El derecho a la interrupción voluntaria de embarazo es una gran deuda de la democracia con las mujeres de nuestro país. Desde que  hace 20 años se despenalizó en  sólo tres supuestos, no ha dejado de haber obstáculos, cortapisas y agresiones a este derecho: concentraciones de los grupos antielección en las puertas de las clínicas, agresiones, amenazas a los profesionales y denuncias en los tribunales.

La despenalización parcial que en su día se hizo para tener contentos a los sectores antielección ha demostrado ser insuficiente y una fuente de problemas  que no satisface ni a éstos, que persiguen imponer su moral y la eliminación total del derecho al aborto, ni tampoco a las mujeres, por lo restrictiva que es y las pocas garantías legales que ofrece. Además, una interpretación malintencionada, involucionista y sesgada de la misma, como la que ha anunciado recientemente el PP, en manos de gobiernos derechistas y de determinados sectores judiciales, podría amenazar al 97% de los actuales abortos legales, de forma que volveríamos a los tiempos en que viajábamos a otros países o a los abortos clandestinos. No podemos correr tal riesgo.

En los últimos años se ha recrudecido la  ofensiva contra el derecho a elegir por parte de la Iglesia y la derecha más conservadora, apoyados por sectores judiciales, logrando el cierre de clínicas en Barcelona y Madrid y que estén más de dos mil mujeres en diversos juzgados. Siguen empeñados en fabricar “casos” como el de la clínica Isadora.

No es posible, o al menos no es admisible, que el gobierno de la paridad, de la ley de igualdad, del matrimonio entre personas del mismo sexo, que el gobierno que sacó las tropas de Irak, el obierno de la Ley contra la violencia de género y el gobierno que ha creado el Ministerio de la Igualdad, y que tan orgullosas nos hizo sentir durante la primera legislatura por su valentía a la hora de llevar a cabo  reformas que facilitaron la vida a muchos y muchas ciudadanas, pueda ahora consentir impasible el atropello que están sufriendo  mujeres anónimas y profesionales de la sanidad en este país.

Todo ello lleva a una conclusión: es urgente un cambio legal que saque el aborto del código penal y reconozca el derecho de las mujeres  a decidir  sin tutelaje.

Se trata de un derecho reconocido y avalado por la OMS, la Conferencia de Beijing e incluso recomendado por el Consejo de Europa, al menos en una medida mucho mayor a la alcanzada en España. No sería lógico que nuestro país mantenga un déficit democrático en relación a este asunto con respecto a los países de nuestro entorno, después de lo avanzado que se mostró el Gobierno en la legislatura pasada en otros ámbitos en lo que nos hemos colocado en la vanguardia mundial.

Éste tendría que ser el primer cambio legislativo que atendiera el Gobierno sin más dilaciones, prosiguiendo la tarea iniciada con la Ley contra la violencia de género y la Ley de igualdad. La situación es óptima para afrontarlo: gobierno socialista con mayoría de mujeres y con el recién creado Ministerio de Igualdad que cuenta con un equipo de personas que han demostrado en otras ocasiones su compromiso con los derechos de las mujeres.

No puede ser que un gobierno que pretende ser abanderado de la igualdad entre mujeres y hombres no legisle de manera positiva sobre el asunto crucial para que esa igualdad sea efectiva: el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, lo que no se reduce a la IVE pero la incluye. Sin el reconocimiento de este derecho, la igualdad efectiva no será posible.

Sin embargo, el argumento del Gobierno para no incluir el cambio legal en la campaña electoral fue que no había suficiente demanda social y que sólo se comprometían a formar una comisión de expertos que estudie el tema. La realidad es que el Gobierno es tímido a la hora de abordar un asunto que supone enfrentarse con la Iglesia católica. Habrá que darle un empujon. Habrá que hacer bien patente esa “demanda social”.

En ese sentido han ido surgiendo diversas iniciativas: autoinculpaciones, pronunciamientos de profesionales, concentraciones, creación de la Plataforma por una Ley de Aborto en Madrid y de la Plataforma por el Derecho al Aborto en Cataluña… Los grupos parlamentarios de BNG y de IU han presentado sendos  proyectos legislativos sobre interrupción del embarazo en la comisión de igualdad del Congreso. Y no menos de mil personas nos habíamos sumado ya, a finales de junio, a la iniciativa que promueve la demanda de que la ministra de Igualdad favorezca la despenalización del aborto y su inclusión efectiva en la sanidad pública.

Es necesario seguir adelante y fortalecer la presión sobre el Gobierno y extenderla desde todos los ámbitos posibles, buscando además el compromiso de las muchas mujeres del PSOE, y también de los hombres, que están a favor de un cambio, como expresan algunas de las enmiendas presentadas para su próximo congreso y aprobadas en diversas federaciones.

A nuestro entender, la excelente acogida que hasta ahora ha tenido la antes citada carta pública a Bibiana Aído se debe a que pone en primer plano los puntos básicos de acuerdo: sacar el aborto del código penal y garantizar su ejercicio en la sanidad pública en todas las comunidades autónomas.
Esto sería ahora lo más importante: la presión unitaria sobre el Gobierno para que se comprometa a un cambio legislativo de forma prioritaria, llevando a cabo diversas acciones en común, sin dejar de dar respuesta inmediata y contundente a todos los ataques de los fanáticos y reaccionarios, aunque esta ofensiva va a continuar si no se modifica la actual legislación en un sentido despenalizador, que es lo único que les dejaría sin resquicios jurídicos para su caza de brujas.

Este es el momento de hacerlo, el Gobierno tiene el apoyo de la mayoría progresista. La derecha que gobierna en las distintas comunidades autónomas, coaligada en esto con la Iglesia y la extrema derecha, va a intentar que la ley que existe actualmente  se aplique de la forma más restrictiva posible. Si el desencanto por la inacción del Gobierno propicia en 2012 la vuelta de la derecha, como bien puede ocurrir, entonces no será  posible esta reforma tan necesaria y podemos sufrir una contrarreforma, quizá no en el texto de la Ley pero sí en su aplicación. El cambio tiene que hacerse en esta legislatura.

Las mujeres progresistas no queremos volver a tener que pensar de un Gobierno socialista lo que pensamos cuando se acabó la era de los gobiernos de Felipe González: que se había perdido una oportunidad de oro para hacer una ley de aborto verdaderamente progresista, es decir, para hacer más real la igualdad entre hombres y mujeres en España. Antes de las elecciones de 1996 el PSOE ya anunciaba una mejora, insuficiente pero mejora, de la actual legislación. ¿Qué ha pasado para que doce años después no se atrevan?