La Gran Recesión ha tenido aquí y hasta ahora dos grandes fases. La primera tuvo su epicentro en el centro financiero más importante del país más poderoso del mundo y la segunda, derivada de la primera, ha surgido en la Unión Europea y ha desembocado en la primera gran crisis del euro. Ambos episodios comenzaron como crisis financieras aunque la primera fue sobre todo una crisis bancaria mientras que la segunda es una crisis de deuda externa principalente pública pero también privada. La primera se trasladó con inusitada rapidez a la economía real y todo apunta que esta segunda no hará más que agravar la ya muy preocupante situación del empleo. Pero además de estas similitudes encontramos otras muchas relacionadas tanto con las responsabilidades como con las consecuencias.

La crisis actual puede considerarse, por lo menos en parte, una consecuencia de la creciente financiarización de la economía. Esta financiarización ha contrapuesto de manera muy clara un mercado altamente simbólico -una economía de papel, virtual, inmaterial- a la producción real y, como consecuencia, las condiciones de vida de gran parte de la población mundial han quedado expuestas a merced de la volatilidad especulativa. Surgió en 2007 en EEUU como una crisis subprime o de hipotecas tóxicas. Bajo el supuesto del incremento indefinido del precio de las viviendas, se concedieron -sin demasiados problemas ni garantías- préstamos a tipos muy bajos en montos cercanos o superiores al valor de los inmuebles. Estas hipotecas se titulizaron, recibieron una calificación excelente por parte de las agencias de rating y se vendieron con facilidad por todo el mundo. Cuando el precio de la vivienda empezó a caer, las entidades financieras empezaron a tener problemas, se generalizó la desconfianza entre ellas, dejaron de prestarse dinero entre sí y la crisis se fue convirtiendo en una crisis financiera internacional. Al dejar de fluir los créditos se acabó de golpe la era del dinero fácil y las familias y las empresas empezaron a tener problemas para conseguir financiación. De este modo la crisis financiera se trasladó en 2008 a la economía real y se convirtió en una gran Crisis de Empleo.

La segunda parte de la crisis ha surgido fundamentalmente por la desconfianza de los mercados sobre todo en la deuda pública de los países europeos y muy especialmente de países como Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España –los llamados PIGS-. En cuanto la Gran Recesión se hizo visible todos los gobiernos optaron por socializar las pérdidas de las entidades financieras y acudieron en su ayuda de manera muy generosa. Aunque es difícil saber el coste de estos rescates, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un estudio encargado por el G-20, lo estima en el 25% del Producto Interior Bruto (PIB) de los países desarrollados. Asimismo, ante la necesidad de reactivar la economía y fomentar el empleo, prácticamente todos los gobiernos optaron por medidas de corte keynesiano, es decir intentaron volver a la senda del crecimiento económico impulsando el gasto público. De las múltiples posibilidades para aumentar el gasto público en España se optó sobre todo por impulsar las infraestructuras públicas, la obra pública con lo cual se generó empleo, sobre todo masculino y muy temporal. El aumento del gasto y la disminución de la recaudación pública asociada a la recesión desquilibraron las cuentas públicas y los mercados financieros, siempre activos e incansables, empezaron a dudar de la solvencia de algunos países para hacer frente a los pagos de deuda. Esta desconfianza evidentemente se dispara en el momento en que las agencias de rating bajan la calificación de los países.

Con objeto de calmar a los mercados financieros y, por tanto, bailando al son de los mismos, muchos países han empezado a tomar medidas de ajuste. En el caso español el ajuste anunciado en mayo de 2010 se centra en la reducción del déficit vía reducción del gasto. Sobra decir que podían haberse planteado desde el principio medidas para aumentar los ingresos y no sólo aumentando, por ejemplo, el gravamen a las rentas más elevadas, sino apostando por vías como la reducción del fraude fiscal o la lucha contra la economía sumergida. Hasta ahora, la única medida que se ha tomado de cara a los ingresos es la subida del IVA, que no puede considerarse una medida muy progresista. En este sentido conviene recordar que los impuestos, además de ser un instrumento para aumentar los ingresos, son también un instrumento de redistribución de la renta y cuanto más redistributivos sean más benefi,aciarán a las mujeres porque en el reparto de la renta no suelen salir especialmente beneficiadas.

En relación a las responsabilidades en ambas fases es evidente el protagonismo de las finanzas, pero obviamente los mercados financieros no son entes con vida propia sino que son controlados por unos pocos y muy poderosos agentes, fundamentalmente grandes bancos y los denominados inversores institucionales, es decir, fondos de inversión, fondos de pensiones y compañías de seguros. Mención aparte merecen asimismo las agencias de calificación de riesgos por su activo papel en la generación de la primera crisis y en la agudización de la Eurocrisis. Y el sector financiero se caracteriza por ser uno de los sectores con mayores desigualdades entre mujeres y hombres, desigualdades que se manifiestan en una escasísima presencia de mujeres en los puestos de dirección y unas elevadas desigualdades salariales, sobre todo en retribuciones variables (bonus). Así pues, con esta crisis se reabrió el debate sobre las ventajas de la diversidad en las empresas e incluso se pensó que podía ser una oportunidad para incorporar más mujeres a la dirección; aunque hubo algunos movimientos en este sentido (por ejemplo en Islandia se pusieron dos mujeres al frente de dos de las tres entidades bancarias nacionalizadas) lo cierto es que de momento no ha habido cambios significativos.

En cuanto a las consecuencias, la más visible y dolorosa es el espectacular aumento del desempleo que es, a juzgar por las encuestas, el primer motivo de preocupación social y debería, en nuestra opinión, ser considerado también el principal problema no sólo laboral sino también económico. El paro ha alcanzado en España una tasa del 20% en el primer trimestre (TI) de 2010 cuando en 2008TI era 9,6%. Así pues en estos dos últimos años la tasa se ha duplicado y están en paro, siempre según datos de la Encuesta de Población Activa, 4.613.000 personas aproximadamente. La crisis ha afectado hasta ahora de manera especialmente intensa a sectores como la construcción y el automovilístico, sectores muy masculinos (la ocupación masculina se eleva al 92% en la construcción y al 80% en el automovilístico). Por ello, el desempleo ha aumentado más en los hombres (12 puntos porcentuales) que en las mujeres (8 puntos) y en consecuencia la brecha que tradicionalmente separaba el paro femenino del masculino ha desaparecido porque con una tasa de paro femenina de 20,2% y una tasa masculina de 20% la brecha es de 0,2 puntos. Este aumento desigual del desempleo se debe, en gran medida, a la desigual distribución de mujeres y hombres en el empleo, es decir, a la persistente segregación ocupacional. Al haber subido más, hasta ahora, el paro de los hombres, habrá familias que hayan pasado a depender económicamente de una mujer y esto les supone una reducción de renta muy importante, porque lo más probable es que, teniendo en cuenta que el salario/hora de los hombres es un 19,5% superior al de las mujeres, hayan pasado a depender del más bajo de los dos sueldos.

Como el paro se ha nutrido en gran medida de empleo temporal, la temporalidad en el empleo ha bajado del 30% a comienzos de 2008 al 24% en 2010TI. El peso del empleo temporal suele ser uno de los indicadores más utilizados para cuantificar la precariedad laboral. Sin embargo, es evidente que la disminución que se ha producido los dos últimos años no significa que haya disminuido la precariedad sino todo lo contrario, puesto que la disminucíón de trabajadores temporales se debe a que la mayoría han ido al paro por lo que su situación no ha hecho más que empeorar. La temporalidad siempre es algo más femenina que masculina y hoy en día la brecha de temporalidad entre mujeres y hombres es de tres puntos.

Otro indicador habitual de precariedad es el peso del empleo a tiempo parcial y en el caso de la parcialidad sí que podemos afirmar que, en toda Europa y también aquí, es un asunto de mujeres. En España, donde la parcialidad está menos extendida que en la mayoría de los países de la UE-27, tienen empleo a tiempo parcial el 5% de los hombres y el 24% de las mujeres. En cuanto a las razones del empleo a tiempo parcial es muy habitual escuchar que son las propias mujeres las que eligen libremente este tipo de empleo para poder compatibilizar los trabajos domésticos y de cuidados con el empleo. Es decir, se presenta el empleo a tiempo parcial como una especie de instrumento de conciliación para las mujeres. Si así fuera, tras este argumento subyace la persistencia de la división sexual clásica del trabajo que hace que, a pesar de la masiva incorporación de las mujeres al mercado, los trabajos no remunerados siguen siendo responsabilidad suya. Pero lo cierto es que según las estadísticas la razón principal de mujeres y hombres para trabajar a parcial es no haber podido encontrar un empleo a tiempo completo, que es lo que responden el 51% de los hombres y el 46% de las mujeres. Es más en estos dos años de profunda crisis el peso de esta respuesta ha aumentado mucho porque a comienzos de 2008, aun siendo la respuesta mayoritaria, los porcentajes eran de 30% en el caso de los hombres y de 32% en el de las mujeres. Esto podríamos interpretarlo tal vez como un aumento del descontento de las personas ocupadas a tiempo parcial.

En 2010, con las medidas de ajuste tomadas para afrontar la Eurocrisis la población directamente más perjudicada se ampliará y a los más de cuatro millones de personas en situación de desempleo se sumarán, entre otros, 3.088.000 trabajadores y trabajadoras del sector público cuyos salarios se reducirán como media un 5%. Por lo que he podido escuchar en los medios de comunicación tengo la impresión de que esta reducción salarial no ha sido en general muy mal acogida. Esto puede deberse a que está muy extendida la idea de que quienes trabajan en el sector público tienen estabilidad en el empleo y, a menudo, perciben sueldos elevados a cambio de bien poco. Pero no todo el empleo del sector público es indefinido ni todos los sueldos son altos. Los datos indican que la temporalidad en el empleo público es significativa porque en 2010 el 18% de hombres y el 28% de mujeres asalariadas en el sector público tienen contratos temporales. Otro indicador de inestabilidad en el sector público nos lo da la cifra de paro porque es uno de los siete sectores con mayor volumen de paro y nos tememos que este paro vaya en aumento porque es muy probable que parte de los contratos temporales no se renueven. Cabe, asimismo, resaltar que el sector público se ha constituido con el tiempo y por múltiples razones en un “nicho” de empleo femenino cualificado: en 2010 las mujeres son ya el 54% de los asalariados del sector público y casi una de cada cuatro asalariadas (exactamente el 23%) lo está en el sector público, mientras que la concentración de los hombres en un 17%.

Es de sobra conocido que las políticas de ajuste implementadas en las últimas décadas en los países del Sur a instancias del FMI han tenido efectos muy negativos para la población y probablemente los estrictos programas de austeridad europeos también los tengan aunque es evidente que la situación de partida de unas economías y otras es muy desigual. Lo que seguramente sí que traerá la reducción del gasto es una ralentización de la recuperación económica, una economía más débil y con menores ingresos fiscales, y si es así la disminución del déficit será menor de lo previsto y lógicamente la recuperación del empleo será mucho más lenta.

Finalmente, está claro que esta crisis global afectará no sólo al trabajo remunerado sino también al no remunerado. Por un lado, porque en situaciones de desempleo las familias intentan mantener el nivel de bienestar anterior y esto suele ser a costa de una mayor cantidad de trabajo en el hogar. Por otro lado, porque los ajustes rigurosos también tienden a traspasar costes –de manera invisible- del sector público a la esfera privada. Y el aumento de la carga de trabajo en los hogares se suele traducir automáticamente en un aumento del trabajo de las mujeres.

Esta crisis podía haber sido una oportunidad para cambiar las reglas de juego de las finanzas, para introducir un mayor control en las transacciones financieras internacionales y en la actuación de los agentes que controlan los mercados financieros. Resulta cuando menos chocante que coincidiendo prácticamente todos los análisis en la gran responsabilidad de los agentes financieros en esta crisis, las soluciones pasen por medidas que apenas rozan las finanzas. Podía haber sido también una oportunidad para impulsar cambios, sobre todo teniendo en cuenta que puso sobre la mesa muchas cuestiones como el modelo de crecimiento indefinido en un mundo con recursos limitados. Y podía haber sido, por qué no, una oportunidad para forjar un futuro más igualitario y sostenible. Para ello convendría analizar qué hay dentro del PIB y qué queda fuera y pensar cómo se puede actuar sobre aquellas producciones que no se contabilizan en el PIB pero que conviene tener en cuenta y conviene cuidar, hablamos nuevamente de los trabajos que se desarrollan fundamentalmente en el ámbito privado. Y habría que pensar también qué producciones de las que sí se incluyen en el PIB conviene que crezcan y cuáles conviene que no crezcan o incluso que decrezcan teniendo siempre en cuenta que el objetivo es aumentar el bienestar de la mayoría de la población prestando especial atención a las personas más desfavorecidas.