Una proposición honrada triunfa mejor exponiéndola sencillamente, pero es imprudente anunciar con sencillez lo que no es honrado.

Cien primeros días decepcionantes. Y los siguientes, también

Cuenta Joaquín Estefanía en La economía del miedo, que el primer “New Deal” de F. D. Roosevelt arrancó con cien días apasionantes debido a la “borrachera legislativa“, que afectó a áreas importantes del aparato económico  de EEUU, con que comenzó su mandato. No puede decirse lo mismo de los primeros cien días de Rajoy, pues, aunque su Gobierno haya padecido similar “embriaguez”,  comparado con lo que decía antes del 20 de noviembre, el resultado de tales reformas debe calificarse de decepcionante, por el fondo y por la forma.
Por la forma, porque el “viejo trato”, maltrato más bien, dispensado por el poder político a la ciudadanía, ha vuelto a imponerse con una actitud prepotente -incluso chulesca-, que nos retrotrae a los años en que, en España, gobernar era un ejercicio altanero y con frecuencia despótico.

A una campaña electoral sin desvelar el programa, han seguido tres meses de ocultamiento de los Presupuestos Generales del Estado por simple cálculo electoral, una de las viejas malas mañas del PP, y un rosario de medidas dictadas con rapidez pero sin explicaciones -¿las merecen los ciudadanos?- que contradicen lo afirmado y confirman lo silenciado en la campaña electoral.
Medidas dictadas sin ánimo negociador -con abuso del decreto-, que han indispuesto al Gobierno incluso con CiU, cuyo programa de recortes es tan involucionista como el suyo, y que en el caso de la agresiva y regresiva reforma laboral han dejado al margen lo ya acordado por la patronal CEOE y los sindicatos, con gran contento de los empresarios.

Lejos de las continuas comparecencias de Roosevelt en la radio, en las que explicaba su programa y trataba de devolver la confianza a los ciudadanos, Rajoy no sólo carece de intención pedagógica sino que evita dar la cara. Juró el cargo en vísperas de Navidad, levantó el vuelo y regresó al Congreso en vísperas de carnaval, y salvo raros anuncios (la mayoría del PP en el Congreso veta sus comparecencias), ha encargado la presentación de las reformas económicas a las primeras espadas del Gobierno y del Partido -Santamaría, Guindos, Montoro, Báñez y Cospedal- y las intenciones ideológicas a Wert y Gallardón, mientras él se ha dedicado a la política europea, creyendo que la afinidad de ideas con el triunvirato que dirige la Unión Europea -Merkel, Sarkozy, Draghi- le iba a deparar alguna ventaja, pero no ha sido así: alaban su docilidad al aplicar los recortes -apacienta mis mercados-, pero le exigen más, y el intento de querer modificar de modo unilateral el objetivo del déficit para este año, desde el 4,4% comprometido hasta el 5,8% del PIB, les ha sentado mal y le han fijado el objetivo del 5,3% sin excusa posible.

De cara al exterior, el resultado de los primeros cien días no es satisfactorio a pesar de la coincidencia estratégica con la Unión Europea, pues el Gobierno no ha logrado transmitir confianza a los mercados y ha mermado la de Bruselas con el desvelamiento de los agujeros en el sistema financiero.
Contra lo que afirmaba Sáenz de Santamaría dos días después de haber ganado las elecciones de noviembre -La prima de riesgo española se llama Zapatero-, la prima de riesgo ha rebasado a la de Italia, superando el valor máximo alcanzado en tiempos de Zapatero, y la Comisión Europea ha situado a España bajo supervisión, imponiéndole unos recortes más severos que a Grecia, Portugal e Irlanda para reducir el déficit público desde el 8,5% del PIB en 2011, hasta el 3% en 2013, objetivo que el FMI estima difícil de alcanzar antes del año 2018. El Fondo también prevé una década perdida, con un raquítico crecimiento del 1% en los cuatro próximos años, y pospone hasta 2017 un PIB equivalente al del año 2008.

Pero no sólo las remendadas cuentas del Gobierno central ofrecen escasa confianza, también las locales y autonómicas. Los ayuntamientos han remitido al ministerio de Hacienda un total de 1.900.000 facturas pendientes de pago, que ascienden a 9,5 millones de euros, y los gobiernos autonómicos han revelado que el importe de 4 millones de facturas pendientes de pago asciende a 17.255 millones de euros. Una vez cerrados, ampliados, remendados y enviados a Bruselas los Presupuestos de 2012, el 18 de mayo, una semana después de conocerse la quiebra del cuarto banco del país, Bankia, se “descubre” que los gobiernos autonómicos de Madrid y de Valencia tienen déficits superiores a los previstos, en particular el de Madrid, que, con el 2,2%, duplica el 1,1% que se anunció a bombo y platillo como ejemplo de buena gestión; déficits que no cabe atribuir al legado del Gobierno de Zapatero. En 2011, la comunidad valenciana, que Rajoy proponía como modelo de gestión para España, ha tenido un déficit público de 4.657.150 millones de euros, y la de Madrid, otro propagado modelo de buena gestión, de 4.231.000 millones de euros. Otras comunidades gobernadas desde hace años por el Partido Popular tampoco se libran del déficit: el de Murcia es de 1.237.000 millones, el de Castilla y León 1.488.720 millones, y el de Galicia 929.000 millones de euros.
Con tales cifras, el déficit público nacional ascendió al 8,9% del PIB en 2011.

El desgaste internacional de la “marca Rajoy” se ha mostrado también en la salida de España de 128.000 millones de euros, que irán a invertirse en otra parte, en la caída de la Bolsa, en la pérdida del representante español en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, en la nacionalización de YPF, filial de Repsol, por el gobierno argentino, y de TDE, la filial de Red Eléctrica, por el gobierno boliviano.
Al atribuir el origen de la crisis económica exclusivamente a la mala gestión de  Zapatero y confiar la recuperación a su salida de la Moncloa, Rajoy alardeaba de ser un hombre con la misión providencial de devolver la confianza a los españoles y sobre todo a la UE y a los inversores. Durante cuatro años, ésta ha sido la cantinela del PP, que colocaba sobre los hombros de Rajoy una tarea imposible de cumplir, porque una vez en el Gobierno le aguardaba la crisis de verdad, no la inventada por conveniencia electoral. Ahí le esperaban para que mostrase su talla de estadista las presiones de la UE, la recesión, la deuda externa, la prima de riesgo sin alejarse de la zona de peligro, la Bolsa bajando (el Ibex 35 está en el puesto noventa de las bolsas mundiales1, con un descenso del 15,36% en 2012; en 2011 bajó un 17,43%), el paro subiendo (ronda el fantasma de los 6 millones) y la pobreza extendiéndose, los bancos pidiendo y absorbiendo dinero -716.000 millones de euros; el 40% de la deuda externa corresponde al sector financiero2 (y la inversión productiva sigue sin llegar), salvo la oferta milagrera de montar un timba por todo lo alto, con un megacasino en Madrid-. Y en todo ello se ha visto no sólo la coincidencia ideológica del Gobierno con Angela Merkel en las líneas maestras de la política económica, presidida por una austeridad selectiva que carga los costes sobre los estratos sociales económicamente más débiles, sino la indefinición en las medidas a aplicar en España y la rapidez con que se aceptan las órdenes que llegan desde Berlín vía Bruselas para llenar ese hueco. El catálogo de medidas previstas para hacer frente a la recesión debía ser bastante corto, cuando el ministro de Economía decía a mediados de mayo: España ha tomado todas las medidas que estaban en su mano para volver al crecimiento y estabilizar la economía española. Ahora necesitamos la cooperación de toda la zona euro y una respuesta conjunta. Nada se ha hecho para volver al crecimiento, sino al contrario, y el ministro, al admitir que estaba sin ideas, debería dimitir. Pero ahí sigue.

El providencial Rajoy traía como principal aportación el áspero talante de la derecha española y la intención de volver al pasado, a atender con prioridad los intereses de las clases altas y de la Iglesia, y ante los apremios de la realidad ha tenido que improvisar. Y ahí se ven las ocurrencias: donde antes dijeron que no, ahora dicen que sí; donde criticaron a Zapatero por seguir las directrices de la UE, ahora hacen algo parecido, aún más duro y más servil, pero ocultando los recortes tras un rosario de eufemismos. La excusa, que no explicación, sigue siendo la herencia recibida, pues esperan que criticar lo hecho por Zapatero les sea de utilidad durante toda la legislatura, que, al paso que va el deterioro del gabinete, no será larga.
Lo que opinan los ciudadanos sobre la gestión del Gobierno se puede observar en la calle, en la proliferación de protestas, en la huelga general del día 29 de marzo contra la reforma laboral, en la convocada contra la reforma educativa, en las manifestaciones del 29 de abril y el 1 de mayo, en las movilizaciones siguientes, en las que se anuncian y en la reemergencia del movimiento de los indignados (15M), que expresan el malestar, el desconcierto y el temor popular ante un futuro sobrado de malos presagios. También se percibe en el escueto resultado electoral obtenido en Asturias, donde el PP no ha sumado ni un escaño a los que tenía, y en el fracaso no electoral, pues ha ganado 3 escaños, sino político en Andalucía, que impiden a Rajoy cumplir el sueño de extender la hegemonía conservadora a escala nacional.

El sondeo de Metroscopia de abril indica que el 52% de los encuestados cree que Rajoy está improvisando, el 72% rechaza la amnistía fiscal y el 73% los recortes en sanidad, entre ellos el 58% que se declara votante del PP. El 58% desaprueba la gestión de Rajoy, que inspira poca o ninguna confianza al 70%. El PP pierde 8 puntos en intención de voto, aunque no favorecen al PSOE. Tendencias que persisten en el sondeo del mes de mayo.
Cifras similares ofrece el barómetro del CIS del mes de abril, que indica que el PP, con el 40,6%, pierde 2,1 puntos en intención de voto respecto al sondeo de enero (42,7%), colocándose a 11 puntos del PSOE, que sube 1,6 puntos (29,6%).
En cuanto a la valoración de líderes, Rajoy, con 3,84 puntos, se coloca detrás de Rosa Díez (4,47), Rubalcaba (4,11), Durán Lleida (3,96) y Barkos (3,97). Ninguno de los ministros aprueba; el mejor valorado es Gallardón (4,31) y el menos estimado es Wert (3,19).
El 48,3% de los consultados califica la gestión del gobierno de mala o muy mala. El 88% opina que la situación económica es mala o muy mala; el 93% que es peor que hace un año, y el 67% estima que el año 2013 será igual o peor. Para el 52%, la labor de oposición del PSOE tampoco es buena.

Las dos “almas” de un partido desalmado

Las reformas acometidas por el Gobierno desde el mes de diciembre se han visto confirmadas en los depresivos y deprimentes Presupuestos Generales, con un recorte de 27.300 millones de euros y otro adicional de 10.000 millones en educación y sanidad, que supeditan cualquier intento de reanimar el mortecino aparato productivo (la prevista caída del 1,7% del PIB en este año llegará al 2%) al objetivo de rebajar en 8 meses el déficit desde el 8,5% al 5,3% del PIB, marcado por la Unión Europea. Meta que exige un gran esfuerzo para este año y que se debe mantener en el siguiente para llegar al 3% del PIB, en 2013. Cifras y fechas fijadas unilateral y mágicamente por Ángela Merkel, erigida en capitana general de la UE, que por ahora parecen tan difíciles de modificar como de cumplir, dada la situación general del país, en recesión, con depresión del PIB cercana al 2%, tasa de paro del 24%, elevada deuda externa, la inversión privada en estado catatónico y el crédito bancario sin fluir. Todo ello permite calificar los Presupuestos de sorprendentes y explica el escepticismo con que se han recibido fuera de nuestras fronteras. 
El goteo de disposiciones, declaraciones, desmentidos, rodeos y eufemismos de los ministros; las fugas, silencios y lacónicas apariciones de Rajoy, que huye del Congreso, y las medidas que estando en la oposición dijeron que nunca tomarían, desmienten la tan propagada como infundada creencia de que ellos son buenos gestores, pero tampoco se debe extraer la errónea impresión de que el Gobierno, al cebar la recesión, no sabe a dónde va. Quizá no tenga un programa muy claro para salir de ella, y es obvio que carece de un plan alternativo, pero, en esta reconfiguración política del continente decidida por la derecha europea al amparo de la crisis, Rajoy, a pesar del amagado gesto soberanista de reducir de modo unilateral el déficit de 2012, ha asumido su condición subalterna y trata de cumplir en España la parte que le toca.

Para ello, además del interés por alejarse de lo hecho por Zapatero, tiene claros los intereses que son prioritarios en su amplia base electoral, que Fraga llamó mayoría natural, que de natural tiene poco y mucho de artificiosa alianza trabada por preceptos de la religión católica, residuos del franquismo y valores neoliberales en versión hispánica, que cuadran tan bien con su comportamiento autoritario.
Rajoy sabe lo que quiere (el poder, ante todo); sabe dónde situarse en Europa y en España, sociedades moldeadas por 30 años de valores conservadores y desconcertadas por la crisis; sabe cuáles son los colectivos más importantes de su clientela y quiénes son sus aliados (la banca, la Iglesia, gerifaltes del mundo de los negocios, grandes y pequeños gremios patronales y buena parte de la casta que copa las instituciones) y quiénes son sus adversarios (los partidos de izquierda, los sindicatos, las asociaciones y movimientos realmente populares, los trabajadores sindicados, los artistas e intelectuales progresistas). Y tener eso claro es esencial en la política, porque ayuda a no perder de vista la meta.
Es posible que Rajoy no disponga de mucho margen de maniobra ante las exigencias de la Unión Europea, ni de una táctica muy perfilada, lo que le hace parecer desnortado en unas circunstancias muy cambiantes, pero tiene una estrategia que va más allá de la recesión, que es desmontar lo más que pueda nuestro modesto Estado del Bienestar, un tesoro acumulado desde hace años por la aportación fiscal de las clases subalternas, para entregarlo a la gestión de empresas, que además de generar un beneficio privado, no ofrecen mejores servicios ni más baratos.

Para la derecha europea, y también para el PP, es importante aprovechar la ventaja que proporcionan la actual coyuntura y la situación de desconcierto de los ciudadanos para decidir, desde ahora, el tipo de sociedad que ha de resultar de la superación de la crisis. Con medidas excepcionales y una austeridad inspirada en la ley del embudo preparan no sólo la salida de la recesión en un próximo mañana, sino la aplastante victoria sobre las clases populares que desean obtener pasado mañana, acercando el sur de Europa a las condiciones laborales del tercer mundo y tratando de imponer un fatal retroceso en derechos democráticos. 
Esta estrategia tiene dos ejes de actuación, derivados de las dos “almas” (son católicos) del PP, la neoliberal y la conservadora, que muestran su semejanza con otros partidos de ese espectro, en particular con el Partido Republicano de Estados Unidos, pero también revelan las rancias peculiaridades de la derecha española.

La estrategia neoliberal

La estrategia económica se inspira en el darwinismo sociológico que alienta la supervivencia de los más fuertes: el Gobierno no sólo se olvida de los más débiles, sino que se pone de parte de los más fuertes para agredirles, y se vuelve garantista con los mejor situados y con los más aptos, que no son los mejores, sino con frecuencia los peores: los más insolidarios, los más corruptos y los medradores. Es la ley de la jungla adoptada como orientación estratégica por un gobierno católico.
Las disposiciones sugeridas por el “alma” neoliberal parecen inspiradas en las ideas del protoliberal Mandeville: Los que se ganan la vida con su trabajo diario no tienen más estímulo que sus necesidades, que es prudente moderar, pero que sería insensato suprimir. Lo único que puede espolear el celo de un trabajador es un salario prudencial. Si el jornal es demasiado pequeño puede, según su temperamento, desanimarle o moverle a la desesperación; si es demasiado grande puede hacerle insolente y vago (…) Para hacer feliz a la sociedad y conseguir que el pueblo viva dichoso, aun en tiempo de escasez, es necesario que la gran mayoría permanezca inculta y pobre. El conocimiento dilata y multiplica nuestros deseos, y cuantos menos deseos tenga un hombre, más fácil es satisfacer sus necesidades. Así, la estrategia económica del PP, al amparo de un discurso populista, tiene por objeto defender los intereses del capital privado, en especial de los grandes empresarios y de las mayores fortunas, en detrimento de las necesidades e intereses de los trabajadores y las clases populares, a los que van destinados los mayores recortes.

Actuando a favor de una de las partes en conflicto por el reparto de la riqueza, pues de eso se trata, el Gobierno intenta aumentar el desequilibrio existente entre las fuerzas del capital, que buscan aumentar el beneficio privado, y las fuerzas del trabajo, que defienden el salario y los servicios públicos, fortaleciendo la postura de los empresarios, a los que estima únicos creadores de la riqueza, y debilitando la posición de los trabajadores, que, como piezas de recambio, considera un apéndice de las actividades de los primeros. La agresiva y regresiva reforma laboral, que aumenta el poder de las empresas para cambiar de modo unilateral la relación laboral en materia de jornada y lugar de trabajo, salarios, contratos, despidos (los ERE han subido el 45% hasta abril), con la posibilidad de prescindir de los convenios colectivos, así como la intención de recortar el derecho de manifestación en el Código Civil, restringir el derecho de huelga y hacer de RTVE otro órgano de propaganda del Gobierno son medidas que responden a este propósito. En el caso de RTVE, de momento, y hasta que se elija al Presidente, al reducir de 12 a 9 el número de miembros del Consejo de Administración de RTVE, el Gobierno ha suprimido los representantes de los sindicatos.
Los trabajadores, cuyas vidas se ven también afectadas por recortes en otros capítulos del Presupuesto, al ser privados de garantías y elementos de defensa individual y colectiva quedan laboralmente desamparados por el Estado y a merced de la voluntad patronal, que se extiende más allá de las empresas a través de una legislación laboral y civil de excepción. Pues al recortar derechos para disciplinar la fuerza de trabajo, el Estado cede a los empresarios parcelas importantes de su función organizadora y coercitiva, que dejan de ser privilegio público en manos del poder legítimo para ser ejercidas de modo discrecional por particulares llevados no por el interés general, sino por su beneficio. Lo cual refuerza el carácter despótico que posee la dirección de la empresa capitalista en su doble faceta de organizar la producción y de mandar sobre la fuerza de trabajo. Los poseedores de capital consiguen que el Estado reduzca su faceta asistencial y se acerque al Estado mínimo con el que sueñan los neoliberales, y que el poder del capital, ejercido a través del mercado, sea máximo.
Por si hubiera alguna duda sobre la asimétrica intervención del Gobierno, que  actúa negativamente sobre lo común y mayoritario (los recortes perjudican también a parte de su electorado) para optar por los intereses de la minoría mejor situada, hay que contemplar otros aspectos.

En este plan de austeridad selectiva, las clases populares resultan también afectadas por los recortes de gasto en servicios y prestaciones del Estado, de los cuales son los principales beneficiarios. Junto con la sanidad (menos personal sanitario, cierre de salas, quirófanos y hospitales, repago de fármacos, pago del transporte), la educación (menos becas y profesores, más alumnos por aula -30 en primaria, 36 en secundaria, 42 en bachillerato-; subida de tasas universitarias) y los programas de cohesión social (a parados de larga duración, marginados, emigrantes, drogadictos, dependientes), los recortes afectan a los fondos dedicados a investigación, desarrollo e innovación (un 25%, que retrocede al nivel de hace siete años), que son las claves para el crecimiento económico en el futuro. Es decir, los recortes de hoy suponen un lastre para mejorar mañana.
El FMI vaticina para la economía española una década perdida, pues el nivel del PIB de 2008, el último año con crecimiento, no se recuperará hasta 2018, y el nivel de empleo no lo hará hasta 2023. El promedio de las estimaciones de 18 servicios de estudios nacionales y extranjeros, desde bancos a la OCDE y el FMI, consultados por El País (27-4-2012), indica que en 2013 el PIB caerá el 0,2%, el paro llegará al 24,6% y seguirá la destrucción de empleo, que ascenderá al 3,3%.

El Gobierno no aborda la reforma más urgente y decisiva ante la crisis, que es la del sector financiero, más que con medidas parciales. Circunstancia que suscita la desconfianza de los “mercados” y de las autoridades de la Unión Europa, pues mientras bancos y cajas de ahorros no regularicen los balances engordados con activos ficticios seguirán engullendo ingentes cantidades de dinero del Banco Central Europeo para obtener un saneamiento aparente. Fondos que no servirán para reactivar la economía productiva a través de los préstamos concedidos a empresas y a particulares, sino para invertir en deuda del Estado, que a su vez sangra a los ciudadanos para enjugarla. El Gobierno castiga a los ciudadanos en vez de castigar a los directivos y a los accionistas por la mala gestión de los bancos y cajas de ahorros, como ha ocurrido en Suecia o Finlandia (en Islandia los han dejado quebrar). Las cifras siguientes dan cuenta de la voracidad de la banca. De la deuda externa española, que ascendió en 2011 a 1,78 billones de euros y ya representa el 165,4% del PIB, el 40% (716.000 millones) corresponde al sector financiero; el 21% (423.000 millones) a empresas y familias; el 15% (282.000 millones) a administraciones públicas. El 10% de la deuda está financiado por el Banco Central Europeo, que, en un año, ha pasado de prestar 51.323 millones de euros a prestar 175.360 millones.

Entre tanto, nada evita la depreciación del suelo previsto para edificar y de los cientos de miles de viviendas vacías, comenzadas, proyectadas o procedentes de desahucios, que figuran en los balances de los bancos españoles. En EEUU, los precios de la vivienda han caído un 30%, pero en España, con una burbuja similar, sólo han caído un 15% y todo el mundo espera que caigan más. Mientras esa reforma no se aborde, la falta de confianza de los mercados y de los socios europeos está asegurada. Pero el Gobierno no lo interpreta así, pues ha rehabilitado la desgravación por compra de vivienda y quiere modificar la Ley de Costas, lo que sugiere una vuelta al modelo de incentivar el sector de la construcción, que ha sido el origen de la burbuja inmobiliaria made in Spain. Entre 2008 y 2011, el número de empresas inmobiliarias y constructoras en concurso de acreedores (suspensión de pagos) creció un 750%, pero el 26,4% del total de empresas creadas en el primer trimestre de 2012 sigue teniendo relación con actividades inmobiliarias, lo que representa un aumento del 30% respecto al mismo trimestre de 2011 (C. Sánchez Silva: “La quiebra no se confiesa”, El País Negocios, 29-4-2012).

Respecto a los ingresos del Estado, fundamentales en esta situación, las intenciones del Gobierno quedan igualmente desveladas por la política fiscal. Contra lo afirmado en campaña, una de las primeras medidas adoptadas fue subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y modificar el IRPF, un impuesto muy gravoso para las rentas del trabajo, que aportarán 4.200 millones de los 6.200 previstos. En 2010, el 85% de la recaudación del IRPF provino de las rentas del trabajo y el 15% de las rentas del capital. El promedio declarado de ingresos de los asalariados fue de 19.000 euros al año (14 pagas de 1.360 euros) y el de los no asalariados 8.000 euros al año, y solamente 18.000 personas declararon rentas superiores a los 400.000 euros al año. Según estos datos, España es un país de asalariados, de profesionales modestos y empresarios pobres de solemnidad, y con un escasísimo número de ricos no muy ricos. Una falacia.

El Gobierno, que sigue financiando a la Iglesia con 11.000 millones de euros al año y deja entrever una subida del IVA, un impuesto general e indirecto, ha renunciado a gravar directamente a las grandes fortunas, elevar el impuesto sobre el patrimonio y las sucesiones y respeta el paraíso fiscal de las SICAV. Y,  pese a lo declarado, no sólo renuncia a perseguir el fraude fiscal, que, según técnicos de Hacienda, se estima en 88.000 millones de euros -58.000 millones a la Agencia Tributaria y 30.000 a la Seguridad Social-, sino que ha dictado una amnistía con la que espera recaudar 25.000 millones de euros, el 10% de los 250.000 millones de euros (el 25% del PIB) que, según diversas fuentes, forma la bolsa de dinero negro. Por el contrario, la ministra de Desempleo prepara un “ambicioso plan” para perseguir el fraude en las bajas laborales y en la percepción del subsidio de desempleo, como si los asalariados fueran los grandes defraudadores del país.

El programa económico del Partido Popular es deliberadamente desigualitario. En este retroceso hacia condiciones de vida y trabajo propias de la dictadura de Franco, el Gobierno, por encima de la demagogia populista y de las vacuas proclamas patrioteras, no representa las necesidades y aspiraciones de toda la población española, de toda la nación, sino los intereses del empresariado más granado y de las clases acaudaladas. Siguiendo el credo neoliberal, el Estado se hace mínimo en lo social, abandona a los económicamente más débiles para hacer de paladín de los fuertes. Deja que cada uno se las arregle como pueda, mientras atiende a los ricos, como si estuviéramos en el siglo XIX, cuando Marx y Engels, en un texto de 1847, escribían: El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la burguesía.
En resumen, en sus primeros meses de gobierno, el Partido Popular ha confirmado los peores augurios sobre la agenda que celosamente ocultó en la campaña electoral al mostrar su manera de actuar -improvisada, autoritaria y opaca- y sus preferencias: dar coba a Berlín, obedecer a Bruselas, proteger a los ricos, enriquecer a los banqueros, contentar a la Iglesia, empobrecer a las clases medias, satisfacer a la patronal, desprestigiar a los sindicatos, disciplinar y criminalizar a los trabajadores, olvidar a los más débiles, perseguir a los inmigrantes, amparar a los corruptos, amnistiar a los defraudadores y seguir criticando al PSOE por la herencia recibida. Y en la calle, ley y orden.

NOTAS

(1) David Fernández, en “La peor bolsa del mundo”, El País 15-4-2012, publica una lista con la situación de la bolsa en 90 países, desde las que más suben a las que más bajan, en la que España, en último lugar, está detrás de todas las de Europa y de algunas del llamado Tercer Mundo, como Botsuana o Nigeria, que están en positivo. Entre las causas de desconfianza de los inversores está la cotización de 6 bancos, que suponen el 31,75% del Ibex 35, y que el 60% de los ingresos de las compañías cotizadas se genera en el extranjero.
(2) A finales de 2011, la deuda externa española ascendía a 1,78 billones de euros, un nuevo máximo (en 2010, fue de 1,72 billones), financiada, en el 10%, por el Banco Central Europeo. El 40% de la deuda, 716.000 millones, corresponde al sector financiero; el 21%, 423.000 millones, a empresas y familias; el 15%, 282.000 millones, a administraciones públicas.