Trasversales
Miquel Monserrat

La estrategia "educativa" del PP

Revista Trasversales número 23,  septiembre 2011

Textos del autor
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De cara al curso 2011-2012, en diversas comunidades autónomas gobernadas por el PP la estrategia de degradación del sisema educativo público, sostenida desde hace varios años, ha dado un salto significativo, lo que refleja los proyectos de la derecha española mucho mejor que pueda hacerlo Rajoy durante la campaña electoral, de la misma forma que los comportamientos del actual gobierno y de los grupos parlamentarios del PSOE dicen mucho más de la estrategia de ese partido que las promesas que pueda hacer Rubalcaba. En todo caso, si lo que están haciendo en Madrid, Galicia o Castilla La Mancha lo hacen a pocas semanas de unas elecciones generales, podemos imaginarnos qué harán, si pueden, pasadas éstas.

En Madrid, por ejemplo, nos encontramos ante el despido de unas 3000 profesoras y profesores, que se suman a más de 2000 enseñantes despedidos el curso pasado. Como no podía dejar de ocurrir ante semejante recorte, nos encontramos también con la eliminación de los desdobles en varias asignaturas y de los grupos reducidos de inglés, la reducción de asignaturas optativas, el recorte o desaparición de diversos y de las actividades extraescolares, el aumento de alumn@s por clase, la eliminación de ciclos de FP, abandono de medios materiales (en Madrid había ya el año pasado institutos en que los ordenadores son inservibles... ¡por carencia de antivirus actualizados!), el desmantelamiento fáctico de las tutorías, la imposibilidad de seguir prestando asistencia especializada a alumn@s con problemas de aprendizaje, la asignación obligatoria de determinadas asignaturas a enseñantes sin  conocimientos de ellas (por ejemplo, profesorado de Matemáticas o Historia obligado a impartir ¡Gestion empresarial!)... Al profesorado se le obligará a impartir 20 horas lectivas semanales, en vez de las 18 horas que venía asumiendo; eso se ha hecho con tanto cinismo que se ha querido dar a  entender que trabajaban 18 horas a la semana, lo que es absolutamente falso, pues su jornada es de 37,5 horas semanales, con una parte fija en cada semana y otra redistribuible a lo largo del mes, según las necesidades educativas. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que cada hora de clase implica tiempos de preparación, que un(a) enseñante no es una máquina parlante ante un auditorio sino que debe prestar atención personalizada a sus alumn@s, corregir pruebas, reciclarse constantemente y un montón de cosas más. Añadir dos horas lectivas más es quitar bastante más de dos horas para todas las demás obligaciones vinculadas a la enseñanza a la vez que crecen ésta. Cosas parecidas se han puesto en marcha en otras comunidades, por ejemplo la supresión de 32 de los 33 centros de formación del profesorado en Castilla La Mancha.
Eso sí, mientras tanto se llenan la boca con su "bachillerato de excelencia", disparate pedagógico y social muy acorde al feroz clasismo oligárquico de Esperanza Aguirre.

Todas estas medidas son, sin duda, una grave agresión a las condiciones laborales de las/los enseñantes, pero, ante todo, son una agresión social de alcance general. Las principales víctimas de esta política antieducativa serán las y los jóvenes, que recibirán menos atención y una enseñanza devaluada. Estamos ante un conflicto sociopolítico, una de cuyas componentes en un conflicto sindical y laboral.
La pregunta que se plantea es: ¿por qué? Hay que salir al paso de la demagógica respuesta de que esto se hace para ahorrar. No, no es para ahorrar. Si tomamos el caso de la Comunidad de Madrid, el importe de estos recortes es muy similar al incremento de los beneficios fiscales otorgados para este curso a quienes envían a sus hij@s a centros privados. Es para trasvasar medios económicos y recursos sociales desde quienes menos tienen hacia quienes más tienen. Tiene que ver con un proyecto descaradamente clasista. En ámbitos como la educación o la sanidad la voluntad privatizadora de la derecha no pasa por la abolición formal de los sistemas públicos, sino que se orienta a una privatización económica de fondos públicos y a una estratificación social del valor simbólico de las cualificaciones académicas degradando las de procedencia pública.

En cuanto a la privatización económica de los fondos públicos, el eje de esa estrategia es la "enseñanza concertada", en lo que el PSOE también tiene una grave responsabilidad, aunque la derecha pone especial empeño en añadir a ello operaciones como la entrega de terrenos públicos a grupos religiosos para que monten colegios privados, la venta de centros públicos para dejar sin competencia a centros privados, los beneficios fiscales a quienes deciden enviar a sus hij@s a centros privados, etc. En agosto de 2010, la actual consejera de Educación de la Comunidad de Madrid declaró que "hemos elegido como opción principal mejorar el panorama de la educación en centros de gestión privada con fondos públicos". De que su opción principal es fomentar la gestión privada con fondos públicos no cabe ninguna duda; lo que no es cierto es que con ello se pretenda mejorar el panorama de la educación.

La cara simbólica del proyecto es tanto o más importante que la económica, yendo ambas íntimamente unidas. La degradación de la educación pública es un objetivo consciente del Partido Popular, en ausencia de leyes marco estatales que lo impidan, lo que, de nuevo, también es responsabilidad del PSOE. La primera herramienta para conseguirlo es precisamente dar la impresión de que está degradada y ocultar el alto nivel de calidad del profesorado del sector público, para alejar de ella a los sectores de población de estatus social alto o medio. La idea que ha contaminado a amplios sectores de la población es que ir a la educación pública es mezclarse con mucha población inmigrante y que eso perjudica a sus hij@s; esa idea también está presente en mucha gente que se autoconsidera de izquierdas, aunque le añadan un tono compasivo y digan que están por la enseñanza pública y que nada tiene contra los inmigrantes, pero que "no puedo sacrificar mis hijos por mis ideas".
El grave problema para desbaratar esa operación es que el capitalismo y el Estado tienen una extraordinaria capacidad para que sus prejuicios ideológicos alcancen una carga material. El sistema de "enseñanza concertada", tal y como ha sido montado, deja en realidad en manos de los centros privados concertados la selección de su alumnado, a lo que hay que añadir un filtro económico, ya que en realidad en tales centros la enseñanza no es gratuita pues suelen establecer sistemas de "extras" a los que es muy difícil que pueda escapar una familia con escasos ingresos. En definitiva, están consolidando en los hechos el supuesto de que la enseñanza pública es para las familias con menores ingresos.

Ahora bien, como ya es sabido y recalca el Informe español PISA 2009, "la distribución de las puntuaciones de los alumnos pone de manifiesto que el entorno social, económico y cultural influye de modo notable" y "el grado de adquisición de las competencias básicas por el alumnado tiene relación con el estatus social, económico y cultural de las familias". Por tanto, la suposición interesada y manifiestamente falsa de que la privada es mejor se autoalimenta con la segregación social, dado que se difunde que las puntuaciones obtenidas por el alumnado de los centros privados son superiores a las obtenidas en los públicos, lo que es cierto, pero se oculta que las diferencias son bastante moderadas y que "Las diferencias entre los alumnos de los dos tipos de centro en función de su titularidad pueden ser explicadas por la influencia del nivel socioeconómico y cultural de sus familias", es decir, que son diferencias ajenas al centro y a su enseñanza, inherentes al origen familiar. A decir verdad, la enseñanza pública está haciendo un excelente trabajo, en condiciones adversas y contracorriente de la orientación política dominante, para compensar educativamente las diferencias socioeconómicas y culturales de origen individual. En resumen, "se debe concluir que las diferencias entre unos centros y otros son en España moderadas y son debidas, fundamentalmente, a los efectos que producen en los aprendizajes los entornos sociales, económicos y culturales de alumnos y centros. Esta circunstancia no es seguramente bien conocida y valorada por las familias y el conjunto de la sociedad española, particularmente cuando se valora el rendimiento de la escuela pública", tal y como indica PISA 2009.

Volviendo la espalda a ese fructífero trabajo de la enseñanza pública, desde las comunidades autónomas, especialmente -pero no exclusivamente- desde las gobernadas por el PP, el corrimiento hacia la enseñanza privada de los sectores de ingresos medios se utiliza a su vez para justificar la transferencia de medios desde la enseñanza pública a la enseñanza privada, degradando las condiciones de aquella, lo que fomenta el citado corrimiento, etc.

Como ya he dicho, en todo esto hay un objetivo económico: la reconversión de fondos públicos en ganancias empresariales garantizadas por el Estado sin someterse a los riesgos de un centro privado en el que las familias tuviesen que pagar íntegramente los costes educativos y los beneficios empresariales. Pero también hay un objetivo, tanto o más prioritario, de carácter directamente político e ideológico, aunque también con referencias económicas, aunque no tan inmediatas.
En primer lugar, asistimos a una operación de "desclasamiento" cultural de las franjas intermedias de la clase trabajadora, a la que se infunde la idea de que son algo diferente a las franjas bajas, con las que no deben mezclarse,  y que pueden codearse con las élites, aunque en realidad esto tampoco ocurre pues la propia enseñanza privada está claramente estratificada y las verdaderas élites tienen sus propios centros.
En segundo lugar, se garantiza así que gran parte del sistema educativo se encuentra bajo el paraguas protector de "idearios" reaccionarios, en su gran mayoría clericales, aunque se deje presencia  a algún "centro experimental" para hij@s de familias progres con recursos económicos que en realidad también quieren huir de la escuela pública pero no han llegado al punto de recurrir a colegios religiosos.
En tercer lugar, tanto el capital como los políticos a su servicio han llegado a la conclusión, a veces reconocida explícitamente, de que existe una "sobrecualificación" de la fuerza de trabajo, un plus de saber y de capacidad que no quieren retribuir y que incluso puede ser molesto, de lo que es prueba anecdótica la creciente práctica de suprimir en los currícula las competencias y titulaciones que las empresas pudieran considerar excesivas.
En cuarto lugar, el rango social dado por el dinero requiere, para su legitimación, otros tipos de rangos, entre los que las titulaciones académicas siempre han tenido un lugar. Pero ese lugar está amenazado tanto por la generalización del acceso a la enseñanza superior como por el creciente papel, entre las nuevas generaciones, del autoaprendizaje, que no sólo es individual sino ante todo social y cooperativo pero ajeno a redes académicas o laborales. Una reorganización de esa (seudo)jerarquía académica está en marcha, en la Universidad ha tomado la forma del Plan Bolonia y en el resto del sistema educativo quiere hacerse, y se está haciendo, a través de una terna enseñanza privada de élite, enseñanza privada concertada para sectores de ingresos medios y enseñanza pública para los grupos sociales más desfavorecidos, sin que el rango dependa de los conocimientos adquiridos sino del lugar en qué se han adquirido. La jerarquía del sistema capitalista no es meritocrática, sino económica, oligárquica y en gran medida hereditaria, aunque deje un esapcio para la movilidad social de algunos elementos inicialmente ajenos a la clase dominante.

Romper este proyecto requiere una revisión profunda del sistema de enseñanza concertada. No parece posible prescindir de él de forma inmediata, pero su papel debería ser subsidiario del sistema público, es decir, un recurso que se utiliza allá donde el sistema público aún no puede cubrir las necesidades de escolarización. Y, en todo caso, una reforma imprescindible y urgente, sin la que la maquina destructiva y clasista puesta en marcha no podrá ser detenida, es quitar a los centros el derecho, más o menos encubierto, de elegir qué alumn@s ocuparán las plazas concertadas. Debe corresponder a la Administración Pública la distribución del alumnado entre los centros públicos y concertados disponibles, con criterios que tomen en cuenta también el equilibrio y el mestizaje socioeconómico y cultural. Digamos NO a la segregación clasista en los centros de enseñanza.
Mientras tanto, que duda cabe que hoy es prioritario movilizarse contra los recortes educativos puestos en marcha. Las movilizaciones a llevar a  cabo por las/los trabajadores de la enseñanza deben decidirlas a través de sus asambleas y sus sindicatos, pero toda la sociedad tenemos la responsabilidad de apoyar esas luchas y generar nuestras propias expresiones de respuesta a la brutalidad del ataque que esta sufriendo el sistema educativo.

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