Hay derechos individuales cuyo reconocimiento no debe retrasarse más. Uno de ellos es el derecho a una muerte digna, sin sufrimientos evitables.

Resulta lamentable que la mayoría parlamentaria de izquierdas y el actual Gobierno no hayan puesto en marcha una reforma legal destinada a hacer posible el derecho a una muerte digna, atendiendo a la regulación de la obligación médica de evitar los sufrimientos de los enfermos terminales y respetando plenamente los testamentos vitales extendidos por ciudadan@s en pleno uso de sus facultades. Cuesta entender los motivos de una inacción tan reprochable cuando, además, no hay dudas de que una explicación razonable conseguiría un amplio respaldo social. Cuesta comprender que los representantes políticos no sean conscientes de que se trata de una necesidad ética y social que no puede aplazarse. Hay un sufrimiento que no se evita porque políticamente se eluden decisiones. El Gobierno se ha convertido en prisionero, en este tema, de las presiones eclesiásticas y de los inaceptables chantajes de la derecha reaccionaria.

Si quienes creen en la santidad cristiana del sufrimiento adoptan la decisión individual de sufrir, que sufran voluntariamente, pues son ellos quienes consideran que el dolor les acerca a su dios. Pero rechazamos radicalmente su pretensión de obligar a sufrir a quienes no quieren hacerlo y de imponer criterios religiosos frente a los deseos individuales expresados en un testamento vital. La vida incluye sufrimientos inevitables. Pero cuando es evitable debe ser evitado, aunque chillen unos obispos que defienden creencias medievales.

El escándalo de la Comunidad de Madrid, donde Manuel Lamela y Esperanza Aguirre emprendieron una cruzada brutal contra el uso de remedios paliativos en enfermos terminales, no tuvo la respuesta  política del Estado que debió tener. Ahora, la sentencia judicial, ha puesto en su sitio a esos energúmenos clericales.

Sin embargo, hay una carencia legal que no puede durar ni un día más. En este tema, como en el del aborto, y en tantos otros, basta ya de hipocresía. No se puede obligar a los profesionales médicos a asumir, por humanidad y por responsabilidad profesional, obligaciones y derechos que deberían estar consagrados legalmente con plena seguridad jurídica. Es necesaria una ley clara y contundente de reconocimiento del derecho a una muerte digna y del testamento vital tanto en la sanidad pública y privada. Exigimos un compromiso de la izquierda con estos objetivos. Exigimos que el nuevo gobierno asuma el reconocimiento de este derecho en su agenda 2008-2012.