Trasversales
Carmen Castro García y María Pazos Morán

Custodia compartida: las trampas del debate

Revista Trasversales número 19 verano 2010


Carmen Castro García es promotora del espacio Sin género de dudas
María Pazos Morán es investigadora en género y fiscalidad



En las últimas semanas se ha reactivado el debate sobre la necesidad de corresponsabilidad en el cuidado y atención de las hijas e hijos, a raíz de la aprobación por el Parlamento de Aragón de la llamada Ley de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres. Es loable la preocupación por la custodia responsable y por minimizar las consecuencias negativas que tienen sobre los hijos/as las desavenencias de sus progenitores, tanto en caso de divorcio como durante la convivencia. Pero las dificultades surgen a la hora de la práctica, porque las resistencias e intereses patriarcales crean trampas que frecuentemente aparecen envueltas en una apariencia de igualdad (neomachismo). Adoptar una actitud proactiva para desmontar estos mecanismos es una tarea cada vez más urgente.

En la ley de Aragón se prevé que, en caso de desacuerdo, el Juez deberá establecer preferentemente la custodia compartida para ‘garantizar a ambos progenitores el ejercicio de sus derechos y obligaciones en situación de igualdad’. Parece loable esta supuesta pretensión de igualdad pero, puesto que el reparto de responsabilidades se establece durante la convivencia, ¿no sería más lógico que esa preocupación por la igualdad se manifestase cuando aún es tiempo de cambiar las pautas de comportamiento? Sin embargo, los poderes públicos no parecen escandalizarse de que la inmensa mayoría de las parejas heterosexuales funcionen con una base de desigualdad durante el matrimonio. No parece provocar ningún escándalo el hecho de que haya en España casi cuatro millones más de mujeres que de hombres ‘inactivas’ sin ingresos, casi 200.000 más de paradas sin prestación contributiva, millón y medio más de ocupadas a tiempo parcial… lo que hace una cifra cercana a 6 millones más de mujeres que de hombres sin ingresos suficientes para vivir independientemente.

Parecería que la judicatura tuviera que intervenir in extremis para arreglar desaguisados. En cambio, cuando se trata de la ‘opción’ de las mujeres por la dependencia económica, se apela sistemáticamente a la ‘libertad de elegir’, como si el sector público no pudiera inmiscuirse en la sacrosanta libertad de la pareja. Pero sí se inmiscuye, y mucho, porque el marco institucional empuja a las mujeres a la dependencia económica y a los hombres al alejamiento del cuidado.

No entraremos aquí en todas las políticas que, con dinero público, potencian la diferenciación de roles de género en la niñez y en la adolescencia, como son los juguetes diferenciales en los colegios públicos y concertados, las subvenciones públicas al sector de la moda, el sesgo de género en la promoción del deporte o los pagos millonarios por parte de las cadenas de televisión públicas a los clubs de futbol masculino. Nos detendremos solamente en los mecanismos-trampa con los que se encuentra cualquier pareja heterosexual desde el mismo momento en que deciden casarse, por mucho que él y ella piensen que son iguales y que ese acto no influirá en sus vidas materiales.

Aún hoy en día, cuando dos personas se casan en España el Estado les dice que da igual quien gane el dinero, porque todo será de ambos al 50% (el régimen económico de gananciales se aplica automáticamente por defecto en gran parte del territorio español). Y que si alguien se queda en casa (o en la economía sumergida) tendrán derecho a una desgravación por tributación conjunta. Y que no se preocupe por las cotizaciones porque para eso está la pensión de viudedad. Lo que nos muestran las estadísticas es que el 90% de las declaraciones conjuntas presentadas tienen a los hombres como primer titular o único perceptor de rentas en la unidad familiar.

Cuando llega la primera criatura, se establecen los roles de género -si no lo estaban ya- alentados por la Seguridad Social, que en su regulación de derechos de prestaciones concede a los hombres un permiso remunerado por paternidad de solamente 2 semanas, mientras otorga a las mujeres 16 semanas remuneradas de permiso de maternidad y 4 más de lactancia. La evidencia de los datos estadísticos nos dice que son las mujeres quienes se ausentan del trabajo por períodos más largos ante las necesidades de cuidado familiar; la desigualdad de los permisos por nacimiento y otras facilidades como las excedencias (mayoritariamente no remuneradas y utilizadas en un 92% por mujeres) y las reducciones de jornada, contribuyen a explicar la retirada del puesto de trabajo de muchas mujeres. Los hombres podrían tomarse parte de estas facilidades, pero no se las toman porque, lógicamente, no quieren quedarse sin ingresos o arruinar su carrera.

Muchas madres, ante la falta de servicios públicos y la todavía escasa implicación de los padres, caen en estas trampas que les conducen a la dependencia económica y a la pobreza. Pero son todas las mujeres quienes pagan caro el alto riesgo que el empresariado percibe en su contratación.

Si los poderes públicos estuvieran realmente preocupados por estos graves problemas, tomarían medidas efectivas para prevenirlos, empezando por eliminar todos estos mecanismos trampa y siguiendo por establecer las condiciones que se han demostrado efectivas para la corresponsabilidad:
- Permisos iguales e intransferibles por nacimiento o adopción para ambos progenitores, como propone la PPIINA. Así, desde el principio, la participación en el cuidado y atención infantil podría darse en condiciones de igualdad. En España el 80% de los hombres se toma el actual permiso de paternidad de dos semanas. ¿Por qué no se amplía a 16 semanas?
- Universalización de la educación infantil desde los 0 años
- Horarios a tiempo completo más cortos, racionales y flexibles.

Además de proveer estas condiciones básicas, eliminarían todas aquellas medidas de nuestro sistema de protección social, impuestos y prestaciones económicas que desincentivan el empleo femenino. Pero qué casualidad que quienes quieren obligar a las parejas a ser igualitarias (aunque sólo cuando ya no son parejas), no demanden ni promuevan ninguna de estas reformas para permitir que las parejas avancen en la igualdad cuando aún es tiempo.

La co-parentalidad responsable es un viaje que requiere cambiar las reglas del juego patriarcal desde el principio de cualquier forma de convivencia. En caso de divorcio, los efectos devastadores de la desigualdad se manifiestan más visiblemente de cara al exterior. Todos los divorcios son traumáticos, pero lo son mucho más cuando ellos han estado al margen del cuidado y ellas han sido económicamente dependientes de ellos. A las peleas usuales en estos casos, se añade el desencuentro entre dos personas que están en universos disjuntos e incompatibles, y cuya frontera es difícil traspasar. Es difícil reinsertarse en el empleo de calidad a los 41 ó 42 años (41,5 años es la edad media de las mujeres en el momento del divorcio), y más en tiempos de crisis. Tampoco es fácil aprender a conocer y a cuidar a tu hijo o a tu hija cuando tiene 6 años y tú 44 (edad media que según el INE tienen los hombres en su divorcio). Poco se puede hacer a posteriori en estos casos. Nada más que comprender y paliar la situación de las personas implicadas, especialmente las que han quedado en situación más vulnerable: criaturas y mujeres. Mujeres sin ingresos, mujeres acostumbradas a hacer de su hogar el centro de su mundo, mujeres sometidas a malos tratos, etc. Pero frecuentemente se actúa como si nada de eso existiera, se olvida que el sacrificio de la vida profesional es irreparable, se exige a las mujeres un cambio radical que es altamente improbable. En realidad no es nada nuevo: en caso de ruptura del matrimonio, las mujeres dependientes estorban como estorbarían los esclavos sin amo. No en vano en India les queman en la pila funeraria junto con el esposo difunto.

La posibilidad de que un(a) juez(a) pueda imponer la custodia compartida, ante el desacuerdo de ambos progenitores y con la oposición explícita de una de las partes o incluso de ambas (como se recoge en la Ley de Aragón) es una grave distorsión en el avance hacia la igualdad. El dinamismo coyuntural que está teniendo el debate oculta en parte la incidencia que algunos planteamientos neomachistas están consiguiendo. Simultáneamente a la preocupación porque ‘no se castigue a todos los hombres’, estos sectores mantienen una total indiferencia respecto a las medidas propiciatorias de la igualdad efectiva. Si tan interesados están en que los padres cuiden, ¿cómo es que no reivindican la equiparación del permiso de paternidad con el de maternidad? ¿cómo es que no apuestan por la co-parentalidad responsable?

Obviamente es comprensible que las personas se metan en la trampa de la desigualdad descrita; e incluso que muchos hombres se acuerden de cambiar el modelo cuando se divorcian y no antes. Ahora bien, es absolutamente incomprensible que los poderes públicos, pretendiendo hacer tabla rasa, colaboren con el esquema de desigualdad, haciéndose eco de las argucias neomachistas mientras que, con la usual ceguera de género, ni se cuestionan las políticas públicas que están en el origen de los problemas ni atienden a las víctimas. Los poderes públicos tienen la responsabilidad de actuar con equidad en lugar de tirar la piedra y esconder la mano.

El modelo no se cambia con efectos retroactivos. Se cambia, precisamente, eliminando la causa que conduce a tanto desastre y a tanto sufrimiento. Esa causa no es, ni más ni menos, que la división sexual del trabajo. El modelo se cambia hacia el futuro, con medidas que impliquen a los padres al mismo nivel que las madres desde el nacimiento. Y el mejor test para saber si alguien (ya sea parlamento autonómico, asociación o persona) está por el cambio a la igualdad total es saber si reivindica la equiparación entre hombres y mujeres de los permisos por nacimiento y adopción.



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