El acuerdo-pinza alcanzado entre el PP y el PSOE para promover alevosamente una precipitada reforma de la Constitución, sin tiempo para un debate social y sin referéndum, establece:

- A partir de 2020 el déficit estructural del Estado y las Comunidades Autónomas deberá someterse a dos limitaciones: no podrá superar los márgenes establecidos por la Unión Europea para sus Estados Miembros (actualmente un 3% del PIB a precios de mercado, aunque con matizaciones que flexibilizan esa restricción) y no podrá superar tampoco el límite que establezca una Ley Orgánica, que deberá aprobarse antes del 30 de junio de 2012 (PSOE y PP hablan de un 0,4% del PIB, lo que haría del tope europeo un anómalo caso de manga ancha).
- El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, actualmente un 60% del PIB.
- El pago de los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública tendrá prioridad presupuestaria absoluta.
-  Los límites citados de déficit estructural y de deuda pública podrían superarse por acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de Diputados en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado.

¿Y eso qué es?

La nueva redacción propuesta para el artículo 135 de la Constitución causa cierta perplejidad, por sus plazos, por sus ambigüedades e incluso por sus contradicciones, pero sus intenciones son evidentes, aunque se disfracen.

a) Una cosa queda clara: el pago de los intereses y el capital de la deuda pública tendrá prioridad presupuestaria absoluta. Esa norma entraría en vigor en cuanto la reforma quede aprobada y se publique en el BOE. A mi entender, en ella reside la clave de bóveda de la reforma. Marcelino Iglesias, secretario de organización del PSOE, ha hablado de "aquellos a quienes queremos transmitir certidumbre", refiriéndose sin duda a los grupos capitalistas que se ocultan bajo el términos "los mercados". Pues bien, efectivamente este compromiso constitucional es el que más podría alegrar a esa gente, lo que no quiere decir que cesen sus ataques contra la deuda soberana española si con ello pueden ganar dinero, como han proseguido tras la reforma laboral y tras el pensionazo. Si ese mandato se cumple, poco les importaría si España tiene déficit o superávit, ya que lo que la "reforma PPSOE" impondría es que, por muy pocos ingresos que haya, lo primero a pagar sería la deuda pública, antes que cualquier gasto social o de funcionamiento básico del Estado. En cierto modo, toda la alharaca montada con los topes de déficit y deuda está funcionando como cortina de humo que oculta este núcleo duro de la reforma.

b) Mientras que a partir de 2020 habría una limitación al déficit "nacional" adicional a la más flexible establecida en los tratados y protocolos de la UE, en lo que se refiere a la deuda pública se limita a recoger lo ya establecido en dichos tratados y protocolos europeos. Esto resulta llamativo porque el verdadero problema no es el déficit presupuestario de tal o cual año, sino el monto global de la deuda pública y la carga resultante en cuanto a su amortización (en plazo fijado o por adquisición en el mercado de valores) y pago de intereses. Por otra parte, el propio concepto de déficit manejado es extremadamente ambiguo, hasta el punto de que hasta el desarrollo de la Ley Orgánica sería imposible saber de qué están hablando. El texto propuesto habla de "déficit estructural" pero éste no es un dato objetivo, medible, sino un estimador teórico, sobre cuyo manejo hay opiniones diferentes. En principio, suele decirse que el déficit estructural es aquel que no deriva de la situación económica de cada momento, el déficit "no cíclico". Sin embargo, es evidente que todo déficit, incluso aunque se trate de una mera estimación teórica, está vinculado a una situación económica, aunque sólo sea teórica. De hecho, hablar de "déficit estructural" en términos cuantitativos supone concebir una situación dada que se toma como referencia. Por ejemplo, muchos autores lo identifican como un déficit de "pleno empleo" o de realización del máximo PIB potencial, aunque otros cuestionan la eficacia a un concepto referido a una situación que nunca se da o que, al menos, es extremadamente rara e inestable. Evidentemente, si se toma ese enfoque "optimal" el déficit estructural siempre será menor que el déficit real, lo que relajaría algo la restricción propuesta, dado que si, por ejemplo, la Ley Orgánica fijase como tope del déficit estructural un 0,4% del PIB el déficit real podría ser algo mayor. Pero todo dependería de la interpretación que diese la Ley orgánica reguladora.

c) El texto presentado por los grupos parlamentarios de PSOE y PP difiere del acuerdo inicial alcanzado por José Luis Rodríguez y Mariano Rajoy, ya que éstos pretendían fijar en la Constitución el valor de referencia para el tope de déficit, mientras que la propuesta entregada en el Congreso remite a una Ley Orgánica futura. Eso da un mayor margen de decisión política, dado que si estuviese en la Constitución esa referencia sólo podría ser modificada por el 60% de ambas cámaras o por los dos tercios del Congreso. Otras dos matizaciones importantes son el retraso de su entrada en vigor hasta 2020 y que los límites de déficit y de deuda podrían superarse si la mayoría absoluta del Congreso considera que situaciones de catástrofes naturales, recesión económica o emergencia extraordinaria lo requieren. Desde el PSOE, donde no saben si servir a Zapatero o a Rubalcaba, pero hay un amplio consenso en servir a los intereses de las élites económicas, tratan de atribuir esa flexibilización a Rubalcaba, pero lo cierto es que si no han ido más lejos y han pospuesto las cifras exactas a establecer se debe a la indignación social y a la capacidad de respuesta demostrada a través de las peticiones ciudadanas de referéndum (como la iniciada por Vicenç Navarro), las movilizaciones propiciadas por el movimiento 15M e incluso los indicios de que las centrales sindicales mayoritarias podrían intentar salir del sopor en que se encuentran sumidas desde el terrible error cometido al apoyar el pensionazo.

d) ¿Para qué hacen esto con tanta prisa? Podría causar perplejidad una reforma constitucional tan apresurada y antidemocrática, hecha en agosto, para establecer unos criterios generales que se desarrollarán por una ley orgánica que puede posponerse hasta el 30 de junio de 2012 y que en realidad sólo se aplicarían a partir de 2020. Pero creo que puede hacerse una interpretación más o menos realista de lo ocurrido.

- Por un lado, lo más duro y antisocial de la reforma entrará en vigor de inmediato: la prioridad absoluta del pago de los intereses y el capital de la deuda pública por encima de cualquier otro gasto. Esta es la esencia de la tarta, pero les era mucho más conveniente ocultarla en medio de mucha "nata", esto es, de una polémica estéril sobre el déficit y la deuda en la que nos puedan despistar con rollos sobre hogares que no pueden gastar más de lo que tienen mientras que con la otra mano te roban la cartera para dársela a los ricos.
- Por otro lado, es un mensaje de identificación de los líderes de ambos partidos con los intereses y proyectos de las élites económicas, una declaración ideológica constitucionalizada y un reconocimiento abierto del partido que han tomado en la guerra social declarada por el capital y los Estados contra la gente corriente. En vez de escribir "identificación" he estado a punto de escribir "sumisión", pero no lo he hecho porque creo que no es cierto en el caso de Rajoy, Zapatero y otros líderes de ambos partidos: están muy a gusto con lo que han hecho. El término "sumisión" quedaría para aquellos diputados del PSOE que no están de acuerdo con lo propuesto y que sin embargo lo apoyan, traicionando valores, ignorando el criterio constitucional de que no deben someterse a ningún mandato imperativo e incluso perdiendo la única oportunidad que les quedaba de que el PSOE levante cabeza antes del próximo 20-N.

Vaya modos

La Constitución debe regular los derechos y deberes ciudadanos y establecer las normas básicas de funcionamiento institucional, sin interferir en la cotidianidad política. Es absolutamente escandaloso que, si esta reforma nos es impuesta por una gran coalición PP-PSOE, para que un Parlamento decida dar prioridad al pago de las prestaciones de desempleo aunque implique posponer el pago de la deuda, se haga necesario cambiar la Constitución, lo que requeriría el apoyo del 60% del Congreso y del Senado o de casi el 67% del Congreso. Se quiere meter en la Constitución asuntos que no tienen ese rango.

Además, el camino elegido para la reforma constitucional es profundamente antidemocrático. Normas de convivencia que pueden perdurar durante varias generaciones no pueden modificarse por un acuerdo entre dos personas que cuentan con índices de desconfianza social enormes (en torno al 80% cada uno), en el mes de agosto y por un procedimiento de urgencia... para aprobar cosas que, en algún caso, sólo entrarían en vigor en 2020. Todo esto hecho por partidos que a lo largo de más de 30 años aún no han encontrado tiempo para algo tan sencillo e indiscutible como la prohibición constitucional de la pena de muerte, que no es legal en España pero sí constitucional, ya que bastaría una mayoría absoluta de diputados para reintroducirla, por una Ley Orgánica, en el Código Penal Militar para tiempos de guerra. A mi entender éste es el principal motivo para una pacífica y democrática sublevación popular contra los artífices de esta gran coalición, que tuvo precedente hace pocos meses en el acuerdo por el que PSOE y PP modificaron la ley electoral para hacer muy difícil la presentación de candidaturas a partidos que no estén ya en las Cortes (como, por ejemplo, Equo, Izquierda Anticapitalista, Compromis y otras organizaciones), o, al menos, para perturbar su campaña obligándoles a gastar muchas fuerzas en recoger firmas certificadas notarialmente, lo que es un gesto antidemocrático y oligárquico en beneficio propio del PP y del PSOE, contra el derecho de cada ciudadana o ciudadano a elegir en libertad.

En este sentido, la reivindicación del referéndum ha tenido y tiene un papel imprescindible. Las respuestas dadas por el PSOE y el PP han sido vergonzosas, en el caso del PP alegando "complejidad técnica", cuando si en vez de mentir se explican las cosas cualquier ciudadan@ puede entender lo que está en juego en esta reforma, y en el del PSOE alegando que "crearía incertidumbre" en los mercados, ¡supeditando la norma constitucional  a los humores ocasionales de los capitalistas! También ha recibido críticas desde algunos sectores que, siendo contrarios al contenido de la enmienda constitucional, creen que el referéndum sólo llevaría a legitimar lo que nos quieren imponer. Creo que esa visión es totalmente errónea, si lográsemos el referéndum trataríamos de ganarlo, pero sí, podríamos perderlo. Aún así habríamos ganado una batalla democrática, habríamos puesto límites a la arbitrariedad de los poderosos, habríamos propiciado un debate social que sólo puede tener efectos positivos. Y si no logramos el referéndum, como parece muy posible  pues no parece que en el PSOE o el PSC vaya a haber diputad@s que decidan seguir su conciencia y sus compromisos con quienes les eligieron en vez de obedecer a Zapatero o Rajoy, del que, por cierto, se burlaban cuando propuso hace ya tiempo constitucionalizar el tope de déficit, también habrá sido decisivo proponerlo porque nos ha dotado de un objetivo, de un factor aglutinador y, sobre todo, de una manera clara y sencilla de poner al descubierto el autoritarismo reaccionario y oligárquico de la reforma.

La deuda

En cuanto a los contenidos, que merecen tanta repulsa como los métodos utilizados, creo que corremos un peligro. No podemos permitir que esto se convierta, ante la opinión pública, en una polémica entre partidarios y adversarios del déficit y la deuda. Lo que está en juego no es si la deuda pública es buena o mala, sino un conflicto social de gran intensidad. Para aclarar esto, antes de entrar en mi visión positiva sobre los contenidos a poner sobre la mesa, voy a hacer un paréntesis sobre la deuda pública.
La deuda pública, en esencia, es una de las maneras que los Estados tienen para entregar a los capitalistas una parte de la riqueza social recaudada vía impuestos, que pesan, como bien sabemos, esencialmente sobre la clase asalariada. Tal y como ya indicaba Marx, "La acumulación del capital de la deuda pública no significa otra cosa que el incremento de una clase de acreedores del Estado autorizados a reservarse para sí ciertas sumas sobre el monto de los impuestos" (El capital, libro tercero, volumen 7, p. 614, Siglo XXI, 1977). Es cierto que entre esos acreedores se encuentran algunas personas corrientes que invierten en deuda pública parte de sus ahorros, pero la parte del león es capital dinerario que prefiere asegurarse beneficios procedentes de los impuestos a arriesgarse a invertir en la producción y venta de bienes y servicios. Así pues, el beneficiario de esa herramienta de financiación de los déficit presupuestarios es el capital dinerario,  entendiendo por tal una de las funciones y formas del capital, no un tipo humano de "capitalistas dinerarios" diferentes a los "capitalistas financieros", dada la frecuente y no casual coincidencia de esas funciones en las mismas personas y grupos capitalistas.

Quienes "prestan" a los Estados lo hacen para recuperar el capital más unos intereses. Así que los Estados deben devolver más de lo que reciben. Obviamente, eso es así en todos los préstamos, pero no es lo mismo un préstamo a un capitalista que un préstamo a un Estado. Si un capitalista pide un préstamo por el que debe pagar un 5% de interés lo hace con la esperanza de que si le han prestado 100 podrá invertir ese dinero y convertirlo, por ejemplo, en 110, con lo que finalmente ganará 5... sin haber puesto dinero propio; por descontado, puede fallarle la operación y que surja una pérdida, que podrá repartirse en diversas proporciones entre el capitalista y su prestamista. Si son muchos los que no pueden pagar la deuda  tendremos una crisis, pero la "normalidad" es que los capitalistas que reciben un préstamo ganan con él.

El caso de un Estado es diferente. Si un Estado contrae deuda para pagar una renta a personas sin ingresos o para pagar los sueldos de los profesores elegidos por los obispos para que adoctrinen en los centros educativos públicos, eso puede generar beneficios sociales en un caso o daños éticos en otro, pero no generará ingresos en las cuentas públicas que permitan asumir el pago de la deuda y sus intereses, aunque una pequeña parte pueda retornar como IVA o en otros conceptos. La inversión pública, por muy beneficiosa socialmente que sea y en términos generales, no funciona como capital capaz de acrecentarse acumulando plusvalor, aunque puede haber excepciones, como en el caso de la inversión en empresas públicas rentables, de las que cada vez hay menos dada la furia privatizadora, o, con una mirada a más largo plazo, cuando las inversiones públicas no generan "beneficios directos" pero contribuyen a incentivar condiciones sociales de las que deriven "beneficios indirectos" e incremento de los ingresos fiscales. Pero, en todo caso, de una u otra manera, el grueso de la deuda tendrá que pagarse con impuestos futuros. De hecho la deuda es un derecho privado sobre parte de los futuros impuestos. La deuda pública es un problema, y si es una gran deuda es un gran problema.

La deuda pública de una u otra manera se paga, incluso cuando no se paga y se negocia o proclama una "quita", es decir, un acuerdo por el que los acreedores renuncian a cobrar parte de la deuda, como ocurrió en Argentina, cuya deuda, por cierto, se convirtió tras la quita en un excelente negocio para el capital dinerario. Los costes sociales de esos procesos son siempre muy altos. Sin duda, la deuda pública puede utilizarse como herramienta de financiación de forma mesurada y sin acumulación indefinida de deuda, pero no puede sustentarse un bienestar social sostenido sobre la base de la deuda.

Algunos sectores de la izquierda aducen que una alternativa para financiar el déficit sin endeudarse es que los bancos centrales utilicen la máquina de hacer dinero o que compren ellos mismos la deuda pública del Estado o comunidad de estados (caso UE) a que representan, opción que en definitiva viene a suponer también "creación monetaria". Efectivamente, en algunas ocasiones -no en todas- este tipo de opciones pueden ser las menos malas, remedios paliativos, pero no son panaceas utilizables en todos los casos y para siempre. Uno de sus efectos habituales es la devaluación de la moneda emitida, que suele acarrear, entre otras cosas, un retroceso del poder adquisitivo de los salarios y que puede provocar que la deuda que se ha cubierto así reaparezca luego en otras deudas acrecentadas por el deterioro de la tasa de cambio con otras monedas. Obviamente, si no pasase nada al dar a la maquinita de hacer billetes, los Estados (o la UE en nuestro caso) no tendrían que emitir moneda para pagar deudas en momentos de crisis, simplemente lo harían para pagar los gastos en el momento en que se producen. De hecho, la emisión descontrolada de moneda es un problema incluso para Estados Unidos y el dólar, para todo el sistema diría yo, precisamente porque su devaluación continuada llevaría a una grave contradicción entre el dólar como moneda de EEUU y el dólar como "moneda mundial".

No estoy diciendo que haya que oponerse sistemáticamente a que los Estados utilicen, según las circunstancias,  el déficit, la deuda pública, la "máquina de dinero" o la "autocompra" de deuda, lo que estoy diciendo es que ninguna de esas cosas sale gratis, que no es posible usarlas sistemática e indefinidamente para eludir las crisis del capitalismo y sus costes sociales. Digo que la crítica anticapitalista y la defensa social ante los brutales recortes que nos pretenden imponer no puede tener como lema "¡Viva la deuda!" ni pretender que los males derivados de un sistema basado en la apropiación privativa de la riqueza, en el mando y en la jerarquía pueden superarse con "herramientas técnicas" internas al propio sistema. Daré un ejemplo: en la actual coyuntura estoy a favor de que el Banco Central Europeo compre deuda pública de los estados miembros y estoy a favor, de forma más duradera, de que se emitan eurobonos, esto último también por razones políticas, pero no diré que eso no tiene costes, ni que la emisión directa o indirecta de dinero no respaldado en creación de riqueza pueda prolongarse indefinidamente sin llevar a un desastre, ni que las emisiones europeas de deuda releguen de forma definitiva los antagonismos inherentes a la deuda pública, cuando su virtud reside, además de sus efectos prácticos en esta coyuntura, en que sitúa esos antagonismos en un nivel superior, en una escala en la que cambiar el mundo se hace más posible aunque no menos difícil.

En definitiva, diría que resulta extraordinariamente peligroso dar la idea de que estamos ante un conflicto entre un Estado y los poderes financieros que le han prestado, difuminando el verdadero conflicto subyacente, que tiene lugar entre las gentes corrientes, por un lado, y los Estados y el capital por otro. Y resulta más peligroso dar a entender que defendemos el déficit y la deuda frente a Rajoy y Zapatero-Rubalcaba, pues lo que defendemos es otra cosa muy diferente, el bienestar social y nuestros derechos.

El conflicto social subyacente a la polémica sobre el déficit y la deuda

Si quieren que hablemos de déficit, hablemos de ingresos y gastos, si quieren que hablemos de deuda hablemos de fiscalidad. Nos dicen que el Estado tiene que contraer deuda para poder pagar las prestaciones por desempleo. Pero esa es una visión interesada y deformante. De la misma forma se podría decir, en mi opinión con mucha más razón, que se ha contraído deuda para subvencionar a las élites económicas por medio de la supresión del impuesto de patrimonio, de la disminución del tipo aplicable a las mayores rentas en el IRPF, de una legislación que permite que el impuesto de sociedades real pagado por las grandes empresas sea un 10% en vez del 30% teórico, de una fiscalidad de las rentas "del ahorro" que hace que los beneficios ganados comprando y vendiendo acciones tengan un tipo inferior al mínimo del IRPF, de las exenciones y bonificaciones sociales, de cotizaciones sociales, etc.

¿Por qué digo que esta interpretación tendría "más razón" que la otra? Porque la valoración de la deuda es, ante todo, un asunto político, no técnico. En la medida que la política imperante es la reducción de cargas fiscales sobre las élites, la deuda pública equivalente convierte en carga colectiva los beneficios de quienes más tienen, y, a la vez, las políticas de "ajuste presupuestario" supuestamente antideuda tienen exactamente el mismo carácter de clase porque toman la forma de recortes sociales. La deuda pública se convierte en una cortina de humo: los regalos hechos por el Estado a los capitalistas y a las élites sociales en general conllevan un aumento de la deuda que a su vez, dada la creciente carga que representa, se convierte en excusa para recortes del gasto social. Como señalaba Marx, la deuda pública es la única "posesión colectiva" en las sociedades capitalistas, esa "propiedad del Estado" que, esta vez sí, se considera común.

¿Qué traducción política debemos hacer de la confusa redacción propuesta para el artículo 135 de la Constitución? Pues creo que es la siguiente: Rajoy, Zapatero y Rubalcaba están a favor de la deuda si es para compensar la bajada de impuestos a los ricos, para pagar con dinero público las indemnizaciones por despido que antes pagaban los empresarios, para financiar a manos llenas a la Iglesia Católica, para financiar desfiles militares y visitas papales, y están en contra de la deuda si es para sostener la educación y la sanidad, si es para garantizar una renta a las personas desempleadas o crear un sistema de vivienda social de alquiler o extender un sistema público de cuidados. El orden de su actuación es claro: primero se recortan los ingresos, después de constata que hay déficit, después se recortan los gastos... sociales. Así que con ellos no tenemos nada que discutir sobre la deuda, pues ellos la fomentan para cosas que rechazamos y la recortan para cosas a las que aspiramos. No podemos caer en un debate abstracto que nos lleve a aparecer como defensores de la deuda pública: lo que rechazamos es una política que contrae deuda con capitalistas para no aumentar los impuestos a los ricos y que toma la reducción de esa misma deuda como excusa para recortar los gastos sociales.

Por ello, a mi entender, en vez de un discurso prodeuda, lo que debemos explicar es lo siguiente: esta gente, tanto en la etapa Aznar como en la etapa Zapatero, ha logrado que quienes más tienen sean los que menos paguen, disparando el déficit; primero, hágase una reforma fiscal integral profunda y una revisión de los gastos parasitarios del Estado. Después, valoremos en un debate social democrático si pese a ese reequilibrio fiscal la deuda sigue siendo una carga demasiado pesada y, en tal caso, acordemos que esfuerzos debemos hacer para reducirla. También que, ya en otro nivel, debemos tratar de comprender que crisis como la actual y recortes sociales como los que padecemos volverán una y otra vez mientras la organización social siga basada en el orden capitalista puro o capitalista de Estado.

La respuesta es explicarse y movilizarse

Sí, no hay otro camino que la movilización social. El 20-N cada cual que haga lo que quiera, yo votaré a Equo, pero unamos todas las fuerzas sociales en una convergencia práctica contra lo que acaba de ocurrir, contra lo que viene pasando y contra lo que pasará, pues el pacto Zapatero-Rajoy es un inequívoco mensaje de que el PP va a seguir por el camino de recortes de esta legislatura, quizá con aún más intensidad, y de que el PSOE no va a cambiar de orientación digan lo que digan los de la campaña electoral, cuyas palabras van borrando desde el Gobierno inmediatamente después de ser emitidas. El último rifirrafe entre PSOE y PP es de traca: el PP pide a los ricos que sean generosos y el PSOE dice que el PP meta en su programa que les subirá los impuestos, ¡cuando ellos se los han bajado y siguen haciéndolo!
¿Cómo podemos unirnos? En torno a las conclusiones prácticas, hay que diferenciar los espacios de reflexión e intercambio de ideas de los espacios de consenso. No hay que tener valoraciones iguales sobre el origen de la crisis o sobre el papel de la deuda pública para ponerse de acuerdo contra el constitucionalazo y los recortes sociales.

¿Cómo podemos ser más? No dando por hecho que somos los que somos ni limitándonos a salir a la calle junt@s quienes ya estamos de acuerdo. Hay que movilizarse, pero hay que dejar tiempo para las asambleas populares y sus comisiones, para compartir nuestras reflexiones con nuestra gente, que no es sólo la que piensa igual que nosotr@s, para escuchar y para explicar, para aprender y para enseñar, sin rechazar hablar con nadie, sin ver como ajenas a las personas que nos comentan que no endeudarse demasiado es bueno, que tienen su parte de razón. Hay que sacar la discusión de donde la quieren meter y bajarla a la realidad: primero, hablemos de cómo ingresar más y de cómo gastar menos sin recortar el bienestar social; después, cuando dejen de hacerles regalos a los ricos, hablaremos de la deuda.

¿Cómo movilizarnos? Por el camino abierto por el 15M, que llevó el conflicto a las calles justo en un momento en que la resistencia en las empresas es muy difícil a causa del paro y la precariedad. Efectivamente, hay que convertir el conflicto social en conflicto político, permitiendo así la participación de un amplísimo abanico social. Hay que hacerlo así, por el camino del 15M, pero evitando entrar en una espiral de acción-reacción que reduzca la amplitud del movimiento porque participar en nuestras acciones dé miedo, aunque no sea miedo a nosotr@s, aunque sea miedo a la policía, porque ese miedo también fragmenta la lucha. Quizá haya que hacer menos movilizaciones pero más contundentes, menos callejeos y más encuentros abiertos de diálogo, quizá... aunque no sé muy bien como podemos lograrlo, porque también hay que dar respuestas a las provocaciones.

Una última reflexión, o más bien una introducción a una reflexión que requeriría más espacio. Han surgido algunas voces que piden acciones más radicales, pacíficas pero más radicales, lo que se termina ejemplificando muchas en la huelga general. Creo que en los términos en que está planteado el debate sobre la huelga general, que no está haciendo en las empresas sino fuera de ellas, es baldío y ajeno a la realidad. Yo no estoy en contra de la huelga general, cuando haya condiciones para ella, pero sí que se haga un fetiche de ella. La dinámica de movilización del 15M es mucho más radical, efectiva e integradora que una huelga general de 24 horas clásica, lo que no impide que en un momento dado se puedan combinar ambas formas de lucha. El actual debate sobre la huelga general está en un callejón sin salida, precisamente porque está teniendo desde fuera de los espacios en que está puede decidirse. Mi impresión es que, al final,  todo se paraliza en una controversia entre quienes dicen que hay que hacerlo sin las grandes centrales sindicales y quienes dicen que debe hacerse con ellas y hay que emplazarlas a la huelga general. El problema que hay es que, por un lado, ni CCOO y UGT van a convocar una huelga general por mucho emplazamiento que se haga ni, en caso de que la convocasen, obtendrían un seguimiento comparable siquiera a la del 29 de septiembre de 2010, mientras que, por otro lado, no hay ninguna posibilidad de convocar una huelga general exitosa desde fuera del movimiento sindical o sólo por una parte minoritaria aunque combativa de él. Menos aún la hay para aventuras irresponsables como una huelga ilegal o una seudo huelga estilo "controladores", que apenas serían seguidas y que ocasionarían, entre quienes las hiciesen, un altísimo porcentaje de despidos.

¿Pueden cambiar esas condiciones? Sí, por ejemplo por una combinación de luchas sectoriales de fuerte impacto social con una intensificación de la acción indignada y de la rabia social. Pero esas condiciones no se crean hablando de una huelga general hoy imposible o altamente improbable, además que de eficacia y alcance dudosos, sino, ante todo y por encima de todo, compartiendo todo lo que sabemos, sacando a la luz en común la miseria ética de este sistema y de las élites políticas y económicas, construyendo vínculos sociales mucho más fuertes y educándonos en la cooperación. Y sí, movilizándonos. Y de la huelga general no nos preocupemos, cuando se haga necesaria y posible se olfateará en el ambiente. Como consigna, "huelga general" no vale un pimiento, no dice nada ni enseña nada. No perdamos el tiempo dando vueltas a lo que no podemos hacer aún y hagamos lo que sí podemos porque para hacerlo basta con quererlo.