Trasversales
Toñi Ortega

La experiencia de Mujeres ante el Congreso
Significado político de la polémica sobre la regulación del aborto voluntario


Revista Trasversales número 17 invierno 2009-2010

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Textos colectivos

Texto base de la ponencia oral presentada por Toñi Ortega el 7 de diciembre en las Jornadas Feministas de Granada. Ciertas aclaraciones posteriores a las Jornadas figuran en azul.



Quiero explicar por qué veo muy positiva la experiencia de la plataforma Mujeres ante el Congreso y del movimiento feminista que pide una nueva ley pero considera que el proyecto del Gobierno no es una buena ley. Me limitaré a dos aspectos:

- La experiencia de trabajo en común entre nosotras.
- La necesidad de esta actividad ante un proyecto de ley insuficiente y con aspectos regresivos.

La experiencia de mujeres ante el congreso

Ha sido una experiencia vital y cooperativa muy buena. Mujeres de generaciones diferentes, de “corrientes” diferentes, que pensamos diferente en muchas cosas, nos hemos unido para una lucha que nos une. Ha ido muy bien. Nos hemos llevado estupendamente, sin protagonismos y sin buscar hacer notar a nuestros grupos. Cuando ha habido opiniones diferentes hemos encontrado una fórmula de consenso, sin discutir cuál tenía más razón. Empezamos a juntarnos tras el informe de la comisión experta, primero éramos seis asociaciones, luego trece, al final casi noventa. Y cientos de mujeres. Sin planes preconcebidos, juntas hemos hecho el camino.

B) Hemos conseguido que la voz feminista no haya sido invisibilizada por la polaridad entre derecha y Gobierno, cuyas posiciones, sin duda diferentes, han tenido un rasgo común: la falsa acusación de que se ha abusado de la ley vigente. Hemos tenido dificultades para hacernos oír. El Gobierno y la derecha han tergiversado el contenido del proyecto, hemos sufrido bloqueo mediático, han usado nuestros nombres, imágenes y actuaciones para confundirnos con otras posturas. Yo he sentido una gran tibieza en muchos de quienes en otras ocasiones han sido nuestros aliados. Pese a todo, ha quedado claro que hay una tercera vía, feminista, y se ha escuchado la voz de la mayoría del movimiento feminista, que no está satisfecho ni identificado con el proyecto de ley. Hemos llevado nuestras peticiones a varios grupos parlamentarios y algunas han sido recogidas bajo la forma de enmiendas, especialmente en las presentadas por el grupo ER-IC-ICV [algunas aprobadas por el Congreso]. Otra parte del movimiento ha elegido no hacer críticas al proyecto. Pero si vemos las reivindicaciones en positivo que hicieron antes que de que se conociese el anteproyecto, muy cercanas a las nuestras, está claro que el proyecto del Gobierno está muy lejos de lo que pide el movimiento feminista.

El significado del proyecto y el debate social

En mujeresantecongreso.blogspot.com se detallan las diferencias entre el proyecto del Gobierno y nuestras reivindicaciones. Pero quiero valorar qué estrategias y visiones de la vida hay tras esas diferencias.
Voy a decir algo que puede parecer exagerado, luego lo explicaré. El Gobierno ha elaborado este proyecto de ley teniendo en mente falsas imágenes de fetos flotando en el vacío y luego descuartizados, en las que se basó la ofensiva antielección que terminó desestimada por los tribunales pero que influyó en muchas mentalidades; y lo ha hecho pensando poco en las mujeres y profesionales que sufrieron recientes persecuciones. Entonces se habló de infanticidios, de trituradoras y de cosas así. Las feministas respondimos pidiendo la despenalización y autoinculpándonos. Así paramos esa ofensiva. Pero el problema es que, en el fondo, al Gobierno y a una parte de la sociedad les impactaron más las mentiras reaccionarias que la imagen real de la Guardia Civil presentándose en la casa de varias mujeres que habían abortado legalmente.

Este proyecto de ley no se ha hecho para reconocer los derechos de las mujeres y poner fin a las persecuciones. Me voy a referir sólo a dos cosas, entre las muchas criticables del proyecto: la restricción de derechos de las mujeres en grave riesgo y la inseguridad jurídica.

Pese a algunas mejoras insuficientes, que no niego pueden facilitar un número importante de los abortos voluntarios, el significado político del proyecto se concentra en la limitación de derechos de las mujeres en grave riesgo para su vida o salud, algo que, a primera vista, parece absurdo, ya que el aborto terapéutico es el que más consenso social tiene, cuenta con el aval del Tribunal Constitucional desde 1985 y no fue limitado durante los años de gobierno del PP. Esta limitación de derechos se manifiesta en la prohibición absoluta de abortar por esa razón desde que se inicie la semana 23, pero también dificultaría el aborto terapéutico durante las primeras 22 semanas, aumentando a dos el número de dictámenes previos exigidos [esto último parece que lo hemos ganado, ya que el Congreso aprobó una enmienda que anulaba el aumento propuesto].

Mi impresión es que para el Gobierno es esencial lograr la prohibición del aborto para las mujeres en riesgo a partir de la semana 23, y creo muy difícil, casi imposible, que renuncie a ese recorte. Se aferran a esa regresión porque, en parte, han hecho la ley para eso. El objetivo publicitario y político de este proyecto es quedar como el Gobierno que liberaliza abortos tempranos pero pone fin a supuestos abusos. Al principio, insistían en los pequeños avances y tapaban el recorte de derechos vigentes. Pero según avanza el debate, cada vez dejan más claras las intenciones del proyecto, como, por ejemplo, hacen Elena Valenciano, que, en un artículo, dice que el proyecto pretende “acabar con algún supuesto que ha dado lugar a verdaderos abusos”, y José Bono, cuyo artículo en El País invita a apoyar la ley por su carácter regresivo: “La disminución del número de abortos que la nueva ley comportará al modificar la actual regulación del supuesto del conflicto psíquico que carece de limitación temporal y que ha dado cobertura legal a abortos en estadios de gestación muy avanzados, invita a defenderla”.

Esto no puede aceptarlo el movimiento feminista, por falso y porque perjudicará a las mujeres en esa situación. Es una acusación nada velada contra mujeres que han abortado bajo ese supuesto y contra las/los profesionales, sin posibilidad de defensa porque se difunde una sospecha general sin acusar a nadie en particular. Es una acusación que hasta ahora sólo habían hecho los grupos antielección y la ultraderecha, tan sin pruebas como Valenciano y Bono.
Nos dicen que, a cambio de “limitar abusos”, ofrecen seguridad jurídica a las mujeres que abortan y a las/los profesionales. ¿Es verdad eso? Creo que no. Lo ocurrido con la Clínica Isadora se puede repetir con esta ley. Por plena seguridad jurídica entiendo que las mujeres y profesionales no corran el riesgo de terminar en los juzgados por denuncias falsas. ¿Habrá más seguridad jurídica en los abortos realizados en las primeras 14 semanas? Serán más fáciles, pero no tendrán plena seguridad jurídica. Si acusan de que uno de esos abortos no se hizo en la semana 14 sino en la 15, podría abrirse un sumario, llamarse a declarar a las mujeres y profesionales, imputárseles un delito... ¿Habrá más seguridad jurídica en los abortos por grave riesgo en las primeras 22 semanas? Tampoco, habrá menos. Antes, las denuncias podían basarse en que no era cierto el riesgo, pero con esta ley podrán alegar también que el aborto no ha sido en la semana 22, sino en la 23, lo que, además, implicará según el proyecto que las penas deben imponerse en su mitad más dura.

Dada la insistencia que se hace en que ha habido verdaderos abusos con el supuesto de salud, es de temer que se intente imponer en la práctica una interpretación más restrictiva, especialmente para la salud psíquica, contra la que Bono apunta explícitamente sus cañones. Y si este Gobierno no lo hace, lo hará el próximo que haya del PP.

¿A qué se debe esta orientación, cuando el Gobierno, dentro de sus limitados esquemas, habría podido sumar las 14 semanas a lo que ya hay y no cambió el PP? Hay razones oportunistas y razones ideológicas. El aspecto oportunista es que el Gobierno creyó haber tenido una idea genial para contentar al feminismo y calmar a la derecha y a la Iglesia católica. Pensó que todo el mundo aplaudiría su equidistancia. Como era de esperar no ha contentado a casi nadie. Pero también hay un fondo ideológico que nos colocaría a las puertas de un retroceso histórico si el movimiento feminista cede. Permitidme que lea un trozo de un artículo de Beatriz Gimeno, que plantea esta encrucijada:

No hay acuerdo posible porque no se parte del mismo sitio, porque no se comparte nada, ni un mismo lenguaje, ni un común punto de llegada. El debate sobre el aborto, como sobre la eutanasia, las investigaciones con células madre, la homosexualidad, la anticoncepción etc., es tan ‘abarcador’ que sabemos que tener una opinión, la que sea, acerca del estatus del embrión lleva aparejada implícitamente una decisión acerca del estatus de los niños, de la valoración de la natalidad, del lugar que deben ocupar las mujeres y los hombres... Defender que el embrión debe nacer en cualquier caso, imponer la vida del embrión sobre la voluntad de la mujer es, simplemente, defender que ésta debe subordinar su libertad a su vida biológica. Y en este debate no hay un punto intermedio: si gana un lado, el otro pierde y viceversa; no hay embrión vivo a medias, ni libertad de las mujeres que se pueda defender a medias

Quieren que aceptemos jugar con baraja marcada. Quieren imponernos sus preguntas para que no podamos dar nuestras respuestas. Quieren que nos avergoncemos, que nos justifiquemos, que discutamos sobre el “inicio de la vida humana” o sobre la viabilidad de los fetos, en términos que sustituyen a las viejas discusiones sobre el momento del surgimiento del alma. Podemos hablar de todo. La cuestión aborto es compleja, abierta a reflexiones éticas que pueden dar lugar a opciones personales diferentes. Pero nuestro punto de partida son los derechos de las mujeres, el derecho a decidir sobre nuestra maternidad y sobre nuestra sexualidad. Ese es el bien mayor a proteger en este caso. El aborto voluntario es un derecho, hablemos sobre su regulación social. Por el contrario, el punto de partida de la ley vigente y del proyecto presentado se parece al de los obispos: abortar es pecado para unos y delito para ambos. Los más moderados aceptan despenalizar ciertos supuestos, pero que la IVE sea delito con excepciones nos crea muchos más problemas que el que sea pecado sin excepciones.

Si aceptásemos ese punto de partida estaríamos en un callejón sin salida. ¿Qué pasará cuando otro Gobierno, a la vista de futuros avances técnicos, diga que la viabilidad no es a las 22 semanas, sino a las 18, aunque apenas fuese cierto para un número mínimo de los casos? ¿Recortarán otra vez la ley? Así, ni siquiera pueden defenderse coherentemente las leyes actuales o este proyecto. Cuando un anti-elección pregunta por qué un feto con alguna anomalía física o psíquica tiene menos derechos que otro feto, no hay respuesta razonable si se ha partido de los derechos de los fetos. Es la mujer quien debe decidir si quiere una maternidad en esas condiciones, pero eso sólo tiene sentido si se parte del derecho a decidir y no de la causa de su decisión. A nadie corresponde decidir qué es lo que para una mujer es llevadero o insoportable, ni si un feto vale más que otro. Si el punto de partida es el derecho de los no-nacidos, las mujeres y su libertad se supeditan a un papel social de máquinas reproductoras; y, en realidad, no son los imposibles derechos de los no-nacidos los que prevalecen sino el ansia patriarcal de adultos sí-nacidos por dominar nuestra sexualidad y controlar la reproducción.

Nuestra movilización era necesaria


Hay compañeras que querrían una ley mejor pero que opinan que, dado que el Gobierno no irá más adelante, hay que apoyar su propuesta. Entiendo lo que dicen, pues el plazo de 14 semanas dará cobertura a muchos abortos con algo más de seguridad, aunque no completa. Pero creo que no tienen razón, por varios motivos.
El primer motivo es que no se puede renunciar de antemano a mejorar algunas cosas con nuestra lucha [de hecho, gracias a ella el Congreso ha aprobado cuatro importantes reivindicaciones nuestras], ni a hacer presión para que no empeoren otras. El segundo motivo es que se propone una legislación muy restrictiva, en algún aspecto más que la vigente, con la que pueden repetirse persecuciones como las vividas recientemente y ocurrir tragedias a causa de abortos clandestinos o maternidades no deseadas. En algunos casos, con más inseguridad jurídica. El movimiento feminista no puede fingir que esa ley resolvería los problemas, porque no es así. La legislación actual tiene un cuarto de siglo. ¿Podemos pasar otros 25 años con una ley como la que se nos propone? Estoy convencida de que no. El tercer motivo es que no podemos sacrificar los derechos de unas mujeres, aunque sean pocas, para mejorar un poco la situación de otras. Tenemos que decir al Gobierno que no vamos a traicionar los derechos de las mujeres en grave riesgo a cambio de las muy insuficientes 14 semanas y de la sí muy importante reforma de la ley del paciente, si es que ésta no la limitan para ganar los votos del PNV [así ha ocurrido, lamentablemente]. No aceptamos ese chantaje. Queremos una ley que avance sin recortes. El cuarto motivo es que el trasfondo ideológico de este proyecto es regresivo, por detrás incluso de la sentencia de 1985 del Tribunal Constitucional.
Nos han acusado de hostigar al Gobierno y favorecer a la derecha. Eso no es verdad, estamos defendiendo los derechos de las mujeres ante un proyecto de ley que cede a la derecha.

Sin culpas

La ley aprobada en 1985 y el actual proyecto tienen en común la consideración de la IVE como delito y la afirmación de dos derechos, el de la vida humana en formación y el de las mujeres, pero se diferencian en que la ley vigente considera que la prevalencia del derecho de las mujeres siempre requiere causa reglada pero admite que en caso de grave riesgo para la mujer el derecho de ésta tiene prevalencia absoluta e ilimitada, mientras que el proyecto dice que durante un corto plazo no se requiere causa pero a partir de ahí el derecho de los nasciturus prevalece de forma absoluta e ilimitada sobre los de las mujeres en grave riesgo. No comparto ninguno de esos discursos, pero con vistas al futuro, bajo mi punto de vista, el más estático y quizá el más cruel es el segundo, pues niega la prevalencia del derecho de las mujeres precisamente en la peor de las circunstancias, cuando está en juego su vida o su salud, convirtiendo la fijación del momento de posible viabilidad en una barrera absoluta.

El proyecto tiene fuertes contradicciones: una mujer que en la semana 23 de su embarazo se enfrente a un grave riesgo para su vida o salud no podrá abortar, mientras que una mujer sana y sin ningún riesgo con un feto afectado de una enfermedad grave e incurable, pero no mortal, sí podrá abortar en la semana 30. Resulta inexplicable esa opción y comprendo que organizaciones de personas discapacitadas que no ponen problema a la libre decisión de la mujer se opongan a ese supuesto en tanto que causa especial. Desde luego, defiendo el igual derecho de cualquier mujer a abortar con una sola causa: su libre decisión. Por eso estamos luchando. Pero me rebelaría contra una ley que permitiese abortar fetos femeninos y no fetos masculinos, por ejemplo. Así que hay que entender el enfado de los colectivos de personas discapacitadas, yo soy mujer y discapacitada, y ese enfado no va contra los derechos de las mujeres sino contra leyes reaccionarias que no se superarán poniendo y quitando excepciones sino con el reconocimiento de nuestra soberanía sobre nuestra potencial maternidad.

Tampoco debemos admitir el intento de que las mujeres que abortan se autoculpabilicen. Ninguna mujer se queda embarazada para abortar. Es mejor prevenir para no quedarse embarazadas si no queremos. Pero si tenemos un embarazo no deseado, tenemos derecho a abortar sin que nadie nos culpabilice y sin traumatizarnos. Tenemos que rechazar la costumbre de que todo discurso sobre el aborto comience con la letanía de que el aborto traumatiza a las mujeres, contribuyendo así a que ocurra.

Puede haber mujeres que se arrepientan de haber abortado, como puede haberlas que se arrepientan de haber parido o de cualquier otra decisión. Pero muchas mujeres no quedan traumatizadas por haber abortado ni se arrepienten de ello. No hay motivo para cargar con una maldición de trauma y culpa, que atenta contra nuestro derecho a decidir y nuestra capacidad para responsabilizarnos de nuestras decisiones. Hay una moral reaccionaria que pide políticas restrictivas para evitar abortos e imponer maternidades no queridas. Y hay una ética feminista que pide libertad de elección y políticas para apoyar maternidades deseadas y evitar embarazos no deseados, lo que disminuiría el número de abortos y el de maternidades no deseadas. ¿Por qué, para parecer buenas, nos exigen que empecemos diciendo que siempre es muy traumático y doloroso abortar? Por abortar no hay que tener mala conciencia ni pedir perdón, aunque es mejor evitar embarazos no deseados, por lo que las feministas, que fomentamos la educación sexual, impedimos muchos más abortos que los curas sin obligar a nadie a hacer lo que no quiere. Dicen que somos malas porque queremos nuestra libertad, pero las malas mujeres somos las buenas porque nos duelen las niñas y niños que mueren tempranamente por condiciones sociales inaceptables, pasan hambre, carecen de atención sanitaria y agua potable, sufren malos tratos y abusos sexuales... y, también, esas niñas violadas por sus familiares varones a las que iglesias y estados se empeñan en hacer parir con enormes riesgos para su vida. Que se traumaticen quienes cargan con tantos crímenes y abusos sobre sus espaldas, no las mujeres que abortan.

Por eso seguiremos pidiendo una nueva ley que sea una buena ley. Es de temer que no vaya a ser así. Pero entonces seguiremos erre que erre, hasta lograrlo.

POSDATA: tras las Jornadas de Granada el Congreso ha aprobado el proyecto, enmendado, que ahora (20 enero) está en la Comisión de Justicia del Senado. Entre las enmiendas positivas, acordes a nuestras reivindicaciones, citaré que se ha retirado el aumento del número de dictámenes previos para los casos de riesgo para la vida o salud en las primeras 22 semanas, que se incluyen los anticonceptivos de última generación en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, que la investigación y formación en la práctica clínica de la IVE se incorporarán a los programas curriculares de las carreras relacionadas con la medicina y las ciencias de la salud y que se regula la objeción de conciencia, que deberá ejercitarse de forma individual, anticipada y por escrito, sin poder afectar a la atención previa y posterior a la IVE y sin que pueda menoscabar el acceso y la calidad de la prestación. Una modificación muy regresiva respecto al proyecto inicial es el paso atrás dado en cuanto al derecho de las jóvenes de 16 y 17 años a decidir sobre la información a dar a sus familiares, lo que puede repercutir sobre su derecho a decidir aunque éste sea formalmente reconocido. Aprecio mucho los logros, fruto directo de nuestra lucha, pero no cambian mi valoración general sobre la Ley, más aún teniendo en cuenta la claudicación parlamentaria en lo que a los derechos de las jóvenes se refiere. Una ley así no resuelve el problema sino que lo cierra en falso. Es decir, lo deja abierto, al seguir considerando la IVE como delito, al restringir los derechos de las mujeres en riesgo y al limitar nuestro derecho a dedicir a 14 semanas y bajo tutela.




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