Cuando se acercan unas elecciones generales las promesas fiscales adquieren un protagonismo que contrasta con la pertinaz ausencia de un auténtico debate social sobre los impuestos. Sin embargo, en una democracia esta cuestión debería ser central. Ser ciudadano no sólo es influir en la elección de los bienes y servicios que se deben financiar públicamente. También es participar en las decisiones políticas relativas a qué cantidad de impuestos deben pagarse, quién debe pagarlos y cómo debe reaccionar el Estado frente a los ciudadanos insolidarios que defraudan.
Sin embargo, en los procesos electorales parece que el único tema del que actualmente interesa hablar a los grandes partidos políticos es el de bajar los impuestos, cuestión que se aborda, además, de una forma demagógica y tendente a ocultar lo más importante, es decir, qué impuestos se bajan y cuáles no, a quienes se bajan impuestos y a quienes no y, finalmente, cuánto se bajaran los impuestos que se propone bajar y cuánto se subirán los que se pretende subir.

Vayamos por partes. ¿Alguien propone realmente bajar los impuestos? El nivel de impuestos se mide en términos de presión fiscal, es decir, la parte del producto interior bruto que representan los tributos y cotizaciones sociales. En 2006 la presión fiscal en España ha sido del 36,5% (la media comunitaria es el 40,2%) continuando su tendencia ascendente desde el final del franquismo. Por tanto, la primera exigencia que habría que hacer a cualquier político que proponga bajar impuestos es que especifique qué nivel de presión fiscal propone. Y en caso de que realmente proponga un descenso debe aclarar sus consecuencias sobre las cuentas públicas.
La realidad es que ni el PSOE ni el PP hablan de bajar la presión fiscal. Por ejemplo, el discurso del Partido Popular sobre bajar impuestos evita explicitar que su auténtica propuesta no es bajar los impuestos, sino bajar determinados impuestos en ciertos tramos y tipos de rentas en el IRPF y, posiblemente, compensarlo con subidas de impuestos indirectos, como el IVA, para mantener una presión fiscal similar a la actual.

Dado que ni el PSOE ni el PP proponen disminuir la presión fiscal, ¿qué significan las propuestas de bajar los impuestos? Para aclararlo debemos pasar a un argumento que no se refiere al nivel impositivo absoluto sino al nivel relativo. Cualquier modificación fiscal debe ser valorada en términos distributivos. Esto es, indicando a quiénes beneficia y a quiénes no el descenso de un determinado impuesto y, además, cuantificando por tramos y fuentes de renta esos efectos. Así es cómo debería discutirse una nueva reforma del IRPF o la supresión de algunas figuras impositivas como el Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En mi opinión, subir o bajar unos determinados impuestos no es bueno ni malo en sí mismo. Lo que hay que valorar es si hay buenas razones para mejorar la situación relativa de unos ciudadanos frente a otros.

Un primer debate es la nueva reforma del IRPF. Para racionalizar la discusión política es indispensable exigir una cuantificación de cualquier oferta de rebaja fiscal. Sin cifras, sin datos, entramos en el terreno de la pura demagogia. Yo quiero que me digan cuánto se va a bajar a cada tramo cuantitativo de renta. Y también a cada fuente de renta (dado que un euro tributa distinto según su fuente). También es necesario aclarar si quienes proponen reformas del IRPF están a favor o no a favor de subidas del IVA, pues esas subidas tienen un fuerte efecto distributivo negativo sobre quienes son más pobres y sobre los que no tienen capacidad de ahorro.
Respecto a la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio es cierto que su recaudación no es demasiado significativa. Sin embargo hay cuestiones que requieren una explicación. ¿Por qué es tan prioritaria su supresión? ¿Por qué se han mantenido las normas que permiten la exención en dicho impuesto de las grandes carteras patrimoniales de los propietarios de los mayores grupos empresariales españoles?

Un ejemplo sobre sus efectos. Supongamos tres personas con el mismo patrimonio. Uno de ellos es trabajador asalariado. Otro es un pequeño empresario. El tercero es un rentista. El trabajador asalariado tributa en IRPF por una tarifa progresiva que puede llegar al 43%. El pequeño empresario individual disfruta en el IRPF de regímenes fiscales especiales como el sistema de módulos que limita la determinación de sus rentas (y en el caso de estimación directa se sabe que el control fiscal respecto a las pymes es muy deficiente). El perceptor de rentas del capital tributa al 18% en el IRPF. ¿Es idéntica la situación ante el impuesto patrimonial del trabajador que el de los otros ciudadanos? No. Por tanto al suprimir el Impuesto de Patrimonio se beneficia aparentemente igual a ciudadanos que se encuentran en situaciones fiscales muy diferentes. Pero, por tanto, no se contribuye a equilibrar los tratamientos asimétricos de las distintas fuentes de renta. A la vista de todo ello: ¿por qué es tan prioritaria su supresión?

Pasemos de las propuestas electorales conocidas al balance de la última legislatura. El Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero ha impulsando importantes reformas sociales y políticas desde marzo de 2004. Sin embargo, en el ámbito fiscal lo realizado en estos años se aleja notablemente de lo que resultaba necesario para superar la desoladora herencia dejada por el Partido Popular en materia tributaria.
La reforma fiscal del Gobierno Zapatero se limitó a una modificación del IRPF decepcionante y preocupante. En primer lugar, no sólo no se cambió radicalmente la tributación de las rentas del capital establecida por los gobiernos de Aznar -como señalaba el programa electoral socialista del año 2004- sino que se profundizó en la dirección emprendida por el PP. Solbes compró el discurso de Rato. Es inconcebible que un euro ganado no tribute igual cualquiera que sea su fuente de origen. Si procede de las rentas del trabajo o de actividades profesionales y empresariales tributa de acuerdo a una tarifa progresiva que puede llegar al 43% en la reforma proyectada. En cambio, las rentas del capital tributan tras la reforma socialista al 18% (anteriormente lo hacían al 15% las generadas en un plazo superior al año y a tarifa progresiva las obtenidas en menos de un año).

En segundo lugar, la reforma del IRPF no ha servido para remediar el desmedido peso de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo (que suponen un 79% de las rentas totales declaradas en el IRPF en 2005, último año del que existen datos publicados).

Por otra parte, el PSOE no ha acometido una reforma de la fiscalidad empresarial. Tampoco ha sido capaz de modificar los regímenes de privilegio de que gozan las sociedades de inversión mobiliaria o los regímenes especiales existentes en el Impuesto sobre Sociedades.

En el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal el balance del periodo 2004-2007 debe ser más matizado. A finales del año 2004 se elaboró un Plan de Prevención del Fraude, puesto en marcha en 2005 con buenos resultados prácticos, incluyendo algunas importantes operaciones contra el fraude fiscal organizado, pero carente de la suficiente fuerza política. Ello se puso de manifiesto en la Ley 36/2006 de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal que resultó una norma descafeinada, donde se incorporaron modificaciones positivas pero no se abordó la necesidad de creación de una policía fiscal ni se potenciaron las potestades públicas para la lucha contra el fraude organizado, como denunció la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado. Del mismo modo, la imprescindible reforma del Código Penal respecto a los delitos fiscales, no se aprobó en la legislatura a pesar de existir un proyecto que hubiera supuesto un importante avance.

¿Cuál debería ser la agenda fiscal de la izquierda para el periodo 2008-2012?
En mi opinión, lo primero que es imprescindible para la izquierda es abandonar definitivamente el discurso de la derecha y sus obsesiones fiscales (dejar de pensar en el elefante, que diría George Lakoff). No se trata de cómo conseguir que los ricos paguen cada vez menos impuestos, sino de distribuir más justamente la carga impositiva.
La segunda necesidad prioritaria es propiciar un auténtico debate democrático sobre la fiscalidad, basado en el derecho de los ciudadanos a conocer las consecuencias distributivas reales de las leyes existentes y de las reformas que se les proponen por los candidatos a gobernar.
En ese debate democrático creo que un programa decente de izquierdas debería apostar por dos ejes de referencia muy claros:

1- Recuperar la equidad fiscal exigida por el artículo 31 de la Constitución
Me gustaría que la izquierda defendiera que todos deben contribuir de acuerdo a su capacidad económica, cualquiera que sea la fuente de renta de la que proceda. En términos prácticos ello implicaría: a) que deben suprimirse definitivamente los regímenes de estimación objetiva respecto a actividades empresariales y exigir la estimación directa de sus rentas mediante sistemas contables sometidos a un control efectivo; b) que debe aplicarse a las rentas de capital el mismo tratamiento progresivo que al resto de rentas; y c) que se deben eliminar los tratamientos privilegiados de nuestro sistema fiscal, entre ellos algunos tan escandalosos como la tributación de las sociedades de inversión mobiliaria al 1% y los diversos regímenes de beneficios exorbitantes que existen en el Impuesto sobre Sociedades.

2-Continuar impulsando la lucha contra el fraude fiscal y contra los fenómenos de delincuencia económica organizada y blanqueo de capitales
Para ello el Estado debe dotarse de instrumentos que aseguren la eficacia de la AEAT, eliminar los mecanismos legales que facilitan la ingeniería fiscal de los sectores privilegiados de la sociedad para eludir el pago de impuestos, disponer de una auténtica policía fiscal, asegurar la formación de tribunales especializados en temas económicos y fiscales y propiciar una reforma del Código Penal que asegure un castigo adecuado a los autores de delitos económicos.

Una izquierda capaz de trabajar en esas direcciones podría conseguir para ello un apoyo mayoritario en la sociedad. La mayoría de los ciudadanos se beneficiarían de avanzar hacia una fiscalidad más justa. Si las fuerzas políticas de la izquierda no son capaces de asumir ese reto, deberemos ser los ciudadanos los que les obliguemos a situar en la agenda pública esas exigencias.

Madrid, 21 de diciembre de 2007