norte, con un valor medio, tomando en cuenta las poblaciones afectadas, de 488 euros, 47 euros por tarjeta más que los 441 que la Consejería había venido suponiendo en sus cálculos y 108 euros por tarjeta, 124 millones más en total, que el coste de la gestión pública estimado por AFEM. El coste por cuatrimestre de la gestión privada al precio máximo de licitación asciende a unos 187 millones. Dado que durante los seis primeros meses habrá unas reducciones que oscilan entre un 22% y un 34% según el lote a contrato, el canon del último cuatrimestre de 2013 saldría por unos 136 millones de euros, muy por encima de los 53 millones presupuestados. Y seguiría muy por encima aunque la concesión se hiciera con las máximas rebajas permitidas sobre el precio de licitación, ya que en todo caso serían más de 120 millones. Es importante señalar que la reducción del canon en los primeros seis meses no representa un ahorro real, ya que durante ese periodo las empresas concesionarias quedan exentas de pagar la facturación intercentros relacionada con pacientes que ya estuvieran a cargo de otro hospital al inicio del contrato. Otra característica importante es que quedan excluidas del contrato diversas prestaciones, como la prestación de farmacia dispensada en las oficinas de farmacia abiertas al público mediante receta oficial, los trasplantes, las prestaciones inherentes al transporte sanitario y los tratamientos de oxigenoterapia y otras técnicas de ventilación asistida domiciliarias. ¿Cómo justifica la Consejería renunciar a una gestión pública a un coste medio de 380 euros por tarjeta para pasar a una gestión privada cuyo coste medio estará entre 440 y 488 euros por tarjeta?: inflando los costes de la gestión pública hasta que los resultados sean los deseados, es decir, los que permitan justificar la privatización a un precio elevado. En primer lugar, de los 360 millones de euros de gasto presupuestado y estimado para la gestión sanitaria pública en 2012 en estos hospitales pasan de repente a decir que han sido 410 millones, sin por otra parte dar explicaciones ni exigir responsabilidades a sus directores de los hospitales por esa supuesta desviación de un 14%, en estos tiempos en que 0,2 puntos de déficit más en un año es puesto como excusa por el Gobierno de Rajoy para terminar de destrozar el sistema de pensiones o los derechos laborales. En cuanto a los diversos gastos centralizados de que antes he hablado, los estima en unos 25 millones, en vez de los 22 millones estimados por AFEM. Ahora bien, la parte principal de esta operación der maquillaje reside en la estimación de la facturación intercentros. Si AFEM, utilizando la estimación salida de la Consejería de que equivaldría a un 15% del coste directo, la había cifrado en 54 millones, ahora la Consejería la eleva hasta 280 millones de euros, casi un 70% del coste directo supuesto, llegando en algún caso (Hospital de Vallecas) a estimar una facturación intercentros (127%) superior al coste directo en el propio hospital. Con esas cuentas, se cubren las espaldas atribuyendo a la gestión pública un coste de 620 euros por tarjeta y año, por encima de los 600 de los que inicialmente hablaron. Pero eso nada tiene que ver con el gasto real. En realidad, es algo descabellado. Tomemos, por ejemplo, el caso de La Paz, un hospital muchísimo más complejo, con intervenciones y tratamientos de alto coste que no pueden llevarse a cabo en los hospitales de los que estamos hablando. El presupuesto total en 2013 para la Paz es de 465 millones de euros, incluyendo también gastos de gestión no sanitaria. La población de referencia es cercana a 800.000 personas, suponiendo a la baja unas 700.000 tarjetas tendríamos un coste medio por tarjeta de unos 670 euros; un vistazo rápido al detalle del presupuesto del hospital me hace pensar que el coste de la gestión no sanitaria es no inferior a 30 millones-, lo que nos pondría en unos 630 euros por tarjeta. Aunque a eso se añadan algunos gastos centralizados, y teniendo en cuenta que el saldo de la facturación intercentros de La Paz será, sin duda, positivo, pretender que la gestión sanitaria pública en los hospitales todavía mixtos es prácticamente igual o incluso superior al de La Paz es una insensatez. La Consejería se aferra a la facturación intercentros por lo incontrolable que es en estos momentos para la oposición política, los sindicatos y la ciudadanía. No está en marcha un sistema fiable y completo de medición de los flujos intercentros, y menos aún datos transparentes al respecto. El propio pliego de prescripciones técnicas del concurso de privatización reconoce la existencia de "prestaciones asistenciales no incluidas actualmente en el sistema de información de flujos intercentros". Todo apunta a que se está inflando la estimación en los casos de gestión pública y desinflando en los casos de gestión privada, si es que se está cobrando, pues durante mucho tiempo no ha habido datos al respecto, aunque últimamente la Consejería ha dado informalmente algunos sobre la facturación intercentros en el Hospital de Valdemoro. Para el año 2011, la Consejería estima el saldo negativo de la facturacion intercentros de ese hospital, que tiene asignadas unas 100.000 tarjetas, en 7,7 millones de euros. En proporción a la población, la facturación atribuida a los hospitales a privatizar más que triplica la facturación atribuida a ese hospital de características similares pero de gestión privada. Además, como indica el pliego de prescripciones técnicas, "En el precio público de cada procedimiento codificado (Alta hospitalaria, Cirugía Mayor Ambulatoria, consultas, hospital de día, etc.) se encuentran comprendidos todos los costes hospitalarios, de producción propia o concertada, sanitarios y no sanitarios, de la atención en el centro de procesos médico-quirúrgicos". Pero en los hospitales mixtos la gestión no sanitaria de los hospitales mixtos es responsabilidad de empresas capitalistas que cobran por ella, también según el criterio de número de tarjetas, por lo que esa parte debería descontársele a ellas, no contabilizarla como gasto sanitario. Además, lo desmesurado de los datos que se están pasando en cuando al flujo intercentros de estos hospitales parece indicar que se está contando toda la atención intercentros, incluso aquella derivada de prestaciones no dadas por los hospitales mixtos, que, sin embargo, no se cobrará a las empresas concesionarias de la gestión sanitaria en el actual proceso de privatización por no estar incluidas en el contrato. Veamos esto desde otro punto de vista. Al precio máximo de licitación, el canon que se pagaría a las empresas concesionarias serían unos 560 millones de euros. Si tuviesen que asumir una facturación intercentros de 280 millones, les quedarían otros 280 millones cuando, según la Consejería, sólo la gestión sanitaria directa tuvo en 2012 un coste de 410 millones. ¿Es posible bajar de 410 a 280, y además obtener beneficios? No, salvo destrozar totalmente la atención prestada. El misterio está, de nuevo, en la "facturación intrercentros". Como los datos de la Consejería están totalmente inflados, en cuanto los hospitales estén en manos privadas tendrán una "milagrosa" reducción y veremos como bajan de un 70% del coste directo a un 5% o algo así. Eso se explicará en la mayor parte de los casos porque nunca ha existido ese coste, en otros porque aunque existe no se les va a computar a estas empresas y una parte, muy peligrosa, se deberá al bloqueo de los traslados a hospitales de gestión pública para no tener que pagar por ellos. Esto no ha terminado Aunque el Gobierno regional lleve a cabo la privatización, como parece dada la fase del proceso en que estamos, esto no debe tomarse como una derrota definitiva del movimiento. Fijémonos, en primer lugar, de que no se han atrevido a dar la concesión por los 30 años habituales. Tomemos en cuenta también de que los grupos de oposición se han comprometido a revertir la privatización; no es que haya que fiarse mucho de ello, pero si da muestra de la presión social existente. Pero lo fundamental es que el Gobierno se ha desgastado mucho en todo este proceso, que una gran parte de la población es contraria a la privatización y que ha crecido mucho la conciencia social en torno a la importancia de la sanidad pública y el sentimiento de que ésta es un patrimonio común y no un servicio más que puede estar al albur de los caprichos de los gestores políticos. El firme rechazo de las y los profesionales tampoco hará nada fácil la gestión esta situación por el PP. Ahora están preparándose nuevas formas de resistencia. Miles de personas han firmado ya que, en caso de privatizarse su hospital, usarán la libre elección para trasladarse a uno de gestión público, mientras que las trabajadores y trabajadores están afirmando su voluntad de permanencia en los hospitales para seguir defendiendo su función pública. Cada vez son más personas las que, al ser convocadas para determinadas pruebas o tratamientos en centros privados, lo rechazan y exigen ser atendidas en centros públicos. Esto no ha hecho más que empezar. Cuenten lo que cuenten, la lucha sigue.
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